Oaxaca: plantón en San José del Progreso desalojado por policía estatal y federal

El día 6 de mayo, pobladores que habían bloqueado las entradas del proyecto de la empresa minera Cuzctalán en el municipio de San José del Progreso desde el 16 de marzo de este año, fueron desalojados por efectivos de la policía estatal y federal.  Movimientos y organizaciones en Oaxaca como Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), El centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA-DH) y la Comisión Diocesana Justicia y Paz, denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública ante la resistencia de ciudadanos exigiendo el derecho a su tierra, tanto como el abuso y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Doce pobladores fueron detenidos en el desalojo y un policía herido según algunas fuentes. VOCAL señaló en su denuncia que “según información de compañeros  que se encuentran en el lugar, aproximadamente 1500 policías desalojaron el plantón que exige la suspensión definitiva de los trabajos de la minera, 12 compañeros fueron detenidos (desconocemos sus nombres), 4 compañeros tienen Orden de Aprehensión,  5 comunidades se encuentran cercadas por la policía hasta estos momentos.”

Cabe recordar que el 14 de marzo 600 afectados por las minerías canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de la subsidiaria mexicana, “Compañía Minera Cuzcatlán” decidieron organizarse para frenar el avance de los proyectos. Estas empresas abarcan aproximadamente 54.000 mil hectáreas en el pueblo San Jerónimo Taviche, municipio de Ocotlán. En una asamblea solicitaron el apoyo de sus representantes “salvaguardar sus territorios”, petición que fue negada por el presidente municipal. Frente a ello, la decisión de cerrar “de forma ordenada y pacífica las instalaciones de la mina” fue tomada e implementada por estas 600 personas en un bloqueo que se estableció el 16 de marzo. Desde el día 20 de marzo se denunció que el bloqueo había sido amenazado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal en varios operativos policíaco-militares.

Para más información:

Desalojan a opositores de la mina en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, denuncia, VOCAL (6/5/2009)

Boletín de prensa sobre el desalojo en San José del Progreso, BARCA-DH (6/5/2009)

Acción Urgente: Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán, BARCA-DH (24/3/2009)

Desaloja policía a pobladores en una mina en Oaxaca; hay 12 detenidos, La Jornada (6/5/2009)

Policías desalojan a comuneros que se oponen a cosntrucción de mina, Olor a mi tierra (6/5/2009)

Levantan a bloqueo en Sa José del Progreso sin incidentes, Las Noticias de Tuxtepec (6/5/2009)

Preparan el operativo en cuartel de la policía; se dirígen a San José del Progreso, Ocotlán, ADN Sureste (6/5/2009)

Habitantes de Magdalena Ocotlán bloquean la carretera; demandan la liberación de detenidos en desalojo, ADN Sureste (6/5/2009)

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Chiapas: nueva Acción Urgente sobre los ocho indígenas tzeltales detenidos en El Amate

En una Acción Urgente del 4 de mayo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció nuevamente la situación jurídica en la que se encuentran los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón. Las faltas de un debido proceso en todo los casos fueron evidenciados por la documentación realizada por el CDHFBC. Una preocupación para el futuro juicio tiene que ver con el hecho de que los ocho hayan firmado sus declaraciones desconociendo su contenido por falta de traductor. Aunque la legislación prohíbe tales declaraciones, fueron aceptadas por el Ministerio Público.

El CDHFBC llamó la atención sobre el hecho que “el Juez de la causa tiene hasta el viernes 8 de mayo para dictar auto de formal prisión o concederles la libertad”. Señaló que el juicio podrá formar parte de la represión “que el gobierno de Juan José Sabines Guerrero ha implementado, inicialmente a través de la Fiscalía Especial Para la Delincuencia Organizada (FECDO) en contra de los integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y del Base Zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la Región de Agua Azul y Agua Clara”.

Para más información:

Acción Urgente: Riesgo que el juez de la causa dicte auto de formal prisión ante de la detención arbitraria, de ocho indígenas tseltales de la región de Agua Azul, CDHFBC (4/5/2009)

Acción Urgente: Temor de ausencia de garantías judiciales/Alegaciones de malos tratos/Preocupación por malos tratos/Preocupación por seguridad e integridad personal, OMCT (6/5/2009)

En condiciones inhumanas, 8 tzeltales esperan sentencia en penal de Chiapas, La Jornada (5/5/2009)

Abogado de indígenas consignados en el penal El Amate denuncia ‘falta de ética’  en el caso, La Jornada (6/5/2009)

Guerrero: otorga un amparo a 5 integrantes de la OPIM

Raúl Hernández Abundio, el unico preso que queda encarcelado

El 29 de abril, el Juzgado Octavo con sede en Acapulco concedió un amparo en contra de las ordenes de aprensión liberados en contra de cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Los cinco hombres son Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez (ex presidente de la OPIM), Braulio Manzanares Lorenzo, José Eugenio Cruz, Félix Ortega Dolores y Merced Santiago Lorenzo. La Jueza Livia Lizbeth Larumbe Radilla concedió que no había suficientes pruebas que corroboraban su involucramiento en el asesinato de Alejandro Feliciano cometido el 1 de enero de 2008.

