Oaxaca: ataque en contra de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas

@ mx.geocities.com/staluciamonteverde

El miércoles 22 de julio, residentes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla Villa Guerrero, denunciaron que un grupo que señalaron como “paramilitares” del poblado vecino de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, dispararon a su comunidad, hiriendo de gravedad a Jaime Jiménez Cruz, de 40 años de edad.  Las dos comunidades, que se ubican en la región mixteca del estado de Oaxaca, han experimentado conflictos por cuestiones agrarias.  Varios residentes de Zimatlán intentaron evacuar la zona de Zimatlán ante la amenaza de una agresión, pero no pudieron logrado por el cerco mantenido por el grupo agresor.

Para permitir la evacuación de niños, mujeres y ancianos de la comunidad, habitantes de Zimatlán solicitaron al Centro de Derechos Humanos y Asesoría a los Pueblos Indígenas (Cedhapi) que organice una caravana humanitaria que tiene previsto salir este sábado 24. Pidieron a la seguridad pública del estado y a la Secretaría General de Gobierno garantizar la seguridad de los desplazados, y a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos el envío de un representante.  Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Oaxaca un informe sobre la realidad experimentada en Zimatlán; las autoridades respondieron diciendo que se había otorgado seguridad a los afectados, y que “los hechos delictuosos se están investigando.”  Cabe destacar que en un comunicado reciente, Cedhapi había asegurado  que las autoridades estatales no habían respondido a las llamadas de auxilio de los habitantes de Zimatlán para detener al grupo agresor.

Para más información:

Denuncian ataque de paramilitares en la Mixteca oaxaqueña; un herido (La Jornada, 23 de julio)

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Chiapas: el gobierno estatal promueve la ampliación del cultivo de agrocombustibles

La conferencia del 14 de julio (@ La Crónica de Hoy)

El miércoles 14 de julio se llevó a cabo el foro “Plan de Vuelo hacia los Biocombustibles Sustentables de Aviación en México” en el Centro Internacional de Instrucción (CIIASA). Fue organizado por la organización Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo vinculado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado de Chiapas.  En la conferencia participaron Gilberto López Meyer, director General de ASA, Sandra Herrera Flores, subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Adrián Fernández Bremauntz, presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE); también asitió y participó en el foro Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado.  El objetivo de la conferencia, según López Meyer, era “integrar las perspectivas y talentos de los participantes” (integrantes de instituciones gubernamentales, privadas, académicas, y expertos mundiales vinculados con empresas aeronáuticas y energéticas) hacia la promoción de una visión más amplia para el uso de los agrocombustibles en el sector de la aviación en México.

Durante el evento, Fernández Bremauntz aseveró que reemplazar combustibles fósiles de los hidrocarbonos por biocombustibles en la aviación representaría una oportunidad para  disminuir la intensidad de las emisiones de gases invernaderos del sector de la aviación en México (se estima que representa el 1.3 por ciento del total del país).  Añadió que “la vía adecuada es la que adoptó Chiapas” al ser el estado que más ha promovido el cultivo de agrocombustibles en México y cuenta con 50 mil hectáreas dedicadas a la producción de palma de aceite, y 10 mil de jatropha. López Meyer consideró que la expansión del uso de agrocombustibles “de concretarse redundará en una mejor calidad de vida para los habitantes de este planeta”. El gobernador, por su parte, expresó su deseo que el compromiso de su gobierno con la producción de agrocombustibles se replique en otras zonas. También indicó que el ejemplo de los agrocombustibles promovido por su gobierno podría servir útilmente a resistir los desafíos de la pobreza en la República de México y al cambio climático en general.  Durante la conferencia se plantearon metas como abastecer con agrocombustibles el uno por ciento de la demanda nacional para el año 2015 (aproximadamente 40 millones de litros anuales), y el 15 por ciento para el 2020 (más de 700 millones de litros).  Lograr estas metas requeriría la creación de cuatro refinerías y la expansión masiva del cultivo de agrocombustibles.

