Guerrero: Breves – Pronunciamiento AI; Foro Defensores Ambientalistas

El martes 27 de julio fueron publicadas en un artículo del Sur de Acapulco unas declaraciones del gobernador guerrerense Zefererino Torreblanca acerca del encarcelamiento de Raúl Hernández y su nombramiento como preso político por parte de Amnistía Internacional (AI). Insinuó que AI se ha equivocado en este caso, diciendo: “si el gobierno del estado tiene certeza de que debe ser acusado no debe retirar (los cargos)”, y “se confunde la defensa de los derechos humanos con la legalidad si hay señalamientos”. AI respondió con un pronunciamiento mencionando: “Amnistía Internacional únicamente asume casos de presos o presas de conciencia sobre la base de un minucioso análisis del caso, que le permite concluir no solamente la inocencia de la persona procesada, sino […] la forma en que el sistema de procuración e impartición de justicia es utilizado en ocasiones para perseguir a líderes, activistas sociales, individuos en razón de su origen étnico, sexo, condición social y a defensores y defensoras de los derechos humanos”. Hernández fue detenido en 2008 por su supuesto homicidio de un informante del Ejército mexicano. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lleva la defensa de Raúl Hernández y ha mostrado todas las pruebas de inocencia del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM). Se espera la sentencia durante las primeras dos semanas de agosto.

El miércoles 28 de julio, a un mes de la audiencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se llevó a cabo un foro sobre defensores ambientalistas y criminalización de la protesta social en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) en la Ciudad de México. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y tendrán su audiencia contra el Estado mexicano el próximo mes de agosto en San José, Costa Rica. Ambos defensores ambientalistas fueron detenidos y torturados por el Ejército mexicano en 1990 por delitos que no cometieron. En 2000 fueron sentenciados a la cárcel por 6 y 10 años. Después de haber presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, fueron puestos en libertad sin ser exonerados de los cargos impuestos.

Para más información:

Insinúa Zeferino que está seguro de la acusación contra el indígena preso de conciencia de Ayutla (El Sur de Acapulco, 27 de julio)

Declaración Amnistía Internacional: PRECISIONES RESPECTO A RECIENTES DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO

Defensores ambientales: los nuevos patriotas (CentroProdh, 29 de julio)

Campesinos ecologistas en busca de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CENCOS, 29 de julio)

Más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas,

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Chiapas: Detención y posterior arraigo domiciliar de varios integrantes de la Sección VII del magisterio

Víctor Hugo Zavaleta en una manifestacion en San Cristóbal @ Moyses Zúñiga, La Jornada

El 16 de julio, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fueron detenidos los maestros Pedro Gómez Bamaca y Carlos Misael Palma López, del Bloque Democrático Magisterial de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) perteneciente a la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como el médico Víctor Hugo Zavaleta, de la Sección 50 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y el dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), Caralampio Gómez Hernández, así como seis integrantes más de esta última organización. De acuerdo a una Acción Urgente emitida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las detenciones se dieron de forma arbitraria y se deben a la movilización del magisterio en la capital chiapaneca, así como a la solidaridad que recibieron de otras organizaciones.

Entre las demandas del Bloque Democrático, estaba la liberación del profesor Alberto Mirón Vázquez, detenido el 7 de julio pasado, supuestamente por el delito de asociación delictuosa durante un plantón y una movilización en mayo y junio pasado. Uno de los motivos de las movilizaciones ha sido el manejo controvertido de la caja de ahorro del magisterio. Además, el Bloque Democrático ha denunciado la imposición de Rosendo Galíndez Martínez como nuevo secretario de la Sección VII del SNTE, de acuerdo a uno de sus comunicados.

Hasta la fecha, permanecen bajo arraigo domiciliar Alberto Mirón Vázquez, Pedro Gómez Bamaca, Carlos Misael Palma López, mientras quedaron en libertad seis integrantes de la OPEZ, así como Víctor Hugo Zavaleta.

