Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. Foto: @CuartOscuro

Dos informes sobre la situación de los derechos humanos en México coincidieron en que hay pocos avances en materia de derechos humanos y en combate a la corrupción. Por un lado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que Guerrero es la entidad con más denuncias, seguida por Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Según Aristegui Noticias, las desapariciones forzadas desde el inicio de la “guerra contra el narco”, en 2006 y hasta la fecha, ascienden a más de 26 mil. Durante la presentación del informe anual de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez destacó que “el problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar”. Asimismo, agregó que “los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba a las instituciones”. En cuanto a los hechos violatorios de derechos humanos, Chiapas es el sexto estado con más frecuencia de reportes y Oaxaca el octavo.

Por otro lado, Human Rights Watch (HRW) señaló en su informe anual de 2015 que “miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas. […] Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército —incluidas más de 1.700 durante el actual gobierno”. El mismo organismo destacó que el ejecutivo ha tenido pocos avances en cuanto a sanción de militares implicados en casos de violaciones a derechos humanos por ser competencia del fuero militar. Sumado a ello, Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, declaró que “en países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco”.

Para más información:

Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, los estados con más denuncias por desapariciones: CNDH (Eme Equis, 27 de enero de 2016)

Ni combate a la corrupción, ni avances en DDHH, coinciden dos reportes globales sobre México (Sin Embargo, 27 de enero de 2016)

Autoridades, incapaces de responder a casos de desaparición forzada: CNDH, en su informe 2015 (Animal Político, 27 de enero de 2016)

Escasos avances para castigar a militares violadores de derechos humanos en México: Human Rights Watch (Sididh, 28 de enero de 2016)

Impunidad enmarca desapariciones en México, denuncia Cadhac ante la ONU (Proceso, 27 de enero de 2016)

Informe anual de actividades 2015 (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos (27 de enero de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Guererro: Se cumplen 4 años de desaparición forzada de campesinos ecologistas de la Costa Grande (8 de diciembre de 2015)

Nacional/Internacional: Ejército y fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada: EU (10 de julio de 2015)

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Oaxaca: Anuncia Comisión de la Verdad de Oaxaca pronta publicación de su informe final

El ex presidente Vicente Fox declarando ante la CVO. Foto: @CVO

La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) anunció el pasado 25 de enero a través de su cuenta de facebook que “se encuentra en la fase final de redacción del Informe sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en el 2006”. Este organismo autónomo fue creado en 2013 para investigar posibles violaciones a los derechos humanos durante los hechos represivos, ocurridos en Oaxaca en 2006 y 2007, principalmente dirigidos a miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En la publicación incluyeron una foto del ex presidente Fox dando su declaración ante la CVO, como ex mandatario durante parte del periodo de los hechos de la investigación.

Asimismo, a mediados de enero la Comisión denunció mediante declaraciones de uno de sus integrantes, el padre Alejandro Solalinde, que diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en complicidad con legisladores del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), intentaron proteger al ex gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, frenando la misión de la CVO mediante un recorte presupuestario de dos millones de pesos. Debido a ello, afirman, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de luz eléctrica a las oficinas de la CVO. Aún así, “[e]n unas semanas estará listo este documento que busca impulsar la verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos ocurridos hace diez años en Oaxaca”, declararon.

Para más información:

Fox declara ante la Comisión de la Verdad de Oaxaca (Foto) (Aristegui Noticias, 25 de enero de 2016

PRONUNCIAMIENTO ANTE DECISIÓN DEL CONGRESO DE RECORTAR PRESUPUESTO (Comisión de la Verdad de Oaxaca, 19 de enero de 2016)

Diputados locales de PRI, PAN y PVEM protegen a Ulises Ruiz, acusa Solalinde (Proceso, 14 de enero de 2016)

Por nulo presupuesto, cortan luz en oficinas de la Comisión de la Verdad (Ciudadanía Express, 1 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Más de 500 casos de tortura y 26 ejecuciones: Comisión de la Verdad (16 de junio de 2015)

Chiapas: Encuentro Chiapaneco de afectadas y afectados por represas y minería

El 21 y 22 de enero, más de 70 delegados de 20 municipios, representantes de 12 organizaciones, movimientos y parroquias del estado se reunieron en Boca del Cielo, Tonalá, Chiapas, en la sede del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas para compartir experiencias en el “Encuentro Chiapaneco de Afectados por Presas y Minas”. En el encuentro, convocado por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), definieron una estrategia de defensa común ante la multiplicación de proyectos de minería, represas y demás proyectos de infraestructura impuestos en el estado “sin que la población sea consultada”.

