Nacional : cierre de año legislativo con agenda polémica en el Congreso

Congreso de la Unión (@ADN Político)

El cierre del año legislativo fue marcado por una agenda particularmente sensible en materia de derechos humanos en el Congreso de la Unión. Al fin y al cabo, se aprobaron las reformas a la Ley General de Víctimas. Por otro lado, si bien fueron aprobadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se frenaron, en lo inmediato las leyes sobre trata, tortura, y la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que regula la declaratoria de Estado de excepción en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro fenómeno que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad .

Todos estos temas han sido fuentes de fuertes controversias por sus contenidos y posibles impactos. La reforma de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha sido cuestionado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos por sus modificaciones « regresivas ». Fue criticada en particular una modificación que impediría que un funcionario acusado de tortura fuera separado del cargo.

La iniciativa que generó mayor revuelo fue la posible aprobación de un dictamen para una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. El debate se volvió aún más intenso después de las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos quien urgió a que se definiera un marco legal a la actuación de los militares en el combate contra la delincuencia organizada. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos exigió una discusión pública sobre este proyecto. Afirmó : « Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-. Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar. Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil ».

Para más información :

Golpe de Estado silencioso (Proceso, 3 de diciembre de 2016)

Debatir el modelo de seguridad, SIDIDH, 5 de diciembre de 2016

Sociedad civil exige a Diputados no militarizar al país ni legislar sin discusión la suspensión de garantías (Red Todos los Derechos para Todos, 11 de diciembre de 2016)

ONG instan a no apresurar ley sobre militares (La Jornada, 11 de septiembre)

ONG piden al Congreso frenar iniciativas que normalicen presencia militar para seguridad pública (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Una Ley de Tortura sin contradicciones y que respete ddhh (Animal Político, 12 de diciembre de 2012)

A marchas forzadas, aprueban Ley contra Tortura y de Trata de Personas (Quadratín, 13 de diciembre de 2016)
Cuestiona la ONU cambios a legislación (El Economista, 14 de diciembre de 2016)

Aprueban diputados reforma a Ley General de Víctimas (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)

PRI cierra las puertas a expertos internacionales al aprobarse Ley de Víctimas (Proceso, 14 de diciembre de 2016)

Retira PRI dictamen de reforma a ley de trata y tortura (La Jornada, 14 de diciembre de 2016)

Urgen en Sedena a aprobar la Ley de Seguridad Interior (Proceso, 14 de diciembre de 2016)

Las dos iniciativas de ley de seguridad interior (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN (16 de diciembre de 2016)

Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura (31 de mayo de 2016)

Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU (31 de marzo de 2016)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

México: Publicación de la Ley General de Atención a Víctimas (10 de enero de 2013)

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Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN

Manifestación en la Ciudad de México a 10 años del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada (@La Jornada)

 

Este 11 de diciembre se cumplió una década del inicio de la guerra contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Diez años después, los saldos de la violencia son alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos, decenas de miles de personas desplazadas según las cifras oficiales, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los 80s. En el plazo, según medios, se ha gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a los derechos humanos. Por lo demás, el consumo interno de drogas ha aumentado y, si bien se han detenido a algunos capos, siguen operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas.

Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”. Uno de los actores más cuestionado en la estrategia contra la delincuencia ha sido el Ejército, que, fuera de su mandato constitucional, ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. Del primero de diciembre de 2006 a finales de octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 158 recomendaciones a las fuerzas armadas, de las cuales 121 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las 37 restantes a la Secretaría de Marina. La mayoría de estas recomendaciones se emitieron por actos violatorios, como cateos y detenciones arbitrarias; uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza; lesiones, y también por privación de la vida o ejecuciones arbitrarias; desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como por imputar indebidamente hechos a detenidos.

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, fue directo: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (de la delincuencia), con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”. Expresó: “Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas”, (que se defina) “qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas. Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. Dijo también: “ falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes necesarios y presupuestos para atender estas situaciones”.

En este marco, la cúpula empresarial demandó que el Ejército mexicano no regrese a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual urgió al poder legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas.

