Oaxaca: Comisión de la Verdad presentó su informe final

mayo 19, 2016
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Foto:@Comisión de la Verdad Oaxaca

El 17 de mayo la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) presentó su informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo oaxaqueño durante las revueltas de 2006 y 2007. El documento, con título “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, consta de 1,250 páginas y se divide en cuatro capítulos que tratan sobre la denuncia de hechos por parte de las víctimas, la represión del Estado, las consecuencias sociales de las violaciones a los derechos humanos y la procuración de justicia de las autoridades y reparación del daños, siendo la conclusión de los trabajos iniciados por la CVO en noviembre de 2014. La Comisión reportó que “en el contexto del conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes […], algunos de los homicidios acaecidos podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales, siendo una ejecución extrajudicial la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.

Respecto a los señalamientos en contra del ex gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz (2004- 2010), Nayely Guillén, integrante de la CVO y especialista en derechos humanos, puntualizó que los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales son de lesa humanidad, por lo que no prescriben. “Ulises Ruiz no está a salvo de sus crímenes y no se ha salvado de sentarse en el banquillo de los acusados. Hay pruebas de las múltiples violaciones a los derechos humanos que realizó el ex gobernador”, enfatizó Guillén. Al respecto, el padre Alejandro Solalinde, ex presidente de la CVO, detalló a Revolución 3.0, “hasta el momento las instituciones del gobierno de Oaxaca no han dado señales de acoger el informe, es más, el gobierno de Gabino Cué ni siquiera ha dado señales de la existencia de este documento”. Los ex comisionados destacaron que el documento es “la voz de las víctimas”, considerando que a partir de la presentación del mismo “las víctimas deben darle seguimiento, nosotros ya brindamos las herramientas, falta que ellos se empoderen del informe y luchen por la justicia”.

Para más información:

Ulises Ruíz no está a salvo de sus crímenes ni de sentarse en el banquillo de los acusados: Comisión de la Verdad (Revolución 3.0, 18 de mayo de 2016)

INFORME FINAL ¡YA SABEMOS! NO MÁS IMPUNIDAD EN OAXACA (Comisión de la Verdad Oaxaca, 17 de mayo de 2016)

Denuncian ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca, durante conflicto con APPO (Aristegui Noticias, 12 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Anuncia Comisión de la Verdad de Oaxaca pronta publicación de su informe final (3 de febrero de 2016)

Oaxaca: Más de 500 casos de tortura y 26 ejecuciones: Comisión de la Verdad (16 de junio de 2015)

Oaxaca: denuncian amenazas contra integrantes de la Comisión de la Verdad conformada para investigar el conflicto político-social del 2006 (23 de abril de 2015)

Oaxaca: A 8 años del conflicto de 2006, sigue la impunidad. Se conforma Comisión de la Verdad (27 de noviembre de 2014)

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Oaxaca: Agresiones al pueblo de Álvaro Obregón

mayo 19, 2016
Foto @Desinformémonos

Foto: @Desinformémonos

El 14 de mayo, integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC, denunciaron que la policía municipal de Juchitán “y guardaespaldas de la candidata del PAN-PRD Gloria Sánchez López”, amenazaron con desalojar “con gente armada” a miembros de la Policía Comunitaria y del Cabildo Comunitario de Álvaro Obregón. Además, “agredieron a balazos” a miembros de la comunidad “hiriendo a seis compañeros que se encontraban en la asamblea, defendiendo su territorio físico y político, de los proyectos eólicos de muerte”.

La APIIDTT denunció en un comunicado que Ezequiel Sánchez, Mariano Virgen y Adalberto López, de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, “pasaron frente la oficina de la candidata del PRD-PAN a presidenta municipal, Gloria Sánchez López, fueron apresados por la policía municipal de Juchitán y los agredieron brutalmente, rompiéndoles la cabeza, costillas, brazos y otras partes del cuerpo, miembros del cabildo y la policía comunitaria llegaron en auxilio para ayudar a los compañeros, pero fueron recibidos a balazos por la policía municipal de Juchitán y personas armadas vestidas de civil, resultando heridos de gravedad los compañeros Juan Martínez Jiménez, suplente del agente comunitario; Cesar Toledo Vicente, comandante de la policía comunitaria y José Andrés Jiménez de 14 años y miembro de la Asamblea del pueblo de Álvaro Obregón”.

