Chiapas: Aceptan indígenas tzeltales violadas por el Ejército Mexicano “reparación del daño” con condiciones

octubre 22, 2010

El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano. Fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares mientras su madre fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas.

El 30 de junio de 1994, las hermanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República que declinó su competencia y envió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). La Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y se archivó el caso en 1996 bajo el argumeno que no se habían cumplido las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones.

Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH que lo admitió en noviembre de 1999. En abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana (civil), para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño. Como explicó Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y asesora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en la conferencia de prensa, la CIHD no envió al Gobierno de México una orden sino una recomendación, ya que México aceptó la jurisdicción de la CIDH hasta 1998, dos años antes de haberse radicado la queja. Nueve años después, dicha recomendación no se ha cumplido.

Dieciséis años después después de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y otros proyectos.

Las hermanas González Pérez plantearon frente a esta propuesta “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “ No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”.

Concluyeron finalmente: “Ahora, como en 1994, condenamos fuertemente los actos cometidos por el Ejército en contra de nuestros cuerpos y nuestros corazones, cuando pasamos por el retén contrainsurgente en Altamirano, Chiapas. Estos actos, que violan nuestros derechos, demuestran la política de terror que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. Por lo cual seguimos y seguiremos luchando en contra de todas las acciones del gobierno que quieren silenciar las justas demandas de nuestros compañeros y compañeras. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles, porque es la única forma en que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde de acuerdo a la ley y ya no se encubra su culpa con el pretexto de proteger al país. Esto es necesario para evitar que el ejército siga violentando los derechos de nuestros pueblos  y su autonomía”.

Para más información:

Comunicado de prensa (Carta firmada por las hermanas González Pérez y su madre, 20 de octubre de 2010)

– Indígenas aceptan oferta de gobierno (Cuarto Poder, 21 de octubre)

La historia de tres niñas indígenas violadas por militares (Proceso, 20 de octubre de 2010)

Sitio Web del Comité Hermanas Gónzalez Pérez: https://hermanasgonzalez.org/

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México: Controvertida, la iniciativa de Calderón para reformar el fuero militar

octubre 22, 2010



El 18 de octubre, el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que modificaría el fuero castrense de tal forma que los elementos de las Fuerzas Armadas que cometen los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, serían juzgados en tribunales civiles. Organizaciones de derechos humanos criticaron la iniciativa como insuficiente, pues no acabaría con la impunidad prevaleciente en lo que se refiere a violaciones cometidas por las fuerzas armadas, además de dejar fuera otros tipos de violaciones a derechos humanos.

La iniciativa del Ejecutivo federal contempla que la persecución de los delitos de tortura, violación y desaparición forzada esté a cargo del Ministerio Público federal. Para su investigación, se crearía la Policía Ministerial Militar, subordinada y bajo el mando de la primera. Los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada, enfrentarían una condena de 20 a 50 años, sin posibilidad de amnistía, indulto o beneficio de preliberación.

Organismos de derechos humanos internacionales criticaron que la reforma impulsada es insuficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México consideró que la iniciativa abre el camino para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Rosendo Radilla (desaparición forzada) y Valentina Rosendo e Inés Fernández (violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército), sin embargo, indicó, se queda corto ya que no abarca todos los delitos cometidos por militares en contra de la población civil, valoración con la que coincidió Amnistía Internacional. En el mismo sentido, la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, criticó que no estén incluidos delitos igualmente graves como el de la ejecución extrajudicial.

Por su parte, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales manifestaron en un boletín conjunto que la reforma del Código de Justicia Militar mantiene las condiciones que favorecen la impunidad en cuanto a abusos de las fuerzas armadas en contra de civiles. Explicaron que la propuesta no armoniza la legislación interna con los tratados internacionales en la materia. Las organizaciones destacan que las sentencias de la CoIDH no serían acatadas con esta reforma, ya que en los fallos emitidos por la instancia interamericana “se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles“. Por su parte, el día 21 de octubre, organizaciones civiles y sociales del estado de Guerrero emitieron un pronunciamiento acerca del tema, recordando “que las cuatro sentencias [de la CoIDH] en contra de México (Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Oaxaca: liberación de comuneros zapotecos y integrante de UCIZONI secuestrados en el Istmo de Tehuantepec

