Guerrero: Atentado contra integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad)

El 29 de enero, el presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Enrique González Ruiz, denunció que la defensora de los derechos humanos Pilar Noriega García y el exguerrillero Nicomedes Fuentes García, ambos integrantes de la Comverdad fueron víctimas de un atentado el 28 de enero en la carretera federal Iguala-Chilpancingo, ya encontrándose en las inmediaciones de Chilpancingo.

Dos camionetas en la que se desplazaban hombres armados alcanzaron a la de la Comverdad en la que viajaban Fuentes y Noriega, y les pidieron que se detuvieran. Ellos sólo se orillaron a un montículo y salieron corriendo, resguardándose en el monte hasta el día siguiente. Se interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

Ante los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhortó a los gobiernos federal y del estado de Guerrero a generar las condiciones necesarias para que los defensores Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes puedan desarrollar su labor en un ambiente de seguridad.

La Comverdad tiene como misión “elaborar un informe del registro de las personas afectadas durante el periodo de la guerra sucia de los años sesentas y setentas (1969-1979), (…) para así emitir recomendaciones para las medidas de reparación y resarcimientos para las víctimas y/o familias ofendidas”.

Para más información:

Sufren atentado Comisionados de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Boletín de prensa, Comverdad. 29 de enero de 2014)

Atentado contra dos miembros de la Comisión de la Verdad de Guerrero (La Jornada, 30 de enero de 2014)

Hombres armados intimidan a integrantes de la Comverdad en carretera, denuncian (La Jornada de Guerrero, 30 de enero de 2014)

Pide CDHDF seguridad para defensores de Comisión de la Verdad (Milenio, 30 de enero de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amenazas de muerte contra dos activistas de la Comisión de la Verdad (5 de febrero de 2013)

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Chiapas : Edil involucrado en campaña homofóbica

Foto @ La Jornada

Activistas y defensores de los derechos humanos denunciaron ante la Comisión Nacional para la Prevención contra la Discriminación (Conapred) a la Fundación Chiapas Verde por iniciar una campaña en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Dos letreros publicitarios fueron colocados los 18 y 19 de enero en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, con la leyenda: “No a la legalización de iniciativas de Ley que van en contra de los mandamientos de Dios (aborto, matrimonio gay, legalización de la marihuana, etc)”. Uno de los logotipos que firman el letrero es el de la Fundación Chiapas Verde AC, de la cual es líder el edil de Chilón, Leonardo Rafael Guirao Aguilar.

La delegación Chiapas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddsser) condenó la campaña y solicitó una investigación para conocer el origen de los recursos económicos utilizados en esta campaña. Acusan que dicha campaña viola los derechos humanos y la Ley, ya que la Constitución mexicana prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual. “México ha firmado diversos acuerdos internacionales que lo comprometen a defender las garantías de todas/os sus ciudadanas/os”, recuerda la Red de Ddsser.

Para más información:

CONAPRED admite queja contra Pastor y Edil de Chilón (Chiapas Informativo, 30 de enero 2014)

Edil de Chiapas financia campaña contra gays (Aristegui Noticias, 21 de enero de 2014)

Edil de municipio paupérrimo financia campaña contra uniones gay (Proceso, 21 de enero de 2014)

Alcalde de Chilón, Chiapas, es acusado de patrocinar campaña contra uniones gay (Proceso, 21 de enero de 2014)

Porque la paga del pecado es muerte, sentencia edil chiapaneco a gays (La Jornada de Oriente, 21 de enero de 2014)

Financia edil de Chiapas campaña contra gays (El Independiente, 21 de enero de 2014)

Guerrero/Nacional: Red Solidaria Década contra la Impunidad denuncia intimidación en contra de dos de sus integrantes pocos días antes de una Misión de Observación a Guerrero

El 28 de enero, las integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino y Ericka Zamora Pardo fueron intimidadas a unos días de la visita que harán a Guerrero con una Misión Civil de Observación que busca documentar las violaciones a los derechos humanos de activistas y luchadores sociales en el estado.

