Chiapas: Bloqueo levantado y liberación de detenidos en Mitzitón

El 24 de marzo, los adherentes de la Otra Campaña de Mitzitón, municipio de San Cristóbal, difundieron una carta abierta anunciando que habían levantado el bloqueo de carretera que mantenían desde la detención del adherente Manuel Díaz Heredia por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR). La misma carta también informó de la liberación los dos policías y tres funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que los adherentes de Mitzitón retuvieron el mismo día de la encarcelación de Díaz Heredia para ejercer presión hacia la obtención de su libertad. Anunciaron que esperarían el término constitucional ampliado de 144 horas para la resolución judicial sobre el detenido, advirtiendo que de no dejarlo en libertad, continuarían con “acciones de protesta más fuerte,” incluyendo un “bloqueo permanente”.

El 25 de marzo, el ejidatario Manuel Díaz Heredia, salió libre del penal El Amate. Por falta de pruebas demostrando su presunta participación en tráfico ilegal de personas, el juez le otorgó la libertad sin cargos.

Para más información:

Carta pública de los adherentes de Mitzitón del 24 de marzo anunciando levantamiento del bloqueo y nuevas acciones.

Liberan por falta de pruebas adherente a la otra campana en Mitzitón (La Jornada, 26 de marzo)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas:  riesgo de enfrentamiento en Mitzitón tras detención de un ejidatario (24 de marzo)

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Chiapas: desatención médica en caso de Alberto Patishtán

El 22 de marzo, el profesor Alberto Patishtán Gómez, preso encarcelado en el Penal No. 5 de San Cristóbal de las Casas y miembro de La Voz del Amate emitió una carta pública dirigida a los medios de comunicación, los adherentes de la Otra Campaña, las organizaciones independientes, las organizaciones de derechos humanos, y la Sexta Internacional denunciando el comportamiento de los distintos niveles de gobierno en relación a los presos en general y en su caso particular.  En una carta escrita desde el hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, Patishtán, recipiente del reconocimento jTatic jCanan Lum otorgado por el obispo emérito Samuel Ruíz García en enero de 2010, cuestionó el hecho que las cárceles mexicanas “están sobre-pobladas hoy en día debido a la injusticia sistémica y a la mala aplicación” de la ley.  Según Patishtán, los encarcelados han perdido “terrenos, casas, dinero, trabajo, [y] familia” debido a sus encarcelamientos, y también viven en actualidad “mal alimentados y desatendidos por las enfermedades  y expuestos  a cualquier contagio por falta de prevenciones.”

De hecho, Patishtán destacó que, debido a “la negligencia y la burocracia” de los “encargados” del Penal No. 5, ha perdido la visión de su ojo derecho (razón por lo que se encuentra actualmente hospitalizado).  Frente a ello, Patishtán exigió que las autoridades “intervengan en el  trato más inmediato a los enfermos” y así “cortar o desaparecer  el burocratismo” que él ve como “un obstáculo  enorme que impide al trato de los enfermos indígenas y no indígenas.”

Patishtán concluyó exigiendo su “libertad inmediata  e incondicional” tanto por su inocencia como por el estado médico delicado en el que se encuentra, así como invitando a los pueblos a seguir luchando por “la Libertad y la Justicia.”

Para mas información:

Carta completa de Alberto Patishtan (22 de marzo)

Para mas información (de SIPAZ):

Chiapas: Entrega de reconocimiento Jtatic Samuel JCanan Lum a Alberto Patishtan, 30 enero 2010

Chiapas: caso Patishtán genera eco en México y el mundo, 17 septiembre 2009

Chiapas: denuncia pública de la JBG de la Garrucha sobre Ranchería Amaytic

Desde el 16 de marzo, bases de apoyo zapatistas de la ranchería Amaytik, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, se encuentran perseguidas y amenazadas de desalojo y muerte por unos 200 miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). La Junta de Buen Gobierno (JBG) El camino del futuro, del caracol de La Garrucha, denunció que priístas opddiques, con armas de fuego, están persiguiendo a nuestros compañeros queriéndolos agarrar, y las mujeres están solas en sus casas, las están amenazando que los van a matar a todos sus animales, y que van a ser desalojadas.

En los antecedentes de este conflicto, la JBG explica que empezó el 25 de Agosto de 2002, con “un problema de separación de pareja en La Ranchería Amaytic”, en el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magon donde  intervinieron las autoridades autónomas. Lorenzo Martinez Espinoza, vocal del consejo autónomo y Jacinto Hernandez Gutierrez, agente autónomo” fueron asesinatos con arma de fugo y machetes y garrotes al retirase del lugar.

