Oaxaca: Denuncias e inicio de movilizaciones de la Sección 22 del SNTE

Desde el 14 de Marzo, aproximadamente a las 18:30 horas del día el maestro Carlos Rene Román Salazar, integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se encuentra en calidad de desaparecido. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca ha ofrecido 500 mil pesos “a aquellas personas que proporcionen información útil, veraz, eficaz y oportuna acerca de la identidad y paradero de los presuntos responsables de la desaparición de la víctima o datos que permitan la localización del Profesor Carlos René Román Salazar”.

Por otro lado, el 18 de marzo, sujetos desconocidos incendiaron un autobús de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca dejando un mensaje dirigido al Secretario General del SNTE, Azael Santiago Chepi, que decía: “Chepi bájale de huevos”. La Sección 22 rechazó “estas agresiones y provocaciones en víspera de la Asamblea Estatal, con la clara intención de desestabilizar al Movimiento y provocar inestabilidad en nuestro Estado. Rechazamos la política mediática y de terror que se ha emprendido contra la dirigencia de la Sección 22”.

En su asamblea que finalizó el 20 de marzo, la Sección 22 del SNTE acordó una semana de movilizaciones para exigir su aparición con vida así como la renuncia de tres funcionarios del gobierno de Gabino Cué, mismos que ubican como responsables de la represión del 15 de febrero pasado.

Para más información:

Ofrecen 500 mil pesos por profesor desaparecido (El Universal, 18 de marzo)

Queman autobús escolar en Oaxaca (El Universal, 18 de marzo)

Aprueba Sección 22 movilizaciones en Oaxaca (Radio Formula, 20 de marzo)

Amagan maestros con más movilizaciones y protestas (Milenio, 20 de marzo)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Enfrentamiento entre manifestantes y policias durante visita de Felipe Calderón – Movilización del magisterio (18 de febrero de 2011)

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Chiapas: Gobierno mexicano desaparece osamentas de masacre de Viejo Velasco

(Viejo Velasco @chacatorex.blogspot.com)

El 14 de marzo, en un boletín de prensa conjunto, varias organizaciones civiles que trabajan en defensa de los derechos humanos denunciaron serias irregularidades en la investigación judicial por la muerte de tres indígenas y la desaparición forzada de otras cuatro personas durante la incursión violenta de civiles de la comunidad Nueva Palestina y 300 elementos de la policía sectorial a la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, el 13 de noviembre de 2006. Acusaron al gobierno de Chiapas de “incurrir en graves irregularidades, además de reiterar su falta de voluntad en esclarecer los hechos, obrar con justicia, poner fin a la impunidad y dar con el paradero de las cuatro personas desaparecidas en la masacre de Viejo Velasco”.

Ubicaron el caso recordando: “Esta masacre se dio en un contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativo del derecho al territorio y al resguardo y manejo de los recursos naturales de las comunidades asentadas en el corazón de la Selva Lacandona, inscritos en el ámbito de los Derechos de Pueblos Indígenas. En los momentos de la masacre se había generado una situación de tensión social e incertidumbre jurídica por la tenencia de la tierra de más de cuarenta comunidades, ocasionada por el Estado, en una zona rica en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, que se encuentra ubicada en los límites de la Reserva de la Biosfera Montes Azules”.

Informaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -grupo de prestigio mundial en la materia- analizó las osamentas que puso a disposición la autoridad judicial de Chiapas pero, después del análisis, concluyó que no se trataban de aquellas que fueron descubiertas en el paraje en cuestión. El grupo de forenses afirmó además que “Existieron graves deficiencias en el levantamiento de las osamentas” lo que evidencia “negligencias del ministerio público en el proceso para el levantamiento”. Según su informe, “la evidencia biológica y no biológica, así como la documentación de la misma, se realizó en forma precaria e incompleta”.

Los organismos de derechos humanos exigieron la recuperación de los restos óseos que fueron descubiertos por los comités que dan seguimiento al caso y asegurados por el Ministerio Público en julio de 2007 y que presumiblemente fueron desaparecidos por las propias autoridades. De igual forma, demandaron que se investigue y esclarezca la ubicación de dichos restos, se investigue al personal que intervino en la manipulación de los mismos y se sancione a los funcionarios que “suplieron de manera arbitraria las osamentas y, en su caso, a quienes hayan dado las instrucciones para hacerlo”.

