Chiapas: Conferencia de prensa sobre poblados amenazados con desalojo en Montes Azules

Foto @SIPAZ

El 21 de junio, en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, se llevó a cabo una conferencia de prensa acerca de las conclusiones de una Misión Civil de Observación y Solidaridad, convocada por la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID), misma que visitó los poblados de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas en mayo. En solidaridad con las comunidades amenazadas de un posible desalojo por parte del Estado Mexicano bajo el argumento de que están deteriorando el medio ambiente, la Misión documentó el compromiso de éstas para el cuidado de la tierra y del medio ambiente así como las diversas violaciones a sus derechos humanos. Las organizaciones integrantes de la Misión, entre otras el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), el Servicio Internacional para la Paz y Maderas del Pueblo del Sureste, demandaron que los tres asentamientos creados hace más de treinta años, sean regularizados.

Para más información:

Informe Misión de Observación Montes Azules

Realizan una misión civil de observación (Cuarto Poder, 22 de junio)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Pronunciamiento de la Misión de Observación a poblados amenazados de desalojos en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. (11 de mayo)

Chiapas: Desmienten desalojo en Montes Azules e invitan a Misión Civil de Observación (11 de abril de 2012)

Chiapas: Amenazas de desalojos la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (14 de marzo de 2012)

Chiapas: Bloqueo de carretera y denuncia del poblado de reubicados Nuevo Montes Azules (22 de marzo de 2011)

Chiapas: Foro Social de Montes Azules (16 de marzo de 2010)

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Chiapas: Invitación conferencia de prensa sobre Misión de Observación a Montes Azules

Integrantes de la Misión entrevistando a habitantes de la comunidad de Rancherá Corozal. Foto @Misión Civil de Observación y Solidaridad

El jueves 21 de junio a las 11:00 am, se llevará a cabo una conferencia de prensa acerca de las conclusiones de una Misión Civil de Observación y Solidaridad, convocada por la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID), misma que visitó los poblados de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas. En solidaridad con las comunidades amenazadas de una posible desalojo por parte del Estado Mexicano bajo el argumento de que están deteriorando el medio ambiente, la Misión documentó el compromiso de éstas para el cuidado de la tierra y del medio ambiente así como las diversas violaciones a sus derechos humanos. La conferencia de prensa tendrá lugar en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Calle Brasil 14, Barrio Mexicanos, San Cristobal de Las Casas.

Para más información:

Invitación Informe Mision Civil Montes Azules

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Pronunciamiento de la Misión de Observación a poblados amenazados de desalojos en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. (11 de mayo de 2012)

Chiapas: Desmienten desalojo en Montes Azules e invitan a Misión Civil de Observación (11 de abril de 2012)

Chiapas: Amenazas de desalojos la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (14 de marzo de 2012)

Chiapas: Bloqueo de carretera y denuncia del poblado de reubicados Nuevo Montes Azules (22 de marzo de 2011)

Chiapas: Foro Social de Montes Azules (16 de marzo de 2010)

Oaxaca: Organizaciones civiles y sociales proponen nuevos acuerdos de gobernabilidad

(Palacio de Gobierno, Oaxaca, @SIPAZ)

En un documento suscrito por 17 organizaciones civiles y sociales del estado de Oaxaca, como Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), y el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), entre otras, se rechaza el “Pacto de Gobernabilidad y Concordia” propuesto por el gobierno estatal ya que su “objetivo principal es comprometer al movimiento social organizado a la desmovilización, sin que implique un compromiso del gobierno con la Transición Democrática con Justicia Social”, como expresaron en el comunicado.

