Oaxaca: desmantelamiento del municipio autónomo de San Juan Copala

Copala (foto de archivo (@Frida Guerrera)

El 13 de septiembre, un grupo de 500 hombres fuertemente armados entró disparando y sitió el Palacio Municipal de San Juan Copala, en donde dieron un ultimátum de 24 horas para desalojar a 100 familias. En los días posteriores y en medio de rumores de posible masacre, se multiplicaron las denuncias del Movimiento de Lucha y Unificación Triqui-Independiente (MULT-I) que llegó a informar de varios hechos violentos: el 18 de septiembre fueron asesinados David García Ramírez y Paulino Ramírez Reyes, simpatizantes del MULT-I.  También fueron desaparecidos el mismo día Eugenio Martínez, Jordán González Ramírez, María Agustina Flores y Susana López Martínez, pobladores del municipio autónomo de San Juan Copalá.  Jorge Albino, integrante del municipio autónomo, advirtió durante el fin de semana del 18 de septiembre que los habitantes de San Juan Copalá ya no tenían ni “alimentos ni agua”, aseveración que fue confirmada por Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario general de Gobierno en Oaxaca dos días después. El 19, autoridades de San Juan Copalá realizaron un llamado para la organización de otra caravana de apoyo humanitaria para los pobladores del municipio autónomo.

Según declaraciones de Jorge Albino (MULT-I), el lunes 20 al mediodía entraron militantes del MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui) y de UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), a San Juan Copalá y comenzaron a quemar 100 hogares, con el resultado de que los simpatizantes del MULT-I que todavía estaban viviendo en el municipio huyeron.  Para el día 23 de septiembre, ya habían salido todos teniendo como consecuencia a familias enteras desplazadas. El MULT declaró no haber participado en estos hechos.

El 20 de septiembre, para denunciar lo que ocurrido, diez mujeres y nueve niñ@s triquis se declararon en huelga de hambre en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, mientras habitantes del municipio autónomo realizaron marchas hacia la Secretaría de Gobernación en Distrito Federal y un mitin frente a la procuraduría de Oaxaca.

En estos mismos días fracasó la mesa de diálogo para distender la violencia en San Juan Copala a la que había convocado la Iglesia. Solo una representación del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult) acudió al llamado hecho por el Obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y el apoderado legal de la Arquidiócesis, Wilfrido Mayren Peláez. El MULT-I inicialmente dijo que en principio no estaba opuesta a tales negociaciones, pero puso condiciones que se encuentran lejos de cumplirse: “el cese de la violencia y las agresiones, así como garantizar la vida e integridad de los pobladores de San Juan Copala; la presentación con vida de los desaparecidos y permitir el acceso a organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, para verificar las condiciones que se viven en la comunidad.”

Frente este contexto alarmante, Amnistia Internacional emitió una acción urgente exigiendo que los el gobierno estatal de Oaxaca tanto como el federal investiguen la agresión y violación sexual dirigida a dos mujeres triquis el 7 de septiembre, además de otras agresiones contra los habitantes de San Juan Copalá, y que se les garanticen sus garantías fundamentales.  De manera similar, declararon el Observatorio Eclesial y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barca) que en caso de que la violencia siga avanzando en la región triqui, la responsabilidad principal será de los gobiernos estatal y federal.  Gabriela Juárez, secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial, dijo que “estamos indignados por lo que ha sucedido en San Juan Copala, porque mientras nuestros hermanos están siendo violentados, el gobierno festeja el bicentenario, como si quisieran que se nos olvidara la violencia.”

En contraste, el 25 de septiembre, en declaraciones hechas a La Jornada, afirmó Ulises Ruiz Ortiz, actual gobernador de Oaxaca, que no hay paramilitares, ni muertos, ni desaparecidos en San Juan Copala: “Eso sólo está en la mente de quienes lo señalan”.  Ulises Ruiz también rechazó que la movilización de la fuerza pública resuelva el conflicto y declaró que: “El problema es de diferencias ideológicas, de límites, políticas, las cuales se solucionarán si los tres grupos están dispuestos a dialogar y acordar”.

