México: amenaza de muerte a integrantes del Comité Cerezo y sus familias

 

El 9 de noviembre, el Comité Cerezo México denunció haber recibido por correo electrónico una amenaza de muerte en contra de varios de sus dirigentes y solicitó por lo mismo a las autoridades federales medidas cautelares de protección. Exigió también una investigación exhaustiva e imparcial sobre la amenaza recibida, que los resultados de la averiguación se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia.

Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en el caso y recordó: “El Comité Cerezo fue fundado por cinco hermanos de la familia Cerezo, después de que tres de los hermanos fueran detenidos y acusados de estar relacionados con un grupo armado de oposición en 2001. Los tres fueron torturados; además, se les negó un proceso judicial justo, lo que dio lugar a su reclusión prolongada y a la condena de dos de ellos. Al cabo de varios años, tras un proceso de apelación, finalmente quedaron en libertad. Sus miembros han recibido amenazas en varias ocasiones, y en 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor y ordenó que se les brindara protección, sin que los responsables hayan rendido cuentas de sus actos”.

Para más información:

Pide AI protección a hermanos Cerezo contra amenazas (La Jornada, 12 de noviembre de 2011)

Acción Urgente de organizaciones civiles en México (OSC, 9 de noviembre de 2011)

Acusa Comité Cerezo que recibió amenaza por correo electrónico (La Jornada, 9 de noviembre de 2011)

Amenazan a dirigentes del Comité Cerezo (Proceso, 9 de noviembre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Foro por la defensa de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos (11 de octubre de 2011)

Acción Urgente en caso de Alejandro Cerezo Contreras, defensor de derechos humanos (17 de abril de 2010)

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Oaxaca: Tensión mantenida en el Istmo de Tehuantepec

(@tierrayterritorio.wordpress.com)

 El 4 de noviembre de 2011, opositores al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, presentaron una denuncia penal por lesiones, disparo de armas de fuego, ataque peligroso y amenazas, contra el agente municipal de La Venta, Ventura Ordaz Santiago.

 En un comunicado de prensa recordaron que el 28 de octubre, los miembros de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio, así como integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, organizaron una protesta pacífica en la sección La Venta-Unión Hidalgo de la Carretera Panamericana, contra la construcción de turbinas en sus tierras. Durante la misma, repartieron volantes para informar sobre la problemática que enfrentan por el proyecto eólico “Piedra Larga”. En este marco, denunciaron que los miembros de la comunidad La Venta, que están a favor del parque eólico, llegaron y amenazaron al grupo para detener su protesta. Los manifestantes reportaron que un grupo de hombres armados con pistolas y machetes arribó al lugar y golpearon a algunos de los inconformes, entre ellos Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, a quienes les propinaron patadas, los arrojaron al suelo a puñetazos y los amenazaron de muerte. A los 15 minutos de haber huido, uno de los hombres vinculados al grupo armado, Reynaldo Ordaz Velásquez, murió por disparos en circunstancias poco claras en el lugar de los hechos. Las autoridades llegaron después del homicidio y los miembros del grupo cercano al agente municipal de La Venta alegaron que los manifestantes eran los responsables del mismo, versión que fue retomada por los medios locales.

En su comunicado, los opositores expresaron: “Ante esta situación las comunidades y organizaciones firmantes lamentamos la pérdida de una vida y rechazamos categóricamente la violencia. Sin embargo, el Sr. Ordaz Santiago y los golpeadores han acusado falsamente de la muerte al Sr. Regalado Martínez y al Sr. Rodrigo Flores Peñaloza de la Asamblea de los Pueblos Indígenas, a quienes deslindamos completamente de cualquier responsabilidad. Insistimos en que la investigación sobre la muerte de Ordaz Velásquez sea a fondo e imparcial, y que los responsables sean procesados y castigados jurídicamente. Y denunciamos rotundamente el clima de persecución que posibilite que el gobierno del estado, los caciques o las empresas eólicas utilicen este suceso para criminalizar la protesta social pacífica”.

