Chiapas/Nacional: Acuerdos de San Andrés: incumplidos 20 años después

Diálogos de San Andrés.
Foto: @Radio Zapatista

El pasado 16 de febrero se cumplieron 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. Estos acuerdos fueron el resultado de cinco meses de negociación y diálogo sobre Derechos y Cultura Indígena, en el municipio tsotsil de San Andrés Larráinzar, renombrado como San Andrés Sakam’chén de los Pobres por las y los zapatistas.

Con la firma de los acuerdos el gobierno se comprometió a la creación de un marco jurídico que reconociera los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, no sólo en Chiapas sino en todo México. Entre ellos destacó el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, reconociendo su autonomía por las características culturales, sociales, políticas y económicas propias de cada grupo y lugar. También fue relevante el acuerdo sobre el derecho al acceso a los recursos naturales en el territorio de los pueblos y comunidades indígenas. El gobierno se comprometió a llevar dichos acuerdos al Congreso de la Unión para convertirlos en reformas y adiciones a la Constitución con tal de garantizar su aplicación, aunque la propuesta resultante obvió varios de los acuerdos firmados. Ese gesto fue interpretado por el EZLN como una traición, hecho que provocó la interrupción del diálogo de la comisión zapatista con el gobierno federal, truncando las negociaciones en la segunda mesa de las seis previstas.

“Ya 20 años, en los que el gobierno de México se ha negado a cumplir [los Acuerdos de San Andrés]; y a la par se han registrado ya 20 años de puesta en práctica en los territorios zapatistas, con la construcción de sus propias formas de gobernarse”, según declaraciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) en Proceso. A pesar de ello, “[e]s importante señalar que continúa la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del EZLN y los pueblos en Chiapas que construyen caminos diversos al capitalismo neoliberal. Es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de organizaciones campesinas para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la utilización de programas gubernamentales asistencialistas para controlar y cooptar a la población que resiste. Además persiste el desplazamiento forzado y la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y grupos paramilitares”, apuntó el CDHFBC.

Para más información:

Los acuerdos de San Andrés. 20 años de traición (La Jornada, 18 de febrero de 2016)

San Andrés: 20 años después (La Jornada, 26 de enero de 2016)

A 20 años de los Acuerdos de San Andrés, siguen violentado los derechos indígenas: Frayba (Proceso, 17 de febrero de 2016)

El zapatismo y el uso estratégico del silencio (La Jornada, 23 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Foro impulsa reformas legislativas para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas (27 de febrero de 2014)

Chiapas: a 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, estos continúan sin ser reconocidos por el estado mexicano (19 de febrero de 2014)

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Chiapas: Denuncia Roberto Paciencia desatención en su salud visual

CERSS n°5 en San Cristóbal de Las Casas.
Foto: @CGT Chiapas

El pasado 15 de febrero, el injustamente preso Roberto Paciencia Cruz hizo pública mediante una denuncia la pérdida de visión que experimenta “por los golpes de la tortura que sufrí en las instalaciones de la FECDO”, durante su detención. Según Paciencia, quien ya lleva recluso dos años y medio en espera de sentencia, “el pasado 24 de Septiembre del año 2015, me bajaron en hospital de las culturas en un oftalmólogo, donde me recetaron unos lentes”. A ello agregó que “el director [del penal] junto con el contador me dijeron que la tengo que comprar, pero desafortunadamente soy un pobre preso, no tengo el recurso para comprar. Es por ello hago esta denuncia publica, cualquier complicación que sucede me dicha enfermedad responsabiliso al estado”.

Cabe recordar que el injustamente privado de su libertad ha venido denunciando las irregularidades dentro del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) n°5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, como son la falta de comida o la negación de visitas, así como la injusticia de su detención y encarcelamiento. Asimismo, referente al caso, el gobierno estatal se comprometió “a liberar lo más pronto posible en un término de menos de un mes a partir del 05 de febrero de este año”, en una mesa de negociación con expresos miembros de la organización Solidarios de la Voz del Amate, quienes reclaman la reparación del daño por sus años de encarcelamiento injusto, así como la libertad de los presos de conciencia Roberto Paciencia Cruz y Alejandro Díaz Sántis.