Al finalizar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no se ha logrado el objetivo trazado y afirmó que los soldados seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, no solo de ahora, sino desde hace ya varias décadas, de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro DH ha cuestionado que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior”. Por lo mismo, decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados –que estaban debatiendo este tema en estos mismos días- “a que no apruebe de forma apresurada” la permanencia militar en tareas de seguridad pública y la suspensión de garantías para la población.

Para más información :

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales (Sin Embargo, 5 de diciembre de 2016)

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado (Sin Embargo, 7 de diciembre de 2016)

Militares no estudiamos para perseguir delincuentes: Cienfuegos (Aristegui Noticias, 8 de diciembre de 2016)

Reprocha Cienfuegos falta de apoyo de Segob; “no estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, dice (Proceso, 8 de diciembre de 2016)

Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

Pide CCE aprobar leyes que den certeza jurídica a fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

El baño de sangre en 10 años deja más consumidores de drogas, más cárteles y más líderes criminales (Sin Embargo, 9 de diciembre de 2016)

El Ejército seguirá en las calles: Peña Nieto (El Heraldo de Chiapas, 10 de diciembre de 2016)

Activistas protestan ante “guerra contra el narco” (La Jornada, 11 de diciembre de 2016)

Violencia, dudas y la sombra de la corrupción marcan los 10 años de la guerra contra el narco (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Con Felipe Calderón, se generó un tsunami de sangre que no teníamos: especialista (Revolucion 3.0, 12 de diciembre de 2016)

Sedena, la que más recomendaciones ha recibido de la CNDH en 10 años (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Seguridad pública, función de civiles, dice CNDH (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Especial 10 años de la guerra contra el narco (Vice News, diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: La CNDH presentó su informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos (28 de septiembre de 2016)

Nacional: “Violencia del narco” ha desplazado a 281 mil personas (22 de julio de 2016)

Chiapas: Desplazados de Banavil siguen exigiendo justicia tras 5 años de desplazamiento forzado

Conferencia de prensa (@SIPAZ)

En una conferencia de prensa realizada el 1ero de diciembre, los y las desplazados de Banavil, Municipio de Tenejapa, Chiapas, actualmente 21 personas, exigieron “Verdad,  Justicia y Retorno”. El 4 de diciembre se cumplen 5 años “de las injusticias del Estado Mexicano por la desaparición forzada de nuestro padre Alonso López Luna y el desplazamiento forzado de nuestra familia que hoy nos encontramos desplazados inhumanamente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas”.

Recordaron: “Hace 5 años nuestra familia fue agredida con armas de fuego por los priistas del mismo paraje Banavil, y hasta el momento el Estado mexicano a protegido, también es cómplice con los responsables de la desaparición forzada de nuestro padre Alonso López Luna y el desplazamiento forzado, porque el Estado mexicano sigue sin investigar su paradero de nuestro padre” (sic).

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) emitió también un boletín en el que señaló: “Ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobreviven en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario. Especialmente preocupante es la situación de las mujeres, niñas y niños, quienes carecen de alimentación adecuada y servicios de salud, así como de educación. El 21 de febrero de 2013, a consecuencia de padecer vulnerabilidad en desplazamiento forzado, la niña Antonia López Girón murió a la edad de 11 años”.

El CDHFBC informó que : ” ha realizado constantes intervenciones para exigir que se atiendan las demandas de las familias desplazadas de la comunidad Banavil. Sin embargo, a la fecha no han dado seguimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos del estado de Chiapas y federal, al contrario han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación de los hechos del día 4 de diciembre de 2011 y sin justicia en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante los cinco años del desplazamiento forzado”.

Denunció además: “A las ya históricas cifras del desplazamiento forzado de comunidades que desde 1994-2000 no pudieron regresar a sus territorios por las amenazas de grupos paramilitares; se suman centenas de desplazados y desplazadas en un nuevo contexto de guerra, de la violencia de poderes fácticos que en la convivencia de gobiernos, empresas y delincuencia organizada están destruyendo la vida de los pueblos y comunitaria en general, rompiendo el tejido social, teniendo como finalidad el control y despojo territorial así como la eliminación de la organización autónoma de los pueblos originarios. Esta acción del Estado mexicano como uno de los perpetradores que impulsa y fomenta el despojo al territorio para intereses transnacionales y confronta los derechos fundamentales de los pueblos originarios y de la sociedad civil en general”.