 Un día antes, Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno del estado utilice la muerte de Ordaz Velázquez para procesar injustamente a manifestantes y disuadir futuras protestas. La organización recordó que los proyectos industriales y de desarrollo que afectan a las comunidades indígenas y campesinas de México se emprenden frecuentemente sin proporcionar información fiable a las comunidades indígenas afectadas, sin consultarlas y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Para más información:

Interponen denuncias penales por violencia en el Itsmo de Tehuantepec (Boletín de prensa, 4 de noviembre de 2011)

Opositores a proyecto eólico en Oaxaca presentan denuncia penal por amenazas (La Jornada, 4 de noviembre)

Preocupa a Amnistía Internacional procesamiento injusto contra activistas de Oaxaca (Proceso, 2 de noviembre)

Comunicado de prensa de UCIZONI (29 de octubre de 2011)

Boletín de prensa de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio,(29 de octubre de 2011)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Amenazas de muerte a defensoras de derechos humanos (26 de octubre de 2011)

Oaxaca: Indígenas del Istmo denuncian amenazas de empresa española por su oposición a parque eólico (29/06/2011)

Oaxaca: Alertan sobre posible confrontación por proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec (13/01/2011)

México/EEUU: “ Un relato aleccionador: las lecciones del Plan Colombia para la política exterior estadounidense hacia México y otros países”

El 10 de noviembre, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) publicó un reporte titulado “Un relato aleccionador: las lecciones del Plan Colombia para la política exterior estadunidense hacia México y otros países”. En 2007, México y Estados Unidos acordaron un paquete de apoyo de 1.4 mil millones de dólares para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el marco de la llamada “Iniciativa Mérida”. Desde esa fecha, analistas la han comparado con el Plan Colombia firmado en 2000.

Al comparar los dos tratados de cooperación, WOLA llegó a aseverar en su reporte: “Casi cuatro años después de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, no se han obtenido mejoras significativas en materia de seguridad. En lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado la ha generalizado”. Afirmó que no se ha logrado entregar resultados para mejorar la seguridad pública en México y, a cambio, han aumentado las violaciones a derechos humanos.

En el tiempo transcurrido desde que se implementó la Iniciativa Mérida, planteó: “el crimen organizado ha diversificado sus actividades lucrativas ilegales. La extorsión de pequeñas y grandes empresas ha aumentado dramáticamente, y esto ha llevado a muchas de ellas a cerrar sus puertas o, en zonas como Ciudad Juárez, a huir. Los secuestros extorsivos se han disparado. Los cárteles han tomado el control del tráfico de personas en numerosas zonas fronterizas y rutas de tránsito de migrantes, plagiando, extorsionando y asesinando a decenas de miles de migrantes, muchos de ellos provenientes de América Central.”

WOLA recomendó en su reporte: “lo mejor es no financiar a fuerzas armadas abusivas. Pero si Estados Unidos elige entrenar y financiar a unas fuerzas armadas con historial de abusos, tiene la absoluta obligación de presionar para que se genere un clima que favorezca el respeto a los derechos humanos. Esto supone terminar con la impunidad por los abusos cometidos por militares, y promover e incentivar políticas que premien el respeto por los derechos humanos. No se trata solamente de ofrecer capacitación en la materia”.

En respuesta al reporte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México sostuvo que el acuerdo bilateral con Estados Unidos de la Iniciativa Mérida “complementa hoy el esfuerzo que hace México para enfrentar a la delincuencia organizada”. Sostiene que contribuyó a la capacitación de casi 14 mil servidores públicos de seguridad y procuración de justicia del país. Destacó que “el Gobierno de México realiza esfuerzos sin precedentes para fortalecer las instituciones del Estado y la seguridad de la población, conforme a los intereses y prioridades nacionales”.

Cabe recordar que México ya ha recibido más de 612 millones de dólares en el marco de la Iniciativa Mérida y que se contempla la entrega de otros 500 millones del gobierno estadounidense antes de finalizar 2011.

Para más información:

“Iniciativa Mérida extendió violencia” (El Universal, 11 de noviembre)

HRW: EU debe retener fondos (El Universal, 11 de noviembre)

Impunidad, no un programa, eleva crimen, dicen analistas (El Universal, 11 de noviembre)

SRE defiende esquema de colaboración (El Universal, 11 de noviembre)

Iniciativa Mérida atizó la violencia en México: ONG (La Jornada, 11 de noviembre de 2011)

Iniciativa Mérida ha incentivado la violencia en México: Wola (Proceso, 10 de noviembre de 2011)

Informe completo de WOLA (noviembre de 2011)

 Para más información de SIPAZ:

México: Se firma el Pacto Nacional Ciudadano en Juárez (15 de junio de 2011)

México: Foro “Cooperación Militar, Proceso Democrático y Derechos Humanos” (25 de mayo de 2009)

México: organizaciones civiles mandan carta sobre la Iniciativa Mérida al Congreso de los EEUU (7 de mayo de 2009)

México: Los EEUU aprueban otros 300 millones de dólares para México en el marco de la Iniciativa Mérida, Blog SIPAZ, 12/3/09.