Para más información:

La destrucción de Copalá (La Jornada, 27 de septiembre)

En Copala, ni muertos ni paramilitares: Ulises Ruiz (La Jornada, 26 de septiembre)

Cese a la violencia en San Juan Copala, exige el MULTI (La Jornada, 22 de septiembre)

Niños y mujeres triquis inician ayuno contra asedio paramilitar (La Jornada, 21 de septiembre)

Exigen a Ulises Ruiz frenar el “genocidio” (La Jornada, 21 de septiembre)

Convoca pueblo triqui a caravana urgente contra los ataques armados en Copala (La Jornada, 20 de septiembre)

Segundo asesinato en un día de miembros del MULTI en Copala (La Jornada, 20 de septiembre)

Habitantes de San Juan Copala exigen a la SG protección para el municipio autónomo (La Jornada, 18 de septiembre)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: denuncian riesgo de masacre en San Juan Copala (17 de septiembre)

Distrito Federal: en visita a México, los padres de Jyri Jaakkola exigen justicia para el caso de su hijo y el de Bety Cariño (6 de septiembre)

Oaxaca: nueva emboscada en región triqui deja 3 muertos y 2 heridos (1 de septiembre)

Oaxaca: mujeres triquis denuncian contexto que padecen (20 de agosto)

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Chiapas: Obispo José Raúl López Vera recibe el Premio Rafto 2010

José Raúl López Vera (@ La Jornada)

El 1 de septiembre, se otorgó a José Raúl López Vera, obispo católico de Saltillo, Coahuila, el Premio Rafto 2010, un honor concedido anualmente por la organización civil noruega Fundación Rafto que, según la misma Fundación, “contribuye a crear conciencia sobre la importancia de observar de cerca las violaciones de los derechos humanos y a las personas y comunidades que necesitan la atención del mundo.” En el pasado , este reconocimiento también fue entregado a Aung San Suu Kyi (Birmania), Kim Daejung (Corea del Sur) o Shirin Ebadi (Irán), todos ellos posteriormente galardonados con el Premio Nobel de la Paz.

El comunicado de prensa que anunció el reconocimiento de este año enfatizó el contexto alarmante que se vive en la República Mexicana: creciente militarización, violaciones de derechos humanos vinculado a la presencia militar, impunidad, corrupción institucional, y represión a periodistas y activistas sociales.  Para la Fundación Rafto, la situación de migrantes centroamerican@s pasando por México en su camino hacia Estados Unidos es particularmente grave, dado todos los secuestros y violaciones experimentados por éstos.  Frente este contexto, la Fundación ve en Raúl Vera una persona que “habla en voz alta y sin miedo contra las violaciones de derechos humanos, la corrupción, los abusos del poder y la ausencia del imperio de la ley.” El trabajo de su vida, añaden, “demuestra una voluntad inquebrantable y fe en la acción concreta para mejorar la calidad de vida de la población pobre, vulnerable y oprimida de México”. El comunicado mencionó también sus esfuerzos para frenar la violencia que padecen los migrantes o para denunciar la falta de protección de los y las periodistas, así como  sus señalamientos en contra de  la corrupción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a otras instancias gubermentales, o su apoyo público a los gays y lesbianas. Durante su estancia como obispo auxiliar en Chiapas entre 1995 y 1999, trabajó conjuntamente con el obispo Samuel Ruiz García para mejorar los derechos de los campesinos pobres y de los pueblos indígenas chiapanecos y mantener el alto al fuego entre el gobierno y los Zapatistas.

En la etapa más reciente, Raúl Vera fue el fundador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y de la organización Belén, ubicada en Saltillo, misma que da refugio a migrantes centroamerican@s y mexican@s deportados desde los Estados Unidos.  Se estima que Belén ha servido unos 40.000 migrantes desde su inicio en 2002.

