México: Encuentro “Hacia un Pacto Popular por el Rescate de la Nación”.

febrero 25, 2013

Nación

El 16 de febrero en la Universidad Obrera de México se realizó el Encuentro “Hacia un Pacto Popular por el Rescate de la Nación” con la participación de más de 350 asistentes representativos de más de 200 organizaciones  civiles y sociales. La convocatoria al Encuentro tiene como antecedente la “Proclama por el Rescate de la Nación” en marzo de 2012, un documento firmado por numerosas personalidades, dirigentes sociales y de organismos civiles y ciudadanos en lo particular.

El análisis del contexto llevó a los participantes a caracterizar la situación que vive el país “como de emergencia nacional, y que entre sus causas está el acelerado proceso de descomposición del Estado mexicano y de su clase gobernante. La corrupción y la impunidad atraviesan a todo el aparato estatal y sus instituciones. Están involucrados gobernantes y funcionarios de los más altos niveles y de todos los partidos. La situación política se agrava con el regreso del PRI, partido que asume el gobierno como resultado de un proceso electoral turbio y carente de legitimidad.  Se mantienen violaciones a la Constitución y al estado de derecho. Y que se avanza peligrosamente hacia el establecimiento de un Estado delincuencial y de excepción, que amenaza nulificar  los derechos políticos, sociales y culturales”.

Para hacer frente a la emergencia nacional, los participantes determinaron unirse en un movimiento nacional con el propósito de luchar por “el rescate de la nación, la defensa del territorio mexicano y bienes energéticos, así como a favor de la paz y contra el neoliberalismo”, en “una amplia unidad estratégica, programática y de acción en forma de movimiento de movimientos”.

Se concluyó con la necesidad de promover espacios de coordinación, organización, comunicación y de confluencia. El espacio se propuso hacer una consulta nacional y realizar actividades y promover actos en torno a la defensa de la soberanía y del petróleo. En ese sentido se acordó apoyar las caravanas y la realización de actos el 18 de marzo en las plazas públicas, haciendo un llamado a defender el petróleo entre todos.  Se convocó nuevamente para realizar un II Encuentro el 20 de abril.

Para más información:

Se unen por el rescate de la nación y la defensa del territorio (La Jornada, 22 de febrero de 2013)

Documento de trabajo del Encuentro “Hacia un Pacto Popular por el Rescate de la Nación”. (Proclama por el Rescate de la Nación, 16 de febrero de 2013)

Boletín de prensa (22 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

México: “Ante la emergencia nacional hagamos una sola voz frente el silencio de los políticos”: Proclama por el Rescate de la Nación(14 de marzo de 2012)

Anuncios

Chiapas:Las Abejas denuncian tiroteos en varias comunidades de Chenalhó

febrero 25, 2013
Acteal, diciembre de 2012 (@SIPAZ)

Acteal, diciembre de 2012 (@SIPAZ)

El 22 de febrero pasado, en el marco de la conmemoración mensual de la masacre de Acteal (22 de diciembre de 1997), la Sociedad Civil Las Abejas denunció que “(l)os paramilitares que fueron ex-carcelados por la mal llamada Suprema Corte de Justicia con el pretexto de fallas en el debido proceso están gozando de la impunidad en Chenalho, junto con su familiares viven tranquilos mientras causan inquietud y miedo en las comunidades”. Informaron de disparos a plena luz del día en Colonia de Yaxgemel, C´anholal, Yibeljoj en semanas recientes.

 Señalaron a cambio que mientras “las autoridades dejan libres a los asesinos y se empieza a ver el resultado de la impunidad, a los que sí persiguen y meten a la cárcel es a los que defienden los derechos del pueblo”, como Nataniel Hernández Núñez miembro del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa AC” y de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas tarifas de Luz u Octavio Blanco García que fue detenido el martes 22 de enero por protestar contra el proyecto de energía eólica cerca de Arriaga, Chiapas.

Finalmente, exigieron “a las autoridades municipales de Chenalho y a las autoridades estatales, en particular la Secretaría de Salud a que se acelere el cierre y reubicación del basurero que está a la orilla de la carretera que está cerca de las comunidades de Acteal, Tsajal ukúm, y Pechiquil. Este basurero tan cerca de la comunidades ha causado muchas enfermedades de tos, gripe, calentura, diarrea en los niños”.

