Chiapas: Alejandro Díaz denuncia vulneración de derechos por parte de nuevo director del CERSS 5º

Imagen @ Red Contra la Represión y Por la Solidaridad

Alejandro Díaz Sántiz, preso Solidario de la Voz del Amate, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del E.Z.L.N, recluido en el penal nº5 San Cristóbal de Las Casas, denunció que “desde la llegada de este director de nombre José Israel López Escandón junto con el comandante Juan Humberto Pablo Vazquez ha vulnerado nuestros derechos y garantías individuales con estos atropellos tan lamentables que ellos han implementado como son las intimidaciones hacia nosotros y hacia toda la visita que conjuntamente sufrimos estas violaciones por parte de los custodios y custodias por orden del director“. Ya que el pasado día 1 de junio fue rechazada una visita que venía a ver a Alejandro Díaz y lo que le ocasionó “el gasto generado“. También cuestionó el comportamiento de las celadoras o custodias que se dedican a revisar las cosas “como son comida, frutas y legumbres pozol y tortilla que las visitas traen para convivir con sus internos pero estas celadoras decomisan la mayor parte de las cosas mencionadas que para nosotros como gente indígena que somos es nuestro alimento básico y todas las cosas que decomisan muchas veces ahí se pierde o quizás ellos y ellas la consumen“.

Además, señaló la discriminación que persiste “por ser gente indígena y pobres […] ya que la comida que nos daban con anterioridad ha ido disminuyendo junto con las tortillas. Como internos hemos hablado con el contador José Asunción Chacón Mendes pero él nos dice que no cuenta con suficientes recursos, que la subsecretaría no ha depositado en el banco y su proveedor no ha podido surtir los alimentos necesarios en este penal aunque nosotros sabemos que son pretextos“.

Por último, hizo “un llamado al presidente de la República Enrique Peña Nieto y al gobernador de [V]eracruz Javier Duarte de Ochoa que vean mi pronta libertad ya que llevo más de 15 años de estar preso injustamente“.

Para más información:

Denuncia de Alejandro Diaz Santiz Solidario De la Voz del Amate (Enlace Zapatista, 3 de junio de 2014)

Alejandro Díaz Santis, indígena injustamente preso, denuncia vulneración de sus derechos (Chiapas Denuncia Pública, 3 de junio de 2014)

Niegan alimento a reos del penal de San Cristóbal. No hay recursos dice director (Chiapas Paralelo, 5 de junio de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Alejandro Díaz anuncia ayuno de 10 días a 15 años de prisión (5 de mayo de 2014)

Chiapas: jornada de ayuno y oración de Alejandro Díaz en el día Internacional de los Presos Políticos (21 de abril de 2014)

Chiapas: Denuncia de Alejandro Díaz Santis desde la Cárcel de San Cristóbal de Las Casas, (22 de marzo 2014)

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Chiapas: Los detenidos de la Comisión de Diálogo sobre el conflicto Montes Azules fueron liberados

Los 22 indígenas tzeltales, choles y lacandones, representantes del Consejo de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, de la Asociación Rural de Interés Colectivo- Independiente y Democrática (ARIC-ID) y de otras organizaciones de Ocosingo, fueron liberados el 30 de mayo “con las reservas de ley”, luego de que se firmase en la Ciudad de México un acuerdo con autoridades federales y estatales, informaron los excarcelados. Dichos representantes fueron detenidos “arbitrariamente”, como señala el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC), el pasado 29 de mayo en Tuxtla Gutiérrez cuando acudieron a una cita con el Secretario de Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez, para “dialogar” en torno a la regularización de tres poblados en la Selva Lacandona (Ranchería Corozal, Salvador Allende y Nuevo San Gregorio), así como la libertad de Gabriel Fernando Montoya Oseguera, a quien originalmente acusaron del presunto secuestro de Julia Carabias.

Los indígenas declararon que el gobierno federal, a través del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, firmó un acuerdo, donde se comprometió a gestionar ante la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación una reunión en la ciudad de México, a la que asistan las autoridades estatales y la defensa de Gabriel Montoya Osegura, asesor de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, cuya detención el 15 de mayo originó las movilizaciones por las que supuestamente los indígenas fueron detenidos. Informaron que uno de sus compromisos fue la suspensión de los bloqueos carreteros y de las movilizaciones. Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz) publicó que “se firmó un acuerdo entre la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Justicia de la Selva Lacandona y la representación del Gobierno Federal y Estatal en la que se comprometen ambas partes a privilegiar la vía del diálogo y la construcción de acuerdos para resolver la problemática que se vive en la zona lacandona”.

