Oaxaca: COPUVO denuncia clima de hostigamiento de parte de autoridades municipales y de empresa minera

Valle Ocotlán (@COPUVO)

En un comunicado publicado el 9 de mayo, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) denunció hostigamientos y amenazas cuando buscaba realizar una reunión regional contra la minería en San José del Progreso, “donde desde hace ocho años [los habitantes] han defendido su territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines”.

Informó que antes de dicha reunión, el actual presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, “amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles” planteando el “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro”. Agregó que Díaz Vásquez solicitó a la policía estatal y federal “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…”.

Por lo mismo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos de las diversas organizaciones civiles y comunitarias que asistirían a dicha reunión, “por lo que hubo presencia de la Policía Estatal y Agentes Estatales de Investigación durante el 06 y 07 de mayo en la comunidad; es importante mencionar que la Policía Estatal también estuvo protegiendo al proyecto minero con elementos de seguridad durante estas fechas”.

La COPUVO denunció que “detrás de la campaña de amenazas y hostigamiento hacia nuestro movimiento, se encuentra involucrada la empresa minera Fortuna Silver Mines, quién en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos”.

Para más información:

COPUVO denuncia amenazas por parte de empresa minera y autoridades de San José del Progreso (COPUVO, 9 de mayo de 2017)

Mineras generan conflictividad en Oaxaca y Chiapas (Contralínea, 11 de mayo de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Se exige justicia para el defensor comunitario Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado hace 5 años (23 de marzo de 2017)

Oaxaca: Comunidades afectadas por el proyecto minero “San José” toman oficinas de SEMARNAT (1 de marzo de 2017)

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Chiapas: CIDH determina responsabilidad en ejecución extrajuidicial en el marco del plan de Campaña Chiapas 94

Conferencia de Prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 3 de mayo de 2017 Foto: @Sipaz

El 3 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en la que informó que, en el caso de la ejecución extrajudicial del indígena tzeltal Gilberto Jiménez Hernández ocurrida en febrero de 1995 en la comunidad La Grandeza, municipio de Altamirano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó “la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.”

A 22 años del operativo militar en dicha comunidad , el Boletín de Prensa del CDHFBC recordó: “El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea “Arcoiris” en el Agrupamiento “Yabur”, compuesta por 65 agentes militares quienes portaban armamento 3 MP5 Cal. 9mm y 62 G-3 Cal. 7.62mm. Al mismo tiempo aviones del Ejército sobrevolaban en la región. La población del ejido La Grandeza, conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianas/os se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas. El señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena tseltal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un chal en la espalda, le disparó.”

El Director del CDHFBC, Pedro Faro, recalcó que “hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México”.

Rubén Moreno, abogado del Centro explicó por su parte que la familia de Jiménez Hernández decidió no recibir ninguna reparación económica por el daño, sino que optó porque se hiciera público el informe de la CIDH.

Para más información:

Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad: CIDH (CDH Fray Bartolomé de Las Casas, a 3 de Mayo de 2017)

CIDH culpa al Estado por muerte de tzetzal: Frayba (La Jornada, 3 de mayo de 2017)

CIDH culpa al Estado mexicano por ejecución extrajudicial de indígena tzeltal (Proceso, 3 de mayo de 2017)

Determinan responsabilidad del Estado en muerte de indígena (Cuarto Poder, 4 de mayo de 2017)

Nacional: Senado aprueba Ley contra la Tortura

El 25 de abril, el Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley contra la Tortura y envió el documento al Ejecutivo federal para su promulgación. Esta legislación estuvo en discusión por casi un año en la Cámara de Diputados, mientras “del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 104 quejas y emitió 79 recomendaciones sobre el tema de la tortura. A ello se suman las 4 mil 404 quejas presentadas ante dicho organismo por la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el mismo periodo, de las cuales, mil corresponden a casos relacionados con el Ejército y la Marina. Según cifras obtenidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, e informó que sólo mil 884 casos se encuentran en investigación. De ésos, sólo en 11 se registraron consignaciones, y únicamente se tiene conocimiento de cinco sentencias por ese delito en el periodo de referencia.”

