Chiapas: Ejidatarios de Bachajón denuncian estrategia de gobierno y recrudecimiento de agresiones de la Opddic

El 13 de noviembre, ejidatarios de San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón), adherentes de La Otra Campaña, denunciaron que en los últimos cinco meses han observado una creciente estrategia de calumnias, injusticias y provocaciones por parte de las autoridades, así como un recrudecimiento de agresiones y hostigamientos por parte de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

Atribuyeron estas nuevas amenazas al “mismo interés del neoliberalismo y proyectos transnacionales” y denunciaron que los que comparten esta visión en la zona se “han ganado la confianza del secretario de Gobierno, Noé Castañón, quien los recibió el pasado día 8 de noviembre, con las puertas abiertas y la mesa puesta con un menú especial, ideas y proyectos trasnacionales y cómo destruir nuestra organización”. Señalaron que se ve “el interés [del mal gobierno] de iniciar un conflicto en diferentes comunidades del ejido, organizando grupos paramilitares para intimidar a la sociedad”.

Finalmente anunciaron: “Vamos a defender nuestros recursos naturales hasta las últimas consecuencias, le vamos a demostrar al gobierno que no estamos solos. (…)A partir de esta fecha no habrá diálogo ni acercamiento con ninguna autoridad oficial, ya que no negociamos ni hacemos ningún trato con el mal gobierno, pues claramente se ve su interés en despojarnos de nuestras tierras y apoderarse de nuestros recursos”.

Para más información:

Ejidatarios de Bachajón, Chiapas, denuncian recrudecimiento de agresiones de la Opddic (La Jornada, 18 de noviembre)

Denuncia completa de las ejidatarios de Bachajón (13 de noviembre de 2010)

Para más información de SIPAZ

Chiapas: Adherentes de la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón denuncian tortura y arraigo ilegal de ejidatario (6 de noviembre de 2010)

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Oaxaca: Exigen justicia en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Bety Cariño y Jyri Jaakkola @ anarkismo.net/amig@s de Jyri

Varias organizaciones nacionales y oaxaqueñas llamaron a exigir justicia en el caso del ataque a la caravana humanitaria a San Juan Copala, el pasado 27 de abril, en la que fueron asesinados Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el observador de derechos humanos finlandés Jyri Jaakkola. En el llamado destacan que “han pasado seis meses desde que este crimen ocurrió y la P[rocuraduría G[eneral de la] R[epública] consignó ante un Juez la mencionada averiguación, pero por las deficiencias en su integración le fue regresada y hasta la fecha no existe un interés manifiesto para que este doble asesinato no quede en la impunidad“.

Las organizaciones, entre las que se encuentran la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), así como los familiares de Bety Cariño, consideran que la PGR “no da muestras de un interés genuino por aclarar este crimen y menos de sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo”, por lo que piden hacer un llamado a la PGR para que investigue y condene a los responsables.

Para más información:

Llamado para exigir justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola (pdf)

Carta modelo (pdf)

Más información de SIPAZ:

Distrito Federal: en visita a México, los padres de Jyri Jaakkola exigen justicia para el caso de su hijo y el de Bety Cariño (06/09/2010)

Oaxaca: después de la caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” a San Juan Copalá (21/06/2010)

Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos (28/04/2010)

Chiapas: Denuncia de persecuciones a periodistas

Hector Bautista(@elperiodismoenchiapas.blogspot.com)

El 3 de noviembre, miembros de la PGJE detuvieron al periodista e informático Héctor Bautista, acusándolo de delincuencia organizada y distribución de pornografía infantil. Según se ha denunciado, fue detenido en su trabajo sin orden de aprehensión y  llevado con rumbo desconocido con todo su equipo de cómputo, discos compactos, memorias de USB y su vehículo. Se ha encontrado arraigado desde esta fecha.

