Chiapas: represión y encarcelamiento arbitrario a trabajadores del sector salud

Conferencia de prensa del 30/01/2018, Foto@Sipaz

El 30 de enero, en una conferencia de prensa trabajadoras del sector salud denunciaron la represión y criminalización que están padeciendo las y los trabajadores de la Secretaria de Salud de Chiapas organizados en defensa del derecho a la salud pública.

Explicaron que a pesar de ser el estado con más apoyo a la salud en el presupuesto Federal, Chiapas presenta un desabasto de medicinas, malas condiciones de infraestructuras y falta de utensilios necesarios para la atención debido a la situación de corrupción y mala administración. A Raíz de ello, tal como lo denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas « El estado de Chiapas rebasa la media nacional en muerte materna e infantil, tuberculosis, desnutrición, entre otras enfermedades curables. »

En la conferencia de prensa las trabajadoras del sector salud explicaron que a pesar de haber llevado a cabo dos huelgas de hambre el año pasado que conllevaron la firma de dos minutas con el Gobierno del estado, hasta hoy solo se cumplió el 30 % de lo acordado. Además manifestaron su preocupación ante la « crisis de represión » que están viviendo. Denunciaron las órdenes de aprehensión que emitió el estado en contra de 4 trabajadores, que habían participado en las huelgas de hambre por el delito no cometido de motín. De estas órdenes, se arrestó y recluyó en el penal del Amate a Límbano Domínguez Alegría, mientras los demás, la enfermera Maria de Jesus Espinosa de los Santos, el doctor Victor Hugo Zavaleta Ruíz y Humberto Gutierrez Medina, permanecen refugiados en casa de amigos lejos de sus familias para evitar ser aprehendidos injustamente.

El presidente del CDH Fray Bartolomé de la Casas, Don Raúl Vera declaró que « lo que hace el estado no es un acto de represión sino un acto criminal de Estado ». Por lo cual exigió « al gobierno del estado de Chiapas la libertad y el cese de la criminalización a quienes defienden sus derechos laborales y el derecho a la salud. »

Para más información :
Trabajadores de Salud denuncian hostigamientos del gobierno de Chiapas por exigir sus derechos (Animal Politico, 31 de enero de 2018)
Acusan de motín a trabajadores de salud que piden mejores servicios en Chiapas (Regeneracion, 30 de enero de 2018)

Gobierno de Chiapas criminaliza a quienes defienden el derecho a la salud (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 23 de enero de 2018)

Crisis del sistema de salud en Chiapas (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 11 de abril de 2017)

Carta de la Diócesis de San Cristóbal a las enfermeras (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 24 de mayo de 2017)

Para más información de Sipaz:

Chiapas: Sector salud denuncia criminalización en su contra (22 de enero de 2018)

Chiapas: Acuerdan terminar segunda huelga de hambre de enfermeras en Chiapas (29 de mayo de 2017)

Chiapas : Enfermeras retoman huelga de hambre y denuncian incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno del estado (2 de mayo de 2017)

Chiapas : Enfermeras levantan huelga de hambre tras llegar a acuerdos (17 de abril de 2017)

Chiapas : Siguen en huelga de hambre ocho enfermeras en Tuxtla Gutiérrez (11 de abril de 2017)

Chiapas : Cinco enfermeras inician huelga de hambre en Tuxtla Gutiérrez (3 de abril de 2017)

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Chiapas: Sector salud denuncia criminalización en su contra

En un comunicado publicado el 18 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa expresó públicamente su condena a la represión y criminalización emprendida por el gobierno del estado en contra de trabajadores del sector salud, “quienes con su lucha pública y pacífica [en abril y mayo de 2017] han evidenciado la enorme corrupción en la Secretaría de Salud así como las enormes carencias y abandono con que opera el sector salud en el Estado de Chiapas violando el elemental derecho a la vida y salud de millones de chiapanecos y chiapanecas”.

