Guerrero: Denuncian intimidación contra el reportero de El Sur, Zacarías Cervantes

El reportero de El Sur, Zacarías Cervantes, denunció que antes de las 8 de la noche del 15 de noviembre fue interceptado por unos siete hombres, entre ellos al menos uno armado, que le doblaron el brazo y lo obligaron a agachar la cabeza durante unos 20 minutos mientras revisaban su automóvil en el centro de Chilpancingo. Señaló que se llevaron su teléfono celular sin amenazarlo o hacerle alguna advertencia. Asimismo, dijo que los agresores dejaron un ejemplar de El Sur en el asiento del copiloto de la edición del día anterior en la página en donde se publicó una nota del reportero en la que señalaba la falta de avances en las investigaciones a un mes del asesinato del fundador de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo. Mientras estuvo sometido pudo escuchar que uno de los agresores hacía una llamada telefónica y preguntaba “¿Nos lo llevamos?”.

La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) calificó el hecho como “un acto de intimidación premeditado, planeado desde el poder para silenciarlo”, y demandó un alto a las agresiones contra el gremio y respeto a la libertad de expresión. Pidió que el gobierno estatal investigue la agresión aunque lo hizo consciente “de que poco hará para resolverlo, como ha ocurrido con otros casos, como los asesinatos de los compañeros Francisco Beltrán y Cecilio Pineda, ocurridos en estos dos años de su administración”.

La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 emitió una alerta ante lo ocurrido y solicitó “de acuerdo con la gravedad de la tentativa de desaparición la implementación de medidas encaminadas a proteger su vida, libertad, integridad y seguridad”.

Por su parte, la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal afirmó que tiene un firme compromiso con la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos e invitó a que se denuncie formalmente el hecho ante las instancias correspondientes.

Para más información :

Denuncia intimidación el reportero Zacarías Cervantes (El Sur, 16 de noviembre de 2017)

Agreden a reportero del diario ‘El Sur’ en Guerrero (La Jornada, 16 de noviembre de 2017)

Sujetos armados agreden físicamente e intimidan a periodista de El Sur en Guerrero (Artículo 19, 16 de noviembre de 2017)

Intimidan hombres armados y retienen por 20 minutos al reportero de El Sur Zacarías Cervantes (El Sur, 17 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero: agresiones contra el corresponsal de Proceso (14 de junio de 2017)

Guerrero : Atacan a balazos a comunicadora originaria de Xochistlahuaca en Ometepec (5 de junio de 2017)

Nacional/Guerrero: Siguen ataques y homicidios de periodistas y defensores de Derechos Humanos (19 de mayo de 2017)

Guerrero : asesinan al periodista Cecilio Pineda (6 de marzo de 2017)

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Nacional: Casos de tortura sexual en San Salvador Atenco en audiencia de la CoidDH

(@Ciudadanía Expres)

El 16 y 17 de noviembre, en el marco de una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las once mujeres sobrevivientes de tortura sexual en los hechos de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, compartieron sus testimonios sobre lo ocurrido y la impunidad que ha prevalecido.

Cabe recordar que los días 3 y 4 de mayo del 2006, fuerzas policiales llevaron a cabo un operativo en San Salvador Atenco supuestamente para “reestablecer el orden”. Fueron detenidas más de 200 personas durante las incursiones. 50 de ellas eran mujeres, 31 de las cuales denunciaron posteriormente agresiones sexuales de los policías.

Las defensoras de derechos humanos pidieron que la Corte IDH ordene al Estado realizar una investigación seria para poner fin a la impunidad, así como “adoptar políticas y mecanismos transparentes para regular el uso de la fuerza policial y erradicar la tortura sexual como práctica extendida”.

Organizaciones civiles que han acompañado el caso recalcaron que “las once mujeres de Atenco representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado: el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica”.

La representación del Estado mexicano pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó ante la Corte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la CIDH cometió un “error grave” en su informe al no tomar en cuenta las medidas de reparación propuestas por el Estado hacia las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en ese operativo, ni los avances que en materia de equidad de género ha implementado el Estado luego de los hechos. Sin embargo, dijo que el Estado admite su responsabilidad por violaciones a derechos humanos cometidas, entre ellas tortura sexual. No obstante y aunque algunas personas siguen bajo proceso, no hay ningún servidor público con sentencia condenatoria por el caso.