Para más información:

Seguiremos luchando por verdad, justicia y retorno: Familias desplazadas forzadas de Banavil, (Comunicado de las y los desplazados de Banavil, 1ero de diciembre de 2016)

Estado mexicano mantiene en impunidad el desplazamiento forzado de tseltales de Banavil y la desaparición de Alonso López Luna, (CDHFBC , 1 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Familias desplazadas de Banavil anuncian retorno provisional a su comunidad para el día de muertos (31/10/2016)

Chiapas: Inauguración de exposición fotográfica de familias desplazadas de Banavil ( a 8 de julio de 2016)

Chiapas: Desplazados y desplazadas de Banavil, 4 años de impunidad (9 de diciembre de 2015)

Chiapas: Retorno provisional de las familias desplazadas de Banavil para Día de MuertosTumba de Antonia López Méndez (9 de noviembre de 2016)

Guerrero: Encuentran el cuerpo de Irineo Salmerón Dircio, de la CRAC PC

CRAC PC, Guerrero, @SIPAZ Archivo

El 25 de noviembre, fueron hallados dos cuerpos en bolsa de plástico en Chilapa, Guerrero, uno de ellos de Irineo Salmerón Dircio, profesor y Coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC). Había sido levantado dos días antes por tres sujetos armados.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que su asesinato « no puede verse sólo como un resultado de la violencia e impunidad que impera en el Estado, este hecho resulta un ataque directo a las actividades de la CRAC-PC ». Recalcaron que desde la privación de la libertad de Salmerón Dircio, exigieron a las autoridades del estado que realizaran las acciones necesarias para que se diera con vida y el paradero del señor Irineo. Por lo mismo, expresaron su « profunda indignación ante los hechos que el día de hoy se presentan, pues estos representan un claro ejemplo de la actuación deficiente y omisa de las autoridades ante situaciones de extrema urgencia. Cabe señalar, que la desaparición y muerte del Coordinador de la CRAC-PC, se da en medio de una ola de inseguridad y violencia que impera en diversas zonas de Guerrero, como en Chilapa y Tixtla, circunstancias, que darían vida a la CRAC-PC y por las cuales la organización ha sido objeto de ataques y hostigamientos tanto por los grupos de la delincuencia organizada como por las propias autoridades estatales quienes criminalizan sus sistemas normativos de defensa ».

Según un artículo de Sin Embargo en las mismas fechas, “la violencia en Guerrero ha cobrado la vida de 53 personas tan sólo en la última semana y casi 2 mil en lo que va de 2016, esto es 10.96 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales. Acapulco, Zitlata, Tixtla, Ajuchitlán, Arcelia y Chilapa son los lugares donde más ejecuciones se registran a pesar de la constante vigilancia por parte de elementos de las policías Federal y Estatal, así como del Ejército ». La Revista Proceso por su parte planteaba que “La narcopolítica rampante, la lucha entre cárteles, la ausencia del estado de derecho, los asesinatos y los secuestros persisten incluso después de un operativo conjunto interestatal, la tragedia de Ayotzinapa y miles de discursos y promesas de autoridades federales, estatales y municipales ».

Para más información:

Encuentran muerto al maestro y coordinador de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio (Desinformémonos, 25 de noviembre de 2016)

Encuentran muerto al coordinador de policía comunitaria de Tixtla, Guerrero (Radio Fórmula, 25 de Noviembre de 2016)

COMUNICADO | Organizaciones de la sociedad civil expresan su indignación ante la muerte de Irineo Salmerón Dircio, Coordinador de enlace de la CRAC-PC (OSC, 26 de noviembre de 2016)

Guerrero, dos años de fallida estrategia de seguridad (Revista Proceso, 26 de noviembre de 2016)