Frente a lo denunciado, la Procuraduría General de Justicia resolvió reabrir el caso y dio a conocer que “será la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Homicidio quien atraiga el expediente penal, mientras que por su parte la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos iniciará una exhaustiva investigación, con la finalidad de observar el actuar de todos y cada uno de los servidores públicos y autoridades que ordenaron y ejecutaron las diligencias realizadas”. En su comunicado, subrayó por otro lado, que en “noviembre de 2006 – las indagatoria fue integrada por la extinta Fiscalía General del Estado, a cargo de Mariano Francisco Herrán Salvatti, preso desde enero del 2009 y quien actualmente enfrenta nueve procesos en su contra”.

Para más información:

Obstaculizan investigación en masacre de Viejo Velasco: ONG (InfoChiapas, 15 de marzo)

Boletín de prensa conjunto de Organizaciones civiles (14 de marzo)

Boletín de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) (17 de marzo de 2011)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: a tres años de la masacre de Viejo Velasco (17 de noviembre de 2009)

Chiapas: Liberan a Diego Arcos Meneses (6 de diciembre de 2007)

Chiapas: Viejo Velasco, un año de detención injusta para Diego Arcos Meneses (24 de noviembre de 2007)

México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados

 

Gabriela Knaul (@Naciones Unidas)

El 15 de octubre, al concluir una visita de 15 días en México que la llevó a seis entidades de la República, incluyendo Chiapas, la Relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, presentó en conferencia de prensa un resumen preliminar del informe que presentará en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares que presentó Gabriela Knaul a la prensa.

Aunque reconoció los esfuerzos de México en los años recientes con los mecanismos de protección de derechos humanos, Knaul citó una lista de aspectos en los que el país está faltando a sus obligaciones en procuración e impartición de justicia, a pesar de las reformas de 1994 y 2008.

Se pronunció por la desaparición del arraigo, a tener cuidado con la utilización de los testigos protegidos y a evitar la presentación de detenidos ante medios de comunicación. Sobre el fuero militar, la relatora especial subrayó que después de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del desaparecido Rosendo Radilla, el Ejecutivo federal se comprometió a presentar una iniciativa de ley para reformar el código de justicia castrense y sus alcances. Sin embargo, advirtió, dicho proyecto sólo excluiría del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, pero no al de ejecución extrajudicial, lo cual daría lugar a una reforma insuficiente, en la que además las víctimas de estos abusos o sus familiares siguen sin tener acceso a recursos efectivos de defensa, entre ellos el amparo.

La experta criticó la falta de autonomía del Ministerio Público ante el poder Ejecutivo, “lo cual puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva en todos los casos”. Señaló que en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Concluyó que “[e]l acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes.”

Para más información:

– Intervención completa de la Relatora especial para la Independencia de los magistrados y abogados (conferencia de prensa, 15 de octubre de 2010)

– El sistema judicial, aún sometido al Ejecutivo: relatora de la ONU (La Jornada, 15 de octubre de 2010)

– ONU pide proteger a MP y Jueces en México (El Universal, 15 de octubre de 2010)

– Informe completo entregado por organizaciones civiles a la relatora en Yucatán (12 de octubre de 2010)

– Informe presentado por organizaciones de derechos humanos y academia a la Relatora en México DF (6 de octubre de 2010)

Chiapas: Masojá Shucjá, memoria y exigencia de justicia para las víctimas de los paramilitares del ’95 y ’96

Foto: familiares exigiendo justicia para Romeo Pérez Pérez, Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Hernández López, Juan Ramirez Torres, Hector Pérez Torres, Encarnación Pérez Pérez, y Sebastián Pérez López (@SIPAZ).

El 29 de agosto de 2010, en la comunidad de Masojá Shucjá, municipio de Tila, zona Norte de Chiapas, se llevó a cabo la conmemoración de las víctimas del conflicto de los años 95 y 96, algunas de la comunidad misma, otras de comunidades cercanas, algunas cuyos cuerpos encontraron sepultura, otras cuyo cuerpo siguen desaparecido.

Llegaron de varias comunidades del municipio para unirse a los habitantes de la comunidad en este acto de memoria. Después de la celebración en la iglesia, todos se juntaron para un rosario en el panteón donde descansa – junto con otros miembros de su familia- el Sr Mateo Hernández López, emboscado en el camino a su milpa y ejecutado por miembros de Paz y Justicia en 1996.