Para más información:

Roberto Paciencia exige su libertad (Chiapas Denuncia Pública, 17 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Denuncia Roberto Paciencia escasez de alimentos y negación de visitas (27 de enero de 2016)

Chiapas: Preso de San Cristóbal, Roberto Paciencia, denuncia que le fabricaron su delito (28 de agosto de 2015)

Chiapas: Toman acuerdo Solidarios de la Voz del Amate para liberación de presos y reparación del daño (9de febrero de 2016)

Chiapas: Organizaciones alertan por posible represión en el ejido Tila

Foto @SIPAZ

El 22 de febrero, decenas de organizaciones de derechos humanos y de paz, entre las cuales el Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ, emitieron una carta a las autoridades de Chiapas y federales en la que advierten de una posible represión a los ejidatarios ch’oles de Tila, que el año pasado se declararon en autonomía en defensa de su territorio. Hace siete años, las y los ejidatarios ganaron un amparo que ordenó la restitución de 130 hectáreas de su territorio que fue tomado ilegalmente por las autoridades municipales para establecer una zona urbana. Ante la negativa de los responsables a devolver la tierra, el ejido interpuso el Incidente de Inejecución de Sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual cuenta ya 5 años sin resolverse.

“Tenemos conocimiento de que en conmemoración del 7° aniversario de la concesión del amparo, habitantes del Ejido, realizaron una manifestación el 16 de diciembre de 2015 que culminó frente al edificio de la Presidencia Municipal, derivando a su vez en un enfrentamiento entre autoridades y manifestantes. Este acto culminó con una Declaración sobre su Autonomía y Libre Determinación”, detallaron las organizaciones. Las organizaciones firmantes reconocieron el “legítimo” proceso de defensa del territorio que el ejido Tila ha llevado desde hace más de cincuenta años. La Casa del Migrante de Saltillo, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otros firmantes, expresaron su preocupación por la posibilidad de que exista una respuesta represiva por parte de las autoridades federales, estatales y locales hacia las y los ch’oles.

Para más información:

Organizaciones alertan por posible represión en Tila (Dentro ProDH, 23 de febrero de 2016)

OSC manifiestan preocupación por posible represión en Ejido Tila (CENCOS, 22 de febrero de 2016)

Carta OSC sobre ejido Tila (22 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Ejido Tila denuncia “célula paramilitar y mentiras del gobierno” (8 de enero de 2016)

Chiapas: Indígenas Ch´oles toman la alcaldía de Tila tras décadas de no haber sido atendid@s (17 de diciembre de 2015)

 

Chiapas/Nacional: EZLN denuncia la situación en comunidades partidistas y anuncia próximas actividades

Marcha del EZLN el 21 de diciembre de 2012 en San Cristóbal de Las Casas.
Foto:@Sipaz

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo público el 21 de febrero el comunicado “Y MIENTRAS TANTO EN… las comunidades partidistas”. Firmado por los Subcomandantes Insurgentes Moisés y Galeano, relata varias situaciones de despojo y explotación que están viviendo las comunidades que se rigen por el sistema de partidos políticos en la zona suroriental de Chiapas.

Aunque omitieron los nombres de las comunidades y de las y los informantes “quienes, en algunos casos, temen represalias”, denunciaron la privatización de tierras ejidales en varias comunidades a través de los proyectos de gobierno, firmando la venta de tierras sin saberlo, creyendo que firmaban la recepción de los apoyos gubernamentales. Asimismo, evidenciaron el despojo de tierras de pueblos originarios que contienen materiales como uranio, ámbar, azufre o atractivos potencialmente turísticos, mediante los mismos métodos de engaño o coacción. Asimismo, denunciaron que a algunas comunidades de la zona de Ocosingo se les prohibió cortar árboles para sus necesidades –como leña para cocinar y madera para la construcción de sus casas– mientras las empresas aserraderas sí tienen permiso para la tala.