Desde el 15 de enero, trabajadores de la Sección 50 del Sector Salud en Chiapas denunciaron que el 9 de enero de este año fue detenido Límbano Domínguez Alegría, quien fue integrante de la Comisión Negociadora del movimiento de enfermeras que el año pasado realizó dos huelgas de hambre en Tuxtla Gutiérrez « para exigir al gobierno del estado pago de las prestaciones salariales adeudadas, que mantengan de manera permanente el abasto de los medicamentos, material de curación y quirúrgico así como el mantenimiento y reparación de los equipos médicos ». También indicaron que existen órdenes de aprehensión contra María de Jesús Espinosa de los Santos y Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, todos ellos acusados del delito de motín.

Ante ello, la Sección 50 exigió “ cese a la persecución política contra los trabajadores de salud de la Sección 50” y “cese a todo acto de represión y cancelación de las órdenes de aprehensión”.

Para más información:

Denuncian persecución policíaca contra trabajadores de la salud en Chiapas (Comunicado de la Sección 50 del Sector Salud, 15 de enero de 2018)

Paradoja en Chiapas, gobierno encarcela  a trabajadores que luchan por mejorar el sector salud (Tribuna Chiapas, 21 de enero de 2018)

Reprimen y criminalizan a quienes evidencian corrupción en la SS (Oye Chiapas, 21 de enero de 2018)

Gobierno de Chiapas encarcela a trabajadores que luchan por mejorar el sector salud (Chiapas en contacto, 22 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Acuerdan terminar segunda huelga de hambre de enfermeras en Chiapas (29 de mayo de 2017)

Chiapas : Enfermeras retoman huelga de hambre y denuncian incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno del estado (2 de mayo de 2017)

Chiapas : Enfermeras levantan huelga de hambre tras llegar a acuerdos (17 de abril de 2017)

Chiapas : Siguen en huelga de hambre ocho enfermeras en Tuxtla Gutiérrez (11 de abril de 2017)

Chiapas : Cinco enfermeras inician huelga de hambre en Tuxtla Gutiérrez (3 de abril de 2017)

Internacional/Nacional : Human Rights Watch publica informe sobre la situación de derechos humanos en México y el mundo

En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch, organización con sede en Washington, Estados Unidos, resaltó en el caso de México los abusos de miembros de las fuerzas armadas, la impunidad en casos emblemáticos (como Tlatlaya y Ayotzinapa), el uso habitual de la tortura, la Ley de Seguridad Interior y la violencia en contra de defensores y periodistas, entre otros aspectos.

El documento señala que “durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012,miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos—incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado”. Además de que “el gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la “guerra contra el narcotráfico” en México”.

En cuanto a desaparición forzada, indicó que “es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas ausentes que deben investigar por su cuenta. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas”, lo anterior, a pesar de que “el gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce”.

En cuanto al acceso a la justicia, el informe subraya que “es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”. También agrega que “es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”.

Para más información :

Informe Mundial 2018 (Human Rights Watch, enero de 2018)

Human Rights Watch condena impunidad en abusos de fuerzas de seguridad en México (Proceso, 18 de enero de 2018)

Con Peña, “graves y reiteradas violaciones de derechos humanos”: HRW (Aristegui Noticias, 18 de enero de 2018)

Señalan impunidad en México (NVI Noticias, 19 de enero de 2018).

Para más información de SIPAZ :

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Guerrero: Acción urgente: Ejecuciones extrajudiciales y detenciones de policías comunitarios y de miembros del CECOP

Elementos de seguridad en los enfrentamientos en el poblado de La Concepción. Foto @: La Jornada / Xinhua

En 7 de enero, según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas armadas desconocidas. En el enfrentamiento murieron 2 policías comunitarios y 6 miembros del grupo agresor.

Horas después, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército quienes se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente. Al momento de los hechos un helicóptero sobrevolaba el lugar, dentro del cual un policía del estado « desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios.  En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero. »

Además, según la revista Proceso, siete reporteros fueron golpeados y despojados de su equipo de trabajo, entre ellos el fotógrafo Bernardino Hernández, para impedir que documentaran el violento operativo encabezado por el titular de la Secretaria de Seguridad Pública estatal (SSP), el general en activo Pedro Almazán Cervantes.

