Guerrero: “Siempre Vivos” halla fosas clandestinas en Chilapa

Hallazgos de restos en una fosa. Foto: @Luis Daniel, El Sur.

El 12 de mayo integrantes del Comité “Siempre Vivos” de Chilapa, Guerrero, hallaron dos fosas clandestinas con restos humanos de cuatro personas, durante las brigadas ciudadanas de búsqueda de personas desaparecidas. Estas brigadas, conformadas por unos 30 miembros -principalmente familiares de víctimas de desaparición en Chilapa e Iguala, junto con miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, empezaron la búsqueda por cuenta propia porque “ninguna autoridad gubernamental se ha hecho cargo del caso”, señaló Proceso. Integrantes del Comité “Los Otros Desaparecidos”, organización de unos 500 familiares de personas desaparecidas que desde noviembre de 2014 realiza semanalmente búsquedas de fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, capacitaron a las y los familiares de “Siempre Vivos” para estas jornadas de búsqueda. Durante las búsquedas, integrantes de las brigadas reprobaron las acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), por dejar restos en las fosas que más tarde fueron recuperados por las y los integrantes de las brigadas.

El Comité “Siempre Vivos” se conformó después de la desaparición de 16 hombres en Chilapa en mayo de 2015. Ello sucedió durante la toma de la ciudad por parte de un grupo ciudadano armado autodenominado “Comunitarios por la Paz y la Justicia”, el cual durante cinco días permaneció en Chilapa supuestamente buscando localizar y detener a integrantes del grupo del crimen organizado “Los Rojos”.

También cabe destacar la creación de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, compuesta por unas diez personas especialistas en búsqueda de cuerpos provenientes de diferentes estados, para “replicar las buenas prácticas de algunos colectivos de familiares en la búsqueda ciudadana”. Esta Brigada realizó a inicios de este mes varias jornadas de búsqueda en Amatlán, Veracruz, donde ubicaron al menos 500 restos de huesos humanos, documentaron 72 casos de personas desaparecidas y tomaron 60 muestras de ADN a familiares de víctimas de desaparición, cuyos perfiles genéticos serán contrastados con los hallazgos. Además, en un sólo día recabaron más de 50 denuncias de desapariciones que no habían sido notificadas por el dolor y el miedo en las familias. “Esta iniciativa es una muestra del fracaso de las instituciones, porque los familiares de desaparecidos no tenemos garantías ni el derecho a la verdad ni a la justicia ni a la memoria; nos queda claro que si no buscamos nosotros, nadie lo va a hacer”, declaró uno de sus integrantes. Según testimonios de sus miembros, su objetivo no es buscar justicia, pues “sabemos que nunca va a llegar en este país, ya que las autoridades no buscan a los culpables, pues se van a encontrar a ellos mismos, no hay voluntad política”.

Para más información:

Hallan familiares de desaparecidos dos fosas clandestinas en Chilapa (El Sur, 13 de mayo de 2016)

Imágenes de las osamentas halladas en Chilapa (Proceso, 13 de mayo de 2016)

Sicarios ejecutan al director de Gobernación municipal de Chilapa (Proceso, 13 de mayo de 2016)

Familias por todo el país rascan fosas con sus propias manos, en busca de sus desaparecidos (Sin Embargo, 12 de mayo de 2016)

Capacitará Los Otros Desaparecidos a Siempre Vivos para buscar fosas en Chilapa, informan (El Sur, 11 de mayo de 2016)

Brigada Nacional y su infatigable búsqueda de desaparecidos (Proceso, 18 de abril de 2016)

Crean la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos; su primera misión será en Veracruz (Animal Político, 8 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Marcha de la dignidad nacional en el día de las madres (16 de mayo de 2016)

Guerrero: Impunidad tras un año de 16 desapariciones forzadas en Chilapa (9 de mayo de 2016)