Por las lluvias y los derrumbes de esos días, no pudieron llegar todos los invitados. Se lamentó en particular la ausencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas que lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acompaña a la comunidad en su esfuerzo de memoria histórica. Pero asistieron al evento todos los niñ@s de la escuela primaria de la comunidad para que lleguen a saber lo que pasó y sigue impune. Ahí se les explicó que aunque la justicia no llegue desde arriba, la memoria es una manera de hacer justicia desde abajo.

En esta ocasión, no sólo se exigió justicia para las víctimas del conflicto y sus familiares sino también para las perdidas patrimoniales de aquel entonces. Como lo decía un cartel colgado en el panteón, “en la comunidad de Masojá Shucjá, municipio de Tila, Chiapas, exigimos la indemnización de nuestro patrimonio que se perdió en el tiempo del conflicto de Paz y Justicia y del mal gobierno en el año de 1996”: 424 cabezas de ganado, 23 caballos, numerosos aves de corral y 20 casas quemadas.

Para más información:

Chiapas: A 14 años de la desaparición forzada de Minerva Pérez Torres por paramilitares de Paz y Justicia (30 de Junio de 2010)

Chiapas : conmemoración en memoria de las víctimas de Paz y Justicia en Masojá Shucjá (3 de septiembre de 2009)

Chiapas: el pueblo cristobalense conmemora la matanza del 2 de octubre

El sábado 2 de octubre se llevaron a cabo manifestaciones en las calles de San Cristóbal de Las Casas en conmemoración del aniversario de la matanza de  2 de octubre de 1968, fecha en la que elementos del Ejército mexicano reprimieron violentamente un mitin convocado por la organización estudiantil la Comisión Nacional de Huelga (CNH) en la Plaza de las Tres Culturas en la colonia de Tlatelolco del Distrito Federal. El balance exacto de los muertos se desconoce hasta la fecha, aunque las organizaciones sociales estiman que fueron asesinadas alrededor de 300 personas.

Una de las marchas conmemorando la masacre comenzó en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y contó con la participación de varios estudiantes y integrantes de colectivos distintos: el Colectivo Feminista, el Colectivo Rosa Luxemburg y el Colectivo Tsoblej, entre otros.  Se estima que el número de los manifestantes fue de de 100 personas al inicio, aunque el total continuó expandiéndose  mientras avanzaba la manifestación por San Cristóbal.  La ruta de la marcha pasó desde UNACH al oeste hacia el mercado, y desde allí pasó por el barrio de El Cerrillo antes de doblar hacia el sur de la ciudad. Después de eso, la manifestación avanzó al norte a través de la calle Insurgentes, terminando en un mitin en la Plaza Catedral.

La marcha desde la UNACH se paró en varios lugares de la ciudad con el motivo de protestar en lugares significativos: instalaciones de OXXO, la sede del Partido de Acción Nacional (PAN), y distintos almacenes de naturaleza masiva, entre otros.  Más que exigir que la matanza del 2 de octubre no siga quedándose impune, participantes en la manifestación demandaron la liberación de presos políticos y la no-privatización de la educación universitaria.  Aunque el avance de la manifestación impidió el paso al tráfico vehicular, integrantes del Núcleo Estudiantil en Resistencia y Rebeldía difundieron comunicados explicando la acción del día a conductores y a sus pasajeros, entregando también estos comunicados a la gente que salió a la calle a observar el paso de la marcha.  El comunicado asevera: “A 42 años de la masacre de Tlatelolco, el actuar del Estado mexicano ha sido la represión constante en contra de quienes levantan su voz para clamar por la justicia y el acceso a una vida digna.  La política del gobierno es la explotación y el despojo de los recursos naturales para beneficio de los intereses capitalistas dejando a miles de pueblos y comunidades en la pobreza y en la miseria.”

El mismo día en el Distrito Federal, se llevó a cabo una marcha desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino en que participaron 15.000 manifestantes, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).  Integrado por miembros de organizaciones obreras, campesinas, indígenas, sociales y estudiantiles, la manifestación, vigilada por 6.500 elementos policiacos, concluyó con saldo blanco.  Los manifestantes exigieron castigo a los responsables de la matanza del 2 de octubre, la del 10 de junio de 1971 y la guerra sucia en general, más educación y empleo para tod@s, el cese de la guerra contra el narcotráfico, justicia para San Juan Copalá (Oaxaca), la desmilitarización de la República y el fin de la violencia contra migrantes indocumentados.

