Chiapas: Red por la Paz pide atender a los desplazados de Primero de Agosto

(Desplazados de Poblado Primero de Agosto, @SIPAZ)

El 20 de mayo, se presentó en conferencia de prensa el informe de la Misión Civil de Observación al poblado Primero de Agosto, Municipio de Las Margaritas. Un conjunto de 12 organizaciones participaron el día 11 y 12 de mayo en dicha Misión que se llevó a cabo para observar y documentar la situación de los y las desplazadas.

“Nosotros y nosotras estamos muy tristes en este desplazamiento forzado, donde estamos hay mucha inseguridad y estamos muy intranquilas-intranquilos no podemos dormir por el miedo de que nos vuelvan a hacernos daño las autoridades de Miguel Hidalgo, nuestros hijos se están enfermando de tos, calentura, dolor de cabeza, dolor de panza y preguntan a cada momento que cuando vamos a volver en nuestra casa”, compartió una de las desplazadas.

56 personas, entre ellos 18 menores de edad, fueron desplazadas forzadamente el día 23 de febrero del 2015. Este día dejaron sus casas, pertenencias y las tierras que ocupaban desde el 1 de agosto del 2013 (cuya propiedad, según minuta de acuerdo firmada por representantes del gobierno del estado con fecha 8 de enero de 2015, se encuentra indefinida). Dicho desplazamiento lo provocarpn 50 personas, autoridades del ejido Miguel Hidalgo pertenecientes a la CIOAC Histórica, aproximadamente 15 de ellas portando armas de fuego de alto poder.

La Misión Civil de Observación reportó en su informe que la situación humanitaria crítica en la que se encuentran las y los desplazados no ha sido atendida. Viven en viviendas muy precarias de palos, plástico y nylon, no hay suficiente agua potable, los niños no van a la escuela, hay pocos alimentos comen solo una o dos veces al día, la situación de salud de la población desplazada es preocupante pero en especial de los y las niños y las mujeres embarazadas: “La salud de las personas desplazadas, y no solo por la presencia de enfermedades infectocontagiosas propias de la situación que se está viviendo, su integridad está siendo amenazada por la presencia de agentes propios del ambiente como son el clima y la fauna propia de la zona, así como por las constantes amenazas de los personas que los han desplazado: evidentemente se está violando el derecho a la alimentación, a la vivienda, al acceso al agua, a un ambiente sano que hacen mella en la salud física, emocional y social de la población”.

 Para más información:

“Misión Civil de Observación de Derechos Humanos a campamento de personas desplazadas forzadamente del Poblado Primero de Agosto, municipio de Las Margaritas”, 20 de mayo de 2015

El gobierno de Chiapas cierra los ojos ante la situación de desplazados en Las Margaritas, La Jornada, 22 de mayo de 2015

Desplazados y condiciones precarias denuncian nuevas amenazas y hostigamiento, Chiapas paralelo, 21 de mayo de 2015

Chiapas: demandan atender a desplazados, La Jornada, 21 de mayo de 2015

Desplazados de Margaritas urgen atención, noticiasnet.mx, 21 de mayo de 2015

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Comunicado de familias desplazadas de Primero de Agosto denunciando amenazas, 22 abril de 2015

Chiapas: Nuevas amenazas a pobladores de Primero de Agosto (27 de marzo de 2015)

Chiapas: Familias del poblado Primero de Agosto en “condiciones precarias” (11 de marzo de 2015)

Chiapas: 57 indígenas tojolabales desplazados forzadamente de su comunidad Primero de Agosto, 24 de febrero de 2015

Chiapas: amenazas contra familias simpatizantes del EZLN, 18 de diciembre de 2014

Chiapas: Denuncia de agresiones a poblado Primero de Agosto, 11 de julio 2014

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Guerrero: resolución de la SCJN en el caso de Inés y Valentina “dista de estar a la altura”

Inés Fernández y Valentina Rosendo (@Amnistía Internacional)

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que ha venido defendiendo a Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas violadas por militares en Guerrero en 2002, expresó en un comunicado de prensa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió la posibilidad de contribuir al avance de los Derechos Humanos de las mujeres indígenas: después de varias sesiones, la Corte se pronunció en contra de entrar a un análisis de fondo sobre los estándares en materia de género, etnicidad y tortura sexual, que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en las sentencias dictadas en los casos de las indígenas en 2010.