Continuaron: “Si bien es cierto que mediante la elección de este gobierno de alternancia el pueblo de Oaxaca logró que una mafia criminal abandonara el gobierno, también es verdad que el nuevo gobierno del estado no tiene la fuerza necesaria para lograr un cambio profundo en la sociedad Oaxaqueña. (…)  En este contexto han sido ejecutados más de 30 luchadores sociales, y otros más son perseguidos por luchar por los derechos de sus pueblos, comunidades que viven en confrontación por la falta de solución a los conflictos agrarios, pueblos que se enfrentan a los megaproyectos impuestos por las transnacionales en complacencia de los gobiernos, con este escenario los poderes fácticos preparan el camino para seguir imponiendo su proyecto de despojo y muerte”, recordando asesinatos como el de Bernardo Vásquez Sánchez.

También enlazaron la propuesta del gobierno con las prácticas del antiguo gobierno del estado con las afirmaciones: “Desde su campaña electoral, el priista Ulises Ruiz acuñó la consigna de “no más marchas ni plantones”, comprometiéndose con los sectores oligárquicos mas reaccionarios a cancelar de facto las garantías constitucionales de libertad de expresión, de organización y de manifestación, aunque para ello tuviera que recurrir a las mas aberrantes violaciones de los derechos humanos, exigencia de las más rudimentarias oligarquías oaxaqueñas, finalmente consumado en la página negra del 2006”.

Para más información:

Comunicado: PACTO DE GOBERNABILIDAD O TRANSICION DEMOCRATICA CON JUSTICIA SOCIAL (EDUCA, 16 de mayo de 2012)

Pacto de Gobernabilidad o transición democrática con justicia social (Noticiasnet.mx, 15 de mayo de 2012)

Rechazan grupos sociales “Pacto de Gobernabilidad” en Oaxaca (Proceso, 17 de mayo de 2012)

17 Organizaciones rechazan pacto de gobernabilidad y proponen transición democrática con justicia social (ADN sureste, 16 de mayo de 2012)

México: Peace Brigades International (PBI) presenta su informe 2011

Las Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International – PBI) presentaron su informe 2011 en el cual destacan que en 2011 “la situación de riesgo de personas defensoras y luchadores sociales, en México, se agudizó como reflejo de la violencia generalizada […] Las cifras de fallecidos, desaparecidos y afectados por este conflicto siguieron en aumento, contando con más de 12.000 muertos solo en 2011”.

Ante esta falta de seguridad y protección para las y los defensores, el Proyecto de PBI en México (Proyecto México) amplió su incidencia en el país y a nivel internacional para impulsar la creación de mecanismos gubernamentales y no gubernamentales de protección.

PBI México ha mantenido, durante 2011, acompañamiento internacional en los estados de Guerrero, Oaxaca y en la Ciudad de México. Ha visibilizado los riesgos e iniciativas de las personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Especialmente, ha puesto énfasis en la elaboración de un Mecanismo de Protección y en las consecuencias de demandar los derechos comunitarios y medioambientales. PBI México contempla actualmente la apertura de actividades en otras regiones del país, buscando mayor flexibilidad para reaccionar de forma más ágil a las peticiones que recibe.

Para más información:

Informe Anual 2011 (PBI México)

Peace Brigades International presenta su informe 2011 (Cencos, 2 de abril 2012)

Para más información de SIPAZ:

México: “Tierra Minada; la defensa de los derechos de las comunidades y el medio ambiente”; 2ndo Encuentro Regional sobre Minería y sus Impactos en Comunidades Indígenas y Rurales

México: 172 agresiones a periodistas en 2011 – Article 19

El 20 de marzo, en el Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México, la organización Article 19 para México y Centroamérica presentó públicamente su informe “Silencio Forzado: El Estado cómplice de la violencia contra la prensa en México” en el que documentó un total de 172 agresiones contra periodistas en 2011: de estas, 9 fueron asesinatos contra periodistas y 2 contra trabajadores de los medios de comunicación; también, reportaron 2 desapariciones y 8 agresiones con arma de fuego o explosivos a las instalaciones de los medios.