Para más información:

Otra oportunidad a la palabra: Los 22 compañeros de la comisión de diálogo que fueron detenidos hoy son libres (Serapaz, 30 de mayo de 2014)

Privación Arbitraria de la Libertad a indígenas y Defensor de Derechos Humanos perpetrada por el gobierno de Chiapas (CDHFBLC, 30 de mayo de 2014)

Liberan a 22 indígenas detenidos en Chiapas (Proceso, 31 de mayo de 2014)

Criminalizar a pobladores de Montes Azules y la Lacandona, una infamia (Chiapas Paralelo, 31 de mayo de 2014)

Liberan a 22 indígenas tras un acuerdo entre autoridades de Chiapas y federales (La Jornada, 1 de junio de 2014)

Liberan a 22 indígenas lacandones en Chiapas (El Universal, 31 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Gobierno detiene a comisión para el diálogo sobre el conflicto en Montes Azules (30 de mayo de 2014)

Chiapas: Se extiende problemática en la Selva Lacandona. Red por la Paz pide “procesos incluyentes en el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules” (28 de mayo de 2014)

Nacional: Concluye Semana Internacional del Detenido-Desaparecido

¡Detenidos Desaparecidos a las Calles! ¡Presentación YA! (@Comité Cerezo)

En la última semana de mayo, se organizaron diversas actividades en México en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, con el objetivo de “exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, alimentar la memoria y conciencia histórica de la población, sensibilizarla para que nunca más hechos  como la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, se lleven a cabo en el país y en el mundo; pugnar porque se promulguen leyes claras, que prohíban su ejecución, se castigue a los culpables y se erradiquen para siempre tales prácticas”.

El 26 de mayo, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos anunció que luego de siete años de buscar justicia por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en mayo de 2007 en Oaxaca), acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que el Estado mexicano “ha sido omiso” y no ha garantizado las condiciones para hallarlos con vida y sancionar a los responsables.

El 28 de mayo, se presentó el Informe Sombra de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en la Ciudad de México. Reporta que las desapariciones forzadas en contra de luchadoras y luchadores sociales es una práctica del Estado que busca controlar y eliminar la disidencia política. Afirma que durante la actual gestión, la práctica se extendió a otros sectores de la sociedad como son las y los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes, por lo que se ha convertido “en un mecanismo más amplio de control social, despojo territorial y flujos migratorios”. El Comité Cerezo México denunció las incongruencias entre la cantidad de personas desaparecidas que presentan instancias como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con las que han documentado las organizaciones civiles y de víctimas. El informe también plantea que durante los primeros 18 meses gobierno de Enrique Peña Nieto, 30 personas defensoras de derechos humanos han sido víctimas de esta práctica.

Después de la presentación del informe se llevó a cabo un Foro: “Desapariciones Forzadas, Impunidad Sistemática: de Rosendo Radilla Pacheco a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez…”

Finalmente, el día 30, se llevó a cabo una Marcha: ¡Detenidos Desaparecidos a las Calles! ¡Presentación YA! En la que participaron integrantes de aproximadamente 15 organizaciones sociales para exigir acciones para tipificar adecuadamente este crimen de lesa humanidad y que se cree un protocolo de actuación único para todo el país.

Para más información:

Informe sobre Desaparición Forzada 2014 (Comité Cerezo, mayo de 2014)

El gobierno “desaparece a los desaparecidos”, acusan las ONG (CNN México, 24 de mayo de 2014)

Irán ante justicia interamericana familiares de dos eperristas desaparecidos en 2007 (La Jornada, 26 de mayo de 2014)

La desaparición forzada de activistas aumentó 300% en los primeros 18 meses de Peña Nieto, denuncian ONGs (SinEmbargo, 29 de mayo de 2014)

Activistas marchan para exigir una ley contra las desapariciones forzadas (La Jornada, 30 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Internacional: México acepta 166 de las 176 recomendaciones emitidas por Naciones Unidas  (21 de marzo de 2014)

Nacional: 30 de Agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (3 de septiembre de 2013)

México: Amnistía Internacional presenta su informe sobre desapariciones forzadas (5 de junio de 2013)

Chiapas: Gobierno detiene a comisión para el diálogo sobre el conflicto en Montes Azules

El 29 de mayo, fue detenida por agentes de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, una comisión conformada por dirigentes y representantes del Consejo de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, integrantes de la organización ARIC Independiente y el miembro de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Mario Marcelino Ruíz Mendoza, que acompañaba a la comisión en calidad de mediador.

La detención se produjo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, lugar donde la comisión se dirigía para iniciar una mesa de negociación acordada con el Secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar. El objetivo de la mesa era tratar la liberación del asesor jurídico de la comunidad lacandona, Gabriel Montoya, el reconocimiento y respeto a la libre elección de las autoridades agrarias de los bienes comunales y la resolución de la situación agraria del conflicto abierto en Montes Azules.

