El 10 de noviembre, Enlace, Capacitación y Comunicación de Comitán, contraparte de SIPAZ e integrante de la Red por la Paz, hizo una denuncia pública sobre el allanamiento de la vivienda de uno de sus integrantes: el 8 de noviembre a las 3:30 de la mañana, más de 18 policías que portaban armas largas, vestidos de civil y con pasamontañas entraron abruptamente al domicilio de Adolfo Guzmán Ordaz y su familia, ubicado en la ciudad de Comitán, argumentando que tenían una orden de cateo. Este hecho parece inscribirse en la tan señalada tendencia a la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos. Reproducimos a continuación la totalidad del boletín emitido.
“Comitán de Domínguez, Chiapas, 10 de noviembre del 2009
A las Organizaciones Sociales y Civiles
A los Organismos de Derechos Humanos
A la Sociedad Civil
Por medio de la presente, ENLACE Comunicación y Capacitación A.C. hace una denuncia pública sobre los acontecimientos ocurridos contra la familia de nuestro compañero Adolfo Guzmán Ordaz, integrante del equipo de Enlace en Comitán. El pasado 08 de noviembre a las 3:30 de la mañana, Adolfo y su familia sufrieron el allanamiento de su vivienda por parte de oficiales de la Policía Ministerial. Más de 18 policías que portaban armas largas, vestidos de civil y con pasamontañas entraron abruptamente a su domicilio, ubicado en la ciudad de Comitán, argumentando que tenían una orden de cateo (de la cual su contenido no fue mostrado y a la hasta el momento no hemos tenido acceso) que les permitía revisar la casa y encontrar a una persona, de la cual se desconocía el nombre y los motivos de su búsqueda.
Los policías ministeriales ingresaron a la vivienda con las armas encañonadas y se desplegaron a lo largo de toda la casa; mientras uno de los oficiales interrogaba a Adolfo, los otros revisaron las habitaciones donde se encontraban los demás integrantes de la familia (dos menores y la pareja de nuestro compañero). Cuando se encontraron con Margarita Martínez Martínez, pareja de nuestro compañero, sorprendida y asustada pidió explicaciones para saber el por qué del allanamiento, pero los oficiales se limitaron en contestarle que ellos estaban haciendo su trabajo. Durante el operativo revisaron todos los espacios de la casa y tomaron fotos y video de la familia, las habitaciones y sus pertenencias.
Ante la insistencia por encontrar a “alguien más” Margarita Martínez, acompañada y encañonada por los policías recorrió todas las habitaciones para enseñarles que ahí no había nadie. Los oficiales entraban a las habitaciones de manera prepotente y con las armas apuntando hacia el frente, inclusive en los cuartos de los menores; estas actitudes provocaron miedo en los niños, quienes al escuchar el alboroto despertaron aterrados.
Durante el operativo los policías impidieron que los menores estuvieran acompañados por sus padres, y mantuvieron a la familia separada, lo cual generó más angustia y temor entre los integrantes. Mientras Margarita recorría los cuartos, nuestro compañero Adolfo era interrogado en el patio delantero por uno de los oficiales, quien le preguntó sobre su trabajo, procedencia, tiempo de residencia y nombre del propietario de la casa, además, para corroborar la información, le pidió su credencial de elector y anotó sus datos.
Durante el cateo los oficiales no golpearon físicamente a nadie, tampoco movieron o maltrataron las pertenencias, pero sí causaron graves daños psicológicos irremediables a la familia y especialmente contra los menores, ellos no han querido regresar a su casa y les atemoriza integrarse a sus actividades cotidianas.
Al finalizar el operativo y tras la insistencia de la familia los policías dijeron que la orden de cateo era la No. 80-2009 y que en un par de días llevarían una constancia que deberían firmar, diciendo que no causaron daño alguno a la propiedad o pertenencias.
Ante la incertidumbre de este acontecimiento, Adolfo Guzmán Ordaz acudió al Juzgado Primero en Comitán para corroborar el motivo del cateo y solicitar una copia del documento oficial. Ahí fue atendido por el licenciado Elivar Narváez quien le dijo que tal solicitud la tendrían que hacer en las oficinas de la Subdirección de Control de Procesos. Al llegar a las oficinas de esta subdirección, lo remitieron al Juzgado del Ramo Penal Especializado en Medidas Cautelares, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Una vez que pudo comunicarse con el encargado de esta dependencia, el Lic. Ernesto Hernández Ruiz le dijo que era responsabilidad del Juzgado Primero resolver su solicitud. Posteriormente, al regresar al Juzgado Primero, el responsable Elivar Narváez comentó que no era competencia de esa oficina exponer la orden de cateo o la averiguación previa, ya que este oficio no podía ser mostrado porque de ser así se estaría atentando contra la confidencialidad de quienes ordenaron el operativo.
Esta medida e incertidumbre tiene preocupada a la familia, y a los integrantes de ENLACE, ya que resulta incierto e impune no saber dónde obtener la información para conocer los motivos del cateo, ni ante qué instancias ampararse.
Para Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. estos hechos son una violación a los Derechos Humanos y una forma agresiva de intimidación para la familia y para el trabajo que realizan los miembros de nuestra organización, por lo que condenamos enérgicamente dichos actos y responsabilizamos a las autoridades ministeriales encargadas de “impartir justicia”, así como a las autoridades del Municipio de Comitán y del Estado de Chiapas por cualquier agravio en contra de los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación y/o de sus familias.
Es importante decir que estos acontecimientos se dieron en el marco de una serie de operativos y cateos, efectuados la misma madrugada, contra algunos dirigentes campesinos y mujeres líderes de canasteras (vendedoras del mercado). Con estos hechos el gobierno municipal ha demostrado su nula voluntad para negociar los problemas sociales, así como su incapacidad para encontrar el dialogo político que resuelva de manera pacifica los conflictos, su apuesta ha sido seguir el camino de la criminalización contra la protesta social y la lucha por los derechos laborales.
Por lo tanto, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a las organizaciones no gubernamentales, a las redes de organismos civiles y a las y los ciudadanos para que difundan los acontecimientos ocurridos y se adhieran a esta denuncia. No permitamos que estos actos permanezcan en la impunidad y se conviertan en algo cotidiano que tengamos que aceptar.
Atentamente
Enlace Comunicación y Capacitación A.C.”
El 15 de noviembre del 2009, la Junta de Buen Gobierno Nueva Semilla que va a producir del caracol V de Roberto Barrios (zona Norte de Chiapas) publicó un comunicado en el que denunció una serie de amenazas y agresiones en contra de dicho Caracol y en particular en contra del centro educativo autónomo zapatista que funciona en Roberto Barrios.
Escrito por SIPAZ 
