octubre 26, 2009
Portada del Diagnóstico
El 14 de octubre, varios organismos de Derechos Humanos presentaron un diagnóstico sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos en Oaxaca, documento que contiene información recopilada en 2008 y en el primer semestre de 2009. Destacaron que la labor de defensa de los Derechos Humanos es criminalizada y perseguida.
En el boletín de prensa emitido en el marco de la presentación del “Diagnostico sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos de Oaxaca” , se denuncia “el aumento registrado por organizaciones no gubernamentales de abusos de derechos humanos cometidos en contra de defensores/as de derechos humanos, con mayor frecuencia la intimidación y el hostigamiento, mientras van en aumento las de carácter más grave como son las agresiones, amenazas a la integridad personal, detenciones ilegales, difamaciones, descalificaciones, persecución judicial entre otros, con el único objetivo de impedir el ejercicio del derecho de los defensores y defensoras de promover y defender los derechos humanos y denunciar violaciones ”.
El diagnóstico, elaborado por Peace Watch Switzerland (Suiza) a raíz de entrevistas con 17 organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, abarca los temas Impunidad, Criminalización de la Protesta Social, Militarización, Ruptura del Tejido Social, Conflictos Agrarios y Defensa de los Recursos Naturales, así como el Proceso Electoral Rumbo al 2010. Además, revela la necesidad de una articulación conjunta de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, por la cual se creó “un espacio denominado ‘Espacio de Defensores/as de Derechos Humanos’ para compartir metodologías de intervención así como monitorear los patrones que se cometen en los ataques a todos/as los Defensores/as de Derechos Humanos que promueven, defienden o se organizan para exigir la vigencia de los Derechos Humanos ”. Dicho espacio está conformado por Consorcio para el Dialogo Parlamentario A.C. , el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. , la Liga Mexicana por los Derechos Humanos A.C. (Limeddh) , Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa), el Comité 25 de Noviembre A.C. y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” A.C.
Para más información:
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octubre 6, 2009
El pasado 30 de septiembre, en un operativo de circunstancias irregulares fue detenido José Manuel Hernández Martínez, también conocido como “Don Chema”, en la comunidad 28 de Junio, del municipio Venustiano Carranza. Hernández Martínez es uno de los dirigentes históricos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) de la región. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 14, “El Amate”, en Cintalapa.
Según varias fuentes, el pasado 30 de septiembre varias personas vestidas con uniformes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresaron a la comunidad 28 de Junio preguntando si había problemas con el servicio de luz. Cuando ubicaron a José Manuel Hernández Martínez, lo subieron a la camioneta, aparentemente propiedad de la CFE, y salieron de la comunidad. Compañeros de Hernández Martínez trataron de rescatarlo, sin embargo fueron agredidos con armas de fuego, lo cual causó que su vehículo accidentara, situación en la que perdió la vida Jordán López Aguilar y resultaron heridos José Santos López Aguilar, Juan Jiménez Zepeda y Ballardo Hernández de la Cruz.
La tarde noche del mismo día, se confirmó que Hernández Martínez había sido llevado al CERSS No. 14, “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, y que el operativo de su detención fue realizado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE). Al ser detenido Hernández Martínez, no le fue presentado ninguna orden de aprehensión, de acuerdo a denuncias locales posteriores a su detención. Sin embargo, según el gobierno del estado hay averiguaciones previas y ordenes de aprehensión en contra de José Manuel Hernández Martínez por los delitos de Asociación Delictuosa, Despojo Agravado y Daños, entre otros.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció la detención como arbitraria, argumentando que apenas hace varias semanas, José Manuel Hernández Martínez y la OCEZ mantenían una mesa de diálogo con el gobierno estatal en torno a la regularización de tierras, momento en que se pudiera haber realizado su captura. Señaló en su comunicado que la detención constituye un acto de represión y criminalización de los luchadores sociales. El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) por su parte denunció que en las instalaciones de la PGJE, Hernández Martínez fue interrogado “sobre: si pertenecía al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.