En resumen, la Fundación Rafto planteó, Raúl Vera “[u]sa su autoridad como obispo para criticar al gobierno, aunque también se refiere en detalle a las estructuras sociales que llevan a la opresión”, “[t]rabaja sistemáticamente para permitir que los pobres y oprimidos luchen por sus derechos” y, a través de sus organizaciones civiles, “trabaja con la[s] comunidad[es] para llevar ayuda inmediata a las personas en situaciones desesperadas.” En este sentido, Raúl Vera es “la voz de los que no tienen voz”, un actor que, en las palabras de la Fundación, “contribuye a dar a la población más vulnerable de México una vida con dignidad y la esperanza de un futuro mejor.”

Para más información:

Otorgan en Noruega premio Rafto al obispo Raúl Vera (La Jornada, 24 de septiembre)

Comunicado de prensa Fundación Rafto completo (pdf)

Guerrero: breves – Director Tlachinollan recibe premio Kennedy; Código de Justicia Militar será modificado : Blake; evento – Foro Social Indígena; evento – Aniversario Policía Comunitaria.

El 23 de septiembre, el Centro Robert F. Kennedy con sede en Washington DC, anunció que entregará el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. El director recibe el premio “por sus esfuerzos enérgicos para acabar con los abusos a los derechos humanos que resultan de la impunidad que goza el ejército y la narcoviolencia”. El Premio Robert F. Kennedy en Derechos Humanos fue establecido en 1984 para honrar a defensores/as de derechos humanos valientes e innovadores/as en todo el mundo quienes le hacen frente a la injusticia, a menudo poniéndose en peligro personal por lo mismo.

Por otro lado, el 23 de septiembre, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, aseguró ante legisladores que el gobierno federal cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en torno al caso Rosendo Radilla y enviará al Senado una iniciativa de ley para reformar el Código de Justicia Militar. Luego de ser éste uno de los cuestionamientos que más le formularon senadores de PT, PRD y PRI, el funcionario aseguró que se dará cumplimiento cabal a esa sentencia que obliga al gobierno mexicano a modificar la legislación a fin de sean juzgados en tribunales del fuero común los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a derechos humanos de civiles.

Finalmente, cabe mencionar dos eventos que se llevarán a cabo en el estado de Guerrero en el mes de octubre del presente año. Del 8 al 12 de octubre se realizará el Foro Social Indígena 2010, que tendrá lugar en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, en la comunidad La Cienaga, municipio de Malinaltepec. Además de las mesas de discusión y análisis, habrán espacios dedicados a talleres de mejores prácticas e intercambio de conocimientos, donde las diferentes organizaciones podrán compartir los proyectos, experiencias, métodos y técnicas que han fortalecido y consolidado su trabajo, así como espacios dedicados a la presentación de creaciones artísticas y culturales. Luego, entre el 13 y 16 de octubre, se celebrará el XV aniversario de la Policía Comunitaria en la sede de San Luis Acatlán. Se realizarán mesas de discusión, presentaciones de libros, videos y fotografías, mercado comunitario, intercambio de semillas criollas, baile popular y participaciones artísticas y culturales.

Para más información de SIPAZ:

El premio RFK de Derechos Humanos del 2010 será otorgado a un defensor valiente de las comunidades indígenas y campesinas de México

Será modificado el Código de Justicia Militar: Blake (La Jornada, 23 de septiembre de 2010)

Militares que violen derechos de civiles serán juzgados en el fuero común (Centro prodh, 23 de septiembre)

Weblog del Foro Social Indígena

Invitación al XV Aniversario de la Policía Comunitaria

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: breves – Tierra Caliente segundo lugar nacional en número de feminicidios; SCJN analizará recomendaciones de la Corte Interamericana en el caso de Radilla (11 de septiembre de 2010)