Para más información:

Con más motivos de protesta, arriba marcha 2 de octubre (La Jornada, 2 de octubre 2010)

Exigirán en la marcha del 2 de octubre desmilitarizar el país y justicia en Copala (La Jornada, 30 de septiembre 2010)

Comunicado Núcleo Estudiantil en Resistencia y Rebeldía completo (.odt)

Comunicado Núcleo Estudiantil en Resistencia y Rebeldía completo (.doc)

Oaxaca: desmantelamiento del municipio autónomo de San Juan Copala

Copala (foto de archivo (@Frida Guerrera)

El 13 de septiembre, un grupo de 500 hombres fuertemente armados entró disparando y sitió el Palacio Municipal de San Juan Copala, en donde dieron un ultimátum de 24 horas para desalojar a 100 familias. En los días posteriores y en medio de rumores de posible masacre, se multiplicaron las denuncias del Movimiento de Lucha y Unificación Triqui-Independiente (MULT-I) que llegó a informar de varios hechos violentos: el 18 de septiembre fueron asesinados David García Ramírez y Paulino Ramírez Reyes, simpatizantes del MULT-I.  También fueron desaparecidos el mismo día Eugenio Martínez, Jordán González Ramírez, María Agustina Flores y Susana López Martínez, pobladores del municipio autónomo de San Juan Copalá.  Jorge Albino, integrante del municipio autónomo, advirtió durante el fin de semana del 18 de septiembre que los habitantes de San Juan Copalá ya no tenían ni “alimentos ni agua”, aseveración que fue confirmada por Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario general de Gobierno en Oaxaca dos días después. El 19, autoridades de San Juan Copalá realizaron un llamado para la organización de otra caravana de apoyo humanitaria para los pobladores del municipio autónomo.

Según declaraciones de Jorge Albino (MULT-I), el lunes 20 al mediodía entraron militantes del MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui) y de UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), a San Juan Copalá y comenzaron a quemar 100 hogares, con el resultado de que los simpatizantes del MULT-I que todavía estaban viviendo en el municipio huyeron.  Para el día 23 de septiembre, ya habían salido todos teniendo como consecuencia a familias enteras desplazadas. El MULT declaró no haber participado en estos hechos.

El 20 de septiembre, para denunciar lo que ocurrido, diez mujeres y nueve niñ@s triquis se declararon en huelga de hambre en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, mientras habitantes del municipio autónomo realizaron marchas hacia la Secretaría de Gobernación en Distrito Federal y un mitin frente a la procuraduría de Oaxaca.

En estos mismos días fracasó la mesa de diálogo para distender la violencia en San Juan Copala a la que había convocado la Iglesia. Solo una representación del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult) acudió al llamado hecho por el Obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y el apoderado legal de la Arquidiócesis, Wilfrido Mayren Peláez. El MULT-I inicialmente dijo que en principio no estaba opuesta a tales negociaciones, pero puso condiciones que se encuentran lejos de cumplirse: “el cese de la violencia y las agresiones, así como garantizar la vida e integridad de los pobladores de San Juan Copala; la presentación con vida de los desaparecidos y permitir el acceso a organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, para verificar las condiciones que se viven en la comunidad.”

Frente este contexto alarmante, Amnistia Internacional emitió una acción urgente exigiendo que los el gobierno estatal de Oaxaca tanto como el federal investiguen la agresión y violación sexual dirigida a dos mujeres triquis el 7 de septiembre, además de otras agresiones contra los habitantes de San Juan Copalá, y que se les garanticen sus garantías fundamentales.  De manera similar, declararon el Observatorio Eclesial y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barca) que en caso de que la violencia siga avanzando en la región triqui, la responsabilidad principal será de los gobiernos estatal y federal.  Gabriela Juárez, secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial, dijo que “estamos indignados por lo que ha sucedido en San Juan Copala, porque mientras nuestros hermanos están siendo violentados, el gobierno festeja el bicentenario, como si quisieran que se nos olvidara la violencia.”

En contraste, el 25 de septiembre, en declaraciones hechas a La Jornada, afirmó Ulises Ruiz Ortiz, actual gobernador de Oaxaca, que no hay paramilitares, ni muertos, ni desaparecidos en San Juan Copala: “Eso sólo está en la mente de quienes lo señalan”.  Ulises Ruiz también rechazó que la movilización de la fuerza pública resuelva el conflicto y declaró que: “El problema es de diferencias ideológicas, de límites, políticas, las cuales se solucionarán si los tres grupos están dispuestos a dialogar y acordar”.