Cabe destacar que la detención de José Manuel Hernández Martínez se da en un contexto de creciente hostilidad en contra del trabajo de defensores de derechos humanos y de criminalización de la protesta social. Tan sólo en los últimos tres meses se ha registrado una campaña de desprestigio en contra del Frayba, incluyendo la agresión armada en contra de uno de sus miembros y adherentes a La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y Jotolá, así como actos de hostigamiento en contra de integrantes del FNLS. Pocos días antes de la detención de José Manuel Hernández Martínez, un desconocido incendió las instalaciones de K’inal Antsetik A.C., organización feminista en que labora Yolanda Castro, dirigente local del FNLS.
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Más información de SIPAZ:
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octubre 1, 2009
Imagen de la conformación de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, mayo de 2009
Los pasados 13, 14 y 15 de septiembre, se realizó el “Encuentro Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Candelaria”, Campeche, convocado en la capital del mismo estado en solidaridad con las cinco personas presas de Candelaria, y en solidaridad con los pobladores de San Antonio Ébula, ambos del mismo estado. Salieron libres bajo fianza el 23 de septiembre dos de los cinco detenidos del movimiento de “Resistencia del No pago a las altas tarifas de la energía eléctrica” de Candelaria, quienes habían sido detenidos de forma violenta el pasado 10 de julio, acusados de privación ilegal de la libertad, entre otros delitos.
El Encuentro, en el que participaron 6 organizaciones nacionales y 28 organizaciones de 9 estados de la República, entre ellos varios del estado de Chiapas, se solidarizó también con los pobladores de San Antonio Ébula, quienes en ese momento se encontraban despojados de sus tierras, que en voz de los afectados les habían sido arrebatados por gente contratada por el empresario local Eduardo Escalante, con la complicidad del gobierno estatal.
En el pronunciamiento público que salió al terminar el Encuentro, destacaron que los encarcelados de Candelaria son “presos políticos y de conciencia porque han sido privados de su libertad por defender los derechos del pueblo“, ya que exigen una tarifa justa por el servicio de la energía eléctrica. Además, los participantes del encuentro denunciaron la actuación que las autoridades de impartición de justicia, que “han violentado los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeras … y sobre todo han sido claras en criminalizar la resistencia civil y cualquier otra forma de organización que pretenda defender los derechos del pueblo”. Anunciaron que realizarán acciones de presión para exigir la liberación de los detenidos. Cabe señalar que una gran parte de las organizaciones participantes en el Encuentro integran la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, conformada en mayo pasado en San Cristóbal de Las Casas, quienes han hecho uno de sus principios la solidaridad mutua, al modo de “Si tocan a uno, tocan a todos”.
En este contexto, el 23 de septiembre fueron liberados bajo fianza Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano Gómez, debido a que se resolvió la apelación de su defensa jurídica. Siguen en la cárcel Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, todos del movimiento de “Resistencia del No pago a las altas tarifas de la energía eléctrica” de Candelaria.
Para más información:
PRONUNCIAMIENTO POLITICO DEL ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERACION DE LOS PRESOS POLITICOS DE CANDELARIA
Acción Urgente: Libertad inmediata e incondicional a l@s pres@s políticos de Candelaria, Campeche
Más información de SIPAZ:
Chiapas: Pronunciamientos de solidaridad con los 5 detenidos en Candelaria, Campeche (16/07/09)
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agosto 7, 2009
Conferencia de prensa - Fuente: LIMEDDH
El 5 de agosto, en una conferencia de prensa, la Liga Mexicana Por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (LIMEDDH), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADDH) de la Sección XXII de Oaxaca del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Comité de Familiares de Detenidos, Asesinados y Presos Políticos (COFADAPPO) presentaron su postura con respecto al informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto social en Oaxaca, abarcando el periodo de mayo de 2006 hasta julio de 2007. Además anunciaron que en este año, 63 personas que fueron detenidos el 25 de noviembre de 2006, a través de la LIMEDDH han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura.