Para más información:

Comunicado completo (Sociedad Civil Las Abejas, 22 de febrero de 2013)

Acusan a paramilitares excarcelados por la Corte de atemorizar en Chenalhó (La Jornada, 26 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas:Nuevo comunicado de Las Abejas de Acteal (23 de enero de 2013)

Chiapas: Aniversario de la masacre de Acteal (24 de diciembre de 2012)

Chiapas: Conmemoración del 20 aniversario de las Abejas y el próximo 15 aniversario de la masacre de Acteal (11 de diciembre de 2012)


Chiapas: “Riesgo inminente” de expulsiones de bases zapatistas en San Marcos Avilés.

febrero 23, 2013
(QRadio Pozol)

(QRadio Pozol)

El 23 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) lanzó una acción urgente ante el “riesgo inminente” de que, en el ejido San Marcos Avilés, municipio de Chilón “por segunda ocasión se realice un desplazamiento forzado, hacia las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) por parte de habitantes del mismo ejido, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”.

Las nuevas amenazas se detonaron cuando las autoridades ejidales exigieron a las bases de apoyo el pago del impuesto predial, lo que se niegan a hacer: “Hemos sufrido mucho por todas las agresiones de estos grupos partidistas, y el gobierno no ha hecho nada. Ahora no es el momento de pagar, pues estamos en resistencia y exigimos el respeto a nuestro derecho a nuestras tierras. Si no recibimos nada del gobierno, no vamos a pagar impuestos”. Ante ello, las autoridades ejidales les replicaron que de no hacerlo serían desalojados y empezaron a organizarse y a contactar a otras autoridades municipales y estatales para llevar a cabo dicho desalojo.

El CDHFBC destacó en su escrito “la responsabilidad del gobierno de Chiapas, “que por omisión deliberada no ha actuado para garantizar la integridad y seguridad personal de las bases zapatistas y el acceso a sus tierras, a pesar de las diversas intervenciones enviadas por el propio organismo exigiendo al gobierno mexicano las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad personal de los indígenas amenazados, así como su derecho a las libertades fundamentales de libre expresión y pensamiento, así como su derecho a las tierras enajenadas y al proceso autonómico que construyen en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos”.

Para más información:

Acción Urgente:  Aumenta hostigamiento y tensión en contra de BAEZLN en San Marcos Avilés (Actualización, 4 de marzo de 2013)

Acción Urgente: Riesgo de desplazamiento forzado a BAEZLN en San Marcos Avilés (23 de febrero de 2013)

Existe “riesgo inminente” de expulsión de zapatistas en Chilón: Frayba (La Jornada, 23 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Comunicado de la JBG de Oventic con respecto a las agresiones y amenazas de personas vinculadas con los partidos políticos en contra de zapatistas en San Marcos Aviles(4 de julio de 2011)

Chiapas: amenazas a bases de apoyo zapatistas en San Marcos Avilés (29 de junio de 2011)

Chiapas: Retorno de los bases de apoyo desplazados a San Marcos Avilés (14 de octubre de 2010)

Chiapas: Denuncia de JBG de Oventic por expulsión violenta de bases de apoyo zapatistas en San Marcos y Pamala (11 de septiembre de 2010)


Oaxaca: PBI llama a fortalecer la protección de defensores en el estado

febrero 23, 2013

PBI

Después de reunirse con el Gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué, representantes de Brigadas de Paz Internacionales (PBI México) dieron a conocer en un boletín de prensa hecho público el 19 de febrero algunos de los retos en torno a la protección de las y los defensores que se le plantearon, “como el adecuado funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones y la implementación cabal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos a nivel estatal, en cooperación con los beneficiarios de las mismas”.