Para más información:

La destrucción de Copalá (La Jornada, 27 de septiembre)

En Copala, ni muertos ni paramilitares: Ulises Ruiz (La Jornada, 26 de septiembre)

Cese a la violencia en San Juan Copala, exige el MULTI (La Jornada, 22 de septiembre)

Niños y mujeres triquis inician ayuno contra asedio paramilitar (La Jornada, 21 de septiembre)

Exigen a Ulises Ruiz frenar el “genocidio” (La Jornada, 21 de septiembre)

Convoca pueblo triqui a caravana urgente contra los ataques armados en Copala (La Jornada, 20 de septiembre)

Segundo asesinato en un día de miembros del MULTI en Copala (La Jornada, 20 de septiembre)

Habitantes de San Juan Copala exigen a la SG protección para el municipio autónomo (La Jornada, 18 de septiembre)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: denuncian riesgo de masacre en San Juan Copala (17 de septiembre)

Distrito Federal: en visita a México, los padres de Jyri Jaakkola exigen justicia para el caso de su hijo y el de Bety Cariño (6 de septiembre)

Oaxaca: nueva emboscada en región triqui deja 3 muertos y 2 heridos (1 de septiembre)

Oaxaca: mujeres triquis denuncian contexto que padecen (20 de agosto)

Guerrero: breves – Director Tlachinollan recibe premio Kennedy; Código de Justicia Militar será modificado : Blake; evento – Foro Social Indígena; evento – Aniversario Policía Comunitaria.

El 23 de septiembre, el Centro Robert F. Kennedy con sede en Washington DC, anunció que entregará el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. El director recibe el premio “por sus esfuerzos enérgicos para acabar con los abusos a los derechos humanos que resultan de la impunidad que goza el ejército y la narcoviolencia”. El Premio Robert F. Kennedy en Derechos Humanos fue establecido en 1984 para honrar a defensores/as de derechos humanos valientes e innovadores/as en todo el mundo quienes le hacen frente a la injusticia, a menudo poniéndose en peligro personal por lo mismo.

Por otro lado, el 23 de septiembre, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, aseguró ante legisladores que el gobierno federal cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en torno al caso Rosendo Radilla y enviará al Senado una iniciativa de ley para reformar el Código de Justicia Militar. Luego de ser éste uno de los cuestionamientos que más le formularon senadores de PT, PRD y PRI, el funcionario aseguró que se dará cumplimiento cabal a esa sentencia que obliga al gobierno mexicano a modificar la legislación a fin de sean juzgados en tribunales del fuero común los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a derechos humanos de civiles.

Finalmente, cabe mencionar dos eventos que se llevarán a cabo en el estado de Guerrero en el mes de octubre del presente año. Del 8 al 12 de octubre se realizará el Foro Social Indígena 2010, que tendrá lugar en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, en la comunidad La Cienaga, municipio de Malinaltepec. Además de las mesas de discusión y análisis, habrán espacios dedicados a talleres de mejores prácticas e intercambio de conocimientos, donde las diferentes organizaciones podrán compartir los proyectos, experiencias, métodos y técnicas que han fortalecido y consolidado su trabajo, así como espacios dedicados a la presentación de creaciones artísticas y culturales. Luego, entre el 13 y 16 de octubre, se celebrará el XV aniversario de la Policía Comunitaria en la sede de San Luis Acatlán. Se realizarán mesas de discusión, presentaciones de libros, videos y fotografías, mercado comunitario, intercambio de semillas criollas, baile popular y participaciones artísticas y culturales.

Para más información de SIPAZ:

El premio RFK de Derechos Humanos del 2010 será otorgado a un defensor valiente de las comunidades indígenas y campesinas de México

Será modificado el Código de Justicia Militar: Blake (La Jornada, 23 de septiembre de 2010)

Militares que violen derechos de civiles serán juzgados en el fuero común (Centro prodh, 23 de septiembre)

Weblog del Foro Social Indígena

Invitación al XV Aniversario de la Policía Comunitaria

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: breves – Tierra Caliente segundo lugar nacional en número de feminicidios; SCJN analizará recomendaciones de la Corte Interamericana en el caso de Radilla (11 de septiembre de 2010)

Guerrero: CIDH condena Estado mexicano en caso paradigmático de desaparición forzada (16 de enero de 2010)