El compromiso de promover los agrocombustibles claramente no es solamente un compromiso del gobernador de Chiapas.  En una reunión que tuvo Sabines Guerrero con López Meyer a principios de julio, reconoció que ha sido la visión del presidente de la República, Felipe Calderón. Sostuvo que el estado de Chiapas siempre recordara al presidente Calderón como el gran impulsor del biodiesel.  Carlos Pedrero Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas y actual coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, aseveró a mitad de este mes que “la experiencia que Chiapas está registrando en uso de biocombustibles [sic] es altamente positiva”

Desde otros puntos de vista no obstante, tanto el compromiso del gobierno de Chiapas de ampliar el cultivo de agrocombustibles, como la posibilidad de que sea replicado en otras partes del país, podrían implicar serios riesgos para la seguridad alimentaria en general, y particularmente para los ya vulnerables a la desnutrición, dado que en muchos casos el cultivo de agrocombustibles tiene que competir con la producción de cultivos destinados a la alimentación humana.  Por lo mismo Jean Ziegler, Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008, llegó a declarar que la producción de agrocombustibles representaba un “crimen contra de la humanidad.”

Para más información:

Realiza ASA Foro de Biocombustibles Sustentables de Aviación (La Crónica de Hoy, 15 de julio)

Busca el Gobierno Federal incorporar el uso de biocombustibles en la aviación (comunicado de prensa de SEMARNAT, 14 de julio)

Chiapas, ejemplo nacional en uso de biocombustibles (Chiapas Hoy, 16 de julio)

El proyecto de biocombustibles en Chiapas es la visión de estadista del presidente Calderón: Juan Sabines (La Crónica de Hoy, 3 de julio)

Chiapas a la vanguardia en uso de fuentes de energía alternativa: Carlos Pedrero (Chiapas Hoy, 19 de julio)

Chiapas: Detención y posterior arraigo domiciliar de varios integrantes de la Sección VII del magisterio

Víctor Hugo Zavaleta en una manifestacion en San Cristóbal @ Moyses Zúñiga, La Jornada

El 16 de julio, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fueron detenidos los maestros Pedro Gómez Bamaca y Carlos Misael Palma López, del Bloque Democrático Magisterial de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) perteneciente a la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como el médico Víctor Hugo Zavaleta, de la Sección 50 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y el dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), Caralampio Gómez Hernández, así como seis integrantes más de esta última organización. De acuerdo a una Acción Urgente emitida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las detenciones se dieron de forma arbitraria y se deben a la movilización del magisterio en la capital chiapaneca, así como a la solidaridad que recibieron de otras organizaciones.

Entre las demandas del Bloque Democrático, estaba la liberación del profesor Alberto Mirón Vázquez, detenido el 7 de julio pasado, supuestamente por el delito de asociación delictuosa durante un plantón y una movilización en mayo y junio pasado. Uno de los motivos de las movilizaciones ha sido el manejo controvertido de la caja de ahorro del magisterio. Además, el Bloque Democrático ha denunciado la imposición de Rosendo Galíndez Martínez como nuevo secretario de la Sección VII del SNTE, de acuerdo a uno de sus comunicados.

Hasta la fecha, permanecen bajo arraigo domiciliar Alberto Mirón Vázquez, Pedro Gómez Bamaca, Carlos Misael Palma López, mientras quedaron en libertad seis integrantes de la OPEZ, así como Víctor Hugo Zavaleta.

Respecto a Caralampio Gómez Hernández, la OPEZ denunció públicamente su arraigo y posterior traslado al CERSS. No. 14 “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa; a causa de un motín en este penal, temen por la seguridad del dirigente de la OPEZ.