El informe también plantea que el mayor agresor de la prensa continúa siendo el propio Estado con un 53.63% de agresiones cometidas por funcionarios públicos frente a un 15.63% de agresiones cometidas por el crimen organizado, siendo este último el que comete las agresiones más violentas. Dario Ramírez, director de la organización artículo 19 sostuvo que estas cifras “desmienten la versión sostenida por el presidente Felipe Calderón de atribuir a los narcotraficantes la violencia contra los periodistas”. Las entidades con mayores registros de violencia ejercida por funcionarios públicos contra periodistas son Chihuahua (47 casos), Veracruz (33), Oaxaca (25), Chiapas (19) y el Distrito Federal (17).

El informe dejó de manifiesto que el Programa de agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no cuenta con una metodología adecuada para el registro y documentación de las agresiones. Dario Ramírez detalló que “el número de quejas por violaciones a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo se ha incrementado, en contraste con el número de recomendaciones sobre la situación de violencia e impunidad contra la prensa” (22 en 2011).

 Se denunció también que la Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), instancia que desde su creación en 2006 ha cambiado de titular en cuatro ocasiones y disminuido su presupuesto en un 72.36%, ha emprendido acción penal en 27 casos y ha logrado únicamente una sentencia condenatoria exhibiendo una grave situación de impunidad en la persecución de delitos contra periodistas. Además, en 2010 la FEADLE presentó un subejercicio de 91.79%.

Para más información:

• Informe completo: Silencio forzado. El Estado cómplice de la violencia contra la prensa en México
• Artículo 19: agentes del Estado cometen el 53.6% de las agresiones contra periodistas (Proceso, ‎20 de marzo de 2012)
• Tamaulipas, entre estados con más asesinatos de periodistas (Milenio, ‎20 de marzo de 2012)

Para más información de SIPAZ:

– México: legisladores y ONGs presentan iniciativa para la protección de las y los defensores de derechos humanos y los comunicadores (17 de marzo de 2012)

– Oaxaca: Article 19 condena ataque a periodistas (9 de marzo de 2012)

México: Informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

El pasado 14 de marzo se presentó en Ginebra el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), que visitó México entre el 18 y el 31 de marzo de 2011. En él, se plantea que en México “la impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas, y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.

En teleconferencia, Ariel Dulitzky, integrante del GTDFI subrayó los principales obstáculos que existen en México en la materia, entre ellas la falta de armonización en las legislaciones estatales con respecto a la ley federal sobre desapariciones forzadas o el hecho que la tipificación del delito quede limitada (por ejemplo, contempla la participación de agentes del Estado y no “a particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o aquiescencia”). Mencionó también el problema que representa la prevalencia del fuero militar sobre el civil, la ausencia de protocolos de uso de la fuerza tanto para militares y que para policías, y la estigmatización de las personas desaparecidas.

Entre las 34 recomendaciones emitidas por el GTDFI se pueden mencionar la creación de un Programa de Búsqueda de Desaparecidos, la aplicación de protocolos de uso de la fuerza, modificaciones legislativas, reforma al fuero militar y regreso de los militares a los cuarteles, revelación de los nombres de las personas responsables de las desapariciones forzadas durante la “Guerra Sucia” mismos que fueron recabados por la extinta Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Politicos del Pasado (Femospp) y reparación del daño a los familiares de víctimas. El informe enfatiza la necesidad de tomar medidas especiales para proteger a mujeres, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes se identifica como los grupos más vulnerables frente a este tipo de delito.

Para más información:

Informe completo del GTDFI sobre México (GTDFI, marzo de 2012)

Impunidad, patrón crónico en México ante desapariciones forzadas: ONU (Proceso, 14 de marzo de 2012)

Hay complicidad y hasta injerencia del gobierno en desapariciones forzadas: ONU (La Jornada, 15 de marzo de 2012)

ONU registra un aumento de denuncias por desapariciones forzadas en México (CNN México, 16 de marzo de 2012)

La Comed saluda el informe final del GT-ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias (Comed, 15 de marzo de 2012)

Para más información de SIPAZ

México: visita del relator de la CIDH para México sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad (4 de octubre de 2011)

México: Concluye la Semana Internacional del Desaparecido-Detenido (4 de junio de 2011)

México: Visita del Grupo de Trabajo sobre despariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (18-31 de marzo) (24 de marzo de 2011)

México: cuestionamientos desde las más altas esferas a situación de defensoras y defensores de derechos humanos en al país.