El 8 de noviembre, el periodista Anthony Flores Mérida expresó sus preocupaciones por su integridad  por sus labores como comunicador. Explicó: “Bautista Flores es mi proveedor de servicios de hospedaje web para mi sitio de noticias Informe Chiapas (http://www.infochiapas.com)”. Agregó que:” Siento que la detención de Bautista Flores es una represalia por su actividad profesional y su vínculo con la mía, además de la amistad que compartimos”. Recordó en la misma denuncia que Infochiapas publicó el 30 de setiembre una investigación exclusiva y crítica con el gobierno de Chiapas, donde argumentaba que el estado de Chiapas es el más endeudado de México. Flores Mérida declaró asimismo sentirse amenazado por una posible detención después de que “funcionarios del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas llamaron para preguntarle a los directivos del periódico local donde labora como editor [y] cuál era su relación laboral en este medio”.

El 12 de noviembre, en una carta dirigida al gobernador, periodistas y comunicadores de Chiapas exigieron la libertad de Héctor Bautista Flores argumentando “El agravio que se está cometiendo contra Héctor Bautista lo sentimos como propio porque él ha albergado en su página el sitio de otros compañeros, como es el caso de Anthony Flores, autor de InfoChiapas y también nos ha enseñado cómo utilizar las ventajas de las herramientas tecnológicas para informar a la población de Chiapas. Sabemos que Usted está consciente de que cualquier estado que quiera realmente alcanzar la democracia necesita medios libres y críticos, y personas que ayuden a crear esa clase de medios, Héctor Bautista es uno de ellos y su encarcelamiento nos parece una injusticia”.

Para más información:

– Teme periodista independiente en su seguridad e integridad física y patrimonial por hostigamiento del Gobierno de Chiapas (denuncia de Anthony Flores Merida, 8 de noviembre)

– El agravio contra Héctor Bautista es un agravio a comunicadores de Chiapas (carta de periodistas y comunicadores de Chiapas, 12 de noviembre)

– Blog de Héctor Bautista

– Nota informativa que se presume puede haber causado la persecución de Hector Bautista y Antony Flores:

Deuda pública de Chiapas, la más alta en 16 años

Guerrero – breves: Atentado contra periódico El Sur de Acapulco; Conflicto agrario en Jicayán de Tovar; Manifestación contra el proyecto hidroeléctrico de La Parota; Desalojo forzado de 350 familias en Puerto Marqués; Policía Comunitaria emite comunicado contra exploraciones mineras

Atentado contre el periódico El Sur de Acapulco

El día 10 de noviembre en la ciudad de Acapulco, fueron atacadas las instalaciones del periódico El Sur por un grupo de personas armadas quienes ingresaron a sus oficinas. Accionaron sus armas en reiteradas ocasiones mientras 12 personas estaban trabajando. Ninguna resultó herida. La representación en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el ataque y pidió a las autoridades mexicanas esclarecer lo sucedido, con el propósito de capturar, juzgar y sancionar a los responsables. Los hechos se dan en un contexto en el que el periódico El Sur ha dado cobertura a la violencia que vive Guerrero y, particularmente, a la serie de asesinatos que se han dado en semanas recientes. En un pronunciamiento del 11 de noviembre, organizaciones sociales y civiles, entre otras el Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) condenaron el ataque y enfatizaron que no constituye un hecho aislado. Relacionaron el ataque con la cobertura periodística del asesinato del diputado Armando Chavarría del año pasado: “no podemos olvidar que hace ya casi un año, [el] director [de El Sur] Juan Angulo, fue obligado mediante la fuerza pública a comparecer ante la Procuraduría Estatal por un artículo que escribió en torno al asesinato del diputado local Armando Chavarria”. Las organizaciones exigieron al gobierno investigaciones eficaces y comprometidas con la justicia.

Para más información:

Condena la ONU ataque a El Sur; demanda garantizar la libertad de expresión en el país (La Jornada, 12 de noviembre)

Alerta LE: Ataque armado al periódico El Sur de Guerrero (CENCOS, 11 de noviembre)

ONU-DH deplora el ataque contra el periódico El Sur de Guerrero (CENCOS, 11 de noviembre)

Pronunciamiento de OSC sobre ataque contra periódico El Sur (11 de noviembre)