Respecto a Caralampio Gómez Hernández, la OPEZ denunció públicamente su arraigo y posterior traslado al CERSS. No. 14 “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa; a causa de un motín en este penal, temen por la seguridad del dirigente de la OPEZ.

Para más información:

• Denuncia pública de la OPEZ por seguridad de Caralampio Gómez Hernández (23/07/2010)
• Cuarto Poder: Demandan liberación de maestros detenidos (21/07/2010)
• Cuarto Poder: Replantear la política ante líderes, solicitan (21/07/2010)
• La Jornada: En diez días, cinco dirigentes sociales detenidos en Chiapas (18/07/2010)
• Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (pdf) (17/07/2010)
• La Jornada: Detienen a dirigente de la CNTE en Chiapas (08/07/2010)
• Blog Observatorio Ciudadano: Maestros de la CNTE exigen libertad del profesor Alberto Mirón Vásquez

Oaxaca: Actualización del caso del Padre Martín

Padre Martín Octavio García Ortiz (@ Ciudadanía Express)

Martín Octavio García Ortiz, sacerdote de la parroquia de San Pedro Apostól en la comunidad de San José el Progreso, municipio de Ocotlán, Oaxaca, fue liberado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca en la madrugada del miércoles 30 de junio tras haber sido retenido por la PGJE después de haber sido secuestrado por un grupo de militantes el 19 de junio, el mismo día en que un enfrentamiento en San José el Progreso resultó en la muerte de dos funcionarios gubermentales y la detención de 11 personas.  La PGJE había detenido al Padre Martín supuestamente por 48 horas “para resolver su situación jurídica”. Ha sido señalado como “agitador” en contra de las operaciones de la empresa minera Cuzcatlán. Tras los esfuerzos por parte de la Iglesia católica y organizaciones civiles de derechos humanos exigiendo su libertad, finalmente fue liberado al fin del mes por falta de elementos que comprobaran su participación en los asesinatos del 19 de junio.

El 5 de julio, el párroco emitió un comunicado dirigido “a todos los pueblos de la parroquia de San Pedro Apostól” y a “amigos y amigas que han seguido mi caso”.  En el comunicado, escrito “desde algun lugar de[l] exilio” del sacerdote, el Padre Martín se deslindó de la presentación de la realidad de San José el Progreso que, según él, promueven los medios de comunicación y los tres niveles de gobierno–municipal, estatal y federal.  Declaró que “la parroquia nunca, en todo este proceso, ha dicho o ha insinuado siquiera que seamos los líderes en la lucha en contra de la empresa minera Cuzcatlán”, y refiriéndose “a los hermanos de la comunidad de San José”, afirmó que “no puede de ningún modo ser su líder,” que “los que viven en los pueblos tienen que ser los principales protagonistas de su organización”. Destacando que no es “el que comanda [la] organización” de Pueblos Unidos del Valle Ocotlán, pidió perdón a los miembros de esta organización, dado que él no “quier[e] que piensen que [él se quisiéra] apoderar de su trabajo y esfuerzo ya que en los medios [le] han señalado a [él] siempre como el líder único de todo el movimiento que ustedes han generado.”  El Padre Martín denunció la tendencia común que tiene el gobierno e intereses dominantes de señalar a un “güerito mestizo” como “el ideólogo de todo” el proceso organizativo, “que manipula a los pobres indios [sic] que no saben nada.”