Según el boletín de prensa, emitido por la LIMEDDH el mismo 5 de agosto, “[g]raves violaciones al marco constitucional de garantías individuales y derechos humanos quedan sin ser investigadas y en el anonimato, tras la conclusión del informe preliminar de la investigación […] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del conflicto político social de 2006 […]en la entidad oaxaqueña.” Detenciones Arbitrarias, Ejecuciones Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas y Violaciones del principio del Derecho al Debido Proceso son algunas de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por las autoridades estatales y federales, denunció la LIMEDDH. Enfatizó la importancia del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de Derechos Humanos ante el clima de impunidad existente. Recordó que hay varios informes públicos, realizados por organizaciones internacionales de derechos humanos que contrastan con el informe de la SCJN y que evidencian las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto.
Asimismo, la LIMEDDH informó que en lo que va del año 2009, 63 personas que fueron detenidas el 25 de noviembre de 2006 y que han sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos, han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura, entre otras, sumando una cantidad de 58,400,000.00 $ (Pesos Mexicanos), siendo 940,000.00 $ por cada una de las víctimas. Destacó que “[n]o se trata de ponerle precio a la libertad personal o a la integridad física o psicológica, sino de reivindicar el derecho que tienen las víctimas a ser indemnizadas por el Estado perpetrador; además constituye la pena pública que el Gobierno del Estado de Oaxaca debe compurgar, independientemente y sin menoscabo de la responsabilidad penal y administrativa, en que hayan incurrido los funcionarios públicos responsables.” Además, la LIMEDDH hizo un llamado a las autoridades estatales y federales de abstenerse de cualquier tipo de hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos, víctimas y familiares; de lo contrario, considerarían cerradas las vías institucionales nacionales para obtener justicia y acudirían a instancias internacionales de Derechos Humanos para denunciarlo.
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Más información de SIPAZ:
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julio 29, 2009
El 18 de julio salieron libres cuatro presos indígenas de la región Loxicha en Oaxaca. Estanislao Martínez Santiago, Ricardo Martínez Enríquez, Cirilo Ambrosio Antonio y Urbano Ruiz Cruz que desde 1996 se encontraban presos acusados por diferentes delitos de orden federal y acusaciones de vínculos con grupos armados, salieron libres bajo el supuesto beneficio de la preliberación.
Los liberados indígenas vienen de una zona marginalizada y sometida en violencia y represión gubernamental, hecho que llevó a la detención de 12 indígenas después del “25 de septiembre de 1996 cuando el gobierno federal y estatal implementaron un operativo contra el pueblo Loxicha que dejó como resultado asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados y detenciones masivas arbitraria e injustamente” informan organizaciones que han venido acompañando su proceso, tal como el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A.C., el Colectivo Zapatista de Oaxaca y el Pbro. Wilfrido Mayren Pelaez, vocero de los presos de Loxicha. “Debemos destacar que aún permanecen en la cárcel ocho presos políticos que el próximo 25 de septiembre cumplen 13 años de estar en prisión; cuatro de ellos permanecen en prisión pendientes por resolver su situación jurídica, y los otros cuatro cumplen su sentencia que va de los 30 a los 34 años de prisión privativa de la libertad.”