Guerrero: Amenazas hacia integrante de “Los Otros Desaparecidos” (5 de abril de 2016)

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Nacional: CNDH lamenta más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en el país

Gráfica del Informe. Foto: @CNDH

El 11 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), fenómeno no reconocido oficialmente y vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos. El Informe es el resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas del Estado. Según el informe hay al menos 35,433 personas desplazadas por la violencia en el país. El ombudsman nacional de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que se trata sólo de un “muestreo” para “llamar la atención” de las autoridades ante la problemática, ya que la cifra podría ser mucho mayor pues “no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México”. Detalló que el DFI implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua son las entidades que acumulan el mayor número de municipios y comunidades expulsoras de personas como consecuencia de la delincuencia en el país. El presidente de la CNDH urgió a “establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento”. González Pérez subrayó la necesidad de que el Estado mexicano “reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia”. Según él, la CNDH ya cuenta con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que en breve será presentada. Entre las medidas aconsejadas, la CNDH llamó a la coordinación de “los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado” para atender el desplazamiento forzoso, la formulación de protocolos de atención, el reconocimiento de los derechos de las y los desplazados en apego a la Ley General de Víctimas, la garantía de acceso a trabajo, capacitación y educación, entre otras.

Para más información:

Las cifras, las comunidades y las causas del desplazamiento forzado interno en México (Animal Político, 14 de mayo de 2016)

Propone la CNDH crear ley general sobre desplazamiento forzado (Proceso, 11 de mayo de 2016)

INFORME ESPECIAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO DE LA CNDH (CNDH, 11 de mayo de 2016)

Más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en México, detecta la CNDH (Aristegui Noticias, 11 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Familias desplazadas siguen su camino exigiendo justicia (26 de febrero de 2016)

Chiapas: Familias desplazadas de Primero de Agosto denuncian cercado de sus tierras Primero Agosto (19 de abril de 2016)

Chiapas: Foro de diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas (11 de marzo de 2011)

Guerrero: En libertad seis presos de la CRAC-PC

Elementos de la policía comunitaria CRAC-PC en Guerrero. Foto: @DesInformémonos.

Después de casi tres años en prisión, fueron liberadas seis autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia del Paraíso de Ayutla de los Libres, Guerrero. Éstos fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano en agosto de 2013, junto a Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien fue liberada en marzo del año en curso.

Los seis indígenas fueron acusados del secuestro de 43 personas, portación de armas y delincuencia organizada. Ante ello, un juez consideró que no había elementos que acreditaran dicha acusación sino que se violó el derecho de las autoridades indígenas a tener sus propias formas de impartición de justicia, organización social y política acordes a sus sistemas normativos. Según SIDIDH, estas aprehensiones fueron valoradas por la CRAC-PC como “una afrenta a su autonomía y autodeterminación como pueblos indígenas” y en un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC-Casa de Justicia San Luis Acatlán, denunciaron que las autoridades detenidas fueron “criminalizadas por defender el sistema de seguridad y justicia CRAC-PC” y que las acusaciones “se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”. Asimismo, el comunicado evidenció que “[l]as autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias” al mantenerles en un “arraigo ilegal”, no tuvieron traducción, “se les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección” y “se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos”.

Cabe destacar que durante el proceso Jueces Federales emitieron tres resoluciones que reconocen que “la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de su territorio”. A pesar de ello, al menos tres integrantes más de la CRAC-PC siguen privados de su libertad.

Por otro lado, Nestora Salgado lanzó la campaña internacional “Ponle rostro y nombre a las y los presos políticos en México” para exigir la liberación de las personas privadas de su libertad por motivos políticos en el país. A principio de mayo inició una gira por Europa de una duración de 16 días para informar de la situación de las y los presos políticos, de “la criminalización que sufrió ella […] y de las agresiones y amenazas que todavía padecen sus hijas y demás familiares”. Cabe mencionar que desde su liberación, Salgado García y su familia han denunciado agresiones y amenazas en su contra, la última de ellas fue dirigida a su hija, Saira Rodríguez, cuya casa fue baleada el pasado 4 de mayo y a quien le han retirado las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal.

