Nacional: Amnistía internacional presenta informe sobre el uso de la tortura en México

El 11 de octubre, la organización internacional Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sexenal sobre el uso de la tortura en México titulado “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y malos tratos en México”.

En conferencia de prensa, Alberto Herrera, director de AI México, afirmó que la tortura en México es una práctica “sistemática y generalizada”, que ha aumentado “escandalosamente” a partir de la llamada guerra contra la delincuencia organizada impulsada por Felipe Calderón y debido a la impunidad total de que gozan quienes la cometen,

Herrera señaló que “la mayoría de los ellos [los casos] no se investigan jamás de manera exhaustiva, y los responsables no son puestos casi nunca a disposición judicial, por lo que las víctimas no tienen posibilidad de conseguir resarcimiento ni indemnización”. Reconoció que “resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hace rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen”.

Indicó que la falta de registro preciso de este fenómeno es tal que entre 2008 y 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) dijo tener 58 investigaciones preliminares por tortura y cuatro casos con acusaciones formales, mientras el Consejo de la Judicatura Federal registró 12 procesamientos y cinco sentencias condenatorias, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que no tenía noticias de ninguna sentencia.

En su informe, Amnistía Internacional formuló más de 40 recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan armonizar su legislación interna sobre tortura con la de organismos internacionales, establecer una base de datos exacta sobre este fenómeno, investigar de manera exhaustiva a los funcionarios públicos involucrados, no validar las pruebas judiciales obtenidas bajo tortura y restringir el fuero militar para que todos los abusos contra civiles cometidos por las fuerzas armadas sean analizados por la justicia civil.

Por su parte, el Gobierno Federal dijo que analizará el informe de AI. En un comunicado conjunto de las secretarias de Gobernación y de Relaciones Exteriores indicó que mantiene una política de cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales en esta materia. Anunció que presentará un informe sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (firmada por México desde 1986), el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012, en la ONU en la ciudad de Ginebra, Suiza en la que se plantearán los avances del combate contra la tortura y los desafíos en esta materia.

Para más información:

Comunicado de prensa de AI (AI, 11 de octubre de 2012)

Bajar informe: Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México

Aumentan tortura y desapariciones forzadas en el país: AI (Proceso, 11 de octubre de 2012)

Niveles escandalosos de tortura durante el sexenio de Calderón: AI (La Jornada, 12 de octubre de 2012)

Analizará Gobierno Federal informe de AI sobre tortura en México: SG y SRE (La Jornada, 12 de octubre de 2012)

México sí combate tortura responde gobierno a AI (El Universal, 12 de octubre de 2012)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Jueces Internacionales dan a conocer las Conclusiones de la Observación del Estado de Justicia en México (8 de octubre de 2012)

Chiapas: Presentación del Informe sobre la Tortura en Chiapas “De la Crueldad al Cinismo” (27 de junio de 2012)

Concluye visita de ACAT-Francia al país: “Perdura la tortura en México” (22 de julio de 2011)

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Nacional: Jueces Internacionales dan a conocer las Conclusiones de la Observación del Estado de Justicia en México

Conferencia de prensa de jueces internacionales (@CENCOS)

El 5 de octubre, en conferencia de prensa, jueces internacionales que integraron una Misión de Observación en México dieron a conocer sus primeras conclusiones respecto al estado de justicia en el país. En los cinco días previos, entrevistaron a diferentes actores de la sociedad civil, autoridades y poderes judiciales, de diferentes entidades federativas para poder “elaborar un panorama cualitativo del estado de la justicia México”. En sus principales conclusiones si bien destacaron avances como la aprobación reciente de la reforma en Derechos Humanos de junio de 2011, o los avances impulsados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular los que acotan el fuero militar, enumeraron no obstante una larga serie de fallas y deficiencias en el aparato de administración de justicia mexicano incluyendo entre otros: la figura del arraigo (que “además de atentatorio de los derechos de los justiciables, es absolutamente ineficiente para la persecución penal”); la no priorización del enfoque de derechos humanos en la propuesta de políticas públicas de las reformas al sistema de justicia penal; las pobres condiciones carcelarias de las personas privadas de libertad; la “cultura de corrupción” en los poderes judiciales de las entidades mexicanas; la falta de autonomía e independencia de los poderes judiciales de los estados federados e incluso la ausencia de separación de poderes en muchas entidades federativas; la falta de mecanismos expeditos de rendición de cuentas en materia del sistema judicial; la ausencia de un adecuado mecanismo de reclutamiento de nuevos jueces y juezas; o bien la persistencia de existe tortura, malos tratos y tratos indignos y degradantes de manera institucionalizada en los procesos penales.