Alrededor de la media noche, fue liberado el mediador de SERAPAZ, mientras que el resto de miembros de la comisión permanecen detenidas.

Los detenidos son acusados de motín, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro, en relación a las manifestaciones y bloqueos carreteros que se produjeron durante las últimas semanas en protesta por lo que consideran la intromisión que organizaciones ambientalistas están haciendo sobre las decisiones tomadas por las comunidades.

Pablo Romo, miembro de SERAPAZ, declaró que el gobierno de Manuel Velasco traiciona el proceso de negociación y no escucha las necesidades de la población: “La detención de las 28 personas es una expresión clarísima de la insensibilidad del gobierno.  La gente estaba acercándose con el gobierno para generar un proceso de discusión que diera salida a la demanda”.

Para más información:

Accion urgente: Detención de autoridades y representantes del Consejo de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, organizaciones sociales y un miembro del equipo de SERAPAZ (SERAPAZ, 29 de mayo de 2014)

Actualización urgente: Mediador de Serapaz libre, persiste detención arbitraria de más de 20 personas (SERAPAZ, 29 de mayo de 2014)

Gobierno de Chiapas detiene a campesinos de la lacandona y a integrante de SERAPAZ (Chiapas Paralelo, 29 de mayo de 2014)

Detienen a 30 indígenas que iban a dialogar con autoridades sobre protesta en Ocosingo (Proceso, 29 de mayo de 2014)

Reportan detención de integrante de Serapaz en Tuxtla Gutiérrez (La Jornada, 29 de mayo de 2014)

Detienen a activistas que fueron citados por el gobierno de Chiapas (Sididh, 30 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Se extiende problemática en la Selva Lacandona. Red por la Paz pide “procesos incluyentes en el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules” (28 de mayo de 2014)

Chiapas: Organizaciones Sociales y Civiles denuncian secuestro “simulado” de Julia Carabias (20 de mayo de 2014)

Chiapas: Gobiernos Federal y Estatal anuncian ordenamiento territorial de la Selva Lacandona (16 de mayo de 2014)

Chiapas: acuerdo histórico en la Zona Lacandona (02 de mayo de 2014)

Oaxaca: Estado del país con mayor número de agresiones a mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas

La Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, dio a conocer que, desde el 1 de enero hasta la fecha, se registraron 38 agresiones contra 17 defensoras, 3 periodistas y 5 organizaciones y/o colectivos en el estado oaxaqueño, siendo esta entidad federativa la que mayor número de agresiones a mujeres defensoras y periodistas registra en toda la nación, según datos proporcionados por el Registro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).

La Red muestra particular preocupación por el incremento exponencial de ataques contra mujeres periodistas en el estado de Oaxaca que se ha registrado durante el mes de mayo. También se indica que la impunidad existente en los casos de agresiones a defensoras de derechos humanos (DH) y periodistas posibilita su reproducción y aumento.

Por todo ello, la Red exige al gobierno: “Garantías para el ejercicio del derecho a defender DH, en particular el derecho a la información y a la libertad de expresión., El reconocimiento del peligro y ataques específicos que sufren las mujeres defensoras de DH y periodistas., El diseño e implementación inmediatos de medidas de prevención y protección, en consulta con las mujeres defensoras de DH y periodistas y en respuesta a sus necesidades., La pronta investigación y castigo a los responsables de los ataques contra las periodistas Citlalli López y Alejandra Janet Martínez así como todos los ataques contra defensoras de DH y periodistas”.

Para más información:

Oaxaca: Primer lugar en ataques a mujeres defensoras de DH y periodistas (Página 3, 23 de mayo de 2014)

Oaxaca, primer lugar en ataques a defensoras de DH y periodistas (Ciudadanía Express, 23 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Uno de los estados más violentos y peligrosos del país para el ejercicio del periodismo (09 de mayo de 2014)

Chiapas: Se extiende problemática en la Selva Lacandona. Red por la Paz pide “procesos incluyentes en el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules”

Selva Lacandona (@archivo SIPAZ)

Catorce organizaciones civiles que trabajan en Chiapas, agrupadas en la Red por la Paz y aliadas, manifestaron, el 27 de mayo, su preocupación por la creciente tensión y conflictividad social que se vive en la región de la Selva Lacandona y la Biósfera de Montes Azules: “Nos preocupa que, en respuesta a la inconformidad pública manifestada en estos momentos por la CZL [Comunidad de la Zona Lacandona] y la ARIC ID [Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática], las medidas gubernamentales utilicen estrategias violatorias a los derechos de los pueblos, como la implementación de desalojos forzosos de familias y comunidades realizados entre los años 2003 y 2012, y la detención de autoridades locales y líderes de este movimiento”. Por lo mismo, urgieron al gobierno estatal y federal “procesos incluyentes en el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y de las otras seis Áreas Naturales Protegidas existentes en la Lacandona”.