Conflicto agrario en Jicayán de Tovar

Por otro lado, autoridades ejidales del núcleo agrario de Jicayán del Tovar, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, denunciaron irrupciones violentas, de sus vecinos de El Jicaral, pertenecientes al municipio de Coicoyán de las Flores, en el estado de Oaxaca los días 1 y 8 de noviembre. En conferencia de prensa en el zócalo de Chilpancingo, el secretario del Comisariado de Bienes Comunales de Jicayán, Alberto Tenorio Velázquez dijo “el lunes los oaxaqueños cruzaron el puente que divide los territorios y llegaron hasta las cercanías del pueblo, y estuvieron haciendo disparos con armas de fuego, pero no le pegaron a nadie porque todos se refugiaron en sus hogares”. Miembros de TADECO explicaron: “Recordemos que la base de este conflicto tiene su origen en las invasiones de tierras que ha sufrido Jicayán de Tovar por parte de El Jicaral, Oaxaca, desde el 2006 con la complicidad por negligencia de las autoridades estatales de Oaxaca y Guerrero que no han tenido seriedad para dar solución a la problemática agraria que genera este conflicto”. Autoridades y vecinos de Jicayán de Tovar y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, en un boletín de prensa del 9 de noviembre, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales con competencia en conflictos agrarios, “para que de una vez por todas se atiendan los múltiples conflictos entre núcleos agrarios y pueblos, tanto en el estado de Guerrero, como a nivel nacional”.

Para más información:

Irrumpen a balazos oaxaqueños en Jicayán por el conflicto agrario en Tlacoachistlahuaca, denuncian (El Sur de Acapulco, 15 de noviembre)

Boletín de prensa de autoridades y vecinos de Jicayán de Tovar (9 de noviembre)

Manifestación contra La Parota

El 11 de noviembre en el puerto de Acapulco más de 500 campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota se manifestaron frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para externar nuevamente su rechazo a la imposición de la megrapresa. La CFE revivió la pugna tras solicitar al Congreso federal recursos por más de 4.200 millones de pesos en el presupuesto de 2011 para construir la presa. Una comisión entregó un documento en el que exigen a la paraestatal acatar la suspensión ordenada por el Tribunal Unitario Agrario (TUA). Los manifestantes afirmaron que “Venimos a decirle a la CFE que el CECOP [Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota] está vivo y continuará con la defensa del territorio mientras persista la intención de imponer La Parota”.

Para más información:

Con presupuesto o sin él, La Parota no pasará (CENCOS, 12 de noviembre)

Viola CFE suspensión del proyecto La Parota: comuneros (La Jornada, 12 de noviembre)

Policía Comunitaria denuncia exploraciones mineras

El 5 de noviembre, se presentaron en la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlan, representantes de la Minera Hochschild Mexico informando que cuentan con una autorización del INEGI para realizar vuelos rasantes de reconocimiento de magnetometría “en su propio beneficio”, sobre el territorio comunitario, para detectar minerales que puedan ser explotados. La Policía Comunitaria-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC) pidió a la sociedad civil mantenerse alerta frente a lo que podría ser un nuevo embate en contra de su territorio.

Para más información:

Página Web de la PC-CRAC: http://policiacomunitaria.org/

Desalojo forzado de 350 familias en Puerto Marquéz

El 10 de noviembre, a las 9 de la mañana, fueron desalojados 350 familias de la Colonia Ampliación Puerto Marques parte alta y parte baja, en el municipio de Acapulco, por más de mil 500 policías estatales, quienes sin orden judicial se presentaron reforzados por bomberos y ambulancias.

Para más información:

Boletín de prensa de Tadeco (10 de noviembre de 2010)

Desalojo de Puerto Marqués fue ordenado por un juez: Soberanis (La Jornada de Guerrero, 12 de noviembre)

Presentan desalojados de Puerto Marqués queja en la Coddehum (La Jornada de Guerrero, 13 de noviembre)

Chiapas: un año de impunidad en caso de agresiones defensores de derechos humanos

El 8 de noviembre del 2009 a las 3.30 horas de la madrugada en la ciudad de Comitán, varios cuerpos policiacos allanaron, con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, la casa de Adolfo Guzmán Ordaz (integrante de la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación), de Margarita Guadalupe Martínez Martínez y de su familia.Días después, tras denunciar los hechos pública y penalmente, la familia recibió amenazas de muerte y hostigamiento. En febrero de 2010,Margarita Martínez fue víctima de los delitos de privación arbitraria de la libertad, tortura y amenazas de muerte para que desistiera definitivamente de la denuncia penal.

