Chiapas: Jornada de Las Abejas por la Justicia y la verdad

El 12 de agosto, más de 200 indígenas de la organización civil Las Abejas marcharon en San Cristóbal y realizaron una jornada de 12 horas de acción por la justicia y la verdad, para seguir protestando por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que justamente hace un año llevó a la liberación de 29 tzotziles acusados de haber participado en la matanza de 45 indígenas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Después de la marcha/peregrinación y de preparar un altar maya en la plaza Catedral, se realizó una conferencia de prensa en la que participaron sobrevivientes de la masacre. En su comunicado las Abejas afirmaron: “Nuestra lucha por la verdad y la justicia no se negocia ni se condiciona con dinero o migajas o desechos del mal gobierno. La masacre de Acteal es un crimen de estado, que no se olvida. Seguiremos incansablemente denunciando la impunidad de los autores materiales e intelectuales de la masacre, porque somos los guardianes de la memoria y sin memoria el pueblo nunca tendrá justicia”.Sobrevivientes de la matanza expresaron su miedo al considerar que la presencia de los paramilitares liberados representa un peligro para su seguridad porque las armas usadas en la masacre continúan escondidas en las comunidades.

La jornada siguió con actividades religiosas y culturales hasta la noche.

Para más información:

– A casi 13 años de la matanza de Acteal, realizan Las Abejas jornada por la justicia y el no olvido (La Jornada, 13 de agosto de 2010)

– Comunicado, cronología (texto y fotos) y cobertura en vivo (trasmisión vía internet) de la jornada:

http://acteal.blogspot.com/

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/

Para más información de SIPAZ:

• Boletín informativo especial sobre el Caso Acteal: Fallo de la SCJN – Una resolución irreprochable desde lo jurídico, una decisión altamente cuestionada desde el contexto histórico y actual– 30 de agosto de 2009

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Oaxaca: Acción Urgente en caso del Padre Uvi

Padre Uvi (@ Colectivo Pinotepa)

El jueves 5 de agosto,  el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (Barca), que tiene sede en Oaxaca de Juárez, emitió una Acción Urgente sobre el caso de Padre R. Fco. Wilfrido Mayrén Peláez, también conocido como el Padre Uvi.  La Acción Urgente destacó el papel del Padre Uvi en trabajos de derechos humanos desde el año 1992, siendo él fundador de Barca. Planteó que de manera más reciente el Padre Uvi ha apoyado  el proceso social organizativo del municipio autónomo de San Juan Copalá en la zona triqui, acercando a varios medios y organizaciones internacionales “para que conocieran la situación que prevalece en el lugar”. Denunció el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola el 27 de abril de este año por presuntos integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), y  asumió la defensa del sacerdote  Martín Octavio García Ortiz tras su secuestro por desconocidos el 19 de junio.

El comunicado de Barca relató que dos Eurodiputados pidieron asilo  al Padre Uvi el 2 de julio después de darse cuenta que les perseguían presuntos integrantes de UBISORT tras terminar una reunión en la que se habló sobre la situación actual de San Juan Copalá. Mencionó que la UBISORT acusó al padre Uvi de ser responsable del asesinato de Anastasio Juárez Hernández, líder de esta organización el 30 de julio.  Barca enfatizó: “[n]os preocupan los ataques que se han dado en contra del Padre ya que han sido cada vez más continuos y fuertes”, añadiendo que “desafortunadamente en Oaxaca son muchos los casos de ataque a defensores y creemos que gente del Gobierno y grupos en complicidad puedan atentar contra su integridad física y psicológica del defensor de los derechos humanos, ya que ante distintos hechos el gobierno ha protegido con toda impunidad algunos grupos, como en este caso es la UBISORT”. Barca hizo un llamado a “todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, personas y medios internacionales para que estén atentos y se pronuncien por la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano para garantizar la seguridad, proteger la vida y permitir el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Oaxaca.”

