El 8 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informó que se le notificó que se les había dictado el auto de formal prisión a Alfredo Gómez Moreno, Gerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Pedro Demeza Deara, Sebastián Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, integrantes de La otra Campaña y a Miguel Vázquez Moreno, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del ejido San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón.
En la mañana, alrededor de 350 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, habían realizado una marcha-mitin en la cabecera municipal de Ocosingo para exigir la liberación de los 8 indígenas tseltales que permanecen presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 4 de Cintalapa, Chiapas.
En una Acción Urgente del 4 de mayo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció nuevamente la situación jurídica en la que se encuentran los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón. Las faltas de un debido proceso en todo los casos fueron evidenciados por la documentación realizada por el CDHFBC. Una preocupación para el futuro juicio tiene que ver con el hecho de que los ocho hayan firmado sus declaraciones desconociendo su contenido por falta de traductor. Aunque la legislación prohíbe tales declaraciones, fueron aceptadas por el Ministerio Público.
El CDHFBC llamó la atención sobre el hecho que “el Juez de la causa tiene hasta el viernes 8 de mayo para dictar auto de formal prisión o concederles la libertad”. Señaló que el juicio podrá formar parte de la represión “que el gobierno de Juan José Sabines Guerrero ha implementado, inicialmente a través de la Fiscalía Especial Para la Delincuencia Organizada (FECDO) en contra de los integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y del Base Zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la Región de Agua Azul y Agua Clara”.
El día 1 de mayo los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón arraigados durante 19 días en la casa de arraigo “Quinta Pitiquitos”, fueron consignados ante un juez en Tuxtla Gutiérrez y luego trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 14, El Amate, (CERSS No. 14 El Amate) en el municipio de Cintalapa. Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) se les ejercitó acción penal por los delitos de robo con violencia y delincuencia a los seis adherentes de La Otra Campaña, el base de apoyo zapatista y otra persona sin vinculación organizativa declarada.
En esta ocasión sus fotografías fueron nuevamente publicadas en medios, identificándolos como parte de “una banda delictiva, dedicada al asalto carretero en el tramo Ocosingo-Palenque”, lo cual constituye en una vulneración al principio constitucional de presunción de inocencia además de estigmatizarlos ante la sociedad. El CDHFBC informó que “existen violaciones al debido proceso en la procuración de justicia, siendo la más grave la falta de un traductor en su idioma, por lo que los 8 detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, los cuales resultaron en declaraciones autoinculpatorios, sin obviar que 7 de ellos declararon bajo tortura”.
Según demuestra la investigación y documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), el “uso sistemático de tortura” vinculado a casos de personas durante el traslado, el arraigo y la declaración ministerial, demuestra una grave debilidad en la protección y respeto de los derechos humanos de personas bajo sospecha de haber cometida un crimen en Chiapas.
Entrevista a comisionado del ejido de San Sebastián Bachajón
El día 24 de abril se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) con ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña convocada por el EZLN. Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaban la incomunicación y arraigo de 8 “compañeros” detenidos entre el 13 y el 18 de abril así como la actitud de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (OPDDIC) que según la denuncia colaboraron con las fuerzas federales y estatales durante el intento de desalojo del bloqueo carretero, y la destrucción y robo de la caseta de cobro en Agua Azul el 17 de abril.
El CDHFBC expresó por su parte su preocupación por la militarización que se ha dado en el estado y por el uso de las fuerzas públicas y leyes en el intento de “desanimar a la población que se organiza para la defensa y ejercicio de sus derechos humanos”. También denunció que “en los últimos meses hemos monitoreado que el Gobierno Mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, ha implementado una política de persecución y criminalización en contra de movimientos y organizaciones sociales disidentes”.
“Los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes de La Otra Campaña son parte del movimiento indígena, que se contrapone a los planes neoliberales de despojo del territorio y depredación de los recursos naturales. La región de Agua Azul ha sido por muchos años zona turística cuyas cuantiosas utilidades son aprovechadas por intereses ajenos al pueblo tseltal de Bachajón. Región clave del proyecto ecoturístico y arqueo-eco-turístico como parte de la Rivera Maya, que está recibiendo un fuerte impulso del gobierno del estado para la inversión extranjera.”
El caso de los tzeltales de San Sebastián Bachajón además fue contextualizado como un ejemplo de lo que está sucediendo en toda América Latina con pueblos originarios “que reivindican su derecho al territorio y a la autodeterminación”.