Más ejecutados en Guerrero, hoy; son 53 en una semana, casi 2 mil en 2016… y todavía no acaba el día (Sin Embargo, 27 de noviembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Levantan en Tixtla a integrante de la CRAC-PC (25 de noviembre de 2016)

Guerrero: Levantan en Tixtla a integrante de la CRAC-PC

(@Tlachinollan)

El 23 de noviembre, Irineo Salmerón Dircio, profesor de educación primaria, coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), adscrito a San Luis Acatlán, fue privado de su libertad en Tixtla por tres hombres armados, cuando iba rumbo a su trabajo. Ante lo ocurrido, integrantes de la CRAC bloquearon una carretera federal durante seis horas para exigir a las autoridades estatales la búsqueda y presentación con vida de su compañero de 48 años.

En una Acción Urgente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan contextualizó: “el municipio de Tixtla ha sido escenario en los últimos años pero sobre todo en los últimos meses, de una escalada de violencia generalizada, caracterizada por la actuación impune de grupos armados supuestamente vinculados a bandas del crimen organizado que se disputan el control de territorio y vías de comunicación. El pasado fin de semana, 19 y 20 de noviembre, fueron encontrados nueve cuerpos decapitados y desmembrados con señales de violencia física en el distribuidor vial que conecta a este municipio con Chilpancingo, Chilapa y Atliaca. Sin embargo, es también obvio y muy preocupante que esa violencia ha afectado a las organizaciones sociales y miembros del sector educativo en la región”.

En un comunicado, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) aludió al protocolo que indica que las autoridades deben esperar 72 horas : “Es inaceptable que conociendo que un comando de hombres armados fue responsable de la privación de libertad de Irineo Salmerón, se tengan que esperar 72 horas para comenzar con las investigaciones, cuando podría tratarse claramente de un secuestro o desaparición”

Para más información:

Acción Urgente RIESGO GRAVE PARA LA VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD DE IRINEO SALMERON DIRCIO, PROFESOR Y COORDINADOR DEL COMITÉ DE ENLACE DE LA CRAC-PC EN TIXTLA CON LA CASA MATRIZ DE SAN LUIS ACATLÁN (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 23 de noviembre de 2016)

Levantan al coordinador de la CRAC?en Tixtla; comunitarios bloquean seis horas la carretera (El Sur, 24 de noviembre de 2016)

La violencia en Guerrero deja al menos 34 muertos en tres días (La Jornada, 22 de noviembre de 2016)

Se reúne la CRAC con funcionarios estatales para buscar al coordinador levantado en Tixtla (El Sur, 25 de noviembre de 2015)

Chiapas: Décimo Aniversario de Viejo Velasco

@RedTdt

El 13 de noviembre, integrantes de comunidades, organizaciones civiles y sociales realizaron una peregrinación en Palenque para exigir justicia y el esclarecimiento de la masacre sucedida en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, el 13 de noviembre del 2006. Esta masacre perpetrada por 40 civiles de Nueva Palestina y de la comunidad Lacandona, acompañados por un grupo de 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas, entre otros funcionarios con armas de alto calibre, tuvo un saldo de « 4 ejecuciones  extrajudiciales,  1  detención  ilegal  con  actos  de  tortura,  4  desapariciones forzadas y el desalojo y desplazamiento forzoso de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, quienes huyeron a la montaña para sobrevivir al ataque ».

En un comunicado conjunto, manifestaron que « a  diez  años  de  la  Masacre  de  Viejo  Velasco  el  Estado mexicano continúa sin esclarecer los hechos. Los responsables materiales e intelectuales continúan gozando de la impunidad, a la fecha no se conoce el paradero de dos de los cuatro desaparecidos el día de la Masacre. Ante ello, los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes se mantienen organizados en su lucha por verdad y justicia ». Denunciaron además que « las  actuaciones  judiciales,  lejos  de  centrarse  en  el juzgamiento  efectivo  de  los  verdaderos responsables materiales e intelectuales, se han encaminado a responsabilizar a los propios familiares sobrevivientes de las víctimas ».

