Chiapas : Frayba presenta su informe anual “Los caminos de la resistencia”

El 19 de diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) presentó su “Informe anual: Los caminos de la resistencia”, en un evento que contó con la participación de Marina Pagés, coordinadora del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Ana Valadez Ortega, integrante del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM); Rafael Landerreche Morín, integrante del Equipo Pastoral de Chenalhó; Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, así como Pedro Faro Navarro, director del CDHFBC.

El objetivo del libro es “hacer visibles a hombres y mujeres, pueblos y comunidades organizadas en la construcción de sueños y esperanzas que agrietan el sistema, generan vida y dignidad, caminos de resistencia frente a esta realidad cruel y sanguinaria que vivimos en México”.

Cuenta con cinco capítulos: “Despojo y megaproyectos, impactos a los derechos humanos”, “El desplazamiento forzado en un contexto de guerra”, “De la desacreditación a la represión” (enfocado en defensoras y defensores de derechos humanos), “Del conflicto armado interno a una violencia generalizada”, y “En medio del silbido de las montañas, el llamado a la verdad y la justicia” (sobre memoria histórica y la “Otra Justicia”).

Para más información :

Informe completo “Los caminos de la Resistencia” (CDHFBC, diciembre de 2016)

Lucha de EZLN por DH de indígenas, blanco de ataques: Frayba (La Jornada, 20 de diciembre de 2016)

« Andamos los caminos de la resistencia » (Boletín de prensa, CDHFBC, 19 de diciembre de 2016)

Persisten violaciones a derechos a 19 años de masacre de Acteal: Frayba (Proceso, 19 de diciembre de 2016)

Los caminos de la resistencia: Informe Frayba 2016 (Audios, Radio Zapatista, 19 de diciembre de 2016)

Documenta Frayba, despojos, megaproyectos y ataques contra defensores de DH; en Chiapas, “ocasionadas por el Estado mexicano” (Revolucion 3.0, 20 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : presentación del informe “Defender los derechos humanos en México, la normalización de la represión política” (31 de agosto de 2016)

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Nacional : cierre de año legislativo con agenda polémica en el Congreso

Congreso de la Unión (@ADN Político)

El cierre del año legislativo fue marcado por una agenda particularmente sensible en materia de derechos humanos en el Congreso de la Unión. Al fin y al cabo, se aprobaron las reformas a la Ley General de Víctimas. Por otro lado, si bien fueron aprobadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se frenaron, en lo inmediato las leyes sobre trata, tortura, y la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que regula la declaratoria de Estado de excepción en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro fenómeno que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad .

Todos estos temas han sido fuentes de fuertes controversias por sus contenidos y posibles impactos. La reforma de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha sido cuestionado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos por sus modificaciones « regresivas ». Fue criticada en particular una modificación que impediría que un funcionario acusado de tortura fuera separado del cargo.

La iniciativa que generó mayor revuelo fue la posible aprobación de un dictamen para una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. El debate se volvió aún más intenso después de las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos quien urgió a que se definiera un marco legal a la actuación de los militares en el combate contra la delincuencia organizada. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos exigió una discusión pública sobre este proyecto. Afirmó : « Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-. Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar. Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil ».

Para más información :

Golpe de Estado silencioso (Proceso, 3 de diciembre de 2016)

Debatir el modelo de seguridad, SIDIDH, 5 de diciembre de 2016

Sociedad civil exige a Diputados no militarizar al país ni legislar sin discusión la suspensión de garantías (Red Todos los Derechos para Todos, 11 de diciembre de 2016)

ONG instan a no apresurar ley sobre militares (La Jornada, 11 de septiembre)

ONG piden al Congreso frenar iniciativas que normalicen presencia militar para seguridad pública (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Una Ley de Tortura sin contradicciones y que respete ddhh (Animal Político, 12 de diciembre de 2012)

A marchas forzadas, aprueban Ley contra Tortura y de Trata de Personas (Quadratín, 13 de diciembre de 2016)
Cuestiona la ONU cambios a legislación (El Economista, 14 de diciembre de 2016)