El sacerdote reconoció que ha participado en el movimiento de oposición en contra de operaciones de minería en San José, lo que lo hace “solamente responsable de haber dado a conocer los bienes y los males del trabajo de extracción minera”.  En este contexto el Padre Martín enfatizó que “la cuestión ecológica, es una de las que hemos privilegiado mucho debido a lo emergente de la situación en la que vive nuestra region” especialmente frente a “uno de los peligros más grandes”: la mineria.  Opinó que el gobierno, la empresa Cuzcatlán y “sus marionetas […] [v]en con peligro que la gente por acción de la parroquia conozca y defienda sus derechos” y que la gente “se vuelva crítica frente a la realidad y a las acciones de los poderosos de nuestro tiempo”.  Terminó su carta pidiendo a sus lectores que no participen en la compra de productos de origen mineral, dado que allí en tales productos hay “millones de litros de agua contaminada con cianuro o con sulfuros”, y que las operaciones de mineria implican “las lágrimas de madres, esposos, padres, hombres y mujeres que tiene[n] a algún familiar encarcelado o [que] ha sido torturado a causa de defender su tierra y territorio de las empresas mineras”.  El padre enfatizó además que “ahora es el momento de seguir adelante, no es momento de tener miedos”:  “Aunque han herido al pastor, las ovejas deben seguir siempre tan organizadas y caminando en su trabajo”.  Concluyó diciendo que “[e]s la hora de que la espada sea desenvainada para iniciar la lucha más fuerte”.

Para más información:

Solución pacífica de conflictos comunitarios (La Jornada, 10 de julio)

Libera PGJE al padre Martín García Ortiz (Ciudadanía Express, 30 de junio)

Comunicado completo del Padre Martín, 5 de julio (MS Word)

Para más informacion de SIPAZ:

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso (26 de junio)

Guerrero – breves: PGJE denigra homicidio de Lorenzo Fernández; Sigue presión de ONGs para liberación de Raúl Hernández

 Foto: http://alzatuvozporlalibertadderaul.wordpress.com/ 

A dos años y cinco meses del homicidio de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares en el 2002, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) presentó a un presunto responsable del homicidio. La PGJE concluyó que el homicidio fue consecuencia de un conflicto suscitado durante una borrachera.

La defensa ha argumentado que el pasado 9 de febrero de 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, en el río que cruza la ciudad de Ayutla.Lorenzo era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos de indígenas de su región. Acompañó de manera activa la denuncia de los hechos ocurridos en contra de su hermana, Inés Fernández, así como la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CODDEHUM) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en el 1998.

En un comunicado del 5 de julio, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense) y la OPIM denunciaron que Tlachinollan, como parte coadyuvante, sólo tuvo un acceso limitado a los avances de la investigación y que la conclusión de que el homicidio fue resultado de una borrachera denigra la trayectoria de Lorenzo Fernández como defensor de derechos humanos.

El mismo 5 de julio, Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente exigiendo la liberación inmediata del preso político Raúl Hernández, integrante de la OPIM. Fue detenido el 17 de abril de 2008 y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero. El 30 de junio de 2010, el juez que preside el proceso contra este defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, dio por terminada la fase de presentación de pruebas de su juicio por asesinato. La investigación del lugar del crimen llevada a cabo por el juez confirmó que las declaraciones de los testigos que afirmaban que Raúl Hernández estaba presente en el momento del asesinato no eran fiables. AI pidió a la sociedad civil enviar llamamientos a la PGJE antes del 14 de agosto 2010 para exigir la liberación de Hernández. (véase Acción Urgente abajo).

Finalmente, el 6 de julio, el Solicitor’s International Human Rights Group (SIHRG) publicó un informe sobre la situación de Raúl Hernández. En el informe enfatizó que su encarcelamiento fue basado en mentiras y que no existe prueba ninguna de su participación en los hechos criminales de los cuales fue acusado. El SIRHG expresó su más profunda preocupación por el caso de Hernández y afirmó estar dispuesto a tomar más medidas para proteger los derechos humanos de este defensor.

Para más información:

Comunicado conjunto de Tlachinollan, la Red Guerrerense y la OPIM (5 de julio)

Campaña de Amnistía Internacional para la liberación de Raúl Hernández

 Acción Urgente Amnistía Internacional: Momento clave en el juicio por asesinato contra un activista (5 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández (3 de julio de 2010)

México: Liberación de los doce presos de Atenco

El 30 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, que enfrentaban penas de 31 a 112 años de prisión, por el secuestro de policías en mayo de 2006 durante las protestas por un desalojo de vendedores de flores en el Estado de México.

La decisión de la Corte fue tomada por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado. Incluso, el ministro Juan Silva Meza afirmó que las sentencias se podían considerar “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición”.