Recordaron el contexto en el que se dio la masacre : « El objetivo de esta Masacre era sembrar el terror para que las familias habitantes de la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, abandonaran sus tierras, en el marco del conflicto agrario regional en la Selva Lacandona (2) mismo que, por política de Estado y bajo el pretexto ecológico de “garantizar la conservación de la Reserva de Biosfera Montes Azules”, fue transformado en un intenso proceso de despojo territorial, bajo mecanismos de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de treinta poblados indígenas tseltales, tsotsiles choles y tojolabales, ubicados en la zona ».

Para más información:

Viejo Velasco: Caminar la justicia desde abajo frente a las cercos de impunidad de arriba (Regeneración Radio, 17 de noviembre de 2016)

Boletín de prensa conjunto (14 de noviembre de 2016)

A diez años de la masacre en Viejo Velasco, exigen esclarecimiento (Desinformémonos, 14 de noviembre de 2016)

Viejo Velasco: a 10 años de una impune masacre perpetrada en la Selva Lacandona (Chiapas Paralelo, 13 de noviembre de 2016)

A diez años de una masacre (Familiares de víctimas y victimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco, Coordinadora de organizaciones Sociales CDLI- Xinich’, Tsoblej Yu’un Jwocoltic, UCISECH y Misión Santísima Trinidad, 13 de noviembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Peregrinación contra el olvido de la masacre de Viejo Velasco y en defensa de la Madre Tierra (11 de abril de 2016)

Chiapas: Noveno aniversario de la Masacre de Viejo Velasco (19 de noviembre de 2015)

Chiapas: Peregrinación en Palenque a ocho años de la masacre de Viejo Velasco-Inicia campaña “Rostros del despojo” (14 de noviembre de 2014)

Chiapas: A 7 años de la masacre de Viejo Velasco (15 de noviembre de 2013)

Chiapas : conmemoración de 20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte

Familiares de víctimas siguen pidiendo justicia 20 años después Foto:@ Sipaz

El 22 de octubre, familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes de la “estrategia contrainsurgente operada en la zona norte de Chiapas” se reunieron en la comunidad de Susuclumil, municipio de Tila, para denunciar “la falta de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con la complicidad y responsabilidad del Estado mexicano.”

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) recuerda en su boletín de prensa N°.21 que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, la violencia aumentó en la zona Norte. Explica que el Estado mexicano implementó una estrategia de guerra contrainsurgente contra población civil, a través del plan de Campaña Chiapas 94, con el objetivo de eliminar bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De 1995 a 1999 se formaron grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad: “En la zona Norte de Chiapas, aparecieron el grupos paramilitares tal como la Organización Desarrollo Paz y Justicia (Paz y Justicia) que contaron con la preparación y protección de distintos niveles de gobierno y quienes entre los años de 1995 a 1999 cometieron sistemáticamente graves violaciones a derechos humanos.”

El CDHFBC registró en total “22 casos de graves violaciones a derechos humanos en la zona Norte de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales y más de 4500 personas desplazadas de manera forzada, seguida de detenciones arbitrarias, torturas, tortura sexual, hostigamiento,intimidación,destrucción de propiedades, entre otras, cometidas por el grupo paramilitar Paz y Justicia.”

Familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes siguen denunciando “constantes hostigamientos, intimidaciones y persecuciones con órdenes de aprehensión injustas y citatorios, con amenazas de multas, por parte del sistema de administración de justicia en Chiapas”. Solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantenga su seguimiento y determine la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno.

Para más información :

Sucuclumil conmemoración de la memoria ( Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, a 21 de octubre de 2016)
Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad (Chiapas Denuncia, a 26 de octubre de 2016)

Para más información de Sipaz:
Chiapas: Amenazas de muerte a defensor comunitario (23 de septiembre de 2016)

Chiapas: Conmemoración por las y los asesinados y desaparecidos durante conflicto en la zona baja de Tila (22 de septiembre de 2015)

Chiapas: Evento “Corazón de memoria, sembrando en nuestro territorio” en Masoja Shucjá, Tila (03 de noviembre de 2014)