Afirmó: “el proyecto aprobado por la SCJN, lamentablemente, es omiso en señalar con precisión las obligaciones a cargo de los órganos jurisdiccionales que instruyen los juicios penales iniciados contra los presuntos responsables de los delitos cometidos contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cuestión a la que alude con precisión la Coidh en sus sentencias”. Concluyó: “esta resolución dista de estar a la altura de lo que en su momento significó la resolución del expediente Varios 912/2010, atinente al caso de Rosendo Radilla, desaparecido por militares en Guerrero en 1974, y es elocuente sobre el momento que hoy vive la SCJN”.

Para más información:

Aprueba SCJN alcances de participación del PJF en sentencias de la CIDH (La Jornada, 11 de mayo de 2011)

COMUNICADO | Concluye SCJN sin un análisis profundo en materia de género y etnicidad la revisión de las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés y Valentina (Comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 11 de mayo de 2015)

Rechaza la Suprema Corte analizar estándares que pidió la Coidh en el caso de Inés y Valentina (El Sur, 12 de mayo de 2015)

Desechan proyecto para juzgar violencia sexual con visión de género (CIMAC Noticias, 12 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: SCJN discute sentencia de la CIDH en el caso de Inés y Valentina, mujeres indígenas violadas por militares en 2002 (23 de abril de 2015)

Guerrero: Inicio de los procesos penales en contra de militares, presuntos responsables en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo (9 de enero de 2014)

Guerrero: ONGs exigen a Peña Nieto que se cumplan las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo (30 de enero de 2013)

Guerrero: Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa, inicia huelga de hambre

(@kaosenlared.net)

El 5 de mayo pasado, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, presa en una cárcel federal en Tepic, Nayarit, desde agosto de 2013, inició una huelga de hambre ante la falta de avances en su proceso jurídico. Expresó que está dispuesta a morir para exigir que dicho proceso avance: “No se me hace justo que ya van a ser dos años aquí y mi proceso está parado, jamás he tenido una ampliación de declaración, mis acusadores jamás se han presentado a declarar a un careo conmigo, no ha habido absolutamente nada, estoy perdiendo mi vida, mi salud”. Su esposo, José Luis Ávila Báez informó que se enviará un reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que las medidas cautelares que emitió el 28 de enero pasado a favor de la salud de Nestora no se han cumplido.

Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora, apremió al gobierno federal a que sea trasladada adonde haya condiciones, no solamente para que pueda ser atendida de su salud, sino para que también se puedan desarrollar de manera expedita las audiencias que permitieran avanzar en su situación jurídica.

Mientras tanto, el gobernador Rogelio Ortega Martínez afirmó que nuevamente solicitó al fiscal del estado que hiciera el estudio para el desistimiento de la acción penal. Planteó que se tiene otra ruta, que es la que se suscribió con el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) hacia una ley de amnistía.

Para más información:

Está Nestora Salgado en huelga de hambre en la cárcel de Tepic; su proceso no avanza, se queja (El Sur, 8 de mayo de 2015)

Nestora Salgado, en huelga de hambre (Proceso, 8 de mayo de 2015)

Mantiene Nestora Salgado huelga de hambre; exigen cambiarla de penal (La Jornada, 10 de mayo de 2015)

El agobio en la prisión orilló a Nestora Salgado a ponerse en huelga de hambre (La Jornada, 10 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: CIDH pide al gobierno mexicano garantizar atención médica a Nestora Salgado, de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa en el penal federal de Tepic, Nayarit (5 de febrero de 2015)

Guerrero: Demora en liberación de Nestora Salgado, su hija acusa que recibió amenaza telefónica (15 de enero de 2015)

Guerrero: Amenazan de muerte a hija de Nestora Salgado y a comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (13 de octubre de 2