México-EEUU: Iniciativa Mérida. Entrevistas y reportaje de SIPAZ, Blog SIPAZ, 18/8/08.

México: Iniciativa Mérida, nueva fase en la lucha contra el narcotráfico, SIPAZ Informe, Agosto de 2008

México: “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México”

 

 

Hace unos días, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó un nuevo informe titulado “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México”, que señala que miembros de las fuerzas de seguridad “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006”. El informe es fruto de dos años de investigaciones en cinco de los estados más violentos del país: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Para su elaboración, se efectuaron más de 200 entrevistas a un amplio espectro de funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y otros actores. También se analizaron estadísticas oficiales, se recabaron datos a través de pedidos de información pública y se examinaron expedientes, procedimientos legales y denuncias de violaciones de derechos humanos.

En su comunicado de prensa, la organización apuntala: “Mediante este análisis, Human Rights Watch pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la “guerra” desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”. 

El informe de HRW asevera que si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto del combate al narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de esos asuntos, ya que de 997 investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR) por homicidios vinculados con el crimen organizado entre 2007 y agosto de 2011, los jueces federales solamente han condenado a 22 por homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada. Además, de las 89 averiguaciones previas abiertas por la PGR por tortura de 1994 a junio de 2010, sólo han sido condenadas dos personas, lo que revela la profundidad del problema y que las investigaciones judiciales están muy por debajo de las necesidades del país.

 El reporte de Human Rights Watch (HRW) generó opiniones encontradas entre diputados, senadores y dirigentes de partidos políticos. El 8 de noviembre, José Miguel Vivanco, representante de HRW se reunió con el presidente Calderón quien le reiteró que que “México no está en guerra”, que la lucha contra las organizaciones criminales se lleva a cabo en “estricta observancia a la ley” y que la principal amenaza para los derechos humanos siguen siendo los criminales.

 Para más información:

Torpeza de Calderón, descalificar el informe de HRW: legisladores (La Jornada, 11 de noviembre)

El legado de Calderón (Milenio, ‎11 de noviembre de 2011)

Informe de HRW divide a legisladores (Milenio, ‎11 de noviembre de 2011)

Lamentan PRI y Verde en Congreso visión de HRW sobre la lucha contra el narco (Milenio, ‎10 de noviembre de 2011)

PAN discrepa con informe de Human Right Watch (El Universal, 10 de noviembre de 2011)

“No estamos en guerra”, precisa gobierno a HWR (Milenio, ‎10 de noviembre de 2011)

HRW: Guerra de Calderón detonó violencia y abusos (El Universal, 10 de noviembre de 2011‎)

Respalda Episcopado estrategia calderonista contra el crimen (La Jornada, 10 de noviembre de 2011‎)

Documenta HRW el fracaso de la guerra anticrimen de Calderón (La Jornada, 10 de noviembre)

Ven fallas en labor de defensores de derechos (El Universal, 10 de noviembre)

HRW presenta hoy informe sobre derechos humanos (El Universal, 9 de noviembre)

Documenta HRW a PGR 24 ejecuciones extrajudiciales (La Jornada, ‎09 de noviembre de 2011)

Es crimen quien viola derechos: Calderón a HRW (El Universal, 9 de noviembre de 2011‎)

“Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México” (Informe completo de HRW, noviembre de 2011)

Para más información de SIPAZ:

México: México ante el Examen Periódico Universal (12 de febrero de 2009)

Guerrero – breves: Manifestantes interponen queja contra militares; ONG informan a autoridades de EEUU sobre obligaciones de México Iniciativa Mérida

El 9 de noviembre, integrantes del movimiento de resistencia contra las altas tarifas de energía eléctrica, pusieron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (CODDEHUM) por la intimidación que sufrieron por parte de militares el martes 8 de noviembre, quienes los obligaron a retirarse del plantón que mantenían en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El pasado martes, unas horas después de que  integrantes del movimiento de resistencia contra las altas tarifas de luz cerraran las oficinas de la CFE en Chilpancingo, como forma de protesta contra los altos cobros de la energía eléctrica en comunidades marginadas, fueron desalojados por varios militares. Manuel Rivera Salazar, quien estaba a cargo de la protesta ese día, comentó que aunque no hubo agresiones físicas, ni verbales, el sólo hecho de que los militares se bajaran de la Hummer con sus armas “intimidó a los compañeros y nos replegaron hacia la calle de enfrente”.