Además, la APIIDTT había denunciado “que desde hace una semana han estado llegando amenazas de desalojar con gente armada la agencia municipal, de parte de los diferentes candidatos de los partidos políticos, y hoy fue concretada esa amenaza con el ataque a nuestros compañeros” hechos por los cuales responsabilizó al presidente municipal, a Héctor Sánchez López y Gloria Sánchez López, así como a la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca “de administrar a su conveniencia está problemática y no respetar la voluntad del pueblo de elegir a sus autoridades en Asamblea comunitaria y no propiciar una solución al conflicto”.

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicaron un comunicado donde manifestaron que “[l]a política nacional deja en evidencia cada vez más que no hay vergüenza ya en la clase política, que creen que podrán agredir, amenazar y amedrentar la digna lucha de los pueblos”. En solidaridad con Álvaro Obregón, el CNI y el EZLN comunicaron que “[n]o podrán quitarnos la rabia que en nuestros corazones se convierten en solidaridad, No podrán arrancarnos la dignidad de luchar por defender nuestros territorios y a la vida de nuestros pueblos”. Responsabilizaron “al gobierno de Gabino Cué y de Saúl Vicente Vázquez de las agresiones que ocurrieron y siguen sucediendo contra la asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón” y exigieron “la investigación y el castigo de los responsables de los disparos que realizaron la policía municipal de Juchitán y los guardaespaldas de Gloria Sánchez López” y que “se cancelen los proyectos eólicos que se intentan imponer en el territorio de la comunidad”.

Para más información:

COMUNICADO URGENTE: POLICIA MUNICIPAL DE JUCHITAN ATACA A BALAZOS A COMPAÑEROS DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE ALVARO OBREGON (EDUCA, 14 de mayo de 2016)

Tensión en Alvaro Obregón, Juchitán. Policía municipal amenaza a policía comunitaria (Desinformémonos, 17 de mayo de 2016)

COMUNICADO CONJUNTO CNI-EZLN SOBRE LA AGRESIÓN AL PUEBLO DE ÁLVARO OBREGÓN, OAXACA (Enlace Zapatista, 16 de mayo de 2016)

Perverso” que IEEPCO insista en realizar elecciones en Álvaro Obregón: CDH-Tepeyac (EDUCA, 17 de mayo de 2016)

Su energía “limpia” está sucia de sangre, corrupción y muerte: CNI-EZLN (EDUCA, 17 de mayo de 2016)

Se recrudece violencia electoral en Oaxaca (EDUCA, 16 de mayo de 2016)


Nacional: Juez absuelve militares implicados en la masacre de Tlatlaya

mayo 18, 2016
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Escenario después de la masacre de Tlatlaya. Foto:@El Universal.

Mediante un comunicado, cerca de 90 organizaciones sociales desaprobaron la decisión del tribunal que decretó la libertad de los tres soldados procesados por la masacre de Tlatlaya, en la que en junio de 2014 perdieron la vida 22 civiles en esta comunidad del Estado de México. Tras la absolución de los cargos de “homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de los vestigios”, en la actualidad no hay ningún elemento del Ejército aprehendido por la masacre.