Guerrero: CIDH condena Estado mexicano en caso paradigmático de desaparición forzada (16 de enero de 2010)

Chiapas: liberan a 4 integrantes de la OCEZ-Casa del Pueblo

OCEZ Casa del Pueblo (@Melel Xolobal)

El 18 de septiembre, cuatro integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) fueron liberados luego de 9 años de permanecer encarcelados, acusados de haber asesinado a ocho militantes priistas en Multajiltic en abril de 2001. En esta masacre, hombres cubiertos con pasamontañas mataron a balazos a ocho campesinos de la organización “Alianza San Bartolomé de los Llanos”, con la cual campesinos de la Casa del Pueblo se disputaban más de 5 mil hectáreas de tierras comunales. En 2006, Ángel Hidalgo Espinosa había sido sentenciado a 37 años de prisión, mientras  los hermanos Enrique, Alberto y Mario Coutiño Morales habían sido condenados a 60 años de cárcel. Organizaciones de derechos humanos documentaron las irregularidades cometidas en el expediente penal, entre ellos el testimonio clave de un menor sordomudo, quien señaló ver unos encapuchados, sin reconocer a nadie en particular.

Su liberación absoluta fue posible luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se desistió de las acusaciones. Los liberados alegaron su inocencia desde el principio y la OCEZ-CP mantuvo en estos nueve años decenas de marchas, bloqueos de carretera y protestas para reclamar su libertad.

En el acto donde se anunció la liberación de los campesinos, el gobernador Juan Sabines Guerrero afirmó que la liberación “fue una decisión de las más complejas, pero de las más justas, un caso inédito de los tiempos en que la justicia se podía manipular (…) la fabricación de un delito, además del homicidio”. El mandatario pidió al procuraduría estatal reabrir el caso e investigar a fondo para encontrar a los responsables de la masacre de Multajiltic.

Para más información:

Chiapas: liberan a cuatro campesinos apresados en 2001 (La Jornada, 21 de septiembre de 2010)

Liberan a líder de Casa del Pueblo (Cuarto Poder, 19 de septiembre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: OCEZ Casa del Pueblo levanta plantón y entrega dependencias ocupadas tras 21 días de conflicto (5 de junio de 2010)

Chiapas: Protestas de la OCEZ-Casa del Pueblo por liberación de presos (27 de mayo de 2010)

Guerrero: breves – Tierra Caliente segundo lugar nacional en número de feminicidios; SCJN analizará recomendaciones de la Corte Interamericana en el caso de Radilla

El médico adscrito al Ministerio Publico (MP) de Coyuca de Catalán, Daniel Salgado Peña, informó que la región de Tierra Caliente podría ocupar el primer lugar en el estado de Guerrero por muertes violentas contra mujeres, contando cerca de 16 mujeres asesinadas violentamente en lo que va del año. Después de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde existe el mayor número de casos de feminicidios, Tierra Caliente podría ocupar el segundo lugar en número de este tipo de ataques. El médico dijo que sólo en agosto de 2010 asesinaron a cuatro mujeres en diferentes municipios, y en el inicio de septiembre se ha registrado un caso.

Por otro lado, el 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ocho votos contra tres, decidió que analizará la sentencia, recomendaciones y resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Rosendo Radilla, donde quedó demostrado que el Estado violó los derechos humanos de Radilla, quien se encuentra desaparecido desde 1974. Se condenó al Estado mexicano, pero la Suprema Corte, como ente del Estado, está relacionada con el cumplimiento. “La Corte no puede condicionar su marco de atribuciones y el cumplimiento de éstas a otros poderes”, sostuvo la ministra Sánchez Cordero. Organizaciones sociales criticaron la decisión de la SCJN de relegar la obligatoriedad de la sentencia de la CoIDH en el caso de Rosendo Radilla, y consideraron que es decepcionante la actuación de los ministros. “Si la [SCJN] se pronuncia en contra de la obligatoriedad de acatar la sentencia de la [CoIDH] sobre el caso del líder social Rosendo Radilla –aún desaparecido–, implicará un desastre para el sistema interamericano de derechos humanos en el país”, advirtió el director ejecutivo de Amnistía Internacional sección México, Alberto Herrera.