Está Ley general pretende permitir prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En caso de cometer el delito de tortura, para “obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona”, se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo, para el servidor público que incurra en dicho delito. Cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescente, se aumentará la pena hasta 30 años de prisión. Lo mismo tendrá validez en caso de que una mujer gestante, una persona con discapacidad, o un adulto mayor, sea sometido a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante, afrodescendiente o pertenezca a una comunidad indígena.

El texto de ley plantea también “aplicar las mismas sanciones a los superiores jerárquicos, cómplices y colaboradores en actos de tortura y como medida temporal se prevé la remoción de servidores públicos señalados o investigados por este delito, con el objetivo de que no entorpezcan la indagatoria en su contra.”

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró la ley aprobada ya que prohíbe de forma absoluta la tortura, “sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determina reglas claras de combate a la impunidad”. Consideró además que otro avance de la legislación consiste en que “distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas”.

Por su parte, Amnistía Internacional consideró que representa un paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que prevalece en el país, pero que “a menos que las autoridades mexicanas hagan un esfuerzo real por garantizar el procesamiento de todos los responsables de los miles de casos de tortura denunciados cada año en todo el país, esta ley no será más que palabras sobre el papel. No debemos permitir que esto siga siendo así”.

Para más información:

Por unanimidad, aprueba el Senado Ley contra la Tortura (La Jornada, a 27 de abril de 2017)

Aprueba Senado ley contra tortura: penas de hasta 30 años (Aristegui Noticias, a 26 de abril de 2017)

Senado aprueba por unanimidad ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura (Proceso, 26 de abril de 2017)

Y ONU-DH urge a Peña Nieto promulgarla (Proceso, 26 de abril de 2017)

‘Un paso adelante’, nueva ley contra la tortura en México: AI (MVS, 26 de abril de 2017)

La ONU-DH felicita al Congreso de la Unión por la aprobación de la ley general de tortura (La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), a 26 de abril de 2017)

Sociedad civil insta al Senado a aprobar Ley General contra la Tortura esta semana (Tlachinollan, a 24 de abril de 2017)

Ley general contra la tortura (La Jornada, a 6 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura (31 de mayo de 2016)

Nacional/Internacional : « la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México» Juan E. Mendez (7 de marzo de 2017)

Oaxaca : 7 años de impunidad en el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

(@Amnistía Interncional)

El 27 de abril, se cumplieron siete años desde el asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño (37) y Jyri Jaakkola (33, de nacionalidad finlandesa ) mientras participaban en una caravana humanitaria a la comunidad indígena de San Juan Copala, en la zona triqui de Oaxaca. Aunque 13 victimarios están plenamente identificados, sólo 5 se encuentran en la cárcel hasta ahora.

Organizaciones indígenas y campesinos recordaron los hechos con una marcha denunciaron que “Durante estos siete años hemos asistido a innumerables reuniones con todo tipo de autoridades, y nos hemos encontrado con un muro de indiferencia, de instituciones débiles y de las complicidades de autoridades federales, que no han querido ir al fondo para castigar a los perpetradores de este crimen, archivando diversas averiguaciones que señalan a los responsables, buscando esconder la verdad de lo que ocurrió en el ataque a la caravana y proteger a los autores, no solo materiales sino también a los intelectuales de este y otros crímenes más cometidos en contra de defensores comunitarios en Oaxaca. Sin acierto y apelando a que no es posible la detención de quienes asesinaron a Bety y Jyri, el gobierno busca simular un juicio descalificando las pruebas que señalan la responsabilidad de los agresores, mientras los testigos y víctimas que participaron en la caravana, han sido sujetos de acoso, amenazas permanentes, agresiones y todo tipo de hostigamientos”.