“El contexto de los eventos mencionados se dan en una clara postura de contrainsurgencia, implementada por el Gobierno Mexicano, mediante acciones coordinadas de información y operación por el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública Federal y Estatal”. El CDHFBC subrayó que el “operativo policíaco fue motivado a partir de información facilitada por inteligencia militar, como lo reconocieron a este Centro de Derechos Humanos, funcionarios del gobierno estatal”.
Se mencionó finalmente que los ocho arraigados siguen en la casa de arraigo “Quinta Pitiquito” en el municipio Chiapa de Corzo. El Centro denunció que el sistema de arraigo, que desde la entrada de la reforma penal en junio de 2008 es constitucional en México, sigue siendo una “sistemática violación a los derechos humanos” y las casas de arraigo “un espacio de coerción y tortura”.
El Servicio Internacional para la Paz expresa su fuerte preocupación por una serie de hechos derivados de la detención de 6 Indígenas Tzeltales habitantes del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas. Los detenidos sufrieron entre otros: tortura, malos tratos; falta de acceso adecuado a asistencia jurídica y a un traductor que hable su idioma; incomunicación; estigmatización en medios de comunicación.
Por otro lado, integrantes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón organizaron un bloqueo para exigir la liberación de los detenidos. Unos días después se detuvo a dos personas que fueron reportadas desaparecidas por varios días. También se denunciaron múltiples acciones de represión y criminalización de la protesta social y de defensores de derechos humanos que han dado seguimiento a los casos.
Los días 7 y 8 de Marzo tuvo lugar un Encuentro de las mujeres Zapatistas en el marco del día Internacional de la mujer, dedicado a la señora Doña Concepción García de Corral, “Mamá Corral como decían los zapatistas a esta mujer, madre de luchadores caídos en combate y tenaz luchadora por la presentación de los desaparecidos políticos.”
Llegando a Oventik, se notaban filas y filas de carros estacionados al lado de la carretera con letreros indicando que provenían de los distintos Caracoles. Miles de mujeres se juntaron para el evento que fue convocado como un evento político, deportivo y cultural-artístico. Se realizaron partidos de fútbol, basquetbol, y voleibol, así como eventos culturales, como bailes, todo por y para las mujeres.
En la parte política, las comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN dijeron: “Es momento de romper las cadenas, de romper el silencio, de decir ‘ya basta’ de sentirse inferior a los hombres. Es tiempo de actuar, de agarrar con nuestras manos nuestros derechos. Es tiempo de ponerse a caminar.”
“No sabemos cuántas más vamos a celebrar como ésta, porque sigue la guerra, señalan. Pero mientras, vamos a festejar que estamos vivos.”
Base de apoyo en la Reserva Ecológica Zapatista El Huitepec
El día 26 de febrero, la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, “Corazón Céntrico de Los Zapatistas Delante del Mundo” (Oventik) informó de una serie de nuevas incursiones militares que se han dado en comunidades zapatistas desde el inicio del año en el municipio autónomo de San Andrés Sakam Ch’en de los Pobres. A partir del 21 de febrero, los sobrevuelos de aviones y helicópteros, las movilizaciones militares terrestres y los operativos para buscar plantíos de marihuana se han incrementado significativamente. El EZLN ha sido claro en su prohibición de consumo y cultivo de drogas en sus comunidades y por lo tanto, según el comunicado de la Junta de Buen Gobierno en Oventik, los recientes hechos demuestran “una provocación y un pretexto para meter soldados en nuestras comunidades”. El comunicado sigue diciendo que “se ve claro que es un plan del mal gobierno para hacernos la guerra” y para “entrar a las comunidades zapatistas para controlar, provocar y hostigarlas”. Al mismo tiempo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informa que les ha llegado recientemente información de sobrevuelos por “La Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista El Huitepec”.
El mismo Centro informa en su boletín del 27 de febrero que se ha promovido el rumor en la región perteneciente al Caracol “Torbellino de nuestras palabras” (Morelia), de que el sábado 28 de febrero se llevará a cabo un desalojo en contra de bases de apoyo zapatistas actualmente en control del balneario de Agua Clara, en el municipio de Chilón. Según el Frayba estos nuevos rumores y actos de hostigamiento contra comunidades zapatistas son evidencia de la implementación de una estrategia de contrainsurgencia contra comunidades indígenas organizadas, y más que nada en contra de los zapatistas. Al mismo tiempo, el Frayba está advertiendo que la realización de los rumores de desalojo por parte de elementos del Ejército Mexicano en Agua Clara sería un golpe directo “contra la endeble paz social que subsiste en el estado” hacia “la aplicación de una iniciativa de una guerra convencional”.
Escrito por SIPAZ 