Afirmaron que “el actual modelo de justicia del trabajo, (…) se encuentra en un estado que no permite, estructuralmente, constituirse en una verdadera jurisdicción que proteja a los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Señalamos que el actual proyecto de reforma laboral (…), de aprobarse dejará aún más en la indefensión a millones de personas que verán frustradas sus aspiraciones de una vida mejor y gravemente comprometida la seguridad social existente”. Señalaron también “el altísimo grado de vulneración de derechos que significa la ley de migración”. De manera general notaron que el Estado mexicano “ha intentado construir una política de seguridad, englobando a la justicia, degradando la seguridad en una estrategia policial y militar que impide/construir concepciones integrales de políticas de seguridad humana necesarias para un estado democrático celoso de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas”.

Finalmente, señalaron algunos casos concretos de criminalización de los movimientos sociales en México, como por ejemplo los casos de Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, dirigente y vocero respectivamente del MOCRI-CNPA-MN. Así como “el patrón que se está desarrollando por parte del estado de Chiapas en relación a la adjudicación de tierras a organizaciones comunitarias sobre territorio recuperado por las bases de apoyo del EZLN, como el caso concreto y actual de la comunidad Comandante Abel. Los comisionados llaman a que las autoridades y comunidades entren en un proceso de diálogo y no continúe el estado propiciando el enfrentamiento entre comunidades”.

Para más información:

Boletín de prensa completo (Misión de observación de la Justicia en México de La Red Iberoamericana de Jueces, 5 de octubre de 2012)

Video Conferencia de Prensa: Jueces Internacionales dan a conocer las Conclusiones de la Observación del Estado de Justicia en México (CENCOS, 5 de octubre de 2011)

Para más información de SIPAZ:

México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados |(16 de octubre de 2010)

Guerrero: A dos años de sentencias de Corte Interamericana, siguen impunes los casos de Inés y Valentina

Inés Fernández Ortega. Foto @Tlachinollan

A dos años de que fueran notificadas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, el 1ero de octubre de 2010, continúa pendiente el cumplimiento de los fallos, principalmente en materia de justicia. El Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que acompaña las dos mujeres indígenas me’phaa, que fueron violadas sexualmente por militares en el año 2002, emitió un boletín informativo en su página web el día 30 de septiembre de este año. Menciona: “Pese a que las sentencias tienen un carácter definitivo e inapelable, el Estado mexicano no ha dado pasos efectivos suficientes para el cumplimiento de la totalidad de las medidas de reparación. Esto es particularmente notable respecto de los nulos avances en las investigación de las violaciones sexuales cometidas por los elementos del Ejército Mexicano, atribuibles a la falta de cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Procuraduría General de la República“. El boletín termina señalando: “Para Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es imprescindible señalar que en el segundo aniversario de la emisión de las sentencias y a más de diez años de la agresión militar, la impunidad permanece intocada. En ese sentido, pese al desgaste acumulado, ambas mujeres Me’phaa seguirán demandando justicia con la determinación y valentía que lo han hecho a lo largo de todos estos años”.

Para más información:

A dos años de la notificación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, la impunidad militar persiste (Tlachinollan, 30 de septiembre 2012)

Implementación de sentencias emitidas por la CorIDH – Ficha Informativa (Tlachinollan, 30 de sepiembre)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: Afirma SCJN haber cumplido sentencias de las CIDH en los casos Radilla y Cantú; Campaña contra la Impunidad militar. (25 de septiembre 2012)

Guerrero: Organizaciones de derechos humanos instan a Secretaría de Gobierno cumplir con sentencias de la Corte Interamericana(17 de julio de 2012)

Guerrero – Breves: Estado mexicano reconoce responsablidad en el caso de Valentina Rosendo (16 de diciembre 2011)

Nacional: Disolución de la Comisión de mediación entre EPR y gobierno federal

Sin haber logrado su cometido al cabo de cuatro años de existencia, la Comisión de Mediación (Comed) entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal anunció su disolución ante la llegada del nuevo gobierno. Había sido conformada a propuesta del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) para poder encontrar a Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos integrantes del EPR y desaparecidos en 2007 en Oaxaca.

Haciendo un balance de estos 4 años de trabajo, la COMED recordó que en este marco el EPR aceptó, una tregua en sus acciones armadas, misma que fue valorada como un gesto muy significativo. Sin embargo, denunció que a cambio, por parte del gobierno federal a lo largo de estos cuatro años se reforzaron el carácter contrainsurgente de las fuerzas armadas, particularmente hacia organizaciones político-militares. Señaló que en este tiempo el Estado negó de manera sistemática la existencia, en los hechos, del delito de desaparición forzada de personas, aunque era clara la participación de agentes de corporaciones policíacas y de las fuerzas armadas.

Al anunciar su desaparición la Comed sostuvo que ante la nueva etapa política del país, las partes han de rehacer los términos y mecanismos dialogantes de este proceso.

Para más información:

Culpan a Calderón por fracaso de Comisión de Mediación entre gobierno y EPR (Proceso, 2 de octubre de 2012)

Comunicado completo de la COMED (COMED, 1ero de octubre de 2012)

Para más información de SIPAZ:

México: Informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (17 de marzo de 2012)

México: Jornada Nacional Contra el Olvido y la Impunidad del FNLS (26 de mayo de 2011)

Guerrero/Nacional: Afirma SCJN haber cumplido sentencias de las CIDH en los casos Radilla y Cantú; Campaña contra la Impunidad militar.