El representante de PBI, Ben Leather, reconoció la apertura del gobierno de Gabino Cué hacia la protección de personas defensoras, pero advirtió de las preocupantes cifras de agresiones registradas hasta el momento. El último informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos señala a Oaxaca como el segundo estado de México, después de Chihuahua, en número de ataques a personas defensoras en 2011, situándose a la cabeza en el primer trimestre de 2012. Los defensores y las defensoras de derechos humanos aún siguen reportando amenazas de muerte, hostigamiento, difamación, criminalización, ataques físicos, allanamientos y asesinatos. Debido a la situación de riesgo enfrentada por las personas defensoras, PBI mantiene un equipo permanente en Oaxaca desde 2008.

Para más información:

PBI México llama al gobernador de Oaxaca a fortalecer la protección a personas defensoras (PCI, boletín de prensa, 21 de febrero de 2013)

Oaxaca, el estado con más ataques contra activistas (Proceso, 20 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Misión nacional e internacional documenta 41 agresiones a ONG y personas defensoras de DH(4 de octubre de 2012)


Chiapas: OSC expresan preocupación por la situación de los desplazados de Busiljá

febrero 23, 2013

Red

En un comunicado publicado el 18 de febrero pasado, organizaciones civiles y de derechos humanos de Chiapas manifestaron su “preocupación por la situación crítica iniciada en 1997 en el Ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, y que durante 16 años ha dejado una estela de muertos, heridos, encarcelados, desplazados y desaparecidos en la cabecera municipal de Ocosingo”.

Resaltaron en particular que “la situación vivida por las siete familias desplazadas del Ejido Busiljá, no sólo expresa una profunda crisis humanitaria, también pone en duda la voluntad y la efectividad de los mecanismos institucionales para la impartición de la justicia en nuestro estado de Chiapas, haciendo evidente la impunidad en la que permanecen las personas y grupos que han perpetrado los delitos, así como los hechos que constituyen violaciones graves y continuadas a los derechos humanos imputables a autoridades estatales y con efectos lamentables que perduran hasta el día de hoy”.

Ante estos hechos solicitaron “la aplicación pronta, seria e imparcial de medidas encaminadas a la resolución justa y conforme a derecho de la situación que les afecta y vulnera”.

Para más información:

Pronunciamiento completo de la Red por la Paz: “Organizaciones civiles expresan preocupación por situación que viven desplazados de Busiljá” (18 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Plantón del Frente de Ejidos en Resistencia en San Cristóbal de Las Casas (26 de diciembre de 2011)


Guerrero: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) se pronuncia contra decreto estatal

febrero 19, 2013
Marcha de la CRAC-PC en San Luis Acatan (@Desinformémonos)

Marcha de la CRAC-PC en San Luis Acatan (@Desinformémonos)

El 17 de febrero, se llevó a cabo el “Encuentro estatal por la defensa de la seguridad y la justicia de los pueblos”, mismo que convocó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) para analizar la Iniciativa del Gobierno del Estado presentada hace poco para regular las policías comunitarias en el estado. Al finalizar el evento, marcharon en San Luis Acatlán, donde quemaron de manera simbólica la propuesta de decreto, demostrando de este modo su rechazo al mismo.

La CRAC-PC planteó: “Rechazamos absolutamente, en todas y cada una de sus partes, el decreto del gobernador para reglamentar a nuestra Policía Comunitaria, reclamamos el respeto a nuestro reglamento interno y exigimos la plena validez y vigencia de la ley 701”. Cabe recordar que en 2011, la ley 701 textualmente reconoció en su artículo 37 “la existencia del sistema de justicia indígena y de la CRAC para todos los efectos a que haya lugar.”

En su planteamiento desglosaron aspectos que, por el artículo 9 del decreto, quedarían prohibidos a la Policía Comunitaria y a las propias comunidades, como por ejemplo “que realicen detenciones fuera de los casos de flagrancia o cumplimiento de mandatos por escrito de autoridades ministeriales o jurisdiccionales; emitir órdenes de detención o aprehensión; retener a las personas detenidas en flagrancia por más tiempo del estrictamente necesario para ponerlas a disposición de las autoridades ministeriales o jurisdiccionales competentes; realizar cateos u otras diligencias fuera de los casos de auxilio que legalmente están obligados a proporcionar a las autoridades competentes.También prohíbe impedir el libre tránsito de personas en caminos y vías públicas; procesar o enjuiciar a las personas que hubiesen detenido por la probable comisión de algún delito; imponer sanciones por la probable comisión de delitos o faltas; y aplicar medidas, métodos o procesos de reinserción social o reeducación en faltas que vayan más allá de los bandos de policía y buen gobierno; en caso de no respetarse serán sancionados indica el texto del decreto”.