Para más información:

Acción Urgente Barca completa (5 de agosto)

Milicianos y activistas subversivos rechazan al Ejército en los triquis (Despertar, 2 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: más violencia en zona triqui tras el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, dirigente de UBISORT y hermano de Rufino Juárez Hernández (13 de agosto de 2010)

Oaxaca: Actualización del caso de Padre Martín (19 de julio)

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso (26 junio)

Oaxaca: Ataque a caravana de observación — 2 muertos y 4 desaparecidos (28 de abril)

Guerrero – PGJE pide 50 años en contra de Raúl Hernández

Fuente: http://alzatuvozporlalibertadderaul.wordpress.com/

El viernes 6 de agosto se llevó a cabo la audiencia del caso de Raúl Hernández Abundio quien según su defensa ha sido indebidamente acusado de homicidio de un informante del Ejército en enero de 2008. No obstante, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pidió la pena máxima de 50 años. Cabe recordar que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que lleva la defensa de integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) desmintió las pruebas que existían. Además el juez que visitó el lugar del crimen averiguó que la declaración del testigo principal fue incorrecta, y afirmó que Hernández no habría podido cometer el homicidio. La PGJE tampoco tomó en cuenta las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Raúl Hernández no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato. A partir de esta audiencia, el juez tendrá 10 días hábiles para emitir la sentencia correspondiente.

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, destacó que “es una muestra clara que el gobierno del estado, el gobierno de Zeferino Torreblanca, mantiene una soberbia e intención deliberada de perseguir a los defensores de los derechos humanos, a los luchadores sociales de Guerrero, es una evidencia clara porque no existen pruebas, es insostenible la acusación”. De igual forma, en un comunicado de prensa del 7 de agosto, Amnistía Internacional (AI) condenó las conclusiones de la PGJE. La directora adjunta del Programa para las Américas de AI, Kerrie Howard, argumentó que “La decisión de proceder sobre los cargos fabricados de asesinato contra Raúl Hernández es parte de una campaña sistemática de las autoridades mexicanas contra miembros de esta comunidad indígena, quienes defienden los derechos humanos de su pueblo”. Tlachinollan circuló una carta modelo dirigida al Poder Judicial de Guerrero para pedir justicia y libertad para Raúl Hernández.

Para más información:

Condena AI acusación falsa contra indígena mexicano (La Jornada, 8 de agosto)

Represión oficial, ratificación de cargos contra Hernández: ONG (La Jornada, 7 de agosto)

Comunicado de prensa de Amnistía Internacional, (AI, 7 de agosto)

Carta modelo al Poder Judicial, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan)

Comunicado de prensa del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (10 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas (25 de junio de 2010)

Guerrero: 2º aniversario del encarcelamiento de Raúl Hernández(19 de abril de 2010)

Oaxaca: propuesta legislativa de juzgar a Ulises Ruiz rechazado por coalición de oposición

Ulises Ruiz Ortiz (@ La Jornada)

El jueves 29 de julio,  el diputado local Cristóbal Carmona Morales, miembro del Partido Nueva Alianza (Panal), presentó ante el Congreso de Oaxaca una solicitud para iniciar un juicio de procedencia contra Ulises Ruiz Ortiz, actual gobernador priísta del estado, por violaciones a los derechos humanos de maestros y ciudadanos en general durante el año 2006, cuando se reprimió un movimiento magisterial y social que se oponía a la administración estatal.  La propuesta de juzgar a Ruiz Ortiz, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha responsabilizado  por violaciones a derechos humanos durante los eventos de 2006, ha producido bastante polémica desde el jueves pasado, especialmente por parte de los partidos integrantes de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” que derribó la alianza PRI-Verde Ecologista en las elecciones estatales ya hace casi un mes.

No obstante, esta iniciativa en contra del gobernador oaxaqueño no ha sido recibido como un avance por gran parte de la oposición.  De hecho, representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (PC) han nombrado esta iniciativa un “juicio político simulado” caracterizada por tener  grandes lagunas legales.  Representantes de la coalición han denunciado que un juicio de este tipo muy probablemente resultaría en una exoneración de Ulises Ruiz, debido al hecho que actualmente la mayoría de los diputados del congreso estatal son del PRI y que todavía faltan unos meses para que entren en función los nuevos diputados elegidos el 4 de julio pasado.  Integrantes de esta coalición de oposición temen  que la propuesta para el juicio no incluya estipulaciones para quitar el fuero constitucional del actual gobernador, requisito legal para avanzar con el proceso.  También han expresado su inquietud frente el riesgo que la mayoría priísta de los diputados puedan nombrar a un nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que podría permanecer durante la próxima administración gubernamental de Gabino Cué y mantener al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Mafud Mafud, con el riesgo de que las averiguaciones previas lanzadas contra Ulises Ruiz pudieran desaparecer.  Además existe el riesgo  de que, si avanza el juicio político y si la mayoría priísta de los diputados le exonera  a Ulises Ruiz, ya no se le podría volver a procesar, dado que las personas no pueden ser juzgadas por el mismo delito más de una vez.