Aprueban diputados reforma a Ley General de Víctimas (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)

PRI cierra las puertas a expertos internacionales al aprobarse Ley de Víctimas (Proceso, 14 de diciembre de 2016)

Retira PRI dictamen de reforma a ley de trata y tortura (La Jornada, 14 de diciembre de 2016)

Urgen en Sedena a aprobar la Ley de Seguridad Interior (Proceso, 14 de diciembre de 2016)

Las dos iniciativas de ley de seguridad interior (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN (16 de diciembre de 2016)

Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura (31 de mayo de 2016)

Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU (31 de marzo de 2016)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

México: Publicación de la Ley General de Atención a Víctimas (10 de enero de 2013)

Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN

Manifestación en la Ciudad de México a 10 años del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada (@La Jornada)

 

Este 11 de diciembre se cumplió una década del inicio de la guerra contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Diez años después, los saldos de la violencia son alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos, decenas de miles de personas desplazadas según las cifras oficiales, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los 80s. En el plazo, según medios, se ha gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a los derechos humanos. Por lo demás, el consumo interno de drogas ha aumentado y, si bien se han detenido a algunos capos, siguen operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas.

Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”. Uno de los actores más cuestionado en la estrategia contra la delincuencia ha sido el Ejército, que, fuera de su mandato constitucional, ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. Del primero de diciembre de 2006 a finales de octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 158 recomendaciones a las fuerzas armadas, de las cuales 121 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las 37 restantes a la Secretaría de Marina. La mayoría de estas recomendaciones se emitieron por actos violatorios, como cateos y detenciones arbitrarias; uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza; lesiones, y también por privación de la vida o ejecuciones arbitrarias; desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como por imputar indebidamente hechos a detenidos.

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, fue directo: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (de la delincuencia), con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”. Expresó: “Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas”, (que se defina) “qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas. Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. Dijo también: “ falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes necesarios y presupuestos para atender estas situaciones”.

En este marco, la cúpula empresarial demandó que el Ejército mexicano no regrese a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual urgió al poder legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas.

Al finalizar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no se ha logrado el objetivo trazado y afirmó que los soldados seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, no solo de ahora, sino desde hace ya varias décadas, de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro DH ha cuestionado que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior”. Por lo mismo, decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados –que estaban debatiendo este tema en estos mismos días- “a que no apruebe de forma apresurada” la permanencia militar en tareas de seguridad pública y la suspensión de garantías para la población.

Para más información :

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales (Sin Embargo, 5 de diciembre de 2016)

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado (Sin Embargo, 7 de diciembre de 2016)

Militares no estudiamos para perseguir delincuentes: Cienfuegos (Aristegui Noticias, 8 de diciembre de 2016)

Reprocha Cienfuegos falta de apoyo de Segob; “no estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, dice (Proceso, 8 de diciembre de 2016)

Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

Pide CCE aprobar leyes que den certeza jurídica a fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

El baño de sangre en 10 años deja más consumidores de drogas, más cárteles y más líderes criminales (Sin Embargo, 9 de diciembre de 2016)

El Ejército seguirá en las calles: Peña Nieto (El Heraldo de Chiapas, 10 de diciembre de 2016)

Activistas protestan ante “guerra contra el narco” (La Jornada, 11 de diciembre de 2016)

Violencia, dudas y la sombra de la corrupción marcan los 10 años de la guerra contra el narco (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Con Felipe Calderón, se generó un tsunami de sangre que no teníamos: especialista (Revolucion 3.0, 12 de diciembre de 2016)

Sedena, la que más recomendaciones ha recibido de la CNDH en 10 años (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Seguridad pública, función de civiles, dice CNDH (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Especial 10 años de la guerra contra el narco (Vice News, diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: La CNDH presentó su informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos (28 de septiembre de 2016)

Nacional: “Violencia del narco” ha desplazado a 281 mil personas (22 de julio de 2016)