Para más información:

Aumentan asesinatos de mujeres: MP (La Jornada, 6 de septiembre)

Analizará la Corte resolución de la CIDH en caso Radilla (La Jornada 7 de septiembre)

Critican organizaciones de derechos humanos actuación de la SCJN (La Jornada, 9 de septiembre)

Decepcionante, que la SCJN dé impunidad al Ejército: Tita Radilla (La Jornada, 9 de septiembre)

Grave, que la SCJN se pronuncie contra sentencia de la CIDH (La Jornada, 9 de septiembre)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: CIDH condena Estado mexicano en caso paradigmático de desaparición forzada (16 de enero 16 de 2010)

Distrito Federal: en visita a México, los padres de Jyri Jaakkola exigen justicia para el caso de su hijo y el de Bety Cariño

Los padres de Jyri Jaakkola, en conferencia de prensa (@ La Jornada)

A finales del mes de agosto, llegaron a México Eeva y Raimo Jaakkola, los padres de Jyri Jaakkola, el activista finlandés asesinado el 27 de abril en el marco de su participación en una misión civil de observación que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copalá en la región triqui del estado de Oaxaca. Eeva y Raimo visitaron el país para exigir el esclarecimiento de la muerte de su hijo y de la luchadora social Alberta Cariño el 27 de abril y también, según Eeva, “reunir[se] con amigos y amigas de Jyri.”

Según fuentes mediáticas, los padres de Jyri se reunieron con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobernador-electo de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, aunque descartaron toda posibilidad de tener audiencia con el actual gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, a quien se ha señalado por sus vínculos con el grupo al que se atribuye los asesinatos del 27 de abril, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).  Eeva y Raimo pensaban visitar el municipio autónomo de San Juan Copalá, pero se cancelaron estos planes frente a otra agresión en la región triqui el 22 de agosto, misma en la que murieron tres integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I).

Participaron en una conferencia de prensa el 24 de agosto en el Distrito Federal, juntos con Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México; David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; y Omar Esparza Zárate, esposo de Bety. En sus comentarios destacaron los padres de Jyri que “[q]uienes defienden a los grupos más marginalizados son a menudo quienes enfrentan los mayores riesgos.” Demandaron que las autoridades mexicanas que “castig[uen] a los culpables” por lo del 27 de abril, y pidieron que el Presidente de la República les ayudara.  Con relación a la situación actualmente vivida en la región triqui, enfatizó Eeva que “como madre de Jyri siento mucha solidaridad con las mujeres triquis que han perdido sus hijos”, y añadió que “[e]stoy muy afligida de saber que lo que le pasó a mi hijo y a Bety también le ha pasado a muchos otros defensores de derechos humanos en México”, tema que destacó Raimo en la preocupación que expresó sobre la alta posibilidad que lo que ocurrió a Jyri y a Bety también le pueda suceder a otros defensores de derechos humanos.

Reflexionando sobre la vida y muerte de Jyri, Eeva dijo lo siguiente:

“Estamos orgullosos de su manera de pensar y vivir; su entendimiento de la solidaridad era compartir la vida con las alegrías y tristezas, pero también con los riesgos. Queremos justicia para él, pero también para la gente con quienes vivía y trabajaba. Es muy importante que se resuelva el caso de Jyri y Bety (…) Esperamos que la solución de sus asesinatos sea un paso para cambiar la cultura de impunidad y garantizar la seguridad para los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos.”