Denunciaron que se reunieron en un restaurante en la Ciudad de México para planear los últimos detalles de dicha misión que se llevará a cabo los días 9 y 10 de febrero y que estará encabezada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López. En esa reunión estuvieron el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero, Jorge Salazar Marchán, así como el cineasta Braulio Gutiérrez Hidalgo y Costilla, quien presentará en la misión el documental El Charco, la república del silencio. Varios sujetos de aspecto militar los estuvieron vídeo-grabando por más de 4 horas y López Paulino y Zamora Pardo fueron seguidas al salir del restaurante. Más tarde, policías adscritos a la Secretaría de Gobernación llegaron por ellas y las trasladaron al Ministerio Público para levantar una denuncia. A raíz de esa situación, la Red pidió por escrito a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y la protección a las defensoras.

Para más información:

AU: Seguimiento policiaco a las Defensoras de DDHH María Magdalena Lopéz Paulino y Ericka Zamora Pardo, integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (31 de enero de 2014)

Intimidan a activistas que vendrán con Raúl Vera (La Jornada de Guerrero, 2 de febrero de 2014)

Interponen queja por hostigamiento contra tres activistas (Proceso, 29 de enero de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Instan a CIDH tomar caso de la masacre de El Charco (31 de enero de 2013)

Chiapas: CDHFBC denuncia desalojo violento y arbitrario realizado en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de Berriozábal

Desalojo forzado en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez (@CDHFBC)

En un boletín publicado el 29 de enero pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció el desalojo violento y arbitrario realizado el pasado 22 de enero en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de Berriozábal, sin que se observara el “Protocolo de desalojos por parte de las corporaciones de policías y seguridad del Estado y los municipios de Chiapas”.

Documentó que “(e)l operativo culminó con el desalojo forzado de 75 familias tsotsiles (integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Emiliano Zapata), la destrucción, saqueo y quema de viviendas, robo de pertenencias, con resultado final de una mujer de la tercera edad agredida, cinco personas heridas y cuatro más detenidas arbitrariamente.”

Relató que la acción duró cerca de cuatro horas, con la presencia de aproximadamente 800 elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial, Policía Municipal de Berriozábal quienes usaron gases lacrimógenos, toletes, garrotes, palos y portaban armas de fuego. El CDHFBC expuso su preocupación “por la situación de violación sistemática a los derechos humanos cometida por el gobierno del estado de Chiapas a través de sus funcionarios y servidores públicos en actos como: agresiones, tratos crueles inhumanos y degradantes, tortura, privación arbitraria de la libertad”.

Para más información:

 

Desalojo forzado por policías estatales en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez (Boletín de prensa, CDHFBC, 29 de enero de 2014)

 

Denuncian graves violaciones en desalojo de 75 familias tsotsiles en Berriozabal (Radio Fórmula, 29 de enero de 2014)

Guerrero: denuncian hostigamiento de militares y policías en comunidades de la Costa Chica

Policías comunitarias (@cgtChiapas)

En un comunicado publicado el 28 de enero, organizaciones civiles de derechos humanos y parroquias denunciaron que “(a) un año de que las comunidades y los pueblos de la región Costa Chica y Centro del Estado de Guerrero se organizaran para restablecer la seguridad y paz en sus comunidades, hoy se enfrentan al hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad por parte del Ejército Mexicano, la Policía Federal y Estatal.”

Afirmaron “en un solo día se instalaron y sumaron 7 retenes militares” a los ya establecidos y que “los retenes militares no están permitiendo el paso de civiles ni por coche ni a pie de una comunidad a otra, vehículos y tanquetas militares amedrentan a la población apuntándoles directamente”.

Señalaron que “(l)a función de las fuerzas de seguridad federales no debe de ser el de hostigar y violentar a las comunidades suscritas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana. Al actuar de esta manera el Ejército no está cumpliendo con su función de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación” y exigieron que el Ejército y las policías federal y estatal respeten los derechos humanos e integridad de los pueblos, incluyendo el derecho de los pobladores al libre tránsito, la autodeterminación y la asociación pacífica”.