Para más información:

Libres, seis policías comunitarios de Guerrero acusados de secuestro (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 13 de mayo de 2016)

BOLETÍN | Libres 6 autoridades comunitarias de la CRAC-PC (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 12 de mayo de 2016)

Liberan a 6 miembros de la CRAC-PC, tras 3 años presos (La Jornada, 12 de mayo de 2016)

Anuncia Nestora Salgado gira por Europa para exigir la libertad de presos políticos (La Jornada Guerrero, 10 de mayo de 2016)

Nestora Salgado felicita a los integrantes liberados de la CRAC y hace un llamado a unir fuerzas (DesInformémonos, 13 de mayo de 2016)

Saira Rodríguez, hija de Nestora Salgado, denuncia una nueva agresión en su contra en Olinalá (Sin Embargo, 9 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: Finaliza Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos (29 de abril de 2016)

Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril de 2016)

Guerrero: Hija de comandanta presa de la CRAC Nestora Salgado anuncia su salida de México ante amenazas de muerte (28 de octubre de 2014)

Guerrero: Impunidad tras un año de 16 desapariciones forzadas en Chilapa

Marcha del grupo ciudadano armado que tomó Chilapa a inicios de mayo de 2015. Foto:@Agencia SubVersiones

En un comunicado conjunto, más de 80 organizaciones sociales denunciaron la “ineficacia en investigación y persistencia de la impunidad” tras un año de la desaparición forzada de por lo menos 16 personas en Chilapa, Guerrero. Estas desapariciones se dieron a inicios de mayo de 2015, tras la toma de la ciudad durante 6 días por parte de un grupo ciudadano armado constituido por unas 300 personas, que presuntamente irrumpió en la ciudad para buscar y detener al líder del grupo delictivo “Los Rojos”. El grupo ciudadano, que se autodenominó de policía comunitaria, patrulló la cabecera municipal “amenazando, deteniendo gente que consideraban sospechosa de pertenecer a ‘Los Rojos’, quienes posteriormente eran torturados, interrogados y desaparecidos”, según La Jornada de Guerrero. El mismo grupo fue señalado por familiares de los desaparecidos de tener vínculos con “Los Ardillos”, otro grupo delictivo que opera en la región. Noticias MVS publicó que estos dos grupos del crimen organizado “se disputan la zona para el control de la amapola, de la cual se obtiene heroína que más tarde se trafica en Estados Unidos”.

En el comunicado las organizaciones sociales señalaron que “la desaparición forzada se dio en presencia y con anuencia del ejército, gendarmería, policías federales y policías estatales”, pues los hechos violentos se dieron “mientras la gendarmería yacía resguardada” en un hotel cercano, además de que “[l]as autoridades de todos los niveles han simulado atender el caso”. Asimismo, afirmaron que el grupo ciudadano armado sigue incursionando en las cabeceras municipales de Zitlala y Chilapa “sin que nadie se los impida o los detengan”, mientras que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, declaró que en Chilapa se ha restablecido la normalidad y “no hay ningún problema en este momento”. Sumado a ello, las familias de víctimas de desaparición dejaron de recibir apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por lo que condenaron “enérgicamente la falta de voluntad política y omisión de todos los niveles de Gobierno, para dar con el paradero de estas personas y apoyar a las familias a través de sus Instituciones”.