Por otro lado, el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informa que a un año de emitidas las históricas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, se llevaron a cabo diversas  reuniones de trabajo en Washington DC para informar ante diversas autoridades del gobierno de EEUU sobre el proceso de implementación de ambas sentencias; el funcionamiento del fuero militar y sus implicaciones en las investigaciones de Inés y Valentina; y los contenido para una adecuada reforma al Código de Justicia Militar. El boletín informativo de 8 de noviembre destaca que: “Los casos de Inés y Valentina son parte de un gran número de graves abusos militares que se mantienen en la impunidad. A la fecha, en México la Procuraduría Militar continúa investigando violaciones de derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles, a pesar de la decisión de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que ordenan las cuatro sentencias emitidas por la CoIDH, y de las obligaciones contraídas en el marco de la Iniciativa Mérida. La incapacidad para juzgar apropiadamente aun los casos con perfil internacional y con un alto costo político refleja la negativa de establecer controles civiles en México sobre las fuerzas armadas“.

Para más información:

Interponen queja contra militares en la Coddehum por desalojo en la CFE (La Jornada, 10 de noviembre)

Informan a autoridades del Gobierno de EEUU obligaciones de México Iniciativa Mérida (Tlachinollan, 8 de noviembre)

Para más información de SIPAZ:

Guerero – breves: PGR investigará caso de campesinos ecologistas; Comunidades en La Montaña y Costa Chica se resisten a exploraciones mineras; Denuncian altos costos de la luz eléctrica (23 de sepiembre)

Guerrero – breves: Otro asesinato de ecologista en la Costa Grande; Aumenta violencia en Acapulco; Marchan de Guerrero al DF para demandar tarifa única de la CFE (9 de septiembre)

Guerrero: A un año de las sentencias de la CoIDH a favor de Inés y Valentina ; Aniversario y ampliación de la Policía Comunitaria; Violencia en la Sierra de Petatlán. (7 de octubre 2011)

Guerrero – breves: Inicia campaña para cumplir sentencias en casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo; Organizaciones recibirán Caravana al Sur del Movimiento por la Paz; Celebración del día internacional de l@s Desaprecid@s (3 de septiembre de 2011)

Guerrero: El caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo se juzgará en el Fuero Comun (18 de agosto)

Guerrero – breves: Inés y Valentina demandan que sus casos sean investigados en el fuero civil; Piden ante Relator sobre Derechos de Trabajadores Migratorios visibilizar el problema de la migración interna (29 de julio)

Guerrero – breves: Instalación de mesas de trabajo en los casos de Ines Fernández y Valentina Rosendo; Acto simbólico en el río Papagayo en contra de la presa La Parota; CRAC convoca para Foro contra la minería – 12 de abril (25 de marzo 2011)

Guerrero – breves: Falta de voluntad del Estado mexicano para cumplir con sentencia en caso de Valentina e Inés; Comunidades indígenas contra la explotación minera en La Montaña; CECOP pide resolución acerca de petición de nulidad de asamblea del 28 de abril (17 de febrero 2011)

Guerrero – breves: Juez absuelve a agresor de uno de los integrantes del Comité Radio Ñomndaa; Segob evade cumplir sentencia por el de caso Inés y de Valentina (27 de enero 2011)

Oaxaca: Allanamiento y robo de las oficinas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad

Conferencia de prensa del 4 de noviembre (@Ciudadanía Expres)

 El 3 de noviembre, la organización civil “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.” presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el allanamiento de sus oficinas además de que los responsables se robaron documentación sobre la situación de derechos humanos en el estado, teléfonos celulares y equipo de computo (2 computadoras, dos grabadoras de audio y 4 memorias USB). La abogada de dicha institución, Yésica Sánchez Maya manifestó que después de tres días que suspendieron labores con motivo de Todos Santos, se presentaron el 3 de noviembre a laborar a sus oficinas ubicadas en la Ciudad de Oaxaca y las encontraron saqueadas.