Según el comunicado “los asesinos” se fueron de la Ranchería y buscaron refugio en el ejido de Peña Limonar. Las autoridades autónomas ya no les permitieron vivir en La Ranchería Amaytic. Este 15 de marzo, los priístas buscaron imponer su regreso acompañados por personas de Peña Limonar, Yoc Navil, Pamanavil, San Antonio Catarraya, Ranchería Ganxanil y Nueva Providencia.

La JBG concluyó: “Defenderemos nuestros compañeros y nuestras tierras, con un arreglo según nuestra costumbre; no queremos problemas, siempre buscaremos el arreglo de las partes de donde nace el problema, pero siempre se mete el mal gobierno y es ahí donde no se arregla porque de por sí es otra (la) intención, se llama contrainsurgencia”.

Para más información:

Denuncia de JBG de la Garrucha

La Jornada: La Opddic apoya retorno a Amaytik de implicados en dos asesinatos en 2002

Guerrero: nuevas amenazas en contra de Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM y testigo en el caso de Inés Fernández Ortega vs. México

El día miércoles 6 de marzo del 2010, Obtilia Eugenio Manuel, indígena me´phaa, defensora de derechos humanos en el estado de Guerrero, Presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y beneficiaria de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2009, nuevamente fue víctima de amenazas, a través de una carta anónima dirigida a ella que fue encontrada en la oficina de la OPIM.

Cabe subrayar que Obtilia también es testigo en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mismos que serán analizados este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas son mujeres indígenas del pueblo Me’phaa que fueron violadas sexualmente y torturadas por efectivos militares en el año 2002, en medio de un contexto caracterizado por la represión contra los movimientos sociales y las organizaciones indígenas del estado de Guerrero. A la fecha los casos no han sido investigados, los responsables no han sido sancionados y los daños no han sido integralmente reparados.

En un pronunciamiento público, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan subrayaba: “En la mayoría de los casos de agresiones ocurridas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero no se ha logrado el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el sometimiento a proceso conforme a derecho de los mismos. La impunidad, la ausencia total de investigación y de acceso a la justicia ha hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos en Guerrero pues cuando el Estado renuncia al cumplimiento de su deber de garantía y protección el mensaje es de impunidad para los agresores”.

Para más información:

Recuento de los hechos vinculados a estas nuevas amenazas (Tlachinollan)

Pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (16 de marzo de 2010)

Acción Urgente de Amnistía Internacional

Carta de Tlachinollan y CEJIL para solicitar apoyo en el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Más información de SIPAZ:

Guerrero: continúan hostigamiento y agresiones contra defensores de derechos humanos (marzo de 2009)

Guerrero: acción urgente en caso de nuevas desapariciones forzadas

En el estado de Guerrero parece que las desapariciones forzadas no sólo pertenecen al pasado doloroso de la guerra sucia de los 60 y 70  sino también a un presente de mucha violencia y violaciones reiteradas a los derechos humanos, muchas de las cuales están atribuidas a elementos del ejército.

En el mes de febrero de este año, ocurrieron dos nuevas desapariciones forzadas en la ciudad de Chilpancingo. RAÚL EVANGELISTA ALONSO fue llevado detenido por militares quienes ingresaron violentamente a su casa el 3 de febrero “sin que al momento haya sido puesto a disposición de alguna autoridad ministerial o judicial”, y ROBERTO GONZÁLEZ MOSSO quien fue llevado desde su trabajo el día 5 de febrero por “sujetos vestidos de negro, cubiertos del rostro, portando armas largas y señalando que eran elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)” que llegaron acompañados por “dos comandos militares”. Desde estos hechos las distintas autoridades competentes “negaron que tuvieran detenida a persona alguna con ese nombre y tampoco implementaron acciones para detener al hoy desaparecido”. En ambos casos, los familiares presentaron una denuncia en contra de estos hechos.

Las organizaciones integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC solicita a la sociedad civil que presione a las autoridades competentes a través de una acción urgente exigiendo:  una investigación objetiva e imparcial sobre las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos así como la protección de aquellos, la presentación con vida de Raúl y Roberto, y asimismo que puedan enfrentar un proceso justo en caso de estar relacionados con algún delito.

Para el detalle de los hechos y un modelo de carta:

Acción Urgente (Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC)

Para más información:

Denuncian que soldados levantaron a dos hombres en Chilpancingo (La Jornada Guerrero 10/02/20109)

Rompen el Estado de derecho las operaciones militares que incomunican a detenidos: Codehum (El Sur de Acapulco 11/02/2010)

Piden familiares de dos levantados en Chilpancingo que el Ejército informe sobre su paradero (El Sur de Acapulco 22/02/2010)

México: Declara AI presos de consciencia a activistas contra altas tarifas de luz

Sara Lopez ©AI

El pasado 4 de marzo, Amnistía Internacional (AI) declaró presos de consciencia a Sara López González, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar del Movimiento de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche, quienes desde el 10 de julio de 2009 se encuentran presos en el penal de San Francisco Kobén, Campeche, por luchar a favor de una tarifa justa de la energía eléctrica. Por su parte, la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica anunció varias actividades en todo el país, después de haber celebrado su Segundo Encuentro a nivel nacional, el pasado 27 y 28 de febrero en la Ciudad de México.