Para más información:

Defender en México DH puede costar la vida: padres de Jaakkola (La Jornada, 24 de agosto)

Padres del activista finlandés Jyri Jaakkola piden justicia (La Jornada, 25 de agosto)

Marcha silente de triquis en Oaxaca exige justicia para 3 víctimas de paramilitares (La Jornada, 30 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Ataque a caravana de observación–2 muertos y 4 desaparecidos (28 de abril)

Oaxaca: después de la caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” a San Juan Copalá (21 de junio)

Oaxaca: nueva emboscada en región triqui deja 3 muertos y 2 heridos

Un grupo de mujeres triquis en el zócalo de Oaxaca de Juárez acompañado por Eve y Raimond Jaakkola, padres del activista finlandés asesinado en la región triqui el pasado 27 de abril (@ La Jornada)

El pasado sábado 22 de agosto se produjo una emboscada en la región triqui del estado de Oaxaca, dejando un saldo de 3 muertos y 2 heridos. Ésta tuvo lugar en la carretera Santiago Juxtlahuaca-Putla de Guerrero cerca del municipio autónomo de San Juan Copalá; como víctimas fatales se cuentan: Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto Silvano González Ramírez, y los heridos Víctor de Jesús González y Alfredo Martínez González, todos vinculados con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I). Según Jorge Albino Ortiz, portavoz de San Juan Copalá, los agredidos estaban recorriendo la zona, en tareas de preparación  y organización de una caravana de mujeres y niñ@s triquis, que tenía prevista dirigirse a la ciudad capitalina del estado (Oaxaca de Juárez)  al día siguiente, para denunciar frente el Alto Comisionado de la ONU el contexto de violencia que padecen en la región. Los asesinatos se atribuyen a los grupos el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), ambos señalados como grupos paramilitares, aunque el dirigente de Ubisort, Rufino Juárez Hernández, ha deslindado responsabilidad de parte de su grupo.

A  raíz del ataque del 22 de agosto, la mencionada caravana de mujeres y niñ@s se suspendió. Marcos Albino, integrante del MULT-I (que ha estado organizando un plantón de mujeres triquis en el Distrito Federal), aseveró que, en lugar de la caravana, “llevaremos a cabo otras acciones, no nos van a inmovilizar. Seguiremos en resistencia y apostando al diálogo y la paz hasta morir, de ser necesario.”

Tras deslindar todo tipo de responsabilidad en torno a los asesinatos, Juárez Hernández hizo una llamada dirigida al MULT-I para promover el diálogo a fin de “evitar más ejecuciones y detener la agonía de pobreza y violencia” en la zona. “El problema de nuestra etnia tiene que ser resuelto entre indígenas y no con extraños o extranjeros que desconocen y están mal informados”, estableció. Anadió él que “[r]espetamos que diversas organizaciones, grupos políticos o religiosos quieran intervenir, pero de nada ayudan si sus falsas declaraciones provocan más violencia y generan más encono entre los hermanos que viven todos los días en nuestra región.” Para que haya posibilidad de paz, dijo él, “no debe haber PRI-caciquil, ni PRD o izquierda radical y mucho menos proyectos de insurgencia o levantamientos que nos dividan más.”

El 23 de agosto, anunciaron Evencio Nicolás Martínez Ramírez, secretario general de Gobierno, y María de la Luz Candelaria Chiñas, procuradura, que la solución a la situación de violencia prevaleciente en la región triqui “depende de ellos (los indígenas), no del gobierno, no de la Procuraduría (General de Justicia del Estado, PGJE.”

Para más información:

Emboscan a indígenas triquis vinculados a San Juan Copala (La Jornada, 22 de agosto)

Tres muertos y dos heridos, saldo de emboscada de paramilitares (La Jornada, 23 de agosto)

Se deslinda Ubisort de emboscada a caravana triqui (La Jornada, 23 de agosto)

La paz en la región triqui depende de los indígenas, no de nosotros: autoridades (La Jornada, 24 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: mujeres triquis denuncian contexto que padecen (20 de agosto)

Oaxaca: más violencia en zona triqui tras el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, dirigente de UBISORT y hermano de Rufino Juárez Hernández (13 de agosto)