En el caso de nueve de los pobladores de Atenco recluidos en el penal estatal de Molino de Las Flores, con penas menores, la liberación fue inmediata. A cambio en el caso de los tres líderes recluidos en el penal federal del Altiplano, el 1ero de julio, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, permanecerían en prisión al enfrentar todavía cuatro procesos penales más por los delitos de robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos, despojo, y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte.

Finalmente fueron liberados llegando a Atenco el 2 de julio, donde unas 500 personas esperaban su llegada acompañados de los otros nueve integrantes del FPDT liberados desde el 30. No asistió la hija de Ignacio del Valle, América del Valle, quien apenas el pasado 24 de junio acudió a la embajada de Venezuela para solicitar asilo político por las dos órdenes de aprensión en su contra por los mismos hechos de 2006.

El gobernador Enrique Peña Nieto dijo que su administración tendrá “absoluto respeto” con la resolución de la Corte de liberar a los presos de Atenco. En entrevista posterior, rechazó que se tratara de un revés para su gobierno y agregó que el interés “no era otro sino el restablecimiento del orden y la paz… y por eso las sanciones a quienes participaron en términos de ley y conforme a la ley se actuó, y conforme a la ley se sancionó”.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) exigió que se investigara a fondo a los funcionarios que participaron en las indagatorias relacionadas con el caso Atenco, al quedar en evidencia, con la resolución de la Corte, que usaron de manera indebida el sistema de justicia y con ello provocaron la violación del debido proceso de los 12 detenidos por esos hechos.

Para más información

Liberan a los doce presos atenquenses (La Jornada, 1 de julio)

Corte ordena libertad para presos de Atenco (El Universal, 2 de julio)

Continuarán presos tres líderes de Atenco: SSP (Proceso, 1 de julio)

Castigo a funcionarios por caso Atenco, exige AI (Proceso, 1ero de julio)

Reciben en Atenco a los líderes excarcelados del FPDT (La Jornada, 2 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Ciudad de México: Arranca segunda fase de la Campaña “Primero Nuestros Presos y Presas” (13 de Mayo de 2010)

Atenco: a 4 años de la represión en San Salvador Atenco (6 de mayo de 2010)

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso

Mina San José El Progreso (@elenemigocomun.net)

El pasado 19 de junio, se presentó un enfrentamiento entre las autoridades municipales y habitantes de las comunidades de San José del Progreso, El Cuajilote y Maguey Largo, en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, que resultó en la muerte de dos personas, incluyendo el presidente municipal príista, Óscar Venancio Martínez, y el regidor responsable de la salud, Félix Misael Hernández, más dos heridos y doce detenidos.  Martín Octavio García Ortiz, cura de la zona, fue también detenido cuando iba a celebrar misa en San José el Progreso y fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que acusó al sacerdote de instigar los asesinatos cometidos el 19.

Habitantes de San José El Progreso se han organizando a través de de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular y se han manifestado en torno a la defensa de sus territorio y de sus recursos naturales, así como en contra de la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa mexicana-canadiense Cuzcatlán.

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) y la Iniciativa Ciudadana Oaxaca han condenado la emboscada que resultó en la detención de Martín Octavio García y han negado que tenga que ver con los homicidios.  En un comunicado emitido el mismo día 19, Barca contextualizó los hechos en el marco del conflicto que se ha vivido en la zona debido a las divisiones en torno a la cuestión de la explotación minera por parte de la empresa Cuzcatlán.  Barca destacó que dentro de este contexto se ha buscado señalar a Martín Octavio García por su apoyo a los procesos de oposición a la operación de la mina como “alborotador” y “agitador,” hasta se le ha acusado de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca-Antequera, ha declarado su apoyo a Octavio García, como lo han hecho varios representantes de la Iglesia Católica en el pasado frente llamados pidiendo su despido, y se ha comprometido a demostrar su inocencia en el presente caso.