Para más información :

Con marcha exigen justicia para activistas asesinados hace siete años en Oaxaca (Proceso, 27 de abril de 2017)

La justicia para Bety y Jyri no llega (EL Imparcial de Oaxaca, 27 de abril de 2017)

Bety Cariño y Jyri Jaakkola, siete años de un crimen impune (Contralínea, 27 de abril de 2017)

Pronunciamiento de organizaciones sociales e indígenas (26 de abril de 2017)

Siete años de impunidad en la Mixteca de Oaxaca: MAIZ (NVI Noticias, 26 de abril de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca: Parlamentarias europeas vuelven a denunciar impunidad en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2 de marzo de 2017)

Oaxaca/Internacional : Suman 5 detenidos en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010) (15 de octubre de 2016)

Oaxaca: PGR archiva el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (28 de abril de 2016)

Oaxaca: Gobierno del estado no recibe a eurodiputadas por “falta de voluntad” hacia el caso de Bety y Jyri (2 de octubre de 2015)

Oaxaca: Persisten agresiones y hostigamientos hacia víctimas de Nochixtlán

Arturo Peimbert Calvo (@DDPHO)

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, informó que, el 17 de abril pasado, cuando se encontraba en las inmediaciones del municipio de Nochixtlán, lo encañaron y, al marcharse, le dispararon a larga distancia con impactos de balas en la batea y en una portezuela del vehículo.

Señaló que a diez meses de los acontecimientos represivos de Nochixtlán, “la falta de avances en la investigación favorece la impunidad, y alienta las agresiones a las víctimas, a familiares de las personas fallecidas y a sus defensores, por lo cual es necesario visibilizar la dilación con la que las autoridades están actuando para iniciar las investigaciones”. Agregó que “un caso en el que hay aproximadamente 100 personas heridas de bala y ocho personas fallecidas, debe ser investigado con prontitud debido a su magnitud”.

Expuso su preocupación “debido a las recientes agresiones de las que han sido objeto las víctimas y sus representantes, por ejemplo, la infligida al profesor Santiago Ambrosio Hernández, quien el 5 de marzo sufrió un atentado en el que resultó lesionado en la pierna por impacto de bala”. Por lo mismo, informó que se solicitaron medidas cautelares para quienes exigen justicia en el caso.

Cabe recordar que en Nochixtlán, el 19 de junio pasado, se llevó a cabo un desalojo perpetrado por policías federales contra pobladores y maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mismo que dejó ocho muertos y más de 100 heridos.

Para más información :

Denuncian que persisten las agresiones contra víctimas del desalojo en Nochixtlán (La Jornada, 20 de abril de 2017)

Agreden a ombudsman de caso Nochixtlán; resulta ileso (SDP Noticias, 19 de abril de 2017)

Disparan contra camioneta de Arturo Peimbert , presidente de la DDHPO (Red Capital, 18 de abril de 2017)

Agresiones y hostigamiento a víctimas de Nochixtlán continuán a diez meses de la tragedia (Boletín completo, DDHPO, 18 de abril de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca: Comité de Víctimas de Nochixtlán denuncia “intento de homicidio” contra dos de sus integrantes (7 de marzo de 2017)

Oaxaca: Organizaciones de Derechos Humanos presentan informe sobre represión en Nochixtlán (11 de julio de 2016)

Oaxaca/Nacional: Allanan casa de fotoperiodista que cubrió hechos en Nochixtlán (4 de septiembre de 2016)

BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA (22 de junio de 2016)

Guerrero/ Nacional: Madres y padres de los 43 consideran no acudir a la reunión con la PGR y la CIDH

Foto @: Archivo SIPAZ

El 20 de abril, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tienen agendada una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), con representantes del mecanismo especial de seguimiento y con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Esta reunión estaba programada antes de la sesión de la CIDH que tuvo lugar en Washington el 17 de abril. Sin embargo, según el periódico el Sur de Acapulco, las madres y padres consideran no acudir en razón de las declaraciones que hizo el subsecretario Roberto Campa Cifrián durante esta sesión. Afirmó que la principal linea de investigación sigue siendo la de la calcinación de los normalistas en el basurero de Cocula, a pesar de que esa hipótesis fue científicamente desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).

Que acudan o no a la reunión, las familias afirmaron que no dejarán de exigir a las autoridades que den con el paradero de sus hijos, por ello, anunciaron que emprenderán el jueves 20 de abril a las 11 de la mañana, una marcha del antimonumento a la PGR, y ahí se instalarán en un plantón indefinido.

