Guerrero: Familiares de desaparecidos piden medidas de seguridad

Integrantes de Afadem. Foto @Sipaz

Familiares de aquellos que fueron detenidos y desaparecidos en el municipio de Atoyac de Álvarez durante la guerra sucia (en los años ’60 y ’70 del siglo pasado) demandaron a los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) intervengan para pedir a las autoridades que brinden seguridad a los que recibieron el pago por la reparación de daños del gobierno federal, porque a muchos los han plagiado o amenazado por el dinero que reciben, esto durante el acto en el que la instancia presentó su primer informe de investigaciones en esta ciudad.

La presentación del primer informe, que se organizó en Chilpancingo el martes pasado y que contó con la asistencia de familiares de los desaparecidos, ex guerrilleros, luchadores sociales y dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, no señaló a culpables directos. En entrevista después del acto, el presidente de la Comverdad, Enrique González Ruiz, aseguró que “estamos presionando al gobierno para que haga eso [brindar seguridad], pero se debe entender que este organismo no es Ministerio Público, ni juez, pero por ser un órgano creado por el estado, tiene facultades para pedir este tipo de medidas”.

El coordinador de la Red Guerrerense de Organismo Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, aseguró que la guerra sucia no ha terminado y que a pesar del marco jurídico vigente sigue habiendo desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y represión a movimientos sociales “y si queremos que eso no se repita, todo esto debe cambiar”. Por otra parte, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, propuso que los miembros de la Comverdad entreguen los primeros resultados de sus indagaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que ésta inicie “lo antes posible” con la investigación para dar con el paradero de sus seres queridos.

Para más información:

Pide Tita Radilla a la Comisión dar ya su investigación a la PGR (La Jornada de Guerrero, 21 de octubre 2012)

Roban a quienes recibieron su indeminización por la guerra sucia, denuncian ante la Comverdad (La Jornala de Guerrero, 21 de octubre 2012)

La guerra sucia no ha terminado: Redgroac (La Jornada de Guerrero, 21 de octubre 2012)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: Afirma SCJN haber cumplido sentencias de las CIDH en los casos Radilla y Cantú; Campaña contra la Impunidad militar. (25 de septiembre)

Guerrero: Incumplimiento de sentencia por parte del Estado en caso Radilla (26 de Junio de 2012)

Guerrero – breves: Debe PGR informar del caso Radilla; Piden ampliar periódo de investigación de la Comisión de la Verdad (3 de diciembre de 2011)

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Guerrero: marcha en Acapulco contra abuso policiaco en el marco del operativo “Guerrero Seguro”

Acapulco (@El siglo de de Torreón)

El 17 de octubre, organizaciones civiles, comerciantes, transportistas y estudiantes de diversas escuelas, marcharon por la zona turística de Acapulco para protestar por “las arbitrariedades y abusos” cometidos por integrantes de la Policía Federal (PF) desde que iniciaron los operativos de Guerrero Seguro. En un mitin posterior listaron diversas irregularidades como detenciones arbitrarias, acusaciones infundadas, detención de vehículos del transporte de manera ilícita y otras violaciones a los derechos humanos.

Alfredo Pérez Zarate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del estado de Guerrero, expresó: “Se acentúa su actuación arbitraria, fuera de todo reglamento y protocolo de uso de la fuerza, violaciones graves a los derechos humanos (…) como colegio de abogados penalistas hemos cuantificado al menos unas 25 denuncias de irregularidades de los policías federales en el puerto de Acapulco, por que son 25 los amparos que han solicitado, por detenciones arbitrarias de los elementos contra jóvenes”.

En días previos, al presentar las estadísticas del 8 de octubre de 2011 al 6 de octubre de 2012, el gobierno del estado subrayó a cambio que se ha avanzado en el camino hacia la recuperación de la paz con resultados tangibles y que se ha logrado el debilitamiento de las filas del crimen organizado con la detención de 355 miembros de diversas bandas delincuenciales. No obstante, en las cifras que dio a conocer se establece que el año pasado hubo 930 muertes violentas, y este año 922, lo que implicaría una disminución de sólo un 0.865 menos. El operativo de “Guerrero Seguro” está por reforzarse con la llegada de más fuerzas federales en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Zona Norte y Tierra Caliente.