Las organizaciones firmantes exigieron el cumplimiento del “derecho a la verdad, justicia y reparación del daño a los familiares de los desaparecidos” y realizaron un “llamamiento a los grupos de familiares de desaparecidos del Estado de Guerrero a hacer un frente común para realizar acciones coordinadas”. Este frente tendría las exigencias a las autoridades de la realización de búsquedas con resultados claros; la creación de una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas; la garantía al derecho a la verdad, justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas de desaparición forzada; legislación en materia de declaración de ausencia para los casos de desaparición y el apoyo de la CEAV a las familias sin “trabas burocráticas”. Cabe recordar que tras esta desaparición forzada múltiple en mayo del pasado año, se constituyó la organización de familiares de personas desaparecidas “Siempre Vivos, A.C.”, en la que se integraron familiares personas desaparecidas desde 2011. Este grupo tiene registradas 100 desapariciones en Chilapa en un año y medio, de las cuales sólo 60 se han denunciado formalmente.

Para más información:

“No hay problemas en este momento” en Chilapa, asegura Héctor Astudillo Flores (La Jornada Guerrero, 9 de mayo de 2016)

BOLETÍN | A un año de desaparición forzada múltiple en Chilapa, ineficacia en investigación y persistencia de la impunidad. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 8 de mayo de 2016)

Hace un año que civiles armados tomaron y desaparecieron a personas en Chilapa (La Jornada Guerrero, 8 de mayo de 2016)

A un año de la desaparición de 16 personas en Chilapa, denuncian investigación ineficaz (Noticias MVS, 8 de mayo de 2016)

Chilapa, entre la violencia y el poder del narco (Agencia SubVersiones, 19 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amenazas hacia integrante de “Los Otros Desaparecidos” (5 de abril de 2016)

Guerrero: Asesinan en Iguala a la activista Norma Angélica Bruno (24 de febrero de 2016)

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Guererro: Se cumplen 4 años de desaparición forzada de campesinos ecologistas de la Costa Grande (8 de diciembre de 2015)

Guerrero: Heridos siete integrantes del Cecop

Movilización en rechazo a la presa La Parota en la comunidad de Aguacaliente, abril de 2011. Foto: @Tlachinollan

El pasado 30 de abril, siete comuneras y comuneros miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) de la comunidad Los Ilamos, zona rural de Acapulco, Guerrero, “resultaron heridos de bala, golpes y pedradas por dos jóvenes originarios del poblado La Concepción la noche del 30 de abril, durante el festejo del santo patrono de la comunidad Rancho Las Marías”, informó La Jornada. Según el mismo medio, los agresores están supuestamente relacionados con empresarios gravilleros contra quienes parte de la comunidad mantiene una disputa jurídica por la explotación del río Papagayo. Uno de los voceros del Cecop, Marco Antonio Suástegui, declaró que durante el traslado de las y los heridos al hospital en su camioneta fue encañonado “pero el arma del agresor no llevaba tiros”. Las y los heridos señalaron que cerca del lugar donde se efectuó el ataque, había vigilancia de la policía rural de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, quienes huyeron al escuchar los balazos.

Por su parte, Suástegui expresó que “se nos hace sospechoso que los siete heridos sean opositores a la presa La Parota”. Además, señaló la participación en los hechos de 15 miembros de una pandilla y afirmó que el pandillerismo ha ido en aumento en los poblados a orillas del río Papagayo, donde la Policía Comunitaria hace presencia para inhibir los delitos. Este cuerpo de seguridad comunitaria iniciará un proceso de reconciliación y resarcimiento de daños con los agresores identificados.

Cabe mencionar que la semana anterior a la agresión, el Cecop convocó a mesas de pacificación en los bienes comunales de Cacahuatepec, Guerrero, con la intención de llegar a acuerdos entre opositores y simpatizantes de la presa La Parota.