octubre 21, 2010

El 14 de octubre fue liberado Eugenio Angel Molina, Secretario Municipal de San Juan Jaltepec Yaveo, Oaxaca, y responsable de las oficinas de La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) en María Lombardo, tras haber sido secuestrado el 8 de octubre por individuos que, según Carlos Beas Torres, dirigente de UCIZONI, fueron encabezados por el “narcoganadero” Guillermo Bautista.  Pedro Franco y Andrés Pacheco, comuneros simpatizantes de UCIZONI e indígenas zapotecos, también habían sido secuestrados el 8 de octubre, aunque fueron liberados antes de que se liberara a Angel Molina.

Estas agresiones parecen tener su raíz en conflictos agrarios acerca de unos 6.600 hectáreas que se ubican en la zona de San Juan Jaltepec.  Según Beas Torres, el conflicto ha llegado a que grupos armados han cortado el suministro de energía eléctrica desde  junio pasado, lo cual ha afectado a más de 5.000 habitantes de tres poblaciones indígenas de los municipios de Yaveo y Cotzcon.  Estos grupos armados también han mantenido cerrado el camino de acceso a San Juan y a la cabecera municipal desde marzo, impidiendo entre otras cosas que la ayuda humanitaria internacional destinada a los habitantes de la zona damnificados por la depresión tropical Matthew sea entregada.  UCIZONI exigió que el gobierno estatal dejara de apoyar a la “banda de sicarios” que tiene cercado San Juan.

Para más información:

Mexico: UCIZONI exige la aparición con vida de Eugenio Ángel (Kaos en la Red, 10 de octubre)

Liberan a comuneros zapotecas secuestrados (Comunicado de prensa de UCIZONI, 15 de octubre)

Se moviliza UCIZONI en el Istmo (Notimex, 11 de octubre)


Oaxaca: represión masiva de manifestaciones juveniles en marco del aniversario de la matanza de Tlatelolco

octubre 20, 2010

Durante la tarde del 2 de octubre pasado, centenares de jóvenes oaxaqueñ@s se manifestaron en Oaxaca de Juárez en marco del 42° aniversario de la matanza de Tlatelolco, en la que se estima que fueron asesinad@s unos 300 estudiantes y otros inconformes.  Dichas manifestaciones pretendían denunciar la impunidad en la que se encuentra el caso de Tlatelolco, además de la que goza el actual gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, por su papel en la represión del movimiento popular de oposición del 2006. Un enfrentamientos entre manifestantes y elementos policiacos estatales derivó en la detención de 75 personas, según las declaraciones de las mismas instancias policiacas estatales; de 118 individuos, según la organización social Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL).  Que se trate de 75 o de 118 el número total de detenid@s representa la cifra más alta de personas detenidas por el Estado oaxaqueño en un sólo día desde el 25 de noviembre de 2006.

La manifestación juvenil se convocó para las 4 de la tarde, saliendo desde la universidad estatal (UABJO).  El operativo policiaco empezó poco tiempo después del inicio de la marcha. La policía estatal asevera que intervinieron elementos policiacos tras la destrucción de la agencia automotriz Volkswagen, McDonald’s y el Acuario, por parte de un centenar de jóvenes.  Según la policía, jóvenes “anarchopunks” atacaron el cristal que separa los vehículos Volkswagen de la calle con palos y piedras antes de pasar a asustar a los clientes de McDonald’s y saquear la instalación del Acuario.  En contraste con esta versión, la Coordinadora de la Juventud Libertaria sostiene que la represión de la policía se desató durante el trayecto de una marcha “por más pacifica“. También denunció que  los detenid@s sufrieron golpes y agresión sexual por parte de la policía, y que jóvenes que ni estaban participando en las manifestaciones también terminaron detenid@s.