Para más información:

• Denuncia pública de la OPEZ por seguridad de Caralampio Gómez Hernández (23/07/2010)
• Cuarto Poder: Demandan liberación de maestros detenidos (21/07/2010)
• Cuarto Poder: Replantear la política ante líderes, solicitan (21/07/2010)
• La Jornada: En diez días, cinco dirigentes sociales detenidos en Chiapas (18/07/2010)
• Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (pdf) (17/07/2010)
• La Jornada: Detienen a dirigente de la CNTE en Chiapas (08/07/2010)
• Blog Observatorio Ciudadano: Maestros de la CNTE exigen libertad del profesor Alberto Mirón Vásquez

Oaxaca: Actualización del caso del Padre Martín

Padre Martín Octavio García Ortiz (@ Ciudadanía Express)

Martín Octavio García Ortiz, sacerdote de la parroquia de San Pedro Apostól en la comunidad de San José el Progreso, municipio de Ocotlán, Oaxaca, fue liberado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca en la madrugada del miércoles 30 de junio tras haber sido retenido por la PGJE después de haber sido secuestrado por un grupo de militantes el 19 de junio, el mismo día en que un enfrentamiento en San José el Progreso resultó en la muerte de dos funcionarios gubermentales y la detención de 11 personas.  La PGJE había detenido al Padre Martín supuestamente por 48 horas “para resolver su situación jurídica”. Ha sido señalado como “agitador” en contra de las operaciones de la empresa minera Cuzcatlán. Tras los esfuerzos por parte de la Iglesia católica y organizaciones civiles de derechos humanos exigiendo su libertad, finalmente fue liberado al fin del mes por falta de elementos que comprobaran su participación en los asesinatos del 19 de junio.

El 5 de julio, el párroco emitió un comunicado dirigido “a todos los pueblos de la parroquia de San Pedro Apostól” y a “amigos y amigas que han seguido mi caso”.  En el comunicado, escrito “desde algun lugar de[l] exilio” del sacerdote, el Padre Martín se deslindó de la presentación de la realidad de San José el Progreso que, según él, promueven los medios de comunicación y los tres niveles de gobierno–municipal, estatal y federal.  Declaró que “la parroquia nunca, en todo este proceso, ha dicho o ha insinuado siquiera que seamos los líderes en la lucha en contra de la empresa minera Cuzcatlán”, y refiriéndose “a los hermanos de la comunidad de San José”, afirmó que “no puede de ningún modo ser su líder,” que “los que viven en los pueblos tienen que ser los principales protagonistas de su organización”. Destacando que no es “el que comanda [la] organización” de Pueblos Unidos del Valle Ocotlán, pidió perdón a los miembros de esta organización, dado que él no “quier[e] que piensen que [él se quisiéra] apoderar de su trabajo y esfuerzo ya que en los medios [le] han señalado a [él] siempre como el líder único de todo el movimiento que ustedes han generado.”  El Padre Martín denunció la tendencia común que tiene el gobierno e intereses dominantes de señalar a un “güerito mestizo” como “el ideólogo de todo” el proceso organizativo, “que manipula a los pobres indios [sic] que no saben nada.”

El sacerdote reconoció que ha participado en el movimiento de oposición en contra de operaciones de minería en San José, lo que lo hace “solamente responsable de haber dado a conocer los bienes y los males del trabajo de extracción minera”.  En este contexto el Padre Martín enfatizó que “la cuestión ecológica, es una de las que hemos privilegiado mucho debido a lo emergente de la situación en la que vive nuestra region” especialmente frente a “uno de los peligros más grandes”: la mineria.  Opinó que el gobierno, la empresa Cuzcatlán y “sus marionetas […] [v]en con peligro que la gente por acción de la parroquia conozca y defienda sus derechos” y que la gente “se vuelva crítica frente a la realidad y a las acciones de los poderosos de nuestro tiempo”.  Terminó su carta pidiendo a sus lectores que no participen en la compra de productos de origen mineral, dado que allí en tales productos hay “millones de litros de agua contaminada con cianuro o con sulfuros”, y que las operaciones de mineria implican “las lágrimas de madres, esposos, padres, hombres y mujeres que tiene[n] a algún familiar encarcelado o [que] ha sido torturado a causa de defender su tierra y territorio de las empresas mineras”.  El padre enfatizó además que “ahora es el momento de seguir adelante, no es momento de tener miedos”:  “Aunque han herido al pastor, las ovejas deben seguir siempre tan organizadas y caminando en su trabajo”.  Concluyó diciendo que “[e]s la hora de que la espada sea desenvainada para iniciar la lucha más fuerte”.