Para más información:

Marchan en Acapulco contra abuso policiaco (El Universal, 17 de octubre de 2012)

Refuerzan operativo Guerrero Seguro en 4 zonas (El Universal, 15 de octubre de 2012)

A un año del Guerrero Seguro, bajan las muertes violentas menos de 1%, informan (La Jornada de Guerrero, 9 de octubre de 2012)

Urgen a “focalizar” Guerrero Seguro (El Universal, 8 de octubre de 2012)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Presidente Calderón pone en marcha 3a parte del programa Guerrero Seguro (1 de junio de 2012)

Breves Guerrero: Dos ecologistas son secuestrados por hombres armados en la Sierra de Petatlán. Movimiento por la Paz condena el hecho. Monitor Civil de la Policía de la Montaña publica nuevo informe (9 de diciembre de 2011)

Breves Guerrero: Cuestionamiento de OSC a Operación “Guerrero Seguro; CECOP pide a Congreso negar fondos para la Parota (14 de octubre de 2011)

Nacional: Comunicado de la Red TdT en el marco de su 44 Asamblea Nacional

El 13 y 14 de octubre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), realizó su 44 Asamblea Nacional en Tlapa de Comomfort, estado de Guerrero, en la que participaron representantes de 73 organizaciones de 21 estados del país.

Al terminar la reunión, emitió un pronunciamiento de condena en contra al gobierno federal de Felipe Calderón por “60 mil muertos, un número proporcionalmente mayor a los ocurridos en la guerra civil guatemalteca, más de un millar de desaparecidos que rebasa la cifra de los de la guerra sucia, miles de desplazados internos y refugiados por la violencia; un aumento desmesurado de la tortura como método de investigación y castigo; ataques a derechos de las mujeres y un creciente feminicidio; una política de seguridad que por un lado criminaliza la migración generando mayores dividendos por la trata de personas y profundizando la inseguridad en vastas regiones, y que por el otro ha creado un estado de sitio y en muchos lados de guerra civil, por parte de militares y grupos criminales, que carece de sentido y parece no tener fin”.

También criticó al próximo gobierno priista de Enrique Peña Nieto, porque  “ debería estar enfrentando procesos penales, al menos desde los hechos de Atenco en 2006, está a dos meses de recibir la banda presidencial, gracias a la irresponsabilidad del poder judicial y a la sumisión de la procuración de justicia al poder político”.

No obstante, ante este oscuro panorama, la RedTdT valoró los esfuerzos organizativos de diferentes grupos de la sociedad civil, los cuales abonan a la construcción de un país más democrático y justo. Finalmente, la Red TDT confirmo su compromiso por continuar el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.

Para más información:

Pronunciamiento completo de la RedTdT en la marco de su XLIV Asamblea (Red Tdt, 14 de octubre de 2012)

Nacional: Amnistía internacional presenta informe sobre el uso de la tortura en México

El 11 de octubre, la organización internacional Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sexenal sobre el uso de la tortura en México titulado “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y malos tratos en México”.

En conferencia de prensa, Alberto Herrera, director de AI México, afirmó que la tortura en México es una práctica “sistemática y generalizada”, que ha aumentado “escandalosamente” a partir de la llamada guerra contra la delincuencia organizada impulsada por Felipe Calderón y debido a la impunidad total de que gozan quienes la cometen,

Herrera señaló que “la mayoría de los ellos [los casos] no se investigan jamás de manera exhaustiva, y los responsables no son puestos casi nunca a disposición judicial, por lo que las víctimas no tienen posibilidad de conseguir resarcimiento ni indemnización”. Reconoció que “resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hace rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen”.

Indicó que la falta de registro preciso de este fenómeno es tal que entre 2008 y 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) dijo tener 58 investigaciones preliminares por tortura y cuatro casos con acusaciones formales, mientras el Consejo de la Judicatura Federal registró 12 procesamientos y cinco sentencias condenatorias, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que no tenía noticias de ninguna sentencia.