Guerrero: Encuentran el cuerpo de Irineo Salmerón Dircio, de la CRAC PC

CRAC PC, Guerrero, @SIPAZ Archivo

El 25 de noviembre, fueron hallados dos cuerpos en bolsa de plástico en Chilapa, Guerrero, uno de ellos de Irineo Salmerón Dircio, profesor y Coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC). Había sido levantado dos días antes por tres sujetos armados.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que su asesinato « no puede verse sólo como un resultado de la violencia e impunidad que impera en el Estado, este hecho resulta un ataque directo a las actividades de la CRAC-PC ». Recalcaron que desde la privación de la libertad de Salmerón Dircio, exigieron a las autoridades del estado que realizaran las acciones necesarias para que se diera con vida y el paradero del señor Irineo. Por lo mismo, expresaron su « profunda indignación ante los hechos que el día de hoy se presentan, pues estos representan un claro ejemplo de la actuación deficiente y omisa de las autoridades ante situaciones de extrema urgencia. Cabe señalar, que la desaparición y muerte del Coordinador de la CRAC-PC, se da en medio de una ola de inseguridad y violencia que impera en diversas zonas de Guerrero, como en Chilapa y Tixtla, circunstancias, que darían vida a la CRAC-PC y por las cuales la organización ha sido objeto de ataques y hostigamientos tanto por los grupos de la delincuencia organizada como por las propias autoridades estatales quienes criminalizan sus sistemas normativos de defensa ».

Según un artículo de Sin Embargo en las mismas fechas, “la violencia en Guerrero ha cobrado la vida de 53 personas tan sólo en la última semana y casi 2 mil en lo que va de 2016, esto es 10.96 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales. Acapulco, Zitlata, Tixtla, Ajuchitlán, Arcelia y Chilapa son los lugares donde más ejecuciones se registran a pesar de la constante vigilancia por parte de elementos de las policías Federal y Estatal, así como del Ejército ». La Revista Proceso por su parte planteaba que “La narcopolítica rampante, la lucha entre cárteles, la ausencia del estado de derecho, los asesinatos y los secuestros persisten incluso después de un operativo conjunto interestatal, la tragedia de Ayotzinapa y miles de discursos y promesas de autoridades federales, estatales y municipales ».

Para más información:

Encuentran muerto al maestro y coordinador de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio (Desinformémonos, 25 de noviembre de 2016)

Encuentran muerto al coordinador de policía comunitaria de Tixtla, Guerrero (Radio Fórmula, 25 de Noviembre de 2016)

COMUNICADO | Organizaciones de la sociedad civil expresan su indignación ante la muerte de Irineo Salmerón Dircio, Coordinador de enlace de la CRAC-PC (OSC, 26 de noviembre de 2016)

Guerrero, dos años de fallida estrategia de seguridad (Revista Proceso, 26 de noviembre de 2016)

Más ejecutados en Guerrero, hoy; son 53 en una semana, casi 2 mil en 2016… y todavía no acaba el día (Sin Embargo, 27 de noviembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Levantan en Tixtla a integrante de la CRAC-PC (25 de noviembre de 2016)

Guerrero/Nacional/Internacional : pide gobierno mexicano a la CIDH declarar inadmisible caso El Charco

@Lenin Ocampo Torres, El Sur de Acapulco

El 21 de octubre, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad informó que el Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declare “inadmisible” el caso de la masacre de 11 indígenas y un estudiante universitario en El Charco, municipio de Ayutla, por soldados mexicanos, hechos ocurridos el 7 de junio de 1998. La respuesta del Estado se dio 13 meses después de que el organismo internacional le solicitara información sobre dicha masacre. En la misma, argumenta que la petición de admisibilidad “es improcedente” y pide “archivar” la petición. La sobreviviente de la masacre, Erika Zamora Pardo, explicó que demostrarán que el proceso no es extemporáneo, como lo plantea el gobierno mexicano, ya que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, como ejecución extrajudicial y tortura a los detenidos, delitos que son considerados imprescriptibles.