Como indicó Proceso, las organizaciones firmantes “consideraron grave la resolución judicial” luego de que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que entre 12 y 15 de los 22 civiles abatidos por militares fueron víctimas de ejecución arbitraria”. Además, tres mujeres sobrevivientes declararon que “si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida”. A pesar de ello, el magistrado que llevó el caso, Adalid Ambriz Landa, sostuvo que no pudo determinar si los responsables fueron los militares procesados, argumentando que se requerían “mayores elementos probatorios”. En el comunicado, las organizaciones insistieron en la “inefectividad del Poder Judicial para analizar las graves violaciones a derechos humanos”, apuntaron que “la PGR tuvo un actuar deficiente”, según Proceso, al no investigar “la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos abatir delincuentes en horas de la oscuridad” e indicaron que las y los familiares de las víctimas pueden impugnar la resolución, ante lo que “la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a los familiares sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes”. Asimismo, exigieron medidas de seguridad para Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y cuyo testimonio fue clave para evidenciar los hechos de Tlatlaya.

El comunicado conluyó que esta resolución “nos confirma que en México la justicia para las víctimas a violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares están muy lejos de ser una realidad, y es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país”.

Para más información:

Grave, resolución judicial sobre caso Tlatlaya: organizaciones de derechos humanos (Proceso, 17 de mayo de 2016)

Que “no subsista la impunidad” en caso Tlatlaya, pide la CNDH a la PGR (Aristegui Noticias, 18 de mayo de 2016)

¿Qué ocurrió en Tlatlaya minuto a minuto, según la CNDH? (Animal Político, 22 de octubre de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Nacional/Internacional: Ejército y fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada: EU (10 de julio de 2015)

Nacional/Internacional: Corte interamericana determina que la legislación sobre fuero militar en México sigue siendo insuficiente (21 de mayo de 2015)

Guerrero: Padres rechazan declaración de la PGR; Organizaciones expresan preocupación por descalificación de defensores Guerrerenses; HRW considera que Tlatlaya y Ayotzinapa son “crímenes de Estado” (11 de noviembre de 2014)


Chiapas: San Isidro los Laureles denuncia desalojo de sus tierras recuperadas

mayo 18, 2016
Foto @ProyectoAmbulante

Foto @ProyectoAmbulante

 

El 12 de mayo, la comunidad de San Isidro los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, integrantes del Congreso Nacional Indígena, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y del espacio de lucha de Semilla Digna, fue desalojada “con violencia” de las 200 hectáreas que recuperaron el pasado 20 de diciembre. El desalojo “se llevó a cabo por la policía junto con guardias blancas, que llegaron a las seis de la mañana a bordo de 40 carros, camionetas y tres camiones de la policía sectorial”. Según la denuncia pública de la comunidad, las casas y las pertenencias de las 60 familias fueron quemadas por los agresores. Los habitantes de la comunidad expresan preocupación por la integridad de las familias, por sus pertenencias y por sus cosechas.

En su denuncia, la comunidad pide “estar atentos de cualquier agresión que pueda haber en nuestra contra” y responsabilizan “a los 3 niveles del mal gobierno”. El Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR) y El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, organizaciones adherentes a la Sexta, denunciaron públicamente a través de un pronunciamiento al Estado Mexicano “corrupto y asesino, por la ola de represión con la que atenta contra la autonomía y la vida de los pueblos organizados en resistencia […] de la comunidad de San Isidro los Laureles” y exigen justicia para la comunidad “desalojada violentamente”.

Cabe mencionar que el día 20 de diciembre del 2015, la comunidad de San Isidro los Laureles decidieron recuperar un predio que se decía ser propiedad de Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz y Octovin Albores “por derecho nos corresponden, ya que son las tierras que hemos trabajado por generaciones”.