En la declaratoria que sacaron las y los participantes del encuentro, manifestaron su análisis de “la grave situación que atraviesa el país y las comunidades campesinas, pesqueras e indígenas de Chiapas por la imposición de un modelo de desarrollo y de proyectos que amenazan la tierra y el territorio”. Denunciaron “el avance de los proyectos mineros en la entidad, con saldos irreversibles en el medio ambiente y en la salud de los pueblos, impuestos a través de engaños, compra de autoridades, división comunitaria, entre otras tácticas”. Por otra parte condenaron “la imposición del capitalismo verde que se refleja en los proyectos de parques eólicos, proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Destrucción de los bosques (REDD) y pagos por servicios ambientales”. Aseguraron el fortalecimiento de la “organización y resistencia proponiendo alternativas ante el modelo de mercantilización de la vida y apropiación corporativa, pese a la criminalización y la persecución que vivimos l@s defensores de la tierra, el territorio y los derechos humanos” de los pueblos, ejidos, organizaciones y movimientos que se reunieron.

Convocan a los pueblos a participar en la jornada estatal en defensa del agua contra la privatización del agua y las presas y por los ríos libres que se llevará a cabo del 14 al 22 de marzo bajo el lema “Ríos para la vida, no para las empresas”. Además, invitan a “seguir creando procesos de organización local y regional para hacer frente a los proyectos impuestos, informarse sobre las consecuencias del modelo, proteger la tierra y el territorio y defender todas aquellas formas de vida que aún nos dan sustento y permanencia a la madre tierra”.

Acorde con Otros Mundos, A.C., “[e]l papel que juega la violencia es fundamental para entender la imposición de los proyectos mineros y el control del territorio”. En una entrevista, Gustavo Castro, miembro Otros Mundos, nos explica la complejidad de la minería extensiva en Chiapas diciendo que “en la medida en que las organizaciones y las comunidades deciden defender sus territorios la violencia va aumentando. […] los movimientos en defensa del territorio no sólo deben enfrentarse con el Estado o con la empresa, sino que también tienen que lidiar con el narco. Parece que estamos ante una disputa armada por el territorio”.

Para más información:

Declaratoria del Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Represas y Minería (Otros Mundos Chiapas, 25 de enero de 2016)

Declaratoria del Encuentro Chiapaneco de Afectados y Afectadas por Represas y Minería (Centro de Medios Libres, 26 de enero de 2016)

“En minería, la utilidad pública es un título perverso porque esconde la utilidad privada” (Otros Mundos Chiapas, 27 de enero de 2016)

Declaratoria del Encuentro Chiapaneco de Afectad@s por Represas y Minería (MAPDER, 28 de enero de 2016)

Chiapas: disculpa pública del gobierno mexicano en Caso El Aguaje (2000)

(@SIPAZ)

El 28 de enero pasado, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y firma de un acuerdo de solución amistosa en el Caso El Aguaje, comunidad ubicada en Rancho Nuevo, a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas donde, en 2000, un niño murió y otros dos resultaron heridos al estallar una granada abandonada por efectivos de la 31 Zona Militar, que colinda con dicha comunidad. El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en San Cristóbal.

José López Cruz, en representación de su familia (sus hijos son quienes resultaron heridos) y de Cristina Reyna Cruz López (madre del niño fallecido), expresó en el evento: “Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos. (…) Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quiénes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos” .

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), que asumió la defensa en este caso y lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que las acciones de justicia en México llegan “tarde y en forma parcial, mutiladas, incompletas y un tanto maltrechas”. Subrayó que, en el evento, no asistió ningún representante del Ejército diciendo: “El día de hoy falta el personaje principal de esta historia (…) El Ejército mexicano no está presente porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil”.

En representación del Estado, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció la responsabilidad del Estado al no haber resguardado y custodiado adecuadamente artefactos tan peligrosos como las granadas de fusil antipersonal utilizadas en las prácticas de las instituciones de seguridad. Detalló que el acuerdo que se firmó durante el acto incluye promesas de transparencia en el caso, acciones de rehabilitación, garantías de no repetición, una compensación económica “justa y calculada según los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia”, la prestación de servicios de salud, proyectos productivos y el otorgamiento de becas, entre otras. Agregó que la clínica de la comunidad El Aguaje, parte del convenio, llevará el nombre de Ángel Díaz Cruz, el niño que murió al estallar la granada.