Por esto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado anunciando que los “diputados locales en funciones y electos del PAN, PRD, PT y Convergencia no permitirán que el gobernador del estado eluda la voluntad ciudadana que rechazó, de manera contundente, la continuidad del PRI en el gobierno de Oaxaca” el pasado 4 de julio.  Benjamín Robles Montoya, diputado local del partido Convergencia, declaró en conferencia de prensa realizada con la presencia de 12 diputados electos y 6 diputados actuales que “[n]o vamos a permitir que Ulises Ruiz se burle de la voluntad ciudadana”, o que el PRI tenga éxito en “esconder su porquería”.  Los partidos integrantes de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” han propuesto una contra-iniciativa de procedimiento  que consistiría en la creación de una mesa de recepción para recibir denuncias de la población en general con relación a los hechos de 2006.  El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Daniel Juárez, aseveró que solicitarán la información de organizaciones civiles de derechos humanos–Reporteros Sin Fronteras (RSF), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI)–para la recopilación de información para la mesa.

Para más información:

Demanda de juicio político, treta de Ulises Ruiz, señalan (La Jornada, 2 de agosto)

Alianza opositora pide aportar denuncias para someter a Ulises Ruiz a juicio político (La Jornada, 3 de agosto)

Legisladores de Oaxaca van contra Ulises Ruiz (El Universal, 2 de agosto)

Es una farsa juicio contra Ulises Ruiz: diputados (El Universal, 3 de agosto)

Instalarán mesa para denuncias contra URO (El Universal, 2 de agosto)

Mayoría priista pretende exonerar a URO en juicio político simulado, denuncia oposición (NSS Oaxaca, 1 de agosto)

Juicio político no exonera a Ulises Ruiz de responsabilidades penales (Reflexión Informativa Oaxaca, 2 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Derriba coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” al PRI en elecciones estatales (11 de julio 2010)

Guerrero: Breves – Pronunciamiento AI; Foro Defensores Ambientalistas

El martes 27 de julio fueron publicadas en un artículo del Sur de Acapulco unas declaraciones del gobernador guerrerense Zefererino Torreblanca acerca del encarcelamiento de Raúl Hernández y su nombramiento como preso político por parte de Amnistía Internacional (AI). Insinuó que AI se ha equivocado en este caso, diciendo: “si el gobierno del estado tiene certeza de que debe ser acusado no debe retirar (los cargos)”, y “se confunde la defensa de los derechos humanos con la legalidad si hay señalamientos”. AI respondió con un pronunciamiento mencionando: “Amnistía Internacional únicamente asume casos de presos o presas de conciencia sobre la base de un minucioso análisis del caso, que le permite concluir no solamente la inocencia de la persona procesada, sino […] la forma en que el sistema de procuración e impartición de justicia es utilizado en ocasiones para perseguir a líderes, activistas sociales, individuos en razón de su origen étnico, sexo, condición social y a defensores y defensoras de los derechos humanos”. Hernández fue detenido en 2008 por su supuesto homicidio de un informante del Ejército mexicano. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lleva la defensa de Raúl Hernández y ha mostrado todas las pruebas de inocencia del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM). Se espera la sentencia durante las primeras dos semanas de agosto.

El miércoles 28 de julio, a un mes de la audiencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se llevó a cabo un foro sobre defensores ambientalistas y criminalización de la protesta social en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) en la Ciudad de México. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y tendrán su audiencia contra el Estado mexicano el próximo mes de agosto en San José, Costa Rica. Ambos defensores ambientalistas fueron detenidos y torturados por el Ejército mexicano en 1990 por delitos que no cometieron. En 2000 fueron sentenciados a la cárcel por 6 y 10 años. Después de haber presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, fueron puestos en libertad sin ser exonerados de los cargos impuestos.