L@s detenid@s fueron trasladad@s al cuartel de la policía estatal ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, y que la mayoría fueron liberad@s el mismo día, menos 7 jóvenes trasladados a la cárcel de la UMAN-PGR, acusados de posesión de drogas.  Estos siete también fueron liberados al día siguiente, aunque un joven, con el nombre de Ramón, siguió preso hasta el 4 de octubre. La Coordinadora de Juventud Libertaria ha convocado una llamada “marcha contra la brutalidad policiaca” para el sábado 23 de octubre.

Para más información:

Denuncia VOCAL sobre la represión el 2 de octubre (4 de octubre de 2010)

Confirma la Policía 75 detenidos por vandalismo (Realidad Oaxaca, 3 de octubre de 2010)

Blog Coordinadora de Juventud Libertaria

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: desalojo violento de vendedores vinculados a la APPO en Oaxaca de Juárez (22 de julio de 2010)


Oaxaca: nueva emboscada en zona triqui contra individuos que gozaban de medidas cautelares del CIDH

octubre 19, 2010

Teresa Ramírez Sánchez, asesinada el 16 de octubre

El sábado 16 de octubre ocurrió una nueva emboscada en la región triqui del noroeste del estado de Oaxaca que dejó dos muertos–Serafín Ubaldo Zurita y Teresa Ramírez Sánchez–y dos lesionados–Domingo Ramírez Ortega y Jordán Ramírez González.  Ramírez Sánchez y Ramírez González, emboscados en el camino hacia la comunidad de Yosoyuxi, gozaban de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su decisión del 7 de octubre que procuraba brindarles protección a 135 habitantes triquis del municipio autónomo de San Juan Copalá.  Según Reina Martínez Flores, portavoz del campamento de mujeres triquis desplazadas que actualmente se encuentra en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, los grupos la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) fueron los responsables de esta nueva agresión.

Este ataque viene pocos días después de que miles de integrantes y simpatizantes de MULT marcharan en Oaxaca de Juárez para expresar su  interés en promover la paz en la región triqui.  La marcha, que tuvo lugar el martes 12, fue silenciosa hasta el fin, cuando de repente interrumpieron gritos de “¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!” y “¿Qué es lo que quiere el MULT?” a lo que respondieron los manifestantes “La paz.” En el mitin que se dio después de la marcha se presentaron delegados de 18 comunidades triquis que  -de darse- deberían participar en la mesa de diálogo convocada por Arturo Lona Reyes, obispo emérito de Tehuantepec, y Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I).  Heriberto Pazos Ortiz, dirigente del MULT, anunció que MULT iba a esperar al MULT-I para avanzar en el diálogo, proceso que se ha estancado debido a la violencia que se ha experimentado de manera continua en la región en los últimos meses.  En relación a la cantidad de gente que se juntó en las manifestaciones organizado por MULT el día 12, Pazos Ortiz afirmó que contaba con “unos cuarenta mil militantes” mientras el Tránsito Municipal estimó que fueron alrededor de 10.000 personas.

El mismo día 12 de octubre, se manifestaron en Oaxaca de Juárez unos 150 integrantes de la Alianza del Valle de México, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas más unos cuantos triquis en demanda de que se cumplieran las medidas cautelares emitidas el 7 por la CIDH en favor de los triquis desplazados de San Juan Copalá.

Todo esto se da en un contexto en el que revelaciones recientes presentadas en La Jornada en las que se mencionó la ubicación cerca de San Juan Copalá de once yacimientos de “metales importantes”, entre ellos dos de cobre, dos de hierro, uno de oro y uno de plata.

Para más información:

Boletín del Municipio Autónomo de San Juan Copala (17 de octubre)

Acción Urgente de BARCA frente a los últimos hechos de violencia (Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, 18 de octubre de 2010)

Tenían medidas cautelares de la CIDH los triquis emboscados (Noticias de Oaxaca, 18 de octubre)

Mueren dos triquis que fueron emboscados por grupo armado (La Jornada, 18 de octubre)

Marcha el MULT por paz en la región triqui (La Jornada, 13 de octubre)

Piden triquis cumplir medidas cautelares en San Juan Copala (La Jornada, 13 de octubre)

Marcha MULT en silencio; dice buscar diálogo y paz (Noticias de Oaxaca, 12 de octubre)

