Guerrero: Piden investigación “que se funde en pruebas científicas” en caso Ayotzinapa

Foto @SIPAZ

El 13 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) declaró que se practican “desapariciones generalizadas” en “gran parte” de México y que el caso Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”. Recordó al Estado su obligación de “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada, una recomendación claramente aplicable al caso Ayotzinapa.

Las inconsistencias señaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en cuanto a la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) –sobre el presunto asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa- fortalecen la exigencia de abrir nuevas líneas de investigación y descartar la versión oficial, sostuvieron familiares de los jóvenes en conferencia de prensa, el 9 de febrero. El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, aseveró: ‘‘La verdad histórica del gobierno federal sobre el caso (…) se cae a pedazos. Hoy con certeza y en verdad nos queda claro que no nos equivocamos desde el primer momento cuando decíamos que no confiábamos en la versión del gobierno y de la Procuraduría General de la República (PGR)’’.

En un comunicado del 9 de febrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó detalladamente acerca de la investigación fallida en el caso de Ayotzinapa. Concluye mencionando: “[Ahora los padres y las madres] esperan que con el apoyo internacional de la ONU y la Comisión Interamericana, y el trabajo de gran prestigio que está realizando el equipo argentino, la PGR escuche sus planteamientos y haga valer el derecho de las víctimas haciendo una investigación que tome en cuenta todas las líneas posibles y se funde en pruebas científicas“. El 12 de febrero, representantes de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, expresaron su beneplácito por la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a México, quienes a partir del 1 de marzo comenzarán la verificación de la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes.

Para más información:

‘‘La verdad histórica sobre Ayotzinapa se cae a pedazos’’, expresan padres de familia (La Jornada, 10 de febrero de 2015)

Un gobierno que sepulta la verdad (CDHM Tlachinollan, 9 de febrero de 2015)

ONU acusa “desapariciones generalizadas” en México (SIDIDH, 13 de febrero de 2015)

Ayotzinapa: representantes de familias expresan beneplácito por llegada de expertos de la CIDH a México (SIDIDH, 12 de febrero de 2015)

Información de Equipo Argentino robustece postura de padres de familia de Ayotzinapa (SIDIDH, 9 de febrero de 2015)

Ofrece CIDH abrir nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa (Proceso, 12 de febrero de 2015)

Fallida respuesta de la PGR a peritos argentinos, dice AI (La Jornada, 10 de febrero de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amnistía Internacional acusa PGR de falta de investigación acerca de involucramiento del Ejército en caso Ayotzinapa (23 de enero de 2015)

Guerrero: Actualización caso Ayotzinapa (12 de enero de 2015)

Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa (18 de diciembre de 2014)

Chiapas/México: EZLN cederá su lugar a los familiares y los normalistas de Ayotzinapa (15 de diciembre de 2014)

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Oaxaca: Amenazan a dos mujeres testigos en el caso del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Conferencia de prensa ante amenazas (@CENCOS)

En conferencia de prensa, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) denunciaron las amenazas recibidas por dos mujeres testigos en el asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola (finlandés) en San Juan Copalá, zona triqui de Oaxaca en 2010. Karla Michel Salas de ANAD explicó que luego de la detención, de Elías Cruz Merino, “(e)l 25 de enero el líder la Ubisort, Antonio Cruz García, padre de Elías, quien también es funcionario municipal de Juxtlahuaca, llegó con una camioneta y gente armada a las casas de los testigos y les dijo que iban por ellas para llevarlas a la ciudad de Oaxaca para que se desistieran de la acusación contra Elías, quien hasta el 31 de diciembre fungía como regidor de Educación de ese municipio”. Las mujeres se resistieron “ante el riesgo de ser desaparecidas”. Michel Salas agregó: “las autoridades federales y estatales saben bien que hay un altísimo riesgo. Tanto es así que en las últimas audiencias que se han realizado, el juzgado ha estado fuertemente resguardado por prácticamente más de 30 policías de investigación fuertemente armados”.

Ante la desprotección y la falta de respuestas eficaces de parte de las autoridades locales y federales, la abogada de la ANAD informó que decidieron, con sus propios recursos, resguardarlas en una casa de seguridad y asegurar su participación en el juicio, en tanto pedirán a Finlandia que les conceda asilo por razones humanitarias.