Para más información:

Denuncian acoso de fuerzas federales a pueblos y comunidades guerrerenses (La Jornada, 30 de enero de 2014)

Comunidades de 5 municipios de la región Costa Chica del estado de Guerrero son hostigadas por el ejército (OSC de derechos humanos, 28 de enero de 2014)

Oaxaca: Vuelven a quemar campamento en tierras comunales de Juchitán

Foto @ APPJ

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunció que, en la madrugada del pasado 28 de enero, “sicarios” de la empresa Gas Natural Fenosa, “al mando de Óscar Toral, Héctor Guillén y Ricardo Morales, el primero desde la empresa Constructoral”, incendiaron por segunda vez el campamento de resistencia contra la construcción del parque eólico Bií Hioxho en tierras comunales de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec. El primer incendio sucedió el 15 de octubre de 2013.

Por otra parte, el sacerdote Alejandro Solalinde, mediador entre la APPJ, la Secretaría de Energía (Sener), la empresa Gas Natural Fenosa y el gobierno de Oaxaca, advirtió que puede haber un “baño de sangre” ante la “cerrazón” con la que han actuado la empresa y las instancias oficiales, porque los indígenas zapotecas de la APPJ van a defender con su vida sus tierras, ya que incluso el representante del gobierno estatal, Javier Jiménez, puso como condición que no se trate el tema agrario en las negociaciones. Solalinde afirmó de Javier Jiménez (desconocido como interlocutor por la APPJ) que está en un “conflicto de intereses” porque era funcionario en el gobierno de Ulises Ruiz, y al mismo tiempo, siendo notario, “legalizó el cambio (de constancias) de terrenos comunales como títulos de propiedad privados, algo para lo que no tenía competencia […] Gas Fenosa les llamó propietarios y ya con eso justificó todo lo que tenía que hacer, pero sin hacer la consulta”.

Para más información:

Incendian por segunda vez campamento de opositores a eólica en Juchitán, Oaxaca (La Jornada, 29 de enero de 2014)

AU Exigimos seguridad para la APPJ ante la quema de su campamento en Juchitán (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha – Código DH, 29 de enero de 2014)

Nota y comunicado de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco – APPJ (Kaos en la Red, 29 de enero de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco denuncia ataque contra campamento anti-eólico (16 de octubre de 2013)

Oaxaca: Nuevas amenazas de desalojo en Playa Vicente (3 de octubre de 2013)

Oaxaca: Activistas antieólicos denuncian nueva agresión por parte de la empresa Gas Natural Fenosa (29 de agosto de 2013)

Chiapas: Denuncian reinicio ilegal de actividades mineras en Chicomuselo

Foro antiminería en Chicomuselo, sept 2012 @ Foto de archivo (SIPAZ)

Organizaciones civiles denunciaron que el pasado 19 de enero arribaron a la cabecera municipal de Chicomuselo seis camiones de doble remolque y se dirigieron al ejido Santa María, donde se encuentra la mina de barita La Pera, clausurada hace meses por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no cumplir con las normas ambientales. Agregaron que a la fecha han salido seis camiones cargados con barita, a pesar de que “están trabajando la mina ilegalmente”, por lo que exigieron a autoridades federales y estatales que se suspendan los trabajos. Afirmaron que “las compañías explotadoras de minerales en la zona han delineado una nueva estrategia: fomentar las cooperativas mineras” y convertir en socios de éstas a ejidatarios para tener autorización de entrar en las comunidades para explotar yacimientos.

Para evitar que los pobladores perciban la presencia de los vehículos y protesten contra las minas, no están pasando por la calle de la cabecera municipal, misma calle que había sido cerrada por el movimiento antiminero que encabezaba el líder Mariano Abarca, quien fue asesinado en noviembre del 2009 en su lucha contra la minera canadiense Blackfire.

Para más información:

Reinician actividades en las minas de Chicomuselo (Otros Mundos Chiapas, 24 de enero de 2014)

Empresas mineras reanudaron ilegalmente trabajos en Chiapas (La Jornada, 24 de enero de 2014)

Reactivan, de manera ilegal, extracción minera en Chiapas (Chiapas Paralelo, 25 de enero de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Comité para la Promoción y Defensa de la vida Samuel Ruiz García denuncia que empresarios mineros pretenden reactivar la explotación en el predio “La Revancha”, Chicomuselo (4 de noviembre de 2014)

Chiapas: Amenazas de expulsión de su tierra a los que se oponen a la explotación minera por el abuelo del gobernador (25 de septiembre de 2013)

Chiapas: Denuncian renovación de actividades mineras en Chicomuselo (16 de agosto de 2013)