Para más información:

Boletín: La justicia en México llega tarde y mutilada: Caso El Aguaje (CDHFBC, 28 de enero de 2016)

“Nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar”, reclamo de indígenas tsotsiles al Estado mexicano. (Pozol Colectivo, 28 de enero de 2016)

El Estado mexicano cumple reparación del daño por niño muerto y dos heridos (La Jornada, 29 de enero de 2016)

Una disculpa pública sin el agresor presente. Fuerzas Armadas son un poder superior al civil, acusan (Chiapas Paralelo, 29 de enero de 2016)

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos

Foto @Somos el Medio

El 26 de enero, a 16 meses de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sus padres y madres mamarcharon en la Ciudad de México del Ángel de la Independencia hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante la manifestación, los familiares de los normalistas insistieron en su demanda de que el Poder Judicial de la Federación se conduzca conforme a derecho, con imparcialidad e independencia en el caso de los amparos que han promovido policías de Iguala en contra de las órdenes de aprehensión por homicidio. Al llegar al Zócalo de la ciudad de México se encontraron con un fuerte dispositivo de seguridad que les impidió ingresar a la plaza pública.

Antes de la marcha, una comisión de padres y madres de los estudiantes desaparecidos acudió a la Suprema Corte y exigió una reunión con el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar. El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, explicó que su objetivo es que el ministro presidente de la Corte “tramite y gestione una reunión con los juzgados de Iguala para que nos puedan informar a cabalidad cuáles son los procesos que se tramitan, cuál es el estado que guardan los amparos” y que pida al Poder Judicial que “sus resoluciones tomen en cuenta la gravedad de los hechos”.

Para más información:

Padres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos (Animal Político, 26 de enero de 2016)

Acción por Ayotzinapa a 16 meses de la desaparición de los 43 (Sur Acapulco, 26 de enero de 2016)

Marchan a 16 meses de Ayotzinapa; les impide policía ingresar al Zócalo (Aristegui Noticias, 26 de enero de 2016)

Repudian familias de los 43 normalistas amparos a detenidos (Centro ProDH, 27 de enero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Guerrero/Nacional: Tras creación de Unidad de Investigación Especializada, familiares de los 43 levantan plantón (4 de diciembre de 2015)

 

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa

Caravana en Oaxaca. Foto: Lourdes Chávez.

El 19 de enero, por medio de un comunicado público, organizaciones no gubernamentales (ONG) y expertos en derechos humanos respaldaron la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y reprobaron la campaña mediática y política que, aseguraron, busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo. También, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) exigió que cese la campaña de desprestigio en contra Ángela Buitrago y Claudia Paz, integrantes del GIEI. En el pronunciamiento de las ONGs, del 19 de enero, suscrito por el obispo de Saltillo Raúl Vera López y los expertos en derechos humanos Luis González Plascencia, Armando Guevara Ramos, Mara Hernández, Adriana Muro y Jorge Carlos Toledo Sauri, entre otros, destacan que el trabajo del GIEI no sólo requiere del apoyo de la sociedad y de las propias víctimas, sino también del respaldo –expresado públicamente– de las más altas autoridades mexicanas.

El pronunciamiento enfatiza la sensibilidad y la importancia del trabajo del GIEI: ¨Desde el inicio de sus labores, el 1 de marzo de 2015, el GIEI señaló las fallas y omisiones de la investigación oficial sobre el paradero de los estudiantes; reivindicó la centralidad de las víctimas dentro del proceso y, mediante un contundente informe presentado en septiembre de 2015, ofreció nuevas líneas de investigación que deben agotarse. Esta novedosa herramienta de supervisión internacional en materia de derechos humanos es ampliamente reconocida en México y en la comunidad internacional; su Informe ha sido considerado como uno de los más relevantes documentos sobre la situación de los derechos humanos en México en los últimos años. Adicionalmente, el GIEI se encuentra en una fase decisiva pues su segundo mandato, para el que se le habilitó a seguir supervisando técnicamente la investigación, se extiende en principio hasta el próximo 30 de abril¨.

Los y las firmantes del pronunciamiento, recordaron que el Estado mexicano aceptó la conformación del grupo en noviembre de 2014, cuyos integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas por los peticionarios y por el gobierno. La campaña de desprestigio de la labor del Grupo de Expertos se está desarrollando mientras las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos están llevando acabo una caravana por el sur y el norte del país, para exigir justicia en el caso.