Joaquín Aguilar ©AI

En su declaración sobre los tres encarcelados de Campeche, AI resalta que “Estas tres personas fueron detenidas en julio de 2009 en relación con su participación en el movimiento. La Procuraduría General de la República acusa a los tres dirigentes de retener presuntamente como rehén a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana. Los cargos se basaron en una querella interpuesta por el representante legal de la CFE por obstrucción de servicio público, un delito menor. La querella se presentó tras una reunión de los dirigentes con la CFE para pedir la reconexión del suministro de electricidad. Sin embargo, la Procuraduría General de la República fabricó después el cargo adicional de toma de rehén, un delito grave por el que no se puede conceder la libertad bajo fianza. […] ‘Los cargos penales presentados contra Sara, Joaquín y Guadalupe son totalmente infundados y parecen haberse presentado únicamente para detener su campaña contra las elevadas tarifas eléctricas’, ha afirmado Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.”

Guadalupe Borjas ©AI

Por su lado, la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica anunció una campaña internacional para exigir la liberación de los presos de consciencia de Candelaria. Además, expresó que participará en actos de solidaridad con el movimiento de resistencia a las presas hidroeléctricas en el Día Internacional contra las Represas y por los ríos, el próximo 14 de marzo, y se sumará a las acciones de la “Huelga Política Nacional”, convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y anunciada para el próximo 16 de marzo. Denunció una “coalición” entre la CFE y la Procuraduría General de la República para “fabricar delitos e inventar acusaciones falsas” en contra de quienes luchan por una tarifa justa, así como “las órdenes de aprehensión que se han girado en contra de integrantes de nuestra Red Nacional en Ixtepec y Santa María Xhadani, Oaxaca; Minatitlán y Tatahuicapan, Veracruz; Candelaria, Campeche, así como de integrantes de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos”.

Para más información:

• AI: “Líderes de protestas castigados por luchar contra elevadas tarifas eléctricas en México” (04/03/2010)
• Boletín de prensa de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica sobre la declaración de AI (05/03/2010)
• Boletín de prensa de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica tras su Segundo Encuentro (03/03/2010)
• Entrevista con Sara López González, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar en el penal de San Francisco Kobén, Campeche, realizada por el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa” de Tonalá, Chiapas (video) (12/02/2010)

Más información de SIPAZ:

• “¡La luz es del pueblo!” (SIPAZ Informe Vol. XIV No. 3, noviembre de 2009)
• Campeche: Encuentro Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Candelaria, Campeche (01/10/2009)
• Chiapas: Pronunciamientos de solidaridad con los 5 detenidos en Candelaria, Campeche (16/07/2009)
• Campeche: Detención violenta de integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria, Campeche (13/07/2009)
• México: Se constituye la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica (19/05/2009)

México: Centro ProDH presenta informe “Violencia e impunidad, rostros del México actual”

A principios de marzo, el Centro Prodh publicó un nuevo informe titulado “Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual”. A partir de casos de los últimos dos años (incluyendo varios de Chiapas), aborda temas como: las mujeres indígenas ante el sistema de justicia, la falta de controles civiles sobre el ejército, la importancia de los sistemas universal e interamericano para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, las violaciones a DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) -en concreto las políticas de vivienda y el desalojo forzoso provocado por la realización de megaproyectos- y las formas de acción del estado contra quienes exigen, promueven y defienden los derechos humanos.

En el resumen ejecutivo, se subraya: “Hay en México un clima de impunidad observable en el sistema de justicia, en los centros penitenciarios y en los abusos, detención, hostigamiento, tortura y asesinato de defensores de derechos humanos. Este clima no es nuevo, pero se ha renovado con la creciente militarización del territorio bajo el pretexto de la “lucha contra el tráfico de drogas”. Con la participación militar en tareas de seguridad pública han aumentado las violaciones a derechos humanos; la impunidad se refleja en la falta de castigo a los responsables y al mismo tiempo la violencia asuela diversas regiones del país. En el informe Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual se analiza la situación de los derechos humanos desde los campos de acción del Centro Prodh a fin de mostrar la responsabilidad gubernamental en la creación o mantenimiento de las condiciones que hoy amenazan a la sociedad”.

Para más información:

Consulta el índice y la introducción del informe

Consulta el resumen ejecutivo

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