En su informe, Amnistía Internacional formuló más de 40 recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan armonizar su legislación interna sobre tortura con la de organismos internacionales, establecer una base de datos exacta sobre este fenómeno, investigar de manera exhaustiva a los funcionarios públicos involucrados, no validar las pruebas judiciales obtenidas bajo tortura y restringir el fuero militar para que todos los abusos contra civiles cometidos por las fuerzas armadas sean analizados por la justicia civil.

Por su parte, el Gobierno Federal dijo que analizará el informe de AI. En un comunicado conjunto de las secretarias de Gobernación y de Relaciones Exteriores indicó que mantiene una política de cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales en esta materia. Anunció que presentará un informe sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (firmada por México desde 1986), el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012, en la ONU en la ciudad de Ginebra, Suiza en la que se plantearán los avances del combate contra la tortura y los desafíos en esta materia.

Para más información:

Comunicado de prensa de AI (AI, 11 de octubre de 2012)

Bajar informe: Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México

Aumentan tortura y desapariciones forzadas en el país: AI (Proceso, 11 de octubre de 2012)

Niveles escandalosos de tortura durante el sexenio de Calderón: AI (La Jornada, 12 de octubre de 2012)

Analizará Gobierno Federal informe de AI sobre tortura en México: SG y SRE (La Jornada, 12 de octubre de 2012)

México sí combate tortura responde gobierno a AI (El Universal, 12 de octubre de 2012)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Jueces Internacionales dan a conocer las Conclusiones de la Observación del Estado de Justicia en México (8 de octubre de 2012)

Chiapas: Presentación del Informe sobre la Tortura en Chiapas “De la Crueldad al Cinismo” (27 de junio de 2012)

Concluye visita de ACAT-Francia al país: “Perdura la tortura en México” (22 de julio de 2011)

Nacional: MPJD denuncia “traición del gobierno” y exige avances en los casos de víctimas de la violencia

MPJD, conferencia de prensa del 9 de octubre de 2012 (@MPJD)

El 9 de octubre, en conferencia de prensa, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) aseguró que fue traicionado por el gobierno federal al considerar que no ha cumplido con los acuerdos firmados en Chapultepec en octubre de 2011, y sobre todo que no se han solucionado los casos presentados en aquel tiempo. Detalló “De los acuerdos antes mencionados Felipe Calderón no ha cumplido con el memorial; no cumplió con la Ley General de Víctimas y creó una Procuraduría de Atención a Víctimas que recurre a un esquema de atención asistencialista limitada y con nulos recursos para establecer un sistema de atención a las víctimas. Esto desembocó en consecuencias fatales para Don Nepomuceno Moreno; Eva Alarcón y Marcial Bautista; Pedro Leyva y Don Trino quienes formaron parte de las Mesas de Diálogo con el Ejecutivo y que, como Don Nepo que le presentó su caso a Calderón, fueron asesinados o se encuentran desaparecidos”. Señaló además “Como familiares de víctimas tenemos claro que nuestros hijos e hijas asesinados y/o desaparecidos o desaparecidas no son familiares de ex gobernadores, como el caso del ex gobernador que le asesinaron a su hijo, o el caso del hermano de la ex Procuradora del estado de Chihuahua quien fuera secuestrado y asesinado. Si nuestros familiares tuvieran estos apellidos entonces sí tendrían la atención de Felipe Calderón o de Alejandro Poire”.

El 10 de octubre, como anunciado en la conferencia de prensa, integrantes del MPJD se reunieron en las inmediaciones de las oficinas de la Secretaría de Gobernación para denunciar “la omisión y la falta de voluntad política para la resolución de los casos de desaparición, que al igual que los miles de muertos, exigen una inmediata respuesta”.

Para más información:

Comunicado completo MPJD exige se cumplan acuerdos del gobierno federal y avances en los casos de víctimas de la violencia (MPJD, 9 de octubre de 2012)

Reprocha Movimiento por la paz al gobierno justicia para unos cuantos (La Jornada, 10 de octubre de 2012)

Acusa Movimiento por la Paz traición del gobierno (Milenio, 9 de octubre de 2012)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Internacional: Cierre de Caravana del MPJD a EUA (18 de septiembre de 2012)

Nacional: MPJD critica “veto” presidencial a Ley de víctimas (6 de julio de 2012)

Nacional: Senado aprueba Ley General de víctimas de la violencia, una de las demandas más sentidas del MPJD (28 de abril de 2012)