Para más información:

Acción Urgente Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (19 de junio)

Alcalde de San José del Progreso muere en gresca con pobladores (La Jornada, 20 de junio)

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PGJE: hay 10 detenidos por emboscada a ediles (Universal, 21 de junio)

Ordenan arraigar a cura señalado por asesinato de edil y regidor oaxaqueños (La Jornada, 24 de junio)

Oaxaca: rechaza cura acusación de homicidio (La Jornada, 25 de junio)

Exigen la liberación inmediata del padre de San José del Progreso, Martín García Ortiz (ADN Sureste, 25 de junio)

Arzobispo pide indagar la verdad sobre acusaciones a párroco (Crónica de Hoy, 25 de junio)

Minerïa en Oaxaca: Raíz de la violencia (Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios)

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas

El día 21 de junio por la mañana, Bertoldo Martínez Cruz, integrante del Frente de Organizaciones Demócraticas del Estado de Guerrero (FODEG) acusado por supuesto robo y agravio al ayuntamiento de Ayutla. Más tarde el mismo día fue liberado ya que se demostró que su detención se fundó en cargos que la Procuraduria General de Justicia de Guerrero había retirado en 2001. Sin embargo, el también coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) Bertoldo Martínez aseguró que su detención “no fue una confusión” y que de hecho ya estaba ordenada desde hace tres meses. Bertoldo Martínez es conocido como luchador social desde 1973, fue preso político y fue torturado durante los últimos años de los ’90, por su lucha en contra de la impunidad en el caso de Aguas Blancas. En una conferencia de prensa, el gobernador guerrerense Zeferino Torreblanca Galindo rechazó que su gobierno criminalice a la lucha social y afirmó que seguirá deteniendo a personas con ordenes de aprehensión en su contra.

El 22 de junio, Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente en favor del preso de conciencia, Raúl Hernández, quien ha recibido amenazas por parte de internos de la cárcel de Ayutla de los Libres. En la Acción Urgente, AI pidió a las autoridades proporcionar protección a Raúl Hernández y solicitó nuevamente su libertad inmediata por haber sido detenido de manera injusta. Por otro lado, Raúl Hernández, por medio del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, envió una carta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el 21 de junio. En su carta, Hernández solicitó al TSJ el término de su proceso y una sentencia pronta y justa. Consideró que sus abogados ya presentaron todas las pruebas que demuestran su inocencia. Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fue encarcelado en 2008 acusado por el homicidio de un informante del Ejército y fue adoptado preso de conciencia por AI debido a su encarcelamiento indebido.

Finalmente, el dirigente de la Organización Popular de Productores del Estado de Guerrero (OPPEG), Luis Olivares Enríquez, informó que a 15 años del masacre de Aguas Blancas, se llevará a cabo un acto de conmemoración los días 27 y 28 de junio convocado por 25 organizaciones. El acto iniciará el 27 de junio con un evento político-cultural y seguirá el día siguiente con una caravana que terminará con una ofrenda de flores y la celebración de una misa para los caídos.

Para más información:

Detienen a Bertoldo Martínez activista del FODEG (Medios Informativos , 21 de junio)

BOLETIN DE PRENSA Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (http://www.contralatortura.org (CCTI, 21 de junio)

Mi arresto no fue por una confusión, se ordenó desde hace tres meses: Bertoldo (La Jornada, 23 de junio)

Condenan organizaciones la detención de Bertoldo y de maestros cetegistas (El Sur de Acapulco, 25 de junio)

No negociaré órdenes de arresto con nadie, advierte Torreblanca Galindo (La Jornada, 23 de junio)

Acción Urgente Amnistía Internacional (22 de junio)

Urge proteger la vida de Raúl Hernández: AI (La Jornada, 22 de junio)

Hernández exige sentencia al Tribunal (La Jornada, 23 de junio)

Carta completa de Raúl Hernandez al Tribunal Superior de Justicia

Llama OCSS a que candidatos no usen matanza de campesinos como foro (La Jornada, 22 de junio)

Asegura OPPEG que habrá un solo acto por la matanza de Aguas Blancas (La Jornada, 24 de junio)