En cuanto a los proyectos dirigidos a las mujeres y como ya ha sido denunciado por otras organizaciones, las receptoras del programa Prospera tienen que cumplir con ciertos requisitos para recibir el apoyo. Algunos de ellos son la realización obligatoria de la prueba del papanicolaou o la atención de sus partos en hospitales en lugar de con el apoyo de parteras, como es tradicional. Si incumplen las condiciones, les retiran el apoyo económico. Más aún, revelaron que a mujeres que fueron a recibir sus apoyos económicos a Tuxtla les pidieron ser acompañadas de las muchachas de la comunidad, quienes “a cambio de repartir el proyecto las obligan a tener relación sexual”. Sumado a ello, el comunicado trató la reciente entrega de televisiones digitales frente al apagón analógico. Según el texto, en el evento de entrega en Comitán “fallecieron 2 personas, un niño y una mujer: el niño murió porque con los empujones de la gente fue aplastado sin que la madre pudiera defenderlo; la mujer fue asesinada cuando, al llegar a su casa, el marido sacó su pistola y la mató por no haber cuidado a su hijo”. Por si fuera poco, no todas las televisiones funcionan, además de que implica la compra un aparato descodificador, lo cual fue interpretado como una forma de negocio del gobierno con una empresa que vende los dispositivos.

Otro aspecto denunciado fueron dos casos de presencia del crimen organizado en las comunidades. Por un lado, hicieron público el reclutamiento de hombres de las comunidades “para ir a trabajar al norte”. Enganchadores aseguraban que les llevarían directamente a sus lugares de trabajo, garantizando el traslado evitando así posibles problemas de seguridad en el camino. Según el EZLN, “el trabajo es sembrar mariguana y amapola” en algún lugar de donde “ya no los dejan salir”. En otro poblado, una familia hizo tratos con el narco y por no pagar asesinaron a una de sus hijas, grabándolo en vídeo y mandándoselo a su padre.

Al final del comunicado se anuncian próximas actividades, frente a las cuales “[e]stén pendientes”.

Para más información:

Y MIENTRAS TANTO EN… las comunidades partidistas. (Enlace Zapatista, 21 de febrero de 2016)

Zapatistas evidencian a los partidos y anuncian que habrá nuevas actividades (Desinformémonos, 22 de febrero de 2016)

EZLN anuncia convocatoria ante incremento de despojo en Chiapas (Más de 131, 22 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: CDHFBC denuncia privación arbitraria de la libertad u faltas al debido proceso de BAEZLN (23 de diciembre de 2015)

Chiapas: 32 años “sembrando autonomía” (19 de noviembre de 2015)

Chiapas: Amenazas de muerte y agresiones físicas en contra de BAEZLN de la comunidad Tzakukum (10 de septiembre de 2015)

Chiapas: EZLN denuncia liberación de los homicidas del Maestro Galeano (21 de agosto de 2015)

Nacional: Topo Chico destapa las condiciones de las cárceles mexicanas

Familiares de presos afuera del penal de Topo Chico. Foto: @Miguel Sierra EFE

Después de la masacre en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde el pasado 11 de febrero perdieron la vida 49 personas durante un enfrentamiento entre dos grupos de reclusos pertenecientes a bandas del crimen organizado, no han cesado las publicaciones en la prensa sobre irregularidades y extorsión en las cárceles en México. Según Animal Político, el penal de Topo Chico tenía una población de casi 3.700 reos, un 35% superior a su capacidad. Según datos del INEGI, en julio de 2015 había más de 254 mil personas privadas de su libertad en México, aunque los centros penitenciarios del país sólo tienen capacidad para 203 mil, representando una sobrepoblación del 25.4%. Según la misma fuente, en el año 2014 ocurrieron 737 incidentes en cárceles mexicanas, tanto de nivel estatal como federal. Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato e imposibilidad para presentar quejas en los penales en el país.

Después del motín en Topo Chico, se reveló la falta de custodios en el penal, la posesión de armas y drogas por parte de los internos y los lujos con los que vivían algunos reos, con celdas de un tamaño cuatro veces superior al estándar, con aire acondicionado, pantallas planas, acuarios, frigo bar, aparatos para hacer ejercicio físico, camas king size e incluso una sauna. Además, según declaraciones de Josué Reyes, encargado del reordenamiento interno del penal, “los negocios aquí eran muy rentables. Por semana había una colecta de cobros por extorsiones y privilegios que iba de los 2 millones hasta los 5 millones de pesos”. Los reos tenían que aportar una cantidad de 35 mil pesos para no ser agredidos, tenían que pagar por su comida y por las visitas, ascendiendo a cobros de 1.500 pesos por visita conyugal o 20 pesos por visita ordinaria, según Proceso. Por el momento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno mexicano una investigación “imparcial y exhaustiva” para esclarecer los hechos ocurridos en el penal.

El actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ya había recibido anteriormente un informe sobre la precaria situación de los penales en la entidad, los cuales, según Animal Político, “padecían problemas de ingobernabilidad, de deficiencias en infraestructura y en los esquemas de revisión, vigilancia y seguridad, de la falta de separación de internos de alto riesgo, así como sobrepoblación penitenciaria”. Después de su recepción, el gobernador firmó un documento con diez compromisos como mejorar la infraestructura y servicios, regular la actividad en las prisiones, incrementar el presupuesto, aumentar el personal y profesionalizarlo, separar efectivamente a los internos, trabajar para erradicar la sobresaturación de los centros o proporcionar apoyo integral a las familias de los reos.

Para más información:

Extorsiones en penal de Topo Chico dejaban 20 mdp cada mes (Proceso, 17 de febrero de 2016)

Exige la ONU investigación “imparcial y exhaustiva” por masacre en Topo Chico (Proceso, 15 de febrero de 2016)

Detienen a directora de Topo Chico por homicidio calificado (Proceso, 13 de febrero de 2016)

El Bronco recibió reporte de crisis en penales 10 meses antes de Topo Chico (Animal Político, 16 de febrero de 2016)

Congelan 6 iniciativas para sistema carcelario (El Financiero, 16 de febrero de 2016)

Reporta gobierno de NL “lujos” en Topo Chico (La Jornada, 14 de febrero de 2016)

Cárceles en México, sobrepobladas, con castigos excesivos y abuso de prisión preventiva: CIDH (Animal Polítio, 15 de octubre de 2015)

Tortura e incomunicación (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 16 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Denuncia Roberto Paciencia escasez de alimentos y negación de visitas (27 de enero de 2016)

Nacional: Asesinato a periodista veracruzana causa condena en todo el país, así como al nivel internacional

Periodistas y fotógrafos protestaron por sus compañeros desaparecidos y muertos en Veracruz, Foto @izq.mx

El día 9 de febrero, cuando la organización internacional Article 19 presentó su informe ”La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México”, en el que consignó que México es el país con más periodistas desaparecidos, se anunció que en Puebla fue encontrado el cadáver de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar, torturada y ejecutada. La reportera de 32 años era madre de dos hijos y trabajaba para el periódico El sol de Orizaba. El 8 de febrero, había sido reportada como desaparecida tras ser secuestrada en la madrugada del mismo día y según la denuncia realizada por sus familiares, “fue sustraída de su domicilio por hombres armados que llegaron directamente a buscarla hasta su domicilio en tres camionetas y, tras ubicarla en una de las habitaciones, la subieron por la fuerza a uno de los vehículos y huyeron”. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera. De acuerdo con datos de Artículo 19, Flores Salazar es la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa que ha empezado en 2010, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “La desaparición de personas que ejercen la libertad de expresión en México es alarmante, en lo que concierne a las características de los casos que, en su mayoría, podrían calificarse como desapariciones forzadas”, indicó el informe.

El asesinato fue condenado por varias organizaciones internacionales, entre ellos la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última instancia manifestó su especial preocupación por la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y comunicadores en México, “donde uno de los lugares más peligrosos es el Estado de Veracruz. En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión y en 2015 se registraron seis casos. Este es el segundo asesinato de periodistas registrado en el país en este año”. ONU Mujeres y ONU-DH exigieron de las autoridades mexicanas, “investigar diligentemente el asesinato de Anabel Flores, con una perspectiva de género, considerando múltiples líneas de investigación y evitando en todo momento la estigmatización de la víctima, así como a tomar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a los responsables de la violencia contra las y los periodistas”.