Para más información:

Chiapas: Escalada de violencia contra comunidades adherentes a la Sexta (Proyecto Ambulante, 17 de mayo de 2016)

Elcor y GT: pronunciamiento en solidaridad a las comunidades de San Sebastián Bachajón, San Isidro los Laureles y Cruztón (Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, 16 de mayo de 2016)

NotiFrayba: Agresiones a comunidades en Defensa de la Madre Tierra (Chiapas Denuncia Pública, 16 de mayo de 2016)

San Isidro los Laureles sufre desalojo de sus tierras recuperadas (Radio Zapatista, 13 de mayo de 2016)

Velasco desaloja a mujeres y niños de San Isidro pero permite bloqueo de la CIOAC en Tuxtla Gutiérrez. (Radio Pozol, 12 de mayo de 2016)

San Isidro Los Laureles #SemillaDigna denuncia desalojo de su tierra recuperada (Koman Ilel, 12 de mayo de 2016)

 

Para entender la recuperación de tierras de la comunidad San Isidro Los Laureles, Carranza, Chiapas (5 de enero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Intimidan a campesinas y campesinos tras recuperar sus tierras (5 de febrero de 2016)

Chiapas: Comunidad San Isidro Los Laureles recupera las tierras que “trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados” (30 de diciembre de 2015)

 


Guerrero/Nacional : Jueces dan por muertos a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

mayo 18, 2016

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Según Reforma, en base a una copia de sentencias emitidas por tribunales de Tamaulipas, se descartó que en el caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero (septiembre de 2014), haya ocurrido una desaparición forzada, ya que los indicios apuntan a que los jóvenes fueron ejecutados y no ocultados por una autoridad:”las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”.

Por lo mismo se rechazó girar orden de captura contra 56 acusados, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos integrantes de la bandaGuerreros Unidos”.

Por otro lado, se han identificado a dos víctimas, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio a partir del análisis de los restos recabados en el Río San Juan, en Cocula. Esas identificaciones, eventualmente, podrían permitir consignar a los involucrados por el delito de homicidio.

Para más información :

Los 43 normalistas, víctimas de ejecución sumaria, concluyen jueces (Aristegui Noticias, 14 de mayo de 2016)

Sentencias de jueces descartan el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa (Animal Político, 14 de mayo de 2016)

Los 43 están muertos y no fueron ocultados por el Gobierno: Jueces (Sdp Noticias, 14 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero/México: GIEI concluye su trabajo México entregando un segundo informe. (28 de abril de 2016)

Nacional/Internacional : PGR abre investigación contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH (31 de marzo de 2016)

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos (27 de enero de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)


Guerrero: “Siempre Vivos” halla fosas clandestinas en Chilapa

mayo 17, 2016
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Hallazgos de restos en una fosa. Foto: @Luis Daniel, El Sur.

El 12 de mayo integrantes del Comité “Siempre Vivos” de Chilapa, Guerrero, hallaron dos fosas clandestinas con restos humanos de cuatro personas, durante las brigadas ciudadanas de búsqueda de personas desaparecidas. Estas brigadas, conformadas por unos 30 miembros -principalmente familiares de víctimas de desaparición en Chilapa e Iguala, junto con miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, empezaron la búsqueda por cuenta propia porque “ninguna autoridad gubernamental se ha hecho cargo del caso”, señaló Proceso. Integrantes del Comité “Los Otros Desaparecidos”, organización de unos 500 familiares de personas desaparecidas que desde noviembre de 2014 realiza semanalmente búsquedas de fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, capacitaron a las y los familiares de “Siempre Vivos” para estas jornadas de búsqueda. Durante las búsquedas, integrantes de las brigadas reprobaron las acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), por dejar restos en las fosas que más tarde fueron recuperados por las y los integrantes de las brigadas.

El Comité “Siempre Vivos” se conformó después de la desaparición de 16 hombres en Chilapa en mayo de 2015. Ello sucedió durante la toma de la ciudad por parte de un grupo ciudadano armado autodenominado “Comunitarios por la Paz y la Justicia”, el cual durante cinco días permaneció en Chilapa supuestamente buscando localizar y detener a integrantes del grupo del crimen organizado “Los Rojos”.