Para más información:

Solución pacífica de conflictos comunitarios (La Jornada, 10 de julio)

Libera PGJE al padre Martín García Ortiz (Ciudadanía Express, 30 de junio)

Comunicado completo del Padre Martín, 5 de julio (MS Word)

Para más informacion de SIPAZ:

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso (26 de junio)

Chiapas: Red por la Paz expresa preocupación por posible detención de defensor de Derechos Humanos

Marcha del movimiento en contra de las altas tarifas en Tonalá, el 8 de marzo de 2010 @ Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa de Chiapas

La Red por la Paz, integrada por organizaciones civiles y de Derechos Humanos del estado de Chiapas, en un pronunciamiento expresó su preocupación por un proceso judicial abierto en contra de Nataniel Hernández Nuñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el cual podría derivar en su detención. A continuación reproducimos el boletín completo:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de julio del 2010

Pronunciamiento de la Red por la Paz

• Preocupación por criminalización del trabajo de defensor de Derechos Humanos
• Llamado a respetar el trabajo de acompañamiento a procesos organizativos

Las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz en Chiapas, manifestamos nuestra profunda preocupación por el proceso judicial que inculpa a Nataniel Hernández Nuñez, director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, en la ciudad de Tonalá, Chiapas.

La acusación se presentó en contra de Hernández Nuñez por su presencia como observador de Derechos Humanos en una manifestación pacífica, realizada por el Consejo Autónomo de la Zona Costa el 13 de abril de 2010. A través de la misma, ésta última organización, que forma parte de La Otra Campaña, denunciaba el robo de cables eléctricos que habían sufrido dos comunidades pertenecientes al Consejo Autónomo. Además, exigían a la Comisión Federal de Electricidad la reinstalación del servicio eléctrico que había dejado a más de 150 familias (en resistencia a las altas tarifas de la luz) sin energía eléctrica por más de una semana.

El día 11 de junio del 2010, la AFI se presentó en el domicilio de Nataniel Hernández Nuñez a dejar un citatorio, para que se presentara el día 15 de junio del las 10:00 horas, en la ciudad de Arriaga, Chiapas. En este citatorio se le informó que existía la Averiguación Previa No. AVP/PGR/032/2010 en su contra, averiguación en la que se le imputa el delito de ataque a las vías de comunicación, situación que pone al afectado en un estado de vulnerabilidad permanente: “El estado procesal en que se encuentra [Nataniel Hernández Nuñez] es la integración de la averiguación previa, estando en espera para que se realice la consignación y se solicite al Juez de Distrito la orden de aprehensión, si es que hay los elementos necesarios.”

Como defensoras y defensores de Derechos Humanos, vemos con preocupación la denuncia penal interpuesta por el gobierno estatal en contra del defensor de derechos humanos, misma que pareciera una muestra más de la recurrente criminalización del trabajo de defensa y acompañamiento que realizan las organizaciones de derechos humanos a distintas organizaciones y comunidades que apuestan a la transformación civil y pacífica en Chiapas.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes y los gobiernos estatal y federal que:

1. Se cancele de inmediato el proceso judicial en contra del director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, por ser un delito claramente ideado para criminalizar y obstaculizar su trabajo.
2. Cese la vigilancia y hostigamiento en contra de Nataniel Hernández Nuñez, así como en contra de las y los demás integrantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”.
3. Se respete el trabajo de las y los defensores de Derechos Humanos en todo el territorio mexicano.

Atentamente

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

Enlace Capacitación y Comunicación, A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Educación para la Paz (Edupaz)

Para más información:

Boletín conjunto del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (pdf) (16/06/2010)

Más información de SIPAZ:

Chiapas: Hostigamiento Judicial a Defensor de Derechos Humanos (21/06/2010)

Chiapas: último comunicado del preso Alberto Patishtán Gómez, y cobertura por La Jornada

El 5 de julio el preso  Alberto Patishtán Gómez, adherente de la Otra Campaña encarcelado por 10 años que actualmente se encuentra detenido en el Hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, emitió una carta pública  en la que denunció que “[d]ecir la  verdad y defender el derecho del prójimo y de todo reclamo social, en México y sus estados  sigue siendo un delito”. En dicha carta, Patishtán Gómez señaló su experiencia ha sido que las “autoridades institucionales” sentencian a los y las mexicanas “por muchos años y [les obligan] a cumplir  de un lugar a otro arbitrariamente”. Se refiere a su propia experiencia  “en este cautiverio  del hospital” donde ya ha permanecido “por casi 6 meses aislado de todo”.  Añadió que durante su estancia en el hospital ha empeorado su situación de salud, y exigió poder volver al penal No. 5  de San Cristóbal de Las Casas así como su libertad inmediata.