Afirmaron:“Únicamente con lo expuesto en dicho artículo, el gobierno del estado muestra su interés en desarticular nuestro sistema comunitario, pues prohíbe prácticamente todo lo que hacemos y que se ha construido con grandes sacrificios por nuestros pueblos. Además muestra la latente amenaza de seguir siendo sancionados por el estado en caso de contravenir lo dispuesto. Llamamos a los poderes del estado a rectificar su actitud y a evitar este tipo de emplazamientos a nuestros pueblos, ya que en todo el tiempo nuestra disposición a sido la de construir en beneficio del estado de Guerrero y del país mejores condiciones de existencia, que deberían ser tomadas en cuenta con respeto y seriedad”.

Para más información:

Pronunciamiento del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria (17 de febrero de 2013)

Marcha la CRAC contra el decreto para reglamentar a las policías comunitarias (El Sur, 18 de febrero de 2013)

La institucionalización de la Policía Comunitaria de Guerrero sería su muerte (Desinformémonos, 17 de febrero de 2013)

Policía comunitaria de Guerrero seguirá en su lucha contra el crimen organizado(La Jornada, 18 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Toman autoridades vinculadas a la UPOEG la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán (14 de febrero de 2013)

Guerrero: Gobernador Aguirre se involucra en situación de inseguridad de Ayutla. Reitera Policía Comunitaria: “no somos nosotros” (22 de enero de 2013)

Guerrero: Autodefensa en contra del crimen organizado en 4 municipios (11 de enero de 2013)


Oaxaca: piden sindicalistas de Canadá y Estados Unidos leyes y sanciones para empresas mineras

febrero 19, 2013
Conferencia de prensa de sindicalistas de Estados Unidos y Canada, Oaxaca (@Quadratin)

Conferencia de prensa de sindicalistas de Estados Unidos y Canada, Oaxaca (@Quadratin)

El 15 de febrero, representantes de sindicatos de trabajadores metalúrgicos de Canadá y Estados Unidos urgieron al Gobierno Mexicano y al Gobierno de Oaxaca a establecer leyes y sanciones que impidan abusos de parte de empresas mineras. Hicieron estas afirmaciones al finalizar una visita a este estado, principalmente a los municipios de Capulálpam de Méndez y San José del Progreso, dos comunidades afectadas por proyectos mineros. En ambos lugares pudieron constatar que la exploración y explotación de las minas se ha hecho sin respetarse la libre determinación y la autonomía de las comunidades y sin estudios de impacto ambiental que determinen las afectaciones que podrían derivar de esos proyectos. Afirmaron que la introducción de mineras ha provocado la ruptura del tejido social y situaciones de violencia hacia los opositores.

“Autoridades federales y estatales han actuado de manera irresponsable en la entrega de 344 concesiones para la explotación minera en Oaxaca entre 2002 y 2011”, aseguró Laura Ramírez, representante de la organización United Steelworkers

El coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid detalló que entre enero de 2002 y junio de 2011, la SE entregó 344 títulos de concesión minera en Oaxaca para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, fundamentalmente, en 742 mil 791 hectáreas, equivalentes a 7.78 por ciento del territorio estatal. Precisó que las 344 concesiones, distribuidas en las ocho regiones del estado, pertenecen principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadunidenses. Algunas concesiones tienen vigencia hasta 2023, 2039, 2059, 2060 y 2062.

Para más información:

Irresponsable actuación oficial en concesiones mineras: Steelworkers (La Jornada, 19 de febrero de 2013)

Dio Economía 344 concesiones mineras en Oaxaca, en 9 años (La Jornada, 16 de febrero de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Finaliza Encuentro Sí a la Vida, No a la Minería con declaratoria (22 de enero de 2013)

Oaxaca: Misión Civil de Observación a San José del Progreso (26 de noviembre de 2012)