Volante del MULT en la marcha del 12 de octubre

Pide CIDH proteger a 135 triquis (La Jornada, 10 de octubre)

Protección a los habitantes de Copala, exige CIDH a México (Noticias de Oaxaca, 9 de octubre)

Emite la CIDH medidas cautelares a favor de personas de Copala (Noticias de Oaxaca, 9 de octubre)

Avaricia minera, trasfondo de San Juan Copala (La Jornada, 9 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: desmantelamiento del municipio autónomo de San Juan Copala (28 de septiembre 2010)


México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados

octubre 16, 2010

 

Gabriela Knaul (@Naciones Unidas)

El 15 de octubre, al concluir una visita de 15 días en México que la llevó a seis entidades de la República, incluyendo Chiapas, la Relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, presentó en conferencia de prensa un resumen preliminar del informe que presentará en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares que presentó Gabriela Knaul a la prensa.

Aunque reconoció los esfuerzos de México en los años recientes con los mecanismos de protección de derechos humanos, Knaul citó una lista de aspectos en los que el país está faltando a sus obligaciones en procuración e impartición de justicia, a pesar de las reformas de 1994 y 2008.

Se pronunció por la desaparición del arraigo, a tener cuidado con la utilización de los testigos protegidos y a evitar la presentación de detenidos ante medios de comunicación. Sobre el fuero militar, la relatora especial subrayó que después de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del desaparecido Rosendo Radilla, el Ejecutivo federal se comprometió a presentar una iniciativa de ley para reformar el código de justicia castrense y sus alcances. Sin embargo, advirtió, dicho proyecto sólo excluiría del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, pero no al de ejecución extrajudicial, lo cual daría lugar a una reforma insuficiente, en la que además las víctimas de estos abusos o sus familiares siguen sin tener acceso a recursos efectivos de defensa, entre ellos el amparo.

La experta criticó la falta de autonomía del Ministerio Público ante el poder Ejecutivo, “lo cual puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva en todos los casos”. Señaló que en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Concluyó que “[e]l acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes.”

Para más información:

– Intervención completa de la Relatora especial para la Independencia de los magistrados y abogados (conferencia de prensa, 15 de octubre de 2010)

– El sistema judicial, aún sometido al Ejecutivo: relatora de la ONU (La Jornada, 15 de octubre de 2010)

– ONU pide proteger a MP y Jueces en México (El Universal, 15 de octubre de 2010)

– Informe completo entregado por organizaciones civiles a la relatora en Yucatán (12 de octubre de 2010)

– Informe presentado por organizaciones de derechos humanos y academia a la Relatora en México DF (6 de octubre de 2010)


Chiapas: Desmantelan Radio Comunitaria y detienen a menor de edad

octubre 15, 2010

El martes 12 de octubre de 2010 aproximadamente a las 19:30, un operativo integrado por miembros de la PGJE y de la unidad especial de la Policía Sectorial del estado de Chiapas, desmantelaron la radio comunitaria  “Radio Proletaria 107.5”, ubicaba en las instalaciones de la Organización Popular Emiliano Zapata (OPEZ) de Tuxtla Gutiérrez. La estación se encuentra afiliada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Según lo denunciado, sin identificarse ni presentar ningún documento que justificara esta intervención, los funcionarios arrestaron a seis personas, entre ellas un menor de 14 años de edad que trabajaba en la radiodifusora, quien fue liberado 24 horas más tarde. Todo el material de transmisión de Radio Proletaria fue confiscado, reduciendo a la estación al silencio.

Para más información:

– Cierra policía Radio Proletaria en Chiapas (La Jornada,  13 de octubre de 2010)

– Boletín: Desmantelan Radio Comunitaria, atentan contra la libertad de expresión. (Boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 13 de octubre de 2010

– Protesta por cierre de Radio Ciudadanas en Chiapas (Pronunciamiento de Radio Proletaria, 14 de octubre de 2010)

– Brutal operación policíaca contra una radio comunitaria de Chiapas ahora reducida al silencio (Comunicado de prensa de Periodistas sin Fronteras, 15 de octubre de 2010)