Margaret Sekaggya, relatora especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos (@Frontline)

El 6 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, en seguimiento de un primer informe sobre el mismo tema publicado en marzo de 2006. El informe se presentó en Ginebra, en el marco del Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si bien la Comisión reconoció que algunos Estados han realizado importantes esfuerzos dirigidos a cumplir con las recomendaciones del primer informe, afirmaron que persisten los obstáculos señalados en el informe de 2006, y en algunos casos se han intensificado: “Continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, seguimientos y allanamientos, así como los señalamientos por parte de altas autoridades que desprestigian y estigmatizan la labor de defensa de los derechos humanos. Además, existe una creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, reflejado en la iniciación de acciones penales, la restricción de fuentes de financiamiento a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y efectivos para su protección”.

Plantearon también: “La CIDH valora positivamente la creación de mecanismos nacionales especializados en la protección a defensoras y defensores en algunos Estados, aunque persisten algunas deficiencias en su diseño y funcionamiento. Paralelamente, transcurridos cinco años de las recomendaciones contenidas en el primer informe, en muchos Estados aún no se han creado mecanismos adecuados y efectivos para la implementación de medidas de protección. Las anteriores problemáticas guardan relación con la situación de indefensión en que muchos defensores se encuentran en algunas zonas del hemisferio, que le ha costado la vida a varios defensores y defensoras”.

En el caso específico de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que 61 activistas fueron asesinados en México entre 2006 y 2010. Asimismo, advirtió que cuatro activistas de organizaciones independientes fueron desaparecidos en ese mismo periodo, y que muchas de las amenazas o actos de hostigamiento contra defensores son realizados por agentes de seguridad del propio Estado, además de grupos armados irregulares.

El mismo 6 de marzo, se llevó a cabo en las oficinas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en la Ciudad de México un evento en el marco de la presentación del informe “Comentarios a la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, elaborado por Margaret Sekaggya, relatora especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Sekaggya, en teleconferencia desde Ginebra, recordó al gobierno de Felipe Calderón su responsabilidad de “proteger a los defensores ante cualquier violación de sus derechos y amenazas a su vida”. Aseveró que en América Latina persisten asesinatos, agresiones, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de autoridades y agentes no estatales contra quienes promueven la defensa de las libertades fundamentales, y esto incluye altísimos niveles de impunidad.

También se recibió un mensaje grabado del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco. Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Agnieszka Raczinska, secretaria técnica de la Red Todos los Derechos para Todos (Red TDT), manifestaron su indignación: mientras en los foros internacionales los representantes de México presumen el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, persiste la violencia y la impunidad contra los activistas y periodistas. Por su parte, Gerardo Gil Valvidia, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que en 2011 se registraron 59 casos que incluyen privación de la vida, la libertad y amenazas; y que las quejas por violaciones a los derechos humanos de los defensores en México aumentaron más de un 100% en los últimos 6 años.

 Para más información:

Advierte ONU sobre riesgos para defensores de derechos humanos en LA(Milenio, ‎05 de marzo de 2012)

Preocupa a la ONU situación de riesgo de activistas en México (Proceso, 5 de marzo de 2012)

Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos (OEA, 6 de marzo de 2012)

Persisten en AL asesinatos y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos (La Jornada, 6 de marzo de 2012)

Crecen 100% ataques contra activistas: CNDH (El Universal, 6 de marzo)

61 defensores de DH, asesinados: CIDH (El Universal, 7 de marzo de 2012)

CIDH: en cuatro años, 61 defensores de derechos fueron asesinados en México (La Jornada, 7 de marzo de 2012)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Foro por la defensa de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos (11 de octubre de 2011)

México: Celebración del 4o Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (16 de agosto de 2011)