 

Nacional/Internacional: Migración- pronunciamientos, caravanas y otras actividades de denuncias

(@La 72)

En un boletín de prensa del 1ero de octubre de 2012, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria señaló que el reglamento de la Ley Migratoria publicado el 28 de septiembre integra algunos cambios pero que “persisten problemas de fondo que vulneran los derechos humanos de la población migrante”. Indicaron en particular que “se simuló la participación de las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden a personas migrantes” y que “el Reglamento avalado deja vacíos que favorecen la discriminación y violación de los derechos humanos (…) ya que promueve una migración selectiva a través de los sistemas de puntos y cuotas, sin facilitar o hacer frente de manera integral a la totalidad de los flujos migratorios que transitan por el territorio nacional. Se limita a su gestión, y ello sin innovar en temas como alternativas a la detención. Tampoco se avanzó del todo en la protección a grupos en situación de vulnerabilidad, como la niñez migrante, las personas con VIH, entre otros”.

Por otro lado, el 4 de octubre, La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes realizó un ayuno de 12 horas frente a la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tenosique “en solidaridad con el pueblo migrante ofendido, perseguido, golpeado, humillado, por el INM”. Fray Tomás González Castillo, director de “La 72” se encadenó a la valla que circunda las oficinas del INM, donde fue acompañado por Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Mesoamericano de Migrantes.

Paralelamente, el 5 de octubre, en el marco de su 2a Asamblea Ordinaria 2012, el Foro Migraciones integrado por más de 40 organizaciones civiles expresó en un boletín de prensa que “(d)urante la administración de Felipe Calderón se ha vivido una violencia sin precedente hacia la población migrante en tránsito por México y hacia las defensoras y defensores de derechos humanos. La corrupción, complicidad e impunidad han favorecido las violaciones atroces a los derechos humanos de la población migrante en tránsito por México. Las políticas migratorias restrictivas no resuelven el tema de la seguridad nacional, por el contrario, favorecen una mayor situación de vulnerabilidad, riesgos y/o incremento del número de muertes de la población migrante”. Denunció además: “Condenamos la simulación de diálogo con la que se intentó legitimar ante la opinión pública los procesos de elaboración de la Ley de Migración y su reglamento”.

El Foro Migraciones solicitó a la nueva administración de Enrique Peña Nieto, que atienda de manera urgente la agenda pendiente en torno al tema migratorio en diferentes puntos para crear una verdadera política que proteja a la población que transita por el país rumbo a Estados Unidos y a los defensores de derechos humanos, garantizar el seguimiento a los casos de centroamericanos no localizados en México y atender las necesidades de sus familiares, entre otros.

Recordando la vigencia de la problemática, el 5 de octubre, Amnistía Internacional circuló una Acción Urgente en la que informó que “(e)l 3 de octubre, al menos 40 migrantes irregulares que cruzaban México fueron secuestrados de  un tren de carga. Se desconoce su paradero y se teme por su seguridad. Mientras tanto, en el vecino estado de Tabasco, otros migrantes irregulares fueron víctimas de maltratos y lesiones, resultado de operativos migratorios”.

Finalmente, se anunció que una Caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desparecidos en tránsito por México volverá a recorrer el país a partir del próximo 15 de octubre y hasta el 3 de noviembre, días en que estarán en 23 localidades de 14 estados de la República.

Para más información:

Reglamento de la Ley de Migración se publica con cambios, pero persisten problemas de fondo que vulneran los DH de la población migrante (Boletín de prensa del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, 1ero de octubre de 2012)

En solidaridad con el pueblo migrante ofendido, perseguido, golpeado, humillado, por el INM; ayuno frente a la delegación en Tenosique ( Boletín de prensa de La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes, 3 de octubre de 2012)

Fraile se encadena y ayuna en pro de migrantes en Tenosique (El Universal, 5 de octubre de 2012)

Se encadenan en apoyo a indocumentados (La Jornada, 5 de octubre de 2012)

Foro Migraciones presenta su balance sobre el contexto migratorio y la agenda pendiente para la nueva administración (Boletín de prensa Foro Migraciones, 5 de octubre)