Señalaron: “Aunque habían otros objetos de mucho más valor como un cañón para proyección, impresoras o monitores planos, teléfonos fijos, éstos no fueron robados, sino solo aquellos que claramente contenían información. Asimismo en una de las oficinas nos encontramos el seguimiento hemerográfico de feminicidios 2011 abierto, encima de una impresora que estaba encendida”.

Denunciaron: “Todas las integrantes de Consorcio Oaxaca repudiamos estos actos que consideramos una agresión al trabajo que realiza nuestra organización. Ya desde hace algunos meses hemos tenido algunos incidentes, como llamadas telefónicas preguntando por ejemplo: ¿aquí vive Rosita Alvirez? -en alusión a aquella canción donde una mujer es asesinada de tres tiros por negarse a bailar con un hombre-; en otras dos ocasiones integrantes de la organización fueron seguidas por motociclistas u hombre en bicicleta luego de actos públicos relacionados con la denuncia del feminicidio o la campaña de aborto por violación. Resulta preocupante y lamentable que frente a la ola de violencia feminicida, los 80 asesinatos de mujeres, que el gobierno estatal tampoco esté generando las condiciones de seguridad, respeto y protección a la labor que realizamos las defensoras de derechos humanos desde las organizaciones y ámbitos en los que participamos. Si este gobierno pretende un cambio real hacia la transición democrática, uno de los aspectos centrales es la garantía para realizar el trabajo que las organizaciones civiles y sus defensoras y defensores aportan al conjunto de la sociedad”.

En los días posteriores, 59 organizaciones y 21 personalidades se pronunciaron para expresar una enérgica condena al allanamiento y robo perpetrados, así como para exigir una investigación pronta y expedita para esclarecer estos graves acontecimientos y deslindar responsabilidades. Por su parte, el Gobierno del Estado de Oaxaca refrendó “su compromiso en coadyuvar en las tareas que realizan los y las defensoras de derechos humanos”, y se comprometió “a continuar de manera seria y responsable las indagatorias a fin de esclarecer los hechos que condujeron a este allanamiento y castigar al o los responsables de estos actos intimidatorios”.

 Para más información:

Denuncia de “Consorcio Oaxaca” por allanamiento y robo en sus oficinas citadinas (E-Oaxaca, 4 de noviembre de 2011)

Denuncia “consorcio” sustracción de información de sus oficinas (NSS Oaxaca, 4 de noviembre de 2011)

Pronunciamiento de organismos civiles exigiendo esclarecer el allanamiento de las Oficinas de Consorcio (OSC, 6 de noviembre)

Pronunciamiento del gobierno del estado de Oaxaca respecto al allanamiento de las oficinas de Consorcio (Gobierno del estado, 6 de noviembre)

Para más información de SIPAZ:

Exigen alto a feminicidios en Oaxaca (1 de septiembre de 2011)

México: Declaración final del Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (29 de octubre de 2010)

Chiapas: Denuncia de militarización en Chicomuselo

Habitantes de Chicomuselo denunciaron atropellos a sus derechos por parte de militares en hechos ocurridos los días 24 y 26 de octubre pasado. Así lo relató en un comunicado publicado el 31 de octubre el Comité Regional para la promoción y defensa de la vida “Samuel Ruiz García”. Los afectados señalan que elementos del Ejército mexicano destacamentados temporalmente en el local de la Comisaría Ejidal de Chicomuselo entraron a domicilios particulares “sin orden judicial, sin el consentimiento de sus dueños y de forma violenta causando temor, hostigamiento y daño psicológico a las personas más vulnerables”. Al preguntar sobre una orden los federales respondieron que cumplían una orden del presidente municipal de Chicomuselo. Los agraviados indicaron que participaron en el operativo 2 comandos fuertemente armados de entre 20 y 30 soldados. Los militares preguntaron por armas escondidas y descomisaron algunas armas de calibre 16 y 22 permitidas según los denunciantes por la Ley Federal de armas de fuego y explosivos y que tenían para salvaguardar sus vidas y cuidar sus propiedades.

 Para más información:

Denuncia del Comité Regional para la promoción y defensa de la vida “Samuel Ruiz García” (31 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Militarización en la frontera de Chiapas con Guatemala (30 de abril de 2011)

Chiapas: Amenaza de muerte al párroco de Chicomuselo (11 de octubre de 2010)

Chiapas: Red por la Paz presenta informe sobre Zona Fronteriza (9 de octubre de 2010)