La Red informó que solicitará una audiencia de admisibilidad a la CIDH para fundamentar su petición. Cabe recordar que el caso se encuentra ante la CIDH desde mayo del 2012.

Para más información :

Boletín de prensa Red Solidaria Década Contra la Impunidad (21 de octubre de 2016)

Pidió el Estado a la CIDH que declare inadmisible el caso de la masacre de El Charco, denuncian (El Sur, 21 de octubre de 2016)

El Estado mexicano responde a la CIDH por el caso de El Charco, con 13 meses de atraso (La Jornada de Guerrero, 21 de octubre de 2016)

Al menor militares lo golpearon en cabeza y estómago; Estado pidió a CIDH declare “inadmisible” la masacre de indígenas (Revolución 3.0, 22 de octubre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero: Conmemoran 16 aniversario de la Masacre de El Charco y exigen justicia (10 de junio de 2014)

Guerrero: Presentación del informe de la Misión de Observación “Una luz contra la impunidad” (3 de abril de 2014)

Guerrero: Instan a CIDH tomar caso de la masacre de El Charco (31 de enero de 2013)

Chiapas/Oaxaca/Nacional: Ante falta de acuerdos sobre la reforma educativa en el diálogo, el magisterio sigue con las movilizaciones

Personas cruzando a pie un bloqueo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: @Oscar León.

En una negociación que duró aproximadamente siete horas, la comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (SG) resolvieron que “la prioridad en el diálogo sea alcanzar justicia para la población de Nochixtlán, Oaxaca”, según La Jornada. Este medio apuntó a que Gobernación buscará realizar investigaciones exhaustivas sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán el pasado 19 de junio, donde nueve civiles perdieron la vida en un enfrentamiento entre magisterio disidente y policías estatales y federales. Asimismo, el gobierno se comprometió a buscar la reparación del daño a las familias de las personas fallecidas.

Paralelamente, las partes dialogantes siguieron la construcción de la agenda de discusión en la cual la CNTE planteó como punto central la abrogación de la reforma educativa. En declaraciones, Adelfo Alejandro Gómez, de la Sección 7 de Chiapas, afirmó que se quiere encontrar una salida “de fondo”, llegando a una solución que “no sea pasajera ni momentánea”. Aseveró que no se detendrán las movilizaciones y bloqueos sino que seguirán con su plan de acción para que se dé marcha atrás a la reforma de la educación. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que la abrogación de la reforma no es competencia de su Secretaría: “no es un tema que podamos atender, es un mandato constitucional, es una reforma hecha por los legisladores, por el Constituyente”. También hizo énfasis en la “corresponsabilidad”, refiriéndose a la necesidad de trabajar desde ambas partes para llegar a un acuerdo, solicitando al magisterio que garantice las condiciones de tranquilidad, estabilidad, tránsito para el suministro de insumos y cierre del ciclo escolar. Mientras, persisten los bloqueos en unas 10 carreteras de Oaxaca y 14 de Chiapas, obstruidos por maestras, maestros, familias y sociedad civil simpatizante con la CNTE, tanto en rechazo por la represión policial en Nochixtlán como por la derogación de la reforma educativa. Cabe destacar que la primera mesa de diálogo tuvo lugar tras más de un mes de protestas magisteriales ante la cerrazón gubernamental de entablar comunicación con el magisterio, no concretándose hasta después de la muerte de las 9 personas en el bloqueo en Oaxaca. Por el momento, no anunciaron una próxima fecha para seguir con las negociaciones.

Por otro lado, Roberto Paciencia Cruz, injustamente preso en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) n°5 de San Cristóbal de Las Casas, realizó dos jornadas de ayuno y oración en solidaridad con la CNTE. En una carta pública, el adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), escribió que “un echo tan doloroso como sucedió en Oaxaca que perdieron la vida a nuestros hermanos (sic)” le motivó a solidarizarse con las y los maestros, “que llevan mas de un mes luchando contra la mala reforma educativa”. Asimismo, exigió al presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto, “que exorte al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por la libertad del compañero Alejandro Diaz Santiz”, preso organizado que lleva 17 años en reclusión y tendría derecho a la remisión parcial de la pena para salir bajo libertad condicional.