Omar Esparza, viudo de Bety Cariño, señaló que el padre de Elías Cruz Merino regresó posteriormente para amenazar a toda la comunidad de que “si estas mujeres declaraban, él, con sus propias manos, les haría algo”. Los abogados de la ANAD denunciaron finalmente intimidación y hostigamiento al juez y el fiscal que están integrando la causa contra el grupo UBISORT, así como amenazas indirectas en contra de ANAD y los familiares de Bety y Jyri.

Para más información:

Acoso contra testigos del homicidio de un defensor y una defensora de los derechos humanos (Acción Urgente, Amnistía Internacional, 12 de febrero de 2015)

Denuncian amenazas de paramilitares a testigos del asesinato de activistas (La Jornada, 12 de febrero de 2015)

Testigos del crimen de los activistas Cariño y Jaakkola pedirán asilo político en Finlandia (Proceso, 11 de febrero de 2015)

En riesgo, mujeres testigos del caso Bety Cariño (CIMAC Noticias, 11 de febrero de 2015)

Denuncian amenazas a testigos del caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (CENCOS, 11 de febrero de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: 4 años y 7 meses después, capturan presunto homicida de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola (finlandés). (23 de enero de 2015)

Oaxaca: Padres de Jyri Jaakkola visitan México por 5º vez para exigir justicia (21 de noviembre de 2014)

Oaxaca: Tras acuerdo con autoridades finaliza huelga de hambre por los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (16 de mayo de 2014)

Oaxaca: A 4 años de impunidad, huelga de hambre y protestas por los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (28 de abril de 2014)

Guerrero: Niegan medidas cautelares a Norma Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)

Norma Mesina (@Haz que se vean)

En febrero, tanto la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, gire las instrucciones necesarias para que el Estado mexicano proteja de manera eficaz a Norma Mesino Mesino, defensora de derechos humanos del estado de Guerrero y dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Denunciaron que ha sido objeto de difamación, amenazas y agresiones directas e indirectas en los últimos meses. La Comisión Mexicana detalló que “Norma Mesino y sus colaboradores cercanos han recibido mensajes anónimos con amenazas, toma de fotografías y videos durante diversos eventos públicos donde se presenta la defensora, se han cortado las cámaras de seguridad de la casa de Norma, lo cual se suma al deficiente trabajo de las escoltas de la policía estatal, quienes constantemente se alejan del vehículo en el que ella viaja, perdiendo por completo el objetivo de su labor de protección y reacción ante un evento inusitado de peligro”.

En octubre de 2014, se presentó el caso ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, la Secretaría de Gobernación respondió de manera negativa ya que en su opinión “…no pudo identificar amenazas que pongan en riesgo a la defensora…”. Ante esta situación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Norma Mesino Mesino es hermana de Rocío Mesino quien pertenecía a la misma organización y fue asesinada en octubre de 2013.

Para más información:

Carta pública de la RNDDHM (Página3.mx, 9 de febrero de 2015)

Piden ONG a Osorio Chong proteger a Norma Mesino (La Jornada de Guerrero, 10 de febrero de 2015)

SEGOB niega protección a Norma Mesino, defensora de derechos humanos en grave riesgo en Guerrero (CMDPDH, 5 de febrero de 2015)

Presentación de la defensora Norma Mesino (Haz que se vean, video y resumen)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Impunidad a un año del asesinato de Rocío Mesino Mesino, lideresa de la OCSS (22 de octubre de 2014)

Guerrero: asesinan a luchadora social de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (22 de octubre de 2013)

Oaxaca: organizaciones entregan al Congreso Agenda Legislativa que fomentaría la equidad de género

Manifestación contra los feminicidios en Oaxaca (@SIPAZ archivos)

El 4 de febrero, integrantes de organizaciones que trabajan a favor de los derechos de la Mujer, como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, entregaron al Congreso una Agenda Legislativa que permitiera fomentar la equidad de género. La misma consiste en un paquete de iniciativas que incluyen modificaciones a los códigos Penal y Civil, e impacta a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Permitiría prevenir la violencia contra las mujeres y recoge las recomendaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW).

Entre las propuestas destaca el catalogar, dentro de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia obstétrica y política. También se está colocando el tema de órdenes de protección. En el Código Penal se está retomando ampliar la categoría de violencia familiar y la penalidad mayúscula. Otro componente es el de sancionar a quien se niegue a dar la pensión alimenticia.

“Este Congreso tiene una deuda muy clara en su ejercicio legislativo con las mujeres. Estaremos vigilantes y anunciamos que acompañaremos la discusión que se dará alrededor de estas iniciativas que ponen por delante el bienestar y la seguridad de las mujeres en Oaxaca”, manifestaron.