Para más información:

Insinúa Zeferino que está seguro de la acusación contra el indígena preso de conciencia de Ayutla (El Sur de Acapulco, 27 de julio)

Declaración Amnistía Internacional: PRECISIONES RESPECTO A RECIENTES DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO

Defensores ambientales: los nuevos patriotas (CentroProdh, 29 de julio)

Campesinos ecologistas en busca de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CENCOS, 29 de julio)

Más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas,

Chiapas: hostigamiento militar en contra de la OCEZ-RC

El jueves 22 de julio, la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza emitió una acción urgente denunciando una incursión militar en su zona de influencia en el estado de Chiapas.  Según la denuncia, el 21 de julio se introdujo un vehículo de la Secretaría de Marina Armada de México hasta la tranca que la OCEZ-RC había instalado en la entrada a la comunidad; el vehículo contaba con aproximadamente 40 elementos camuflados dirigido por un comandante que no se identificó. Al llegar a la tranca, el responsable del camión, resguardado por 4 elementos de su grupo, se acercó a la casa de guardia de la comunidad y pregunto a los presentes cuantos habitantes, maestros y niños vivían en la comunidad, además de cuántos observadores internacionales se encontraban allí.

Luego de eso, el camión militar volvió a la carretera principal entre el Ingenio Pujiltic y la cabecera Municipal Venustiano Carranza, donde lo interceptó una comisión de la OCEZ-RC que preguntó sobre su presencia. El encargado de la tropa informó que había recidibo ordenes federales para hacer recorridos por la zona, e indicó que se realizarán patrullajes constantes por ordenes federales. Los militares filmaron a los integrantes de la comisión durante este tiempo.

La OCEZ-RC ve en este hecho la falta de cumplimiento de la palabra que dio Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado, el 26 de noviembre de 2009, cuando se reunió con la OCEZ-RC en una mesa de distensión, comprometiéndose a conminar a las fuerzas militares y policiacas federales a no penetrar ni acercarse a la zona de influencia de la OCEZ-RC. La operación del 21 de julio probablemente tuvo el apoyo del gobierno estatal, concluyen los de OCEZ-RC, dado que “sabemos bien que únicamente ante la solicitud del Gobierno Estatal, las corporaciones militares Federales pueden moverse en la Entidad y sobre todo en caminos aledaños.” De hecho, el comunicado señaló a Sabines Guerrero como el “RESPONSABLE DE LA DESESTABILIZACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO.”

En su comunicado, la OCEZ-RC exigió que Felipe Calderón, presidente de la República, “ordene a sus corporaciones Militares [que] se abstengan de entrar en nuestro territorio” y exigió que Sabines Guerrero “cumpla a cabalidad todo lo que ofreció” en la mesa del 26 de noviembre del año pasado respecto a la “DESMILITARIZACIÓN DE NUESTRO TERRITORIO”, “REPÀRACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS OPERATIVOS MILITARES Y POLICIACOS, CATEOS, DETENCIONES ARBITTRARIAS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA LA OCEZ-REGIÓN CARRANZA”, “SOLUCIÓN A NUESTRAS DEMANDAS AGRARIAS” y “DEMANDAS SOCIALES DE LA OCEZ RC”.

Para más información:

Comunicado completo de la OCEZ-RC, 22 de julio

Oaxaca: ataque en contra de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas

@ mx.geocities.com/staluciamonteverde

El miércoles 22 de julio, residentes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla Villa Guerrero, denunciaron que un grupo que señalaron como “paramilitares” del poblado vecino de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, dispararon a su comunidad, hiriendo de gravedad a Jaime Jiménez Cruz, de 40 años de edad.  Las dos comunidades, que se ubican en la región mixteca del estado de Oaxaca, han experimentado conflictos por cuestiones agrarias.  Varios residentes de Zimatlán intentaron evacuar la zona de Zimatlán ante la amenaza de una agresión, pero no pudieron logrado por el cerco mantenido por el grupo agresor.

Para permitir la evacuación de niños, mujeres y ancianos de la comunidad, habitantes de Zimatlán solicitaron al Centro de Derechos Humanos y Asesoría a los Pueblos Indígenas (Cedhapi) que organice una caravana humanitaria que tiene previsto salir este sábado 24. Pidieron a la seguridad pública del estado y a la Secretaría General de Gobierno garantizar la seguridad de los desplazados, y a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos el envío de un representante.  Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Oaxaca un informe sobre la realidad experimentada en Zimatlán; las autoridades respondieron diciendo que se había otorgado seguridad a los afectados, y que “los hechos delictuosos se están investigando.”  Cabe destacar que en un comunicado reciente, Cedhapi había asegurado  que las autoridades estatales no habían respondido a las llamadas de auxilio de los habitantes de Zimatlán para detener al grupo agresor.

Para más información:

Denuncian ataque de paramilitares en la Mixteca oaxaqueña; un herido (La Jornada, 23 de julio)