El caso de Anabel Flores Salazar se da en un contexto de amenazas, represión y intimidación hacía periodistas y las y los que exigen la libertad de expresión en todo el país: el 9 de febrero pasado, Radio Zapote denunció hostigamiento y amenazas; el corresponsal del semanario Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, denunció que fue amenazado de muerte por parte del ex Diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo, el 10 de febrero durante una manifestación por el asesinato de Anabel Flores Salazar; este mismo día, la periodista Martha Izquierdo, corresponsal de SemMéxico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denunció amenazas “[p]or parte de dos hombres que llegaron en un vehículo particular hasta la estación de radio que ella dirige y donde transmitía su noticiario matutino”. Por todos estos hechos, Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno mexicano que garantice la protección de las y los periodistas. Según la directora de AI para las Américas, Erica Guevara- Rosas, México debe ofrecer protección especialmente a los periodistas de sucesos. Dijó que “[n]o proteger a quienes exponen la triste realidad de los abusos en México equivale a intentar esconder debajo de la alfombra estos abusos”.

Para más información

ONU y CIDH condenan asesinato y criminalización de reportera veracruzana (Centro ProDH, 12 de febrero de 2016)

La Relatoría Especial condena el asesinato de una periodista en México (Organización de los Estados Americanos, 11 de febrero de 2016)

CIDH y UNESCO condenan asesinato de la periodista Anabel Flores (Proceso, 11 de febrero de 2016)

Recibe amenazas la periodista Martha Izquierdo (Desinformémonos, 11 de febrero de 2016)

México, el país con más periodistas desaparecidos: Article 19 (Centro ProDH, 10 de febrero de 2016)

Encuentran sin vida a la periodista mexicana Anabel Flores (La Patria, 10 de febrero de 2016)

Anabel Flores Salazar, 32 años, madre de dos bebés y periodista de Veracruz, fue asesinada (SinEmbargo, 9 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ

Nacional: Se amontonaron ataques en contra de periodistas en México (2 de diciembre de 2015)

Nacional/México: Torturan y asesinan a periodista y cuatro mujeres (3 de agosto de 2015)

Nacional/Internacional : Cuestionan organizaciones internacionales al mecanismo para defensores de derechos humanos y periodistas (8 de mayo de 2015)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura

Conferencia de prensa, Foto @ Luis Barrón, SinEmbargo

 

El 3 de febrero, cerca de 30 organismos de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), compartieron su indignación ante la iniciativa de Ley contra la Tortura en una conferencia de prensa. Instaron al Poder Legislativo a aprobar una legislación contra la tortura a la altura de los estándares internacionales y exhibieron que, el 10 de diciembre del 2015, Enrique Peña Nieto, “el presidente de la República, sin aviso a las organizaciones, envió al Senado su iniciativa, la cual, además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta ley debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz”. Su propuesta “[n]o refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, indicaron los organismos de la sociedad civil en su posicionamiento. Por ejemplo, no incluye el establecimiento del Protocolo de Estambul, que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura, ni prohíbe el uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura. En octubre de 2015, el Ejecutivo Federal realizó una serie de consultas en un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, así como personas de la academia y actores sociales, en las que se llegó a acuerdos sobre los estándares que deberá contener la Ley General contra la Tortura. Según dichas organizaciones, en el texto final, “[n]o se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y el sector académico.”

Entre otros, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de Naciones Unidas, han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada. “La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México”. El coordinador de la CMDPDH, José Antonio Guevara, recordó que entre el 2006 y el 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y cerca de 4,000 por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otros 4,500 expedientes. Ante el inminente inicio de labores legislativas en este período de sesiones, las organizaciones exigieron al Poder Legislativo que, en sus diferentes etapas, “[t]ome en cuenta las observaciones e insumos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y expertos en estos temas y aprueben una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que permita revertir a la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país”.

Para más información

Ley general contra la tortura (La Jornada, 6 de febrero de 2016)

EPN no tomó en cuenta a las ONG al enviar iniciativa de ley sobre tortura (Diario Cambio, 5 de febrero de 2016)

La iniciativa de Ley contra la Tortura promueve …aún más tortura, dicen grupos civiles (Sin Embargo, 3 de febrero de 2016)

Legislativo debe aprobar una ley contra la Tortura a la altura de los estándares internacionales (Codigo DH, 3 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ

Nacional: 20 ONG critican el proceso para crear la Ley General contra la Tortura (7 de julio de 2015)

Chiapas/Nacional: 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (1 de julio de 2015)

Nacional/Internacional: relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura presenta informe sobre México en Ginebra, Suiza (10 de marzo de 2015)