También cabe destacar la creación de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, compuesta por unas diez personas especialistas en búsqueda de cuerpos provenientes de diferentes estados, para “replicar las buenas prácticas de algunos colectivos de familiares en la búsqueda ciudadana”. Esta Brigada realizó a inicios de este mes varias jornadas de búsqueda en Amatlán, Veracruz, donde ubicaron al menos 500 restos de huesos humanos, documentaron 72 casos de personas desaparecidas y tomaron 60 muestras de ADN a familiares de víctimas de desaparición, cuyos perfiles genéticos serán contrastados con los hallazgos. Además, en un sólo día recabaron más de 50 denuncias de desapariciones que no habían sido notificadas por el dolor y el miedo en las familias. “Esta iniciativa es una muestra del fracaso de las instituciones, porque los familiares de desaparecidos no tenemos garantías ni el derecho a la verdad ni a la justicia ni a la memoria; nos queda claro que si no buscamos nosotros, nadie lo va a hacer”, declaró uno de sus integrantes. Según testimonios de sus miembros, su objetivo no es buscar justicia, pues “sabemos que nunca va a llegar en este país, ya que las autoridades no buscan a los culpables, pues se van a encontrar a ellos mismos, no hay voluntad política”.

Para más información:

Hallan familiares de desaparecidos dos fosas clandestinas en Chilapa (El Sur, 13 de mayo de 2016)

Imágenes de las osamentas halladas en Chilapa (Proceso, 13 de mayo de 2016)

Sicarios ejecutan al director de Gobernación municipal de Chilapa (Proceso, 13 de mayo de 2016)

Familias por todo el país rascan fosas con sus propias manos, en busca de sus desaparecidos (Sin Embargo, 12 de mayo de 2016)

Capacitará Los Otros Desaparecidos a Siempre Vivos para buscar fosas en Chilapa, informan (El Sur, 11 de mayo de 2016)

Brigada Nacional y su infatigable búsqueda de desaparecidos (Proceso, 18 de abril de 2016)

Crean la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos; su primera misión será en Veracruz (Animal Político, 8 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Marcha de la dignidad nacional en el día de las madres (16 de mayo de 2016)

Guerrero: Impunidad tras un año de 16 desapariciones forzadas en Chilapa (9 de mayo de 2016)

Guerrero: Amenazas hacia integrante de “Los Otros Desaparecidos” (5 de abril de 2016)


Nacional: CNDH lamenta más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en el país

mayo 16, 2016
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Gráfica del Informe. Foto: @CNDH

El 11 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), fenómeno no reconocido oficialmente y vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos. El Informe es el resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas del Estado. Según el informe hay al menos 35,433 personas desplazadas por la violencia en el país. El ombudsman nacional de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que se trata sólo de un “muestreo” para “llamar la atención” de las autoridades ante la problemática, ya que la cifra podría ser mucho mayor puesno existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México”. Detalló que el DFI implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua son las entidades que acumulan el mayor número de municipios y comunidades expulsoras de personas como consecuencia de la delincuencia en el país. El presidente de la CNDH urgió a “establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento”. González Pérez subrayó la necesidad de que el Estado mexicano “reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia”. Según él, la CNDH ya cuenta con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que en breve será presentada. Entre las medidas aconsejadas, la CNDH llamó a la coordinación de “los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado” para atender el desplazamiento forzoso, la formulación de protocolos de atención, el reconocimiento de los derechos de las y los desplazados en apego a la Ley General de Víctimas, la garantía de acceso a trabajo, capacitación y educación, entre otras.

Para más información:

Las cifras, las comunidades y las causas del desplazamiento forzado interno en México (Animal Político, 14 de mayo de 2016)

Propone la CNDH crear ley general sobre desplazamiento forzado (Proceso, 11 de mayo de 2016)

INFORME ESPECIAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO DE LA CNDH (CNDH, 11 de mayo de 2016)

Más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en México, detecta la CNDH (Aristegui Noticias, 11 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Familias desplazadas siguen su camino exigiendo justicia (26 de febrero de 2016)

Chiapas: Familias desplazadas de Primero de Agosto denuncian cercado de sus tierras Primero Agosto (19 de abril de 2016)

Chiapas: Foro de diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas (11 de marzo de 2011)