Para más información:
“Liberan en Oaxaca a cuatro presos políticos”, CENCOS (20/07/2009)
“Liberan a 4 presos Loxichas, después de 13 años”, Dicidente RAdio (19/07/2009)
“Liberan a 4 compañeros de la region Loxicha”, El Enemigo Común (20/07/2009)
Más información en el blog de SIPAZ:
” Oaxaca: marcha para la “Liberación de los 12 presos políticos de la región Loxicha” (09/06/2009)
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julio 16, 2009
Conferencia de prensa conjunta de la Red Estatal “La Voz de Nuestro Corazón”, CIEPAC y el CDHFBC
El 15 de julio en San Cristóbal de Las Casas en el marco de una conferencia de prensa conjunta en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), se dio a conocer un documento firmado por varias organizaciones del estado de Chiapas en que manifiestan su solidaridad con Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras, Guadalupe Borja (hombre) y Guadalupe Lizcano del Movimiento de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche, detenidos violentamente y sin órdenes de aprehensión el pasado 10 de julio. En el mismo espacio, la Red Estatal de la Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón” que también se solidarizó con los presos, denunció en un comunicado las altas tarifas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está cobrando en las comunidades chiapanecas, la represión que sufren por oponerse a éstas, y exigió el respeto a su resistencia, así como la liberación de los cinco detenidos en Campeche.
Por medio del pronunciamiento conjunto, el CDHFBC, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), Melel Xojobal, el Centro de Investigación y Análisis de la Mujer (CIAM), el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el Núcleo Estudiantil en Resistencia y Rebeldía (NUERR) y Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), exigieron la “cancelación de las órdenes de aprehensión existentes y el retiro de las corporaciones de seguridad pública federales y estatales de las comunidades en resistencia”, el desistimiento de las denuncias ‘fabricadas’ por parte de la CFE y la liberación de los detenidos. Evidenciaron que el movimiento de Resistencia de Candelaria forma parte de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, movimiento nacional con presencia en al menos 10 estados de la República mexicana, y destacaron que la exigencia de una tarifa justa ha convertido a los luchadores sociales en defensores de derechos humanos, “pues el acceso a la energía eléctrica en estas regiones del país, es considerado como un elemento básico para garantizar una vida digna según lo establecen diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por México”, como el “Protocolo de San Salvador” sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al terminar la conferencia de prensa, integrantes de la Red Estatal de la Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón” se dirigieron a la oficina de la CFE de esta ciudad para hacer entrega de su pronunciamiento. El hecho que portaran mantas en repudio a las políticas de la empresa paraestatal provocó que ésta cerró su oficina al público después de aproximadamente 15 minutos. Aún así, se entregó el documento, obteniendo el acuse de recibo correspondiente.
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julio 13, 2009
El viernes 10 de julio, fueron detenidos violentamente y sin órdenes de aprehensión Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras, Guadalupe Borja (hombre) y Guadalupe Lizcano, adherentes a La Otra Campaña e integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche. Este movimiento forma parte de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, constituida en Chiapas en abril pasado.
Según la denuncia del Movimiento de Cultura Popular de Mérida, Yucatán, a las 5:30 hrs. de la mañana del viernes 10 de julio, elementos policíacos entraron con violencia a las casas de los activistas, los detuvieron y amenazaron con armas de fuego a sus familiares. El colectivo yucateco refiere que la detención se da en el marco de sus actividades en la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica. Ante acusaciones jurídicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el movimiento campechano había anunciado que no permitiría la instalación de casillas para las elecciones de diputados federales el pasado 5 de julio, exigiendo el desistimiento de la acción penal y el cese de hostigamiento por parte de la CFE. Sin embargo, el secretario de gobierno del estado intervino para alcanzar un acuerdo, mismo que se logró. En ello, el gobierno se comprometió a propiciar una reunión de trabajo para dar solución a las demandas del movimiento, a cambio éste no intervino en la jornada electoral.
De acuerdo al Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, los abogados de los cinco presos tuvieron acceso al expediente, enterándose de esta manera que existen otras órdenes de aprehensión en contra de 29 integrantes más de este movimiento. Denunciaron actos de intimidación en contra de las comunidades del municipio de Candelaria que participan en el movimiento. Anunciaron la realización de actos de solidaridad y de presión para que sus compañeros sean liberados lo más pronto posible, ya que, insisten, se trata de una persecución política para reprimir al Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica. Las cinco personas actualmente presos en la cárcel estatal de San Francisco Kobén se declararon en huelga de hambre para exigir su liberación.
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