LLamativamente y en contraste, el sábado 10 de julio, el diario capitalino La Jornada publicóun artículo sin firmar sobre la situación actual de Patishtán Gómez.  Supuestamente refiriéndose al comunicado de Patishtán del 5 de julio, el artículo erróneamente afirmó que Patishtán había rechazado “que permane[ce] secuestrado en el Hospital Vida Mejor”, y “aseguró [él] que ha recibido adecuada atención médica por parte del gobierno de Chiapas.”

Para más información:

Denuncia de Alberto Patishtán, 5 de julio (Chiapas Denuncia)

Alberto Patishtán reconoce que ha recibido “la mejor atención médica” (La Jornada, 10 de julio)

Para más informacion de SIPAZ:

Chiapas: desatención médica en caso de Alberto Patishtán (25 de marzo de 2010)

Chiapas: Entrega del reconocimiento JTatic Samuel JCanan Lum a Alberto Patishtan (30 de enero de 2010)

Guerrero – breves: PGJE denigra homicidio de Lorenzo Fernández; Sigue presión de ONGs para liberación de Raúl Hernández

 Foto: http://alzatuvozporlalibertadderaul.wordpress.com/ 

A dos años y cinco meses del homicidio de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares en el 2002, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) presentó a un presunto responsable del homicidio. La PGJE concluyó que el homicidio fue consecuencia de un conflicto suscitado durante una borrachera.

La defensa ha argumentado que el pasado 9 de febrero de 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, en el río que cruza la ciudad de Ayutla.Lorenzo era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos de indígenas de su región. Acompañó de manera activa la denuncia de los hechos ocurridos en contra de su hermana, Inés Fernández, así como la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CODDEHUM) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en el 1998.

En un comunicado del 5 de julio, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense) y la OPIM denunciaron que Tlachinollan, como parte coadyuvante, sólo tuvo un acceso limitado a los avances de la investigación y que la conclusión de que el homicidio fue resultado de una borrachera denigra la trayectoria de Lorenzo Fernández como defensor de derechos humanos.

El mismo 5 de julio, Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente exigiendo la liberación inmediata del preso político Raúl Hernández, integrante de la OPIM. Fue detenido el 17 de abril de 2008 y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero. El 30 de junio de 2010, el juez que preside el proceso contra este defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, dio por terminada la fase de presentación de pruebas de su juicio por asesinato. La investigación del lugar del crimen llevada a cabo por el juez confirmó que las declaraciones de los testigos que afirmaban que Raúl Hernández estaba presente en el momento del asesinato no eran fiables. AI pidió a la sociedad civil enviar llamamientos a la PGJE antes del 14 de agosto 2010 para exigir la liberación de Hernández. (véase Acción Urgente abajo).

Finalmente, el 6 de julio, el Solicitor’s International Human Rights Group (SIHRG) publicó un informe sobre la situación de Raúl Hernández. En el informe enfatizó que su encarcelamiento fue basado en mentiras y que no existe prueba ninguna de su participación en los hechos criminales de los cuales fue acusado. El SIRHG expresó su más profunda preocupación por el caso de Hernández y afirmó estar dispuesto a tomar más medidas para proteger los derechos humanos de este defensor.

Para más información:

Comunicado conjunto de Tlachinollan, la Red Guerrerense y la OPIM (5 de julio)

Campaña de Amnistía Internacional para la liberación de Raúl Hernández

 Acción Urgente Amnistía Internacional: Momento clave en el juicio por asesinato contra un activista (5 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández (3 de julio de 2010)