Para más información:

Mujeres de Atenco (Síntesis de medios del Centro ProDH, noviembre de 2017)

Las mujeres de Atenco, ante la CIDH: “Nos han hecho sentir, repetidamente, pequeñas” (El País, 17 de noviembre de 2017)

“Error grave” de CIDH sobre Atenco, alega el Estado mexicano, pero acepta tortura (Aristegui Noticias, 18 de noviembre de 2017)

Luchadoras de Atenco rompen el silencio (Animal Político, 24 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

México: La CIDH exige una investigación sobre el caso de varias mujeres víctimas de abuso sexual en San Salvador Atenco en el 2006 (30 de septiembre de 2016)

Nacional: Promulgan Ley contra la Desaparición forzada

(@CMDPDH)

El 16 de noviembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) promulgó la nueva Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por particulares y declaró que “nunca se había establecido un marco legal ni un conjunto de instituciones públicas dedicadas específicamente a dar una respuesta integral, con todos los instrumentos del Estado, a este grave problema”. Cabe recordar que México cuenta con más de 30 mil desaparecidos.

En un evento privado en la Residencia Oficial de Los Pinos, al que solo asistieron familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Peña Nieto dijo que habrá un plazo de 60 días para avanzar hacia la instrumentación de esta legislación, entre otras cosas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda que conducirá las acciones, y la conformación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. La Secretaría de Gobernación tendrá para el 2018 un presupuesto de 186.3 millones de pesos para la creación de la comisión nacional de búsqueda, el fortalecimiento de la Plataforma México y la operación del Banco Nacional Forense.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos afirmó que “la promulgación de esta nueva Ley es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos e impunidad en nuestro país. Sin embargo, las familias exigimos que la promulgación tenga ruta clara para la implementación y cuente con los recursos adecuados y suficientes, más allá de los dotados actualmente en el presupuesto 2018”.

Cabe mencionar que una encuesta sobre desaparición forzada levantada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados arrojó que la mayoría de los mexicanos califica como malas las acciones de búsqueda de personas y mala o muy mala la labor del gobierno para castigar los casos de desaparición forzada. No obstante, un 53.3% de los encuestados se mostró optimista ante la creación de la ley general de desapariciones forzadas. Además, 64% estimó como

Para más información:

Promulga Peña Ley de Desapariciones Forzadas (La Jornada, 16 de noviembre de 2017)

Familiares de víctimas exigen a Peña una implementación eficaz de la Ley de desaparecidos (Animal Político, 16 de noviembre de 2017)

Acciones por desaparición arrancan con 186.3 mdp (El Economista, 22 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: aprueban Ley de Desaparición forzada (17 de octubre de 2017)

México : Pronunciamientos y acciones en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (5 de septiembre de 2017)

Guerrero: Foro sobre desaparición forzada (22 de agosto de 2017)

Chiapas: a un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas

A un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas (18 de noviembre de 2016), la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas denunció en un comunicado acciones y omisiones gubernamentales. Informó que en este plazo documentó “119 muertes violentas que deben investigarse como feminicidios y 46 feminicidios documentados; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra en 2017, de enero a octubre, 27 feminicidios y 35 muertes dolosas, lo que arroja un total de 62 mujeres asesinadas en Chiapas”. Por lo mismo concluyó: “Todo lo que hemos documentado a lo largo de este año de la Alerta de Violencia de Género es lo que nos permite caracterizar que en Chiapas y en México tenemos un Estado feminicida, ya que no sólo es permisivo sino cómplice de la violencia contra las niñas, mujeres y ancianas y la creciente violencia feminicida en nuestras casas, calles, comunidades y ciudades de la entidad”.

En las principales deficiencias en la implementación de la AVG, la Campaña enfatizó :

– « La dilación injustificada de las instituciones del gobierno estatal, en concreto de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, de cumplir con los acuerdos que permitirían subsanar o disminuir la negligencia institucional como el procedimiento de investigación, la aplicación de protocolos, medidas de protección, servicios de traducción y la asistencia profesional en el servicio público para atender, canalizar y erradicar vicios frecuentes ».

– « La ineficaz coordinación entre las instituciones de los tres órdenes del gobierno, municipal, estatal y federal ».

– « La ausencia y vacío de autoridad del poder ejecutivo estatal ».

– « La instrumentalización y el uso de los recursos destinados a la DAVGM para promocionar la descalificada imagen del gobernador, que simula la atención de las causas de la violencia estructural en Chiapas ».

– « La discriminación a mujeres, racismo y clasismo del gobernador Velasco Coello que ha quedado patente públicamente en mensajes publicitarios machistas y misoginos ».