Para más información:

Agreden a balazos a siete opositores a la presa La Parota durante festejo religioso (La Jornada Guerrero, 2 de mayo de 2016)

Siete integrantes del Cecop heridos en un ataque en la feria patronal en Rancho Las Marías (El Sur, 2 de mayo de 2016)

Hieren a 7 integrantes del Cecop en ataque armado (Quadratín Guerrero, 2 de mayo de 2016)

Movimientos sociales están en grave riesgo, advierte el Cecop (La Jornada Guerrero, 2 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Liberan a vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui (24 de agosto de 2015)

Guerrero: Ataque a integrantes del CECOP deja saldo de 5 muertos (19 de noviembre de 2014)

Guerrero: Detención de María de la Cruz Dorantes, miembro del CECOP (13 de octubre de 2014)

Guerrero/Nacional: Finaliza Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos

Cartel del 3er Encuentro Nacional de Familiares, Amigos y Organizaciones Sociales por la Libertad de las y los Presos Políticos

Los pasados días 23 y 24 de abril, tuvo lugar en Olinalá, Guerrero, el Tercer Encuentro Nacional de Familiares, Amigos y Organizaciones Sociales por la Libertad de las y los Presos Políticos. En él, según El Sur, “se denunciaron desapariciones, asesinatos y encarcelamientos políticos a quienes denuncian y exigen justicia ante los atropellos del Estado”, así como se exigió la libertad de las y los presos políticos en el país.

Con una asistencia de unas cien organizaciones provenientes de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Guerrero, el evento contó con la inauguración telefónica de Nestora Salgado. Quien fue comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, actualmente en Estados Unidos después de haber sido encarcelada por dos años y medio, exhortó al gobierno mexicano a aceptar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de población carcelaria, así como exigió el cese a la criminalización de la lucha social y afirmó que se necesita la fuerza de todas y todos para exigir la libertad de las personas encarceladas. Cabe recordar que, tras su salida de prisión, Salgado hizo un llamado a sumarse a una campaña nacional para la liberación de las y los presos políticos. Por su parte, Yolanda Barranco, integrante del Comité Nacional por la Libertad de los Presos y Presas Políticas del país enmarcó este encuentro en un contexto de aumento de la criminalización de la protesta social, las violaciones a los derechos humanos, los montajes policiales y las detenciones arbitrarias de las y los luchadores sociales.

Una de las mesas de trabajo del encuentro trató sobre el aporte de las policías comunitarias y la justicia comunitaria en la defensa del territorio, mesa en que se compartieron experiencias de policías comunitarias en diferentes partes de la República mexicana. Muchas coincidieron en su creación motivada por las agresiones que sucedían en sus comunidades como asaltos, violaciones, secuestros, extorsiones, etc., que no eran resueltas por las autoridades oficiales o que incluso eran cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado. En declaraciones de Giovany Torres Salgado, comandante de la CRAC-PC de Olinalá, “han disminuido los asesinatos, los secuestros, levantones y cobros de piso” por parte del crimen organizado desde la creación de la policía comunitaria en su territorio. Varias de las y los participantes valoraron que los miembros de las policías comunitarias encarcelados fueron privados de su libertad por defenderse ante la delincuencia, culpados por el gobierno de portación de armas que habían sido permitidas por el mismo.

En el encuentro los grupos participantes acordaron, según Vértice Diario de Chilpancingo, unirse para “luchar por la libertad de los presos políticos en el país, en contra de la reforma educativa y por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”. Asimismo, llamaron a romper el cerco informativo de los medios masivos para difundir en las comunidades que hay personas presas por defender sus derechos. También se apuntó a la necesidad de crear un comité jurídico para liberar a las y los presos, acreditar su inocencia, demostrar que el Estado comete actos ilegales para encarcelarlos, que viola derechos humanos o el debido proceso, y que todo ello sólo se evitará con la movilización y lucha social.