Sin precedentes, violencia en este sexenio contra migrantes y activistas, acusan ONG (La Jornada 5 de octubre de 2012)

AU: Migrantes bajo riesgo en México (Amnistía Internacional, 8 de octubre de 2012)

Alistan caravana de madres en busca de hijos desaparecidos (La Jornada, 7 de octubre de 2012)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Jueces Internacionales dan a conocer las Conclusiones de la Observación del Estado de Justicia en México (8 de octubre de 2012)

Chiapas/Oaxaca: #LosMigrantesSomos132, (15 de junio 2012)

Chiapas/Tabasco: Conferencia de prensa ¨La Frontera Olvidada¨(2 de diciembre de 2011)

México: Caravana Paso a Paso; Visita del relator relator especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH (3 de agosto de 2011)

Nacional: Jueces Internacionales dan a conocer las Conclusiones de la Observación del Estado de Justicia en México

Conferencia de prensa de jueces internacionales (@CENCOS)

El 5 de octubre, en conferencia de prensa, jueces internacionales que integraron una Misión de Observación en México dieron a conocer sus primeras conclusiones respecto al estado de justicia en el país. En los cinco días previos, entrevistaron a diferentes actores de la sociedad civil, autoridades y poderes judiciales, de diferentes entidades federativas para poder “elaborar un panorama cualitativo del estado de la justicia México”. En sus principales conclusiones si bien destacaron avances como la aprobación reciente de la reforma en Derechos Humanos de junio de 2011, o los avances impulsados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular los que acotan el fuero militar, enumeraron no obstante una larga serie de fallas y deficiencias en el aparato de administración de justicia mexicano incluyendo entre otros: la figura del arraigo (que “además de atentatorio de los derechos de los justiciables, es absolutamente ineficiente para la persecución penal”); la no priorización del enfoque de derechos humanos en la propuesta de políticas públicas de las reformas al sistema de justicia penal; las pobres condiciones carcelarias de las personas privadas de libertad; la “cultura de corrupción” en los poderes judiciales de las entidades mexicanas; la falta de autonomía e independencia de los poderes judiciales de los estados federados e incluso la ausencia de separación de poderes en muchas entidades federativas; la falta de mecanismos expeditos de rendición de cuentas en materia del sistema judicial; la ausencia de un adecuado mecanismo de reclutamiento de nuevos jueces y juezas; o bien la persistencia de existe tortura, malos tratos y tratos indignos y degradantes de manera institucionalizada en los procesos penales.

Afirmaron que “el actual modelo de justicia del trabajo, (…) se encuentra en un estado que no permite, estructuralmente, constituirse en una verdadera jurisdicción que proteja a los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Señalamos que el actual proyecto de reforma laboral (…), de aprobarse dejará aún más en la indefensión a millones de personas que verán frustradas sus aspiraciones de una vida mejor y gravemente comprometida la seguridad social existente”. Señalaron también “el altísimo grado de vulneración de derechos que significa la ley de migración”. De manera general notaron que el Estado mexicano “ha intentado construir una política de seguridad, englobando a la justicia, degradando la seguridad en una estrategia policial y militar que impide/construir concepciones integrales de políticas de seguridad humana necesarias para un estado democrático celoso de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas”.

Finalmente, señalaron algunos casos concretos de criminalización de los movimientos sociales en México, como por ejemplo los casos de Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, dirigente y vocero respectivamente del MOCRI-CNPA-MN. Así como “el patrón que se está desarrollando por parte del estado de Chiapas en relación a la adjudicación de tierras a organizaciones comunitarias sobre territorio recuperado por las bases de apoyo del EZLN, como el caso concreto y actual de la comunidad Comandante Abel. Los comisionados llaman a que las autoridades y comunidades entren en un proceso de diálogo y no continúe el estado propiciando el enfrentamiento entre comunidades”.

Para más información:

Boletín de prensa completo (Misión de observación de la Justicia en México de La Red Iberoamericana de Jueces, 5 de octubre de 2012)

Video Conferencia de Prensa: Jueces Internacionales dan a conocer las Conclusiones de la Observación del Estado de Justicia en México (CENCOS, 5 de octubre de 2011)

Para más información de SIPAZ:

México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados |(16 de octubre de 2010)