Para más información:
Enfrentamiento en comunidad de Acapulco deja al menos ocho muertos (El Sol de Mexico, 7 de enero de 2018)
ACCIÓN URGENTE | Detienen e incomunican a más de 30 policías comunitarios de La Concepción, Acapulco y ejecutan a tres (Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan, 8 de enero de 2018)
Cacahuatepec: los policías se habían ido; regresaron sólo para detener a Suástegui (La Jornada Guerrero, 8 de enero de 2018)
La CNDH emite medidas cautelares tras enfrentamiento en zona rural de Acapulco (Proceso, 8 de enero de 2018)
Deja 11 muertos enfrentamiento entre grupo armado y comunitarios en Guerrero (Proceso, 8 de enero de 2018)
Declaran tres de seis policías comunitarios del Cecop (La Jornada, 9 de enero de 2018)

Para más información de Sipaz:

Guerrero: Heridos siete integrantes del Cecop (3 de mayo de 2016)

Guerrero: Liberan a vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui (24 de agosto de 2015)

Guerrero: Ataque a integrantes del CECOP deja saldo de 5 muertos (19 de noviembre de 2014)

Nacional : EPN promulga Ley de Seguridad Interior. CNDH promoverá acciones de inconstitucionalidad.

El 21 de diciembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) promulgó la Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada por el Congreso, misma que regula la participación y la temporalidad en la que las fuerzas armadas podrán participar en labores de seguridad pública en municipios y estados. EPN afirmó que no la implementará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad. Reconoció que “distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado, que a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, señaló que las fuerzas armadas respetarán lo que decidan tanto el Poder Legislativo como el Judicial y agradeció el esfuerzo que hizo el Congreso para otorgar esta ley que venían solicitando.

El Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 250 organizaciones civiles y más de 100 personas, cuestionó que “si el Presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la ley, lo responsable habría sido hacer las observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución”. Declaró que “hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”.

Amnistía Internacional México lamentó que “el Presidente haya decidido promulgar la Ley de Seguridad Interior a pesar de las múltiples evidencias en su contra y negándose a escuchar a organismos internacionales de derechos humanos que han advertido de las graves consecuencias de la presencia de las fuerzas armadas en las calles”. Recalcó que “Enrique Peña Nieto ha perdido la oportunidad de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanas y mexicanos, emitiendo una ley que los pone en grave peligro.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también lamentó que el Ejecutivo federal promulgara la Ley de Seguridad Interior e hiciera a un lado la oportunidad de realizar un diálogo honesto, plural, incluyente e informado. Subrayó que “su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional”. Anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN al considerar que “la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, y se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”. Confió en que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá, en las acciones y controversias que sobre este tema se hagan de su conocimiento, a cabalidad y con plena responsabilidad su función como garante máximo de la constitucionalidad en México, atendiendo al contenido de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual, por su relevancia y trascendencia, marcó el inicio de una nueva época para ese alto tribunal y para México”.

Para más información :

EPN promulga la Ley de Seguridad Interior; SCJN decidirá su constitucionalidad, dice (Animal Político, 21 de diciembre de 2017)

La Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas: CNDH (Proceso, 27 de diciembre de 2017)

Ley de Seguridad no beneficia a ciudadanos, al Ejército, ni a la Policía: CNDH ante promulgación (Animal Político, 27 de diciembre de 2017)

Acataremos fallo de la Corte sobre ley de seguridad: Cienfuegos (La Jornada, 28 de diciembre de 2017)

Duras críticas de ‘Marcos’ (Galeano) contra el PRI, por Ley de Seguridad (Aristegui Noticias, 28 de diciembre de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: Más aprobaciones controvertidas de Leyes Mexicanas (20 de diciembre de 2017)

Nacional: Senado aprueba Ley de seguridad interior (16 de diciembre de 2017)

Nacional: Ante rechazo a la Ley de Seguridad Interior, EPN pide ampliar “los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil” (11 de diciembre de 2017)

Nacional: Entre protestas se aprueba Ley de seguridad interior (1 de diciembre de 2017)

Guerrero : 4 años de detención arbitraria del policía comunitario Arturo Campos

El 1 de diciembre se cumplieron 4 años de la detención de Arturo Campos, policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) e indígena Na savi. Arturo fue detenido durante un acto público para exigir la liberación de algunos de sus compañeros de la CRAC-PC detenidos en agosto de 2013.