Para más información:

Las grietas del poder (Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, 18 de abril de 2017)

Valoran padres de los 43 la posibilidad de asistir a la reunion de PGR con la CIDH (El Sur de Acapulco, 19 de abril de 2017)

Para más información del SIPAZ:

Guerrero : padres de los 43 participan en audiencia de la CIDH (22 de marzo de 2017)

Chiapas/Nacional: CNI y EZLN lanzan convocatoria y denuncian la represión contra la comunidad Purépecha de Michoacán

 

El 2 de abril, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzaron la Convocatoria a la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México. En la segunda etapa del V CNI, realizada los días 29-31 de diciembre de 2016 y primero de enero de 2017, habían acordado “CONVOCAR a las autoridades, representantes, delegados y concejales nombrados por los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas que participan en el CNI a la celebración de la: ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO PARA MÉXICO”. Anunciaron que esta asamblea se realizará los días 26-28 de mayo en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI- UNITIERRA) en San Cristóbal de las Casas.

Además, el 4 de abril fueron detenidas 38 personas de la comunidad indígena Purépecha de Arantepacua, Michoacán “por elementos de la policía michoacana en medio del conflicto de tierras que viven entre comunidades de los municipios de Uruapan y Nahuatzen”. Para presionar por la libertad de los 38 comuneros detenidos, el pueblo se manifestó al día siguiente bloqueando la carretera Arantepacua-Nahuatzin. Otro grupo viajó a la ciudad de Morelia para conocer la situación jurídica de los detenidos. “[l]a reacción del gobierno de Silvano Aureoles fue enviar un convoy de más de 70 unidades con elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Michoacán a la comunidad de Arantepacua donde, con gases lacrimógenos y armas de fuego, iniciaron la persecución a la población, incluyendo mujeres y niños. Allanaron domicilios y según lo informa el vocero de la comunidad, de los hechos ocurridos (…) hay cuatro comuneros muertos, diez heridos.”

Ante los hechos, en un comunicado conjunto, el CNI y el EZLN denunciaron la represión contra la comunidad Purépecha y la “traición” del gobierno michoacano al “no permitir el diálogo para solucionar un añejo conflicto agrario”. El CNI y EZLN manifestaron que “[l]os malos gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de Michoacán, y en gran parte de la geografía nacional, es cómo van a acallar a los pueblos y su palabra, pero eso no pasará, pues la palabra que hoy gritan en colectivo los pueblos originarios nace justamente de la indignación, el hartazgo y la decisión de no dejarse matar, despojar, dividir o comprar”. Además compartieron que “su dolor por el asesinato de los compañeros es nuestro. Luchamos pues tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos.”

Por lo pronto, los días 12-15 de abril en las instalaciones del CIDECI- UNITIERRA se llevará a cabo seminario de reflexión crítica “LOS MUROS DEL CAPITAL, LAS GRIETAS DE LA IZQUIERDA”. Se puede registrar a partir del martes 11 de abril de 2017 a las 10:00 horas en las mismas instalaciones.

Para más información:

Convocatoria a la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México (Enlace Zapatista, 2 de abril de 2017)

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN denunciando la represión contra la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán. (Congreso Nacional Indígena, 6 de abril de 2017)

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN denunciando la represión contra la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán. (Enlace Zapatista, 6 de abril de 2017)

La comunidad indígena de Arantepacua víctima de la violencia del gobierno de Michoacán (Desinformémonos, 6 de abril de 2017)

“El mal gobierno de Silvano Aureoles los traicionó e impidió el diálogo con los comuneros”: CNI y EZLN (Desinformémonos, 7 de abril de 2017)

“No nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos sus palabras mentirosas y perversas”: Congreso Nacional Indígena (Desinformémonos, 11 de abril de 2017)

LOS MUROS ARRIBA, LAS GRIETAS ABAJO (Y A LA IZQUIERDA). (Enlace Zapatista, 14 de febrero de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/Nacional : Candidata presidencial “no es decisión de una persona” (Subcomandante Moíses) (15 de noviembre de 2016)

Chiapas / Nacional : CNI y EZLN realizarán consulta para nombrar a una candidata indígena hacia las elecciones presidenciales de 2018 (15 de octubre de 2016)