En total, 15 integrantes de la OPIM fueron acusados de matar a Alejandro Feliciano, señalado como informante del Ejército. Se detuvieron a cinco de ellos. Cuatro fueron liberados por un amparo el día 18 de marzo de este año. Es importante recordar que todavía queda uno, Raúl Hernández Abundio quien fue adoptado como preso de consciencia por Amnistía Internacional, y que se encuentra encarcelado en Ayutla de los Libres desde el 18 de abril de 2008. También quedan ordenes de aprensión en contra de 5 integrantes de la OPIM más. En un comunicado de prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destacó que “La resolución de amparo también demuestra que el gobierno de Guerrero utiliza los aparatos de justicia para perseguir a los defensores de derechos humanos que se organizan y cuestionan el autoritarismo, la militarización, la falta de educación, salud y de otros derechos conculcados sistemáticamente”.

Para más información:

Comunicado sobre el amparo, CDHM Tlachinollan, 29/4

Juzgado otorga amparo a 5 indígenas acusados de homicidio, El Universal, 30/4.

Otorgan amparo a 5 integrantes de la OPIM, La Jornada, 30/4.

Más información de SIPAZ:

Guerrero: Liberan 4 de los 5 defensores de derechos humanos, Blog SIPAZ, 19/3/2009.

Guerrero: Integrantes del OPIM interponen un nuevo amparo, Blog SIPAZ, 5/2/2009

Guerrero: Gobierno federal impugna amparo otorgado a 4 de los 5 detenidos de la OPIM (SIPAZ, 06/11/08)

Chiapas: los ocho indígenas tzeltales de San Sebastián Bachajón trasladados a El Amate

El día 1 de mayo los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón arraigados durante 19 días en la casa de arraigo “Quinta Pitiquitos”, fueron consignados ante un juez en Tuxtla Gutiérrez y luego trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 14, El Amate, (CERSS No. 14 El Amate) en el municipio de Cintalapa. Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) se les ejercitó acción penal por los delitos de robo con violencia y delincuencia a los seis adherentes de La Otra Campaña, el base de apoyo zapatista y otra persona sin vinculación organizativa declarada.

En esta ocasión sus fotografías fueron nuevamente publicadas en medios, identificándolos como parte de “una banda delictiva, dedicada al asalto carretero en el tramo Ocosingo-Palenque”, lo cual constituye en una vulneración al principio constitucional de presunción de inocencia además de estigmatizarlos ante la sociedad. El CDHFBC informó que “existen violaciones al debido proceso en la procuración de justicia, siendo la más grave la falta de un traductor en su idioma, por lo que los 8 detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, los cuales resultaron en declaraciones autoinculpatorios, sin obviar que 7 de ellos declararon bajo tortura”.

Según demuestra la investigación y documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), el “uso sistemático de tortura” vinculado a casos de personas durante el traslado, el arraigo y la declaración ministerial, demuestra una grave debilidad en la protección y respeto de los derechos humanos de personas bajo sospecha de haber cometida un crimen en Chiapas.

Para más información:

Denuncian abusos legales de autoridades chiapanecas en contra de ocho indígenas, La Jornada (3/5/2009)

Tras 19 días de detención arbitraria, consignan ante Juez a los ocho indígenas tseltales de la región Agua Azul, boletín Frayba (4/5/2009)

Guerrero: Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social

Los días 20 y 21 de abril de 2009, se llevó a cabo el “Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social” en Chilpacingo, capital del estado de Guerrero, convocado por varias organizaciones guerrerenses de derechos humanos y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, de los Estados Unidos), con el fin de posicionarse frente a la grave situación enfrentada por los defensores de derechos humanos en México, y en Guerrero en particular, así como trabajar sobre las posibles respuestas frente a ella. El largo título del foro se debe al concepto amplio de defensores de derechos humanos manejado (el de la ONU), concepto que va más allá del trabajo jurídico y integra a muchos movimientos de protesta social.