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, este encarcelamiento es injusto e ilegal, pues se basa en “una interpretación tendenciosa de la ley penal y una fabricación de pruebas falsas para achacarle los delitos de robo, delincuencia organizada y secuestro.” 

Hoy en día aunque tribunales federales declararon su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra, Arturo Campos sigue preso.

En los próximos días, el juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, debería decretar su libertad: “no hacerlo representa una flagrante violación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, denunció Tlachinollan.

Para más información:

COMUNICADO/ Arturo Campos: 1461 días de prisión injusta (Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan, 1 de diciembre de 2017)
Policía comunitario Arturo Campos: 4 años de prisión ilegal (Contralínea, 1 de diciembre de

2017)

Para más Información de Sipaz :
Guerrero: Falsas acusaciones de secuestro a policías comunitarios (14 de noviembre de 2017)
Guerrero : Arturo Campos ¿ a un paso de la libertad? (2 de mayo de 2017)

Guerrero : Testigos de cargo del caso de Arturo Campos Herrera reconocen que no cometió el delito de secuestro por lo cual se encuentra preso (9 de diciembre de 2016)

Nacional: Casos de tortura sexual en San Salvador Atenco en audiencia de la CoidDH

(@Ciudadanía Expres)

El 16 y 17 de noviembre, en el marco de una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las once mujeres sobrevivientes de tortura sexual en los hechos de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, compartieron sus testimonios sobre lo ocurrido y la impunidad que ha prevalecido.

Cabe recordar que los días 3 y 4 de mayo del 2006, fuerzas policiales llevaron a cabo un operativo en San Salvador Atenco supuestamente para “reestablecer el orden”. Fueron detenidas más de 200 personas durante las incursiones. 50 de ellas eran mujeres, 31 de las cuales denunciaron posteriormente agresiones sexuales de los policías.

Las defensoras de derechos humanos pidieron que la Corte IDH ordene al Estado realizar una investigación seria para poner fin a la impunidad, así como “adoptar políticas y mecanismos transparentes para regular el uso de la fuerza policial y erradicar la tortura sexual como práctica extendida”.

Organizaciones civiles que han acompañado el caso recalcaron que “las once mujeres de Atenco representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado: el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica”.

La representación del Estado mexicano pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó ante la Corte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la CIDH cometió un “error grave” en su informe al no tomar en cuenta las medidas de reparación propuestas por el Estado hacia las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en ese operativo, ni los avances que en materia de equidad de género ha implementado el Estado luego de los hechos. Sin embargo, dijo que el Estado admite su responsabilidad por violaciones a derechos humanos cometidas, entre ellas tortura sexual. No obstante y aunque algunas personas siguen bajo proceso, no hay ningún servidor público con sentencia condenatoria por el caso.

Para más información:

Mujeres de Atenco (Síntesis de medios del Centro ProDH, noviembre de 2017)

Las mujeres de Atenco, ante la CIDH: “Nos han hecho sentir, repetidamente, pequeñas” (El País, 17 de noviembre de 2017)

“Error grave” de CIDH sobre Atenco, alega el Estado mexicano, pero acepta tortura (Aristegui Noticias, 18 de noviembre de 2017)

Luchadoras de Atenco rompen el silencio (Animal Político, 24 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

México: La CIDH exige una investigación sobre el caso de varias mujeres víctimas de abuso sexual en San Salvador Atenco en el 2006 (30 de septiembre de 2016)