Para más información:

Presentan Agenda Legislativa para la equidad de género en Oaxaca (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la equidad Oaxaca, 4 de febrero de 2015)

Iniciativas en pro de la mujer, en la ‘congeladora’ del Congreso: IMO (NoticiasNet, 4 de febrero de 2015)

Confían que Congreso responda a demandas de justicia de las mujeres (NoticiasNet, 5 de febrero de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: 344 mujeres asesinadas durante administración de Gabino Cué, Consorcio Oaxaca (26 de noviembre de 2014)

Oaxaca: Cada dos días es asesinada una mujer (6 de junio de 2014)

Oaxaca: Solicitan activación de Alerta de Violencia de Género ante el aumento de los feminicidios (26 de febrero de 2014)

Nacional/Internacional: Activistas alemanes rechazan acuerdo de seguridad con México

Activistas alemanes en frente del Ministerio del Interior, Foto@México Vía Berlín

El 3 de febrero, decenas de personas se manifestaron frente al Ministerio alemán del Interior contra un acuerdo de seguridad previsto entre Alemania y México. Los activistas entregaron a representantes del ministerio listas con 7.830 firmas de personas que rechazan el apoyo de Berlín a las autoridades policiales y jurídicas de México.  Las firmas son el resultado de una campaña impulsada por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México que reiteradamente se ha pronunciado en contra de dicho acuerdo ya que, argumenta, en México no existen condiciones para una colaboración de ese tipo. En la página web de su petición explica que “este acuerdo no serviría a la contención de una policía que tortura sistemáticamente a su pueblo, que está matando a personas inocentes, que ésta violando a mujeres y que ha estado involucrado en las desapariciones forzadas de decenas de miles personas durante décadas”. Ante el argumento del gobierno alemán de que la corrupción fuera únicamente un problema a nivel local y municipal, contesta que es “un argumento engañoso, el considerar que los problemas residen en la policía local. […] La impunidad de las fuerzas de seguridad es el principio máximo en todos los niveles del gobierno mexicano, y solamente en muy pocas situaciones y con instrumentos tácticos se puede romper. Una colaboración de la policía alemana con estas estructuras sería una legitimación al principio de impunidad”.

En la protesta estuvo presente una delegación mexicana, compuesta por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y miembros de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Después de la manifestación frente al ministerio, alrededor de 40 activistas se reunieron con los funcionarios de esa dependencia Peter Steck y Siegfried Helmut Mueller. El obispo Vera les entregó las listas con las firmas contra el controvertido convenio de seguridad y expresó la misma preocupación que los iniciadores de la campaña: “En este momento, como se demostró en Ayotzinapa, la policía, el Ejército y el crimen organizado actúan conjuntamente en contra de los habitantes del país. Y el gobierno federal sabe que de parte de la sociedad civil no hay una conformidad con lo que están haciendo y se sienten inseguros. Y esa fuerza que le den ustedes a la policía no va a ir contra el crimen organizado sino contra nosotros”. Por su parte, Peter Steck, del ministerio del Interior, prometió a los activistas transmitir las informaciones para que sean consideradas en las negociaciones sobre el convenio de seguridad.

Para más información:

Campaña “No al acuerdo” de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Activistas rechazan en Berlín convenio de seguridad con México (LaJornada, 4 de febrero, 2015)

Obispo Vera pide al gobierno alemán evitar firma de acuerdo con México (Proceso, 3 de febrero, 2015)

Acuerdo de seguridad Alemania-México: inminente y poco transparente (Deutsche Welle, 8 de diciembre, 2014)

Los peligros del Acuerdo de Seguridad entre México y Alemania (eltoque, 4 de febrero, 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa (11 de diciembre, 2014)

Guerrero/Nacional/Internacional: Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) evalua el cumplimiento de México

Foto @archivo SIPAZ

Los días 2 y 3 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Familiares de dos de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, – acompañados por una decena de organismos mexicanos de derechos humanos- llegaron a Ginebra en representación de todos sus pares. Presentaron en las Naciones Unidas y compartieron con la comunidad internacional su profunda indignación por los hechos de fines de septiembre del año pasado en el estado mexicano de Guerrero. Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz, una de las víctimas, enfatizó “[p]ara nosotros, nuestros hijos no están muertos. Están desaparecidos. [P]or eso venimos a las Naciones Unidas, para que nos ayuden a encontrarlos”.