Para más información:

Nos persiguen porque incomoda el trabajo del caso Iguala: Buitrago (La Jornada, 17 de enero de 2016)

Organismos civiles, expertos y expertas en derechos humanos respaldan la labor en México del GIEI e instan al Estado a apoyar su trabajo en el caso Ayotzinapa. (Centro ProDH, 19 de enero de 2016)

ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (Proceso, 19 de enero de 2016)

Conforme el GIEI se acerca a la verdad, sufre una dolosa campaña de desprestigio: organizaciones (Aristegui Noticias, 19 de enero de 2016)Marcha caravana de padres de normalistas de Ayotzinapa en Oaxaca (Quadratín, 18 de enero de 2016)

Marchan en Oaxaca padres de los 43 de Ayotzinapa (El Sur, 19 de enero de 2016)

Exigen cesar campaña de desprestigio contra expertas del GIEI (La Jornada, 20 de enero de 2016)

Para más información de SIPAZ:Guerrero/Nacional: Tras creación de Unidad de Investigación Especializada, familiares de los 43 levantan plantón (4 de diciembre de 2015)

Chiapas/Nacional: Comunidad de Xochicuautla denuncia proyecto carretero y se solidariza con pueblos indígenas de Chiapas que enfrentan despojo

@Resistencia indígena otomí (Miguel Ángel Xenón)

El 12 de enero, en una conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), autoridades de la comunidad indígena otomí-ñätho San Francisco Xochicuautla, ubicada en el Estado de México, e integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra denunciaron la “imposición ilegal del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, por parte de Enrique Peña Nieto y el Grupo Higga¨. Afirmaron que dicho proyecto devastará 3 millones 900 mil metros cuadrados del Bosque Sagrado. Xochicuautla, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y parte del Congreso Nacional Indígena, también denunciaron las constantes agresiones sufridas por la comunidad “por parte del Estado: prisión política, persecución, atentados, amenazas de muerte, cerco militar a la comunidad y la continuación de las obras a pesar de dos amparos que obligan a la empresa a parar los trabajos”.

Además, se manifestaron en solidaridad con diversas luchas en defensa de la tierra y el territorio en Chiapas. Denunciaron “los asesinatos de los indígenas tsotzil-tseltal de Bachajón”, del municipio de Chilón, “con el objeto de imponer un complejo turístico” en la Biosfera de las Cascadas de Agua Azul. También, exigieron la libertad inmediata de Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez y Esteban Gómez Jiménez, “presos políticos” y adherentes a la Sexta Declaración de San Sebastián Bachajón. Recordaron que a la comunidad San Isidro Los Laureles, municipio Venustiano Carranza, que decidió recuperar alrededor de 165 hectáreas de sus tierras, “les asiste el derecho, de acuerdo con lo estipulado” por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Y saludaron la lucha de la organización Sociedad Civil Las Abejas en Acteal, quienes últimamente sufrieron una emboscada el 29 de diciembre de 2015 en contra de tres de sus integrantes en la Comunidad San Joaquín, municipio de Pantelhó, y el atentado que derivó en el asesinato de Manuel López Pérez. “La sed de justicia de nuestros pueblos, es un caudal que riega y mantiene húmedos nuestros corazones”, añadieron. Finalmente, reconocieron los “esfuerzos de autonomía” de “nuestros hermanas y hermanos del municipio de Tila”, quienes, en la búsqueda de su libertad, determinaron recuperar su autonomía ejidal y “su derecho a gobernarse”.

Hicieron un llamado a “las comunidades indígenas y campesinas, estudiantes, maestros, feministas organizaciones y en general, a los colectivos de México y el mundo, a pronunciarse contra el ecocidio en San Francisco Xochicuautla”.

Para más información:

Comunidad de Xochicuatla se solidariza con pueblos indígenas de Chiapas que enfrentan despojo (Chiapas Denuncia Pública, 13 de enero de 2016)

Exigen indígenas suspender autopista Naucalpan-Toluca (La Jornada, 13 de enero de 2016)

Xochicuautla, en solidaridad con los pueblos indígenas de Chiapas (Desinformémonos, 14 de enero de 2016)

Xochicuautla, pronunciamiento por la memoria, verdad y territorio (Ke Huelga Radio, 13 de enero de 2016)

Comunidad de Xochicuautla denuncia proyecto carretero y se solidariza con las luchas en Chiapas (Radio Zapatista, 13 de enero de 2016)