Desde hace casi una semana, unos mil 500 indígenas han estado organizando manifestaciones para exigir la liberación del asesor de la comunidad Lacandona, Gabriel Montoya Oseguera (detenido el 14 de mayo pasado); la regularización de tres poblados (Ranchería Corozal, Salvador Allende y San Gregorio); y, la expulsión de la investigadora Julia Carabias de la reserva ambiental donde trabaja actualmente. Además de bloqueos intermitentes de carreteras, han mantenido cerradas edificios públicos gubernamentales como la alcaldía, juzgados y oficinas de la procuraduría en la cabecera de Ocosingo.

La presencia de ambientalistas en la selva Lacandona siguió generando conflicto. En abril pasado, la investigadora Julia Carabias fue retenida, durante 48 horas. El 26 de mayo, dos miembros de la organización ambientalista y cultural Na-Bolom, Beatriz Mijangos Zenteno y Enrique Roldán Páez, también fueron retenidos y liberados 22 horas después.

Para más información:

Red por la Paz en Chiapas denuncia clima de violencia y conflicto en Selva Lacandona (La Jornada, 28 de mayo de 2014)

Comunicado de la Red por la Paz y organizaciones hermanas (27 de mayo de 2014)

Exigen indígenas se regularicen asentamientos en la Selva Lacandona (Proceso, 27 de mayo de 2014)

Exigen libertad de líder tzeltal (La Jornada, 25 de mayo de 2014)

Toman indígenas oficinas de gobierno y exigen la expulsión de Carabias de la Selva Lacandona (Proceso, 23 de mayo de 2014)

Campesinos protestan en Ocosingo, Chiapas (El Universal, 22 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Organizaciones Sociales y Civiles denuncian secuestro “simulado” de Julia Carabias (20 de mayo de 2014)

Chiapas: Gobiernos Federal y Estatal anuncian ordenamiento territorial de la Selva Lacandona (16 de mayo de 2014)

Chiapas: acuerdo histórico en la Zona Lacandona (02 de mayo de 2014)

Chiapas/Nacional: OSC condenan aprobación de leyes que criminalizan la protesta social

(@revolunciontrespuntocero.com)

El 19 de mayo, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 74 organizaciones civiles de 20 estados de México, condenó la aprobación de las leyes que criminalizan el derecho a la protesta social en Chiapas y Puebla. Ello después de la aprobación del “Código de uso legítimo de la fuerza pública” en Chiapas el 15 de mayo y de una una ley con el mismo corte en Puebla la semana siguiente. La Red recordó que la la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio. Subrayó “la ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades”

El 21 de mayo, organizaciones civiles nacionales e internacionales, así como medios alternativos emitieron un comunicado en el que se refirieron al código aprobado en Chiapas, indicando “que la protesta social surge cuando prevalece la impunidad, y no hay canales para resolver las inconformidades, o que estos canales se han agotado, son inoperantes o son ignorados por las instituciones federales, estatales o municipales que tienen que resolverlos, o cuando la violación a los derechos humanos es de gran magnitud que afectan a un gran numero de la población, como por ejemplo las llamadas reformas estructurales. Con el Código aprobado, el gobierno de Chiapas, ve las protestas como un delito consumado o en vías de consumación, a las y los manifestantes como presuntos delincuentes y a su organización como enemiga y desestabilizadora de la paz social. El Código aprobado, saca de contexto los conflictos sociales y políticos, para llevar las protestas al campo judicial. Es leer el descontento social desde la óptica del código penal, y considerarla como una conducta delincuencial”.

El boletín concluye refirmando: “La protesta es también un instrumento contra la impunidad y el olvido; fortalece la memoria colectiva de los pueblos y hacen contrapeso político al ejercicio del poder desmedido del Estado.Protestar es un Derecho, reprimir es un delito.”

Para más información:

Alerta Red TDT por leyes que criminalizan la protesta en Chiapas y Puebla (Proceso, 20 de mayo de 2014)

Pronunciamiento conjunto: “Protestar es un derecho, reprimir es un delito” (OSC, 21 de mayo de 2014)

El gobierno de Chiapas delinque al criminalizar la protesta social: organizaciones y medios (Chiapas Paralelo, 23 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Congreso local aprueba iniciativa sobre el “uso legítimo de la fuerza”(16 de mayo de 2014)