En un boletín denunciando la impunidad a un año de los primeros hechos de hostigamiento en contra de estos dos defensores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas señaló: “resultan incongruentes las reformas legislativas y la creación de organismos públicos especializados para las y los defensores de derechos humanos, si las agresiones cometidas en su contra quedan en la impunidad. (…) (El) gobierno del estado de Chiapas tiene la obligación de investigar y sancionar a todas aquellas personas que participen en la planeación y ejecución de violaciones a los derechos de las y los que dedican su vida a defender los derechos humanos. La impunidad aumenta el riesgo para las y los defensores de derechos humanos en cumplimiento de sus actividades”.

Para más información:

Impune agresión a defensores en Chiapas Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 8/11/2010

Sin castigo, funcionarios que atacaron a defensora de DH en Chiapas Cimac 9/11/2010

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Falta de compromiso del Estado Mexicano impidió que defensora de derechos humanos asistiera a encuentro convocado por la ONU 18/10/2010

Chiapas: a 7 meses del inicio del hostigamiento en contra de integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación de Comitán 17/06/2010

Chiapas: Golpean, secuestran y amenazan de muerte a Margarita Martínez esposa de Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la asociación civil Enlace, Comunicación y Capacitación, AC 26/02/2010

Chiapas: nuevos hostigamientos en contra de integrante de Enlace, Capacitación y Comunicación 12/01/2010

Chiapas: Denuncia pública de Enlace, Capacitación y Comunicación 11/11/2009

Guerrero: Breves – Reactivación de órdenes de aprehensión contra miembros CETEG; Exponen organizaciones sociales ante Comisión Interamericana; Estado mexicano no cumple sentencia, acusan; homenaje a Comandante Ramiro

Durante la última semana de octubre fueron reactivadas 40 órdenes de aprehensión contra líderes sociales del movimiento magistral guerrerense e incluso fueron detenidos cinco de ellos. En un boletín de prensa del 29 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (RENACID) destacaron que estos hechos demuestran la criminalización a la protesta social que ha emprendido el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, en lugar de escuchar y atender las demandas de la sociedad civil. Además en el boletín  pidieron el cese a la represión arbitraria contra integrantes de los movimientos sociales y el respeto a la libre manifestación.

Conferencia CEMDA (@CENCOS)

El 28 de octubre, en la Ciudad de México, se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en la que organizaciones sociales expusieron la violación por parte del Estado mexicano al Derecho a la Consulta y Participación en asuntos de Interés Público, por la construcción de megaproyectos como por ejemplo la presa hidroeléctrica La Parota. Las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Tlachinollan, entre otras, expusieron que las autoridades de distintos niveles de gobierno han incumplido la Constitución, en especial, el artículo 2 que los obliga a implementar y llevar a cabo procesos de consulta cuando se trata de medidas legislativas, programas de desarrollo e implementación de obras e infraestructura  que incidan sobre territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas. Expusieron que en el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, no se informó que inundarían 17,300 hectáreas, que se desplazarían a 25 mil campesinos y que afectarían a otros 75 mil más que viven rio abajo, ni se les consultó si estaban dispuestos a ser desplazados.

En el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas me’phaa que fueron violadas sexualmente por militares en 2002, los abogados Miguel Pulido Jiménez, director del Centro de Análisis e Investigación; Guadalupe Barrera, del centro de Investigación y Docencia Económicas AC y Daphne Cuevas, del Consorcio Parlamentario y Equidad AC, denunciaron que el Estado mexicano no está cumpliendo con la sentencia dictada por la Corte Interamericana (CoIDH). En conferencia de prensa, el 7 de noviembre, denunciaron que, primero el Estado mexicano fue incapaz de garantizar los derechos de las indígenas, después no les reconoció su condición de víctimas, y cuando la CoIDH lo condenó, no tuvo la voluntad de presupuestar los recursos suficientes para indemnización y reparar el daño. Guadalupe Barrera y Daphne Cuevas manifestaron que mientras el gobierno federal asegura que no tiene dinero para el pago de reparación de daños, sí cuenta con una presupuesto millonario para el pago de publicidad e imagen.