Para más información:

Más De Cien Organizaciones, En El Tercer Encuentro Nacional Por La Libertad Los Presos Políticos (Inter-acción, 25 de abril de 2016)

Se necesita de todos para liberar a los presos políticos, llama Nestora a organizaciones reunidas en Olinalá (El Sur, 24 de abril de 2016)

Nestora Salgado llama a luchar por la libertad de presos políticos (La Jornada, 23 de abril de 2016)

23 y 24 de abril Tercer encuentro nacional por la libertad de las presas y presos políticos (Indymedia, 14 de abril de 2016)

El profundo descuido del sistema penitenciario en México (Animal Político, 15 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Jornada por la liberación de Alejandro Díaz Santiz y las y los presos políticos (19 de abril de 2016)

Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril de 2016)

Chiapas/Nacional: Jornada nacional e internacional por presos políticos del 6 al 13 de diciembre (15 de diciembre de 2015)

Guerrero/México: GIEI concluye su trabajo México entregando un segundo informe.

El 24 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, concluyó su trabajo de más de un año con la presentación de un segundo informe. La etapa final del trabajo que realizó el GIEI en México se dio en medio de una campaña mediática de desprestigio de sus integrantes y de su labor. Hace unas semanas, también fue difundida una denuncia contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por presunto fraude en perjuicio de la Federación por casi 2 millones de dólares entregados por el gobierno federal para la investigación del caso Ayotzinapa. Las madres y padres de familia de los normalistas consideraron que el grupo de expertos “ha sido echado del país” por el gobierno federal, pues su trabajo no ha concluido y no se han localizado a los 43. El gobierno por su parte argumenta que la presencia del GIEI se acordó con una temporalidad, que incluso fue ampliada a un segundo periodo de seis meses.

Desde su primer informe, el GIEI concluyó que no hay evidencia científica para respaldar la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) que planteó que los normalistas desaparecidos fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. Ello, presuntamente a manos de policías municipales en colusión con integrantes del crimen organizado.

En el segundo informe (de más de 600 páginas), se revelaron varias inconsistencias y omisiones del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa. Señaló que “la investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso. La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”. En las líneas de investigación no agotadas se encuentran los teléfonos celulares de algunos normalistas que siguieron funcionando horas o hasta días después de lo sucedido, la participación de policías de otras localidades así como un quinto autobús que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado. Todas estas líneas podrían dar más pistas en torno a lo que pasó.

El documento también aportó pruebas que confirmaron la participación de elementos de la Policía Federal en el evento y la responsabilidad mínimamente por omisión del 27 Batallón militar de Iguala. Planteó que al menos 17 de los 61 detenidos por las autoridades estatales y federales fueron torturados. Otro dato que generó preguntas fue la presencia del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, el domingo 28 de octubre de 2014 en el lecho del río San Juan, un día antes de que se conociera la “versión oficial” sobre el hallazgo de los supuestos restos de algunos de los estudiantes en ese mismo río y en el basurero de Cocula. El GIEI comentó que “No encontramos ningún informe sobre esos hechos, ninguna diligencia el día 28. Toda la información oficial empieza el 29 de octubre”.

Para más información:

Los 10 puntos explosivos del informe #GIEIAyotzinapa (Proceso, 26 de abril de 2016)

Mostró el GIEI un sistema judicial corrupto y brutal: NYT (La Jornada, 26 de abril de 2016)

Padres reciben con tristeza informe GIEI, nos sentimos desamparados: voc. Con Ricardo Rocha (Radio Formula, 26 de abril de 2016)

Evita Osorio Chong reunirse con integrantes del GIEI; los remite con Campa Cifrián (Proceso, 26 de abril de 2016)

9 ‘huecos’ del expediente Ayotzinapa detectados en el informe final del GIEI (Expansión CNN, 25 de abril de 2016)

Remata el GIEI: evidencias manipuladas, omisiones y torturas en caso Ayotzinapa (Proceso, 24 de abril de 2016)

Confrontado con el gobierno, concluye el GIEI trabajo en México (La Jornada, 24 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/ Nacional: EAAF y GIEI reaccionan ante conclusiones sobre fuego en el basurero de Cocula (11 de abril de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Nacional/Internacional : PGR abre investigación contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH (31 de marzo de 2016)