Katya Salazar, directora del DPLF, y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, introdujeron el foro denunciando la tendencia general de criminalización de los defensores de derechos humanos en el país que empeoró en los últimos meses y se agudizó particularmente en Guerrero con los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) que fueron secuestrados, torturados y ejecutados el mes de febrero, el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla por razones de seguridad, y las amenazas y violaciones sufridas por integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me pahaa (OPIM). Emilie Joly, del DPLF, subrayó que en Guerrero existe un patrón de criminalización de los defensores de los derechos humanos en tres pasos : cierre de los canales de diálogo y negociación, represión de las protestas civiles y pacíficas y uso del poder judicial en contra de los defensores de derechos humanos (delitos desproporcionados o fabricados en contra de ellos y falta de investigación de las amenazas o violaciones sufridas por ellos).

El lunes, se realizaron tres paneles:

-Panel 1: los alcances del sistema interamericano

-Panel 2: Experiencias comparadas de América Latina

-Panel 3: Experiencias de México

El día siguiente las mesas de trabajo para analizar la realidad y valorar estrategias de acción concluyeron con una declaración final incluyendo varias denuncias y exigencias.

Guerrero: La CIDH otorga medidas cautelares a 107 defensores de DDHH en Guerrero

El día 21 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución a través de la que exigió al gobierno Federal y al de Guerrero de implementar medidas de protección para 107 defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. 41 de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), los integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores de derechos humanos asesinados en febrero de 2009, y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan).

Las medidas cautelares fueron otorgadas por una petición del 7 de abril y demuestra la falta de condiciones adecuadas para la realización del trabajo de los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. Después de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, las amenazas en contra de defensores de DDHH se han intensificado. Se han denunciado constantes amenazas de muerte en contra de familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas, así como en contra de los integrantes del CDHM Tlachinollan. También los integrantes de la OPIM han recibido amenazas por su trabajo en la región de Ayutla de los Libres.

En respuesta al llamado de organismos de DDHH nacionales e internacionales para implementar medidas de protección en favor de los defensores de derechos humanos en Guerrero, el gobierno del estado destacó que no se puede dar protección especial para algunos ciudadanos. Según la Jornada de Guerrero, el Secretaría de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, dijo que “no sólo las organizaciones sociales tienen derecho a la protección”. En respuesta Abel Barrera, el director del CDHM Tlachinollan, denunció la falta de voluntad política para proteger el trabajo de derechos humanos.

Para Más Información:

Denuncian al país por violaciones a indígenas, El Universal, 21/4/09.

Demanda CIDH protección para defensores ante nuevas amenazas, La Jornada Guerrero, 22/4/09.

Rechaza el gobierno de Torreblanca proteger a defensores de derechos, La Jornada Guerrero, 23/4/09.

Más Información de SIPAZ:

Guerrero: continúan hostigamiento y agresiones contra defensores de derechos humanos, Blog SIPAZ, 27/3/09.

Guerrero: Organizaciones nacionales e internacionales exigen una investigación sobre el asesinato de los dos defensores de derechos humanos, Blog SIPAZ, 27/2/09.

Guerrero: se encuentran los cuerpos de dos lideres mixtecos desaparecidos desde el 13 de febrero, Blog SIPAZ (23/2).

Oaxaca: nuevas amenazas en el caso Marcelino Coache

Fuente: http://www.adnsureste.info

El día 27 de abril se difundió una Acción Urgente por parte de varias organizaciones de Oaxaca que están dando seguimiento al caso de Marcelino Coache Verano, dirigente de la APPO quien fue secuestrado y torturado el 4 de marzo de este año. Los nuevos hechos que impulsaron la Acción Urgente sucedieron el 25 de abril. Se trata de hostigamiento telefónico y amenazas de muerte en contra de la esposa de Marcelino Coache tanto como en contra de las abogadas en el caso: Alba Cruz Ramos del Comité 25 de Noviembre, Yesica Sánchez Maya de Consorcio y Beatriz Casasa Arellanes Barcadh y el padre Romualdo Francisco Mayrén Peláez (el padre Uvi) que también está dando seguimiento al caso.

Según la Acción Urgente: “estos hechos constituyen un obstáculo al trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos de los y las defensoras de derechos humanos, reconocidos como un derecho fundamental en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por Naciones Unidas el 9 de diciembre de de 1998. Por lo tanto responsabilizamos al Gobernador C. Ulises Ruiz Ortiz, Procurador de Justicia del Estado C. Evencio Nicolás Martínez Ramírez y al Secretario de Seguridad Pública C. Javier Rueda Velazquez de cualquier agresión, ataque físico, moral y psicológico de nuestros compañeros en riesgo”.

Más información:

Acción Urgente: Amenazas e intimidación en contra de la familia Coache Rivera y Defensores de Derechos Humanos (27/04/2009)

Boletín de prensa: Amenazas e intimidación en contra de la familia Coache Rivera y Defensores de Derechos Humanos (27/04/2009)