– « La recurrente omisión e invisibilización de la violencia que particularmente padecen mujeres inmigrantes y refugiadas, niñas y mujeres con capacidades diferentes, personas indígenas, el tráfico y trata de personas que en Chiapas, por ser estado fronterizo, caracterizan a la Alerta de Violencia de Género y su urgente atención multicultural, pluriétnica y generacional ».

– « El estado continua inmerso en un conflicto armado interno, y esta situación de guerra, que militariza al estado y recrudece la violencia y violación de derechos humanos con antecedentes no resueltos de grave violencia contra las mujeres ».

– « Sigue sin respuesta el tema de la atención puntual a mujeres víctimas de violencia, en especial por el acceso a la justicia y a la salud en casos de abuso sexual, físico, psicoemocional y otros ».

Para más información:

A un año de la Declaratoria de AVG en Chiapas, ONG’S denuncian violaciones a DH por parte de gobierno contra mujeres (Revolución tres punto cero, 22 de noviembre de 2017)

Activistas de Chiapas denuncian “Estado feminicida” en México (Proceso, 21 de noviembre de 2017)

Cumple un año sin resultados, AVG para Chiapas (CIMAC Noticias, 21 de noviembre de 2017)

Comunicado completo « En Chiapas, declaramos Estado Feminicida » (Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, 20 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Las organizaciones peticionarias de la AVG en Chiapas, dejaran de asistir a las mesas de trabajo con el Gobierno del Estado por el incumplimiento de acuerdos (16 de octubre de 2017)

Chiapas: Omisiones tras la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (9 de septiembre de 2017)

Chiapas: El Centro de Derechos de la Mujer denuncia faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres y feminicidios. (27 de junio de 2017)

Chiapas: Concluye Misión Civil de Observación a la Costa a dos meses del sismo de 8.2

 

Foto:@ SIPAZ

Del 15 al 17 de noviembre, seis organizaciones nacionales y dos internacionales realizaron una misión de observación (Mco) de derechos humanos en la Costa de Chiapas. Visitaron los municipios de Tonalá y Pijijiapan, dos de los más afectados por el sismo de 8.2 en la escala de Richter del pasado 7 de septiembre. El objetivo de la misión era documentar violaciones de derechos humanos a la población, agresiones a defensores de derechos humanos y “proveer una presencia solidaria y de observación en comunidades afectadas por el sismo”.

La Mco obtuvo “el testimonio de víctimas y comunidades cuya situación de emergencia humanitaria no ha sido suficientemente visibilizada ni atendida” y mantuvo reuniones con los presidentes municipales de Tonalá y Arriaga, además de con funcionarios del Gobierno Estatal.

En sus principales conclusiones, la Mco constató “una grave desinformación sobre los criterios y procedimientos en el otorgamiento de apoyos para el proceso de reconstrucción”. Observó además “ciertas inequidades y elementos discriminatorios en el otorgamiento de apoyos”, así como “una grave descoordinación del gobierno federal con las instancias municipales y con la sociedad”.

Para el proceso de reconstrucción, expresaron su preocupación ante “un intento de canalización de recursos públicos sin licitación clara que quiere hacerse pasar como caridad y solidaridad” y “un proceso de imposición cultural a través de prototipos de construcción que responden a una lógica centralista y no son susceptibles de adaptarse a las necesidades de la población local, no cumplen con los criterios mínimos que permitan un ejercicio del derecho humano a la vivienda digna y ni siquiera cumplen con criterios básicos de calidad”. Afirmaron además que se mantienen “deficiencias importantes en materia de servicios de salud, agua, saneamiento y atención psicosocial dirigida a la población afectada por los sismos, así como preocupantes rezagos en la atención y respuesta a las afectaciones de las instalaciones públicas de salud y educación”.

Finalmente, subrayaron y pidieron acciones ante los “preocupantes testimonios de agresiones a personas defensoras en el contexto de su trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos y apoyo a las personas ý comunidades víctimas en relación a los sismos y réplicas”.

Para más información:

Misión de observación de derechos humanos a la Costa de Chiapas (OSC, 15 de noviembre de 2017)

Lanzan misión de observación en costa de Chiapas, a 2 meses del sismo (Contralínea, 16 de noviembre de 2017)

Recomendaciones preliminares de misión de observación a la Costa (OSC 17 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: México, sacudido por dos potentes sismos enfrenta el shock con una gran ola de solidaridad (26 de septiembre de 2017)

Nacional: sismo de 8,2 grados Richter. Fuertes afectaciones en Chiapas y Oaxaca (14 de septiembre de 2017)

Nacional/Internacional: Termina visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a México

foto: @frayba

Del 5 al 17 de de noviembre, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, líder indígena de Filipinas, realizó una visita oficial a México, que incluyó además de la capital los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua. Se reunió con más de 200 representantes de 23 pueblos indígenas, organizaciones civiles defensoras de sus derechos y funcionarios de todos los niveles.