El 4 de noviembre en Chilpancingo, organizaciones sociales rindieron un homenaje por el primer aniversario luctuoso de Omar Guerrero Solís, mejor conocido como el comandante Ramiro, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), quien el 4 de noviembre del año pasado fue asesinado en la sierra de Coyuca de Catalán. El Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense), el sindicato minero de Taxco y la CETEG, entre otras, celebraron con una misa en la iglesia de San Mateo y posteriormente hicieron un acto en el zócalo. Javier Monroy, integrante de TADECO, destacó que “Ramiro, ofrendó su vida por nuestro pueblo, por darle una vida digna y por construir un mundo mejor y por ello debe ser el ‘modelo a seguir’ por los jóvenes”.

Para más información:

Critican ONG acoso contra profesores (La Jornada, 29 de octubre)

Guerrero, México: Reactivación de órdenes de aprehensión contra magisteriales y criminalización de la protesta (Kaos en la Red, 29 de octubre)

Exponen organizaciones ante la CIDH violaciones al derecho a la consulta (CENCOS, 28 de octubre)

No se cumple sentencia de Coidh, acusan (La Jornada, 8 de noviembre)

Rinden organizaciones homenaje al comandante Ramiro, caído en 2009 (La Jornada, 4 de noviembre)

Chiapas: Encuentro de Mujeres en Resistencia y Esperanza para defender nuestra Madre Tierra y el Territorio

Los días 6 y 7 de noviembre, mujeres de distintos pueblos y organizaciones de Chiapas, se reunieron en el Encuentro de Mujeres en Resistencia y Esperanza para Defender Nuestra Madre Tierra y el Territorio, que tuvo lugar en las instalaciones del CIDECI – Unitierra. Las mujeres intercambiaron experiencias sobre el respeto a la madre tierra, la situación que viven en sus familias y cómo ven la justicia en sus pueblos. En la declaración final definen la madre tierra como fuente de alimentación, de costumbres y tradiciones y de su historia como pueblo. Por otra parte destacan varios problemas relacionados a la defensa de la madre tierra a los que tienen que enfrentarse como mujeres.

En el pronunciamiento, explican que las mujeres, por ejemplo, se resisten a proyectos del gobierno y de las grandes empresas que afectan sus tierras: “[el proyecto de la ciudades rurales] sólo nos obliga a dejar en manos del gobierno y de las empresas los recursos naturales de las tierras que nos quitan para que ellos lo aprovechen, violando así nuestros derechos a vivir como lo han hecho nuestras abuelas y abuelos. Otros proyectos que ponen en riesgo nuestras comunidades son las represas que se pretenden construir en nuestros territorios y sacarnos de nuestras tierras. Pero también hay otros recursos, como los minerales, que están debajo de nuestra madre tierra, por eso rechazamos a las grandes empresas mineras que explotan nuestras tierras, que perjudican la salud de nuestras hijas e hijos, por contaminar nuestros ríos y comunidades, porque destruyen los caminos, traen división entre las comunidades por causa del dinero que ofrecen, y porque traen muerte para las personas que enfrentan a estas empresas extranjeras”.

Por otro lado, las mujeres se pronunciaron en contra de la militarización y de la presencia de policías en sus regiones: “también nuestro Territorio se ve afectado por la presencia de la policía y los militares, ellos llegan según para ayudar o cuidar pero lo que vemos es que sólo llegan para controlarnos en nuestra vida diaria, en los retenes buscan información, nos faltan el respeto, en los lugares que ellos ponen sus campamentos se da la prostitución, el alcoholismo, drogadicción y problemas con la comunidad”. Las mujeres también señalaron los patrones culturales de sus propias comunidades como causas de desigualdad entre mujeres y hombres: “las costumbres de algunas comunidades no todas son buenas porque son los hombres los que siguen teniendo el control y poder sobre las tierras, siendo que nosotras también las trabajamos; incluso en algunas comunidades, en donde la mayoría de las autoridades son hombres, buscan imponer acuerdos que no toman en cuenta la palabra de todas y todos, quieren controlar hasta las personas con quienes nos vamos a casar, no reconocen aún nuestros derechos como mujeres”.

Para más información:

Pronunciamiento, audios y videos del Encuentro (Denuncia pública, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas)

Encuentro femenil llega a Las Casas (Cuarto Poder, 10 de noviembre)