El CED cuestionó ampliamente al Estado mexicano en relación a las acciones y políticas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, así como para la búsqueda y protección a los familiares. En este sentido, el Comité interrogó al Estado sobre las razones del cierre de la FEMOSPP, instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, así como la tardía intervención del gobierno federal en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El CED señaló que el caso Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad. Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que el tema de la impunidad se hizo presente en todo momento, pues los miembros del Comité señalaron que son muy pocos los casos en los que se ha dictado sentencia, preguntó por las causas que motivaron el cierre de la Fiscalía de los Delitos del Pasado y otros hechos como la incorrecta tipificación de este delito. Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación de México se harán públicas el 13 de febrero.

Para más información:

México ante el Comité contra la Desaparición Forzada: la obligación de hacer de la crisis actual un punto de inflexión en la política del Estado (Centro ProDH, 3 de febrero de 2015)

“Que no nos mientan más…que se haga justicia” (Alba TV, 2 de febrero de 2015)

INFORME | La Desaparición Forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa frente al CED (Tlachinollan, 2 de febrero de 2015)

ONU cuestionó efectividad del gobierno en desaparición forzada: Brewer. Con Denise Maerker (Radio Formula, 2 de febrero de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Sociedad Civil las Abejas se solidarizan con familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero (23 de enero de 2015)

Guerrero: Amnistía Internacional acusa PGR de falta de investigación acerca de involucramiento del Ejército en caso Ayotzinapa (23 de enero de 2015)

Guerrero: Actualización caso Ayotzinapa (12 de enero de 2015)

Guerrero: actualización del caso Ayotzinapa (18 de diciembre de 2014)

 

Nacional/Internacional: PBI y Wola publican informe sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México

El 3 de febrero, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) dieron a conocer un informe que evalúan el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que cuenta con un poco más de dos años de existencia en México. Si bien el informe reconoce “la importancia del Mecanismo y el valioso trabajo realizado por el equipo que lo integra”, identifica varias áreas en las que “hacen falta mejoras y expone una serie de casos que sirven como ejemplos para ilustrar estas debilidades”. 

El informe da cuenta de cómo México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y las personas defensoras: “En los primeros nueve meses de 2014, la sección mexicana de la organización internacional Artículo 19 documentó 222 agresiones contra miembros de la prensa ; (…) y entre enero de 2011 y diciembre de 2013, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” documentó 27 casos de defensores de los derechos humanos asesinados como resultado de su trabajo”.

El informe sobre el Mecanismo plantea que “(d)esde el principio, la falta de personal y de fondos ha inhibido la capacidad del Mecanismo de responder de manera oportuna y eficaz a las peticiones urgentes que recibe de periodistas y defensores de los derechos humanos. Gran parte del limitado número de personal que fue inicialmente asignado al Mecanismo no había sido adecuadamente capacitado, no estaba suficiente cualificado y tenía contratos temporales”. Indica que “(h)a habido una acumulación de casos en el Mecanismo, y la mayoría de los defensores y periodistas que realizaron peticiones al Mecanismo han tenido que esperar muchos meses, y en ocasiones más de un año, sin obtener respuesta”. 

Según WOLA y PBI, se mantuvo “la mala comunicación entre los beneficiarios y el personal del Mecanismo”, así como “la falta de coordinación entre los diversos organismos involucrados en el proceso”, lo que derivó en “graves vacíos en la provisión de protección”.

Ambas organizaciones lamentaron que las investigaciones vinculadas a agresiones a periodistas y defensores “no han avanzado”, manteniendo una situación de casi total impunidad en dichos casos. Resaltaron que, peor aún, el gobierno ha desplegado esfuerzos “para desacreditar y criminalizar a los defensores y organizaciones de derechos humanos”, lo cual envia el “mensaje preocupante de que el gobierno no respeta ni reconoce el trabajo valioso de los defensores de los derechos humanos”.

Para más información:

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México: desafíos y oportunidades (WOLA y PBI, 3 de febrero de 2015)

Periodistas y activistas están desprotegidos por el gobierno: WOLA y BPI (Proceso, 3 de febrero de 2015)

Gobernación no protege ni a periodistas ni a activistas: ONGs desde Washington (Sin Embargo, 3 de febrero de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Momento delicado para el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos humanos y periodistas (27 de marzo de 2014)

Nacional: Integran Consejo Consultivo del Mecanismo para la protección de defensores y periodistas (23 de octubre de, 2012)

Nacional: aprueban Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (03/05/2012)