Al finalizar su visita, declaró que “el inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural están en la base de todos los temas y las preocupaciones” en los rubros “tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas; acceso a la justicia; violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas”. Aún reconociendo “el apoyo de México para el avance de la agenda indígena en los foros internacionales”, “este compromiso debe ser coherente y debería reflejarse en la aplicación de estos estándares en México”.

Sobre el polémico tema de la consulta, afirmó que “incluso en ausencia de legislación nacional sobre esta cuestión, México ya tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier actividad o medidas legislativa o administrativa que pudiera afectarles de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia Interamericana y la Declaración de la ONU. La adopción de legislación específica no es el único mecanismo para aplicar el derecho a la consulta y debe considerarse además el hecho de que no hay un único modelo de consulta, ya que cada pueblo indígena tiene sus propias autoridades y procesos de adopción de decisiones”.

La relatora también subrayó que “las iniciativas de los pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e incorporadas en la estructura política general del país. Además del autogobierno, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política del país. He visto algunos avances positivos que podrían facilitar la participación política de los pueblos indígenas en este ámbito, como la posibilidad de registrar candidaturas independientes”.

Para más información:

Relatora de la ONU constata violaciones a derechos de indígenas en Chiapas (Proceso, 15 de noviembre de 2017)

Declaración de cierre de Misión a México (Victoria Tauli-Corpuz, ONU, 17 de noviembre de 2017)

Discriminación indígena persiste por falta de voluntad política: ONU (La Jornada, 17 de noviembre de 2017)

Indígenas no son consultados sobre megaproyectos que afectan su territorio en México: ONU (Aristegui Noticias, 17 de noviembre de 2017)

Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU visita Guerrero (Boletín de prensa, Tlachinollan, Guerrero, 14 de noviembre de 2017)

Pueblos indígenas presentan recomendaciones ante ONU (Boletín de prensa, Chiapas,15 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Nacional – México: Visita de la Relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas (8 de noviembre de 2017)

 

Nacional/Internacional: WOLA evidencia el alto grado de impunidad ante violaciones a derechos humanos por soldados en México

Foto @ Desinformémonos

El 7 de noviembre, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus insignias en inglés) publicó su nuevo informe con el título “Justicia Olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en México“. En ese mismo denuncia que “los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.“

La WOLA destaca que de los 505 casos registrados entre el 2012 y 2016 en las que la PGR ha investigado en contra de miembros de fuerzas armadas, en mayoría debido a violaciones de derechos humanos como tortura y desaparición forzada, tan solo 16 acusados han sido condenados por el sistema de justicia civil. Eso corresponde a un grado de éxito en las investigaciones de 3.2%, ante lo cual la Jornada denuncia la “falta de efectividad para sancionar a militares“.

El informe señala que “han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia. El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano. Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas.“

Las tres graves consecuencias en la estrategia de seguridad militarizada mexicana han sido según el informe:

1. El aumento de violencia en México y la constante violación de derechos humanos.

2. La disminución de la urgencia y presión para una reforma policial.

3. Que la rendición de cuentas a sido prácticamente inexistente, debido a la impunidad.

Según Proceso el gobierno mexicano rechazó el informe y publicó un comunicado en el que niega “que exista violación a los derechos humanos“.

Para más información:

Informe de WOLA expone “impunidad” en violaciones por parte de soldados; gobierno responde (Aristegui Noticias, 8 de noviembre del 2017)

Peña rechaza informe de WOLA sobre abuso militar y pide a EU estudio sobre tráfico de armas (Proceso, 8 de noviembre del 2017)

Sólo 16 condenas en 505 investigaciones contra militares: WOLA (La Jornada, 7 de noviembre del 2017)

Justicia Olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en México (WOLA, 7 de noviembre del 2017)

Para más información en SIPAZ:

Nacional/Internacional: México ocupa el primer lugar de impunidad en América (12 de septiembre del 2017)

Guerrero: Ayotzinapa, tercera audiencia de oficio en la CIDH: “el gobierno federal no quiere resolver el caso” (26 de octubre del 2017)

Nacional/Internacional: Ejército y fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada: EU (10 de julio del 2015)