Valentina e Inés (@CDH de la Montaña Tlachinollan)

Por medio de la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial de la Federación envió un reporte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio puntual cumplimiento a las sentencias de la CIDH relacionadas con los casos de Rosendo Radilla Pacheco (desaparición forzada) y Valentina Rosendo Cantú (violación por parte de militares). La SCJN subrayó en su reporte las recientes resoluciones adoptadas por la Corte en materia de restricción al fuero militar, así como la implementación de programas o cursos sobre la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos consultivos de desaparición forzada de personas, y sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyen una perspectiva de género y etnicidad.

Cabe recordar que el 1º de octubre de 2012 se cumplirán dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó las sentencias de los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas contra el Estado mexicano. Por lo mismo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán lanzó una nueva campaña, pidiendo firmas para una carta que será enviada a Felipe Calderón, Presidente de México. Tlachinollan planteó: “A la fecha, prevalecen graves rezagos en el cumplimiento de las medidas de reparación del daño a cargo del Gobierno Federal, por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra. Preocupa particularmente que a pesar de que las investigaciones fueron remitidas al fuero civil desde hace un año, a la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. Ello debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido no colaborar, por lo que a más de diez años de los hechos, y a dos de publicados los fallos la impunidad militar persiste”.

Para más información:

Reporta SCJN cumplimiento a resoluciones de CIDH en casos Radilla y Cantú (La Jornada, 23 de septiembre de 2012)

Asegura la SCJN haber cumplido sentencias de la CIDH en los casos Radilla y Cantú (La Jornada, 24 de septiembre de 2012)

Campaña del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan “Contra la impunidad militar: Verdad, justicia y reparación para Inés Fernández y Valentina Rosendo” (septiembre de 2012)

 Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Organizaciones de derechos humanos instan a Secretaría de Gobierno cumplir con sentencias de la Corte Interamericana(17 de julio de 2012)

Guerrero – Breves: Estado mexicano reconoce responsablidad en el caso de Valentina Rosendo (16 de diciembre 2011)

Guerrero: Incumplimiento de sentencia por parte del Estado en caso Radilla (26 de Junio de 2012)

Guerrero – breves: Debe PGR informar del caso Radilla; Piden ampliar periódo de investigación de la Comisión de la Verdad (3 de diciembre de 2011)

México: OSC llaman a la SCJN a consolidar la restricción del fuero militar y demandan a la lesgislatura entrante de priorizar la reforma

(@PRODH)

En un comunicado conjunto publicado el 19 de septiembre, más de 80 organizaciones civiles y sociales de todo el país pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consolidar los criterios sostenidos en sus recientes debates en cuanto a la restricción del fuero militar mediante la adopción de tesis jurisprudenciales. En el mismo escrito solicitaron al Poder Legislativo entrante priorizar la reforma del Código de Justicia Militar para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otras obligaciones internacionales en la materia. Ambas acciones permitirían restringir en definitiva el fuero militar “en un contexto donde los abusos castrenses han crecido exponencialmente”.

 Para más información:

Debe la Corte fortalecer criterios sobre fuero militar, señalan ONG (La Jornada, 20 de septiembre de 2012)

Comunicado conjunto: OSC llaman a la SCJN a consolidar la restricción del fuero militar y demandan a la lesgislatura entrante priorizar la reforma (19 de septiembre de 2012)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: SCJN ordena que caso Bonfilio Rubio sea remitido al fuero común (22 de agosto de 2012)

Nacional: ONGs piden a la SCJN resolver asuntos relacionados con el fuero militar en 28 casos (14 de junio de 2012)

Guerrero: Reclamos a Secretario de Gobernación en su visita a Ayutla de los Libres

El 11 de septiembre de 2012, el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré visitó Ayutla de los Libres para poner la primera piedra del Centro de Atención a la Mujer y encabezar la firma de un Plan de Acciones y Compromisos para el Desarrollo de la Zona Me´ Phaa y Mixteca, mismo que considera la aplicación de 30 millones de pesos en diversos programas. En este marco, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM) reclamaron al secretario de Gobernación y al gobierno estatal, el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de Inés Fernández Ortega, mujer indígena violada por militares en 2012.

Para más información

Reclamos a Poiré en Ayutla de los Libres (La Jornada, 12 de septiembre de 2012)

Conferencia de prensa que ofrecieron el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el Gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre (Secretaria de gobernación, 11 de septiembre de 2011)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Organizaciones de derechos humanos instan a Secretaría de Gobierno cumplir con sentencias de la Corte Interamericana (17 de julio de 2012)

Guerrero: Acto de reconocimiento de responsabilidad del gobierno mexiano en el caso de Inés Fernández Ortega. (7 de marzo 2012)

Guerrero – Breves: Estado mexicano reconoce responsablidad en el caso de Valentina Rosendo (16 de diciembre 2011)