Para más información:

Las protestas seguirán, dice la CNTE luego de 7 horas de diálogo en Segob; la reforma se mantiene: Osorio Chong (Sin Embargo, 28 de junio de 2016)

Impasse en diálogo entre CNTE y Segob; agendan encuentro por Nochixtlán (Aristegui Noticias, 28 de junio de 2016)

Atención a Nochixtlán, primer acuerdo Segob-CNTE (La Jornada, 28 de junio de 2016)

Inicia bloqueo carretero permanente en ocho puntos estratégicos de Chiapas (Chiapas Paralelo, 27 de junio de 2016)

La CNTE reanuda bloqueos en carreteras de Oaxaca; en Chiapas protesta en frontera con Guatemala (Sin Embargo, 27 de junio de 2016)

Desde el CERESO No 5 Roberto Paciencia inicia ayuno en solidaridad a la lucha magisterial (Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, 24 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Internacional: Aumenta apoyo al magisterio al nivel nacional e internacional (23 de junio de 2016)

Chiapas: Roberto Paciencia escribe a Alejandro Díaz (24 de junio de 2016)

BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA (22 de junio de 2016)

Guerrero: Inconformidad tras un año del asesinato de Antonio Vivar

Multitudinario funeral de Antonio Vivar en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en junio de 2015. Foto: @SIDIDH.

A un año del asesinato de Antonio Vivar, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron la falta de investigación en torno a los hechos ocurridos durante la jornada electoral en el estado de Guerrero, en junio del pasado año. Durante la jornada fue “ejecutado arbitrariamente el joven activista Antonio Vivar Díaz y decenas de personas fueron objeto de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos”, según apuntó el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos (SIDIDH). Las organizaciones defensoras recordaron que la conflictividad social en el estado “no encontró canales de diálogo” y llegaron a darse “una serie de hechos violentos entre elementos de las fuerzas policiales y castrenses junto a grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos, que se enfrentaron con integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa de Comonfort”.

Asimismo, señalaron que la investigación del asesinato de Antonio Vivar “no ha tenido avances significativos y ha omitido realizar diligencias de especial importancia, además de que no ha integrado la información que la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtuvo sobre la participación de las fuerzas federales”. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dijo, “el ministerio público de la federación desestimó esta acción delincuencial de los policías federales y se avocó a recabar sus testimonios, desvirtuando los hechos para que aparecieran como agraviados”. En un comunicado detallaron que los policías federales declararon no haber portado armas de fuego, afirman haber sido retenidos por varias horas en una capilla y haber sabido del asesinato hasta el siguiente día, a través de la prensa. Sumado a ello, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) intentó archivar el caso en febrero sin notificar a la familia del integrante del MPG. Ante ello, las organizaciones firmantes urgieron a la PGR iniciar una investigación diligente e identificar la responsabilidad de los elementos de la policía federal.

Para más información:

Tlachinollan | Exigen investigación diligente a un año de violencia electoral del 7 de junio en Guerrero (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, 6 de junio de 2016)

Denuncian organizaciones falta de investigación por el asesinato del activista Antonio Díaz (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 7 de junio de 2016)

ONG de Tlapa bloquean puente para exigir que resuelvan el caso de Toño Vivar (La Jornada Guerrero, 6 de junio de 2016)

OPINIÓN | Permiso para matar (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 6 de junio de 2016)

OPINIÓN | Pelear contra la impunidad y la desigualdad en la Montaña de Guerrero (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 8 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Marchan en Tlapa de Comonfort a un mes del asesinato de Antonio Vivar Díaz (10 de julio de 2015)

Guerrero: Gana PRI elecciones en contexto de violencia (9 de junio de 2015)

Chiapas: Muere un maestro en los enfrentamientos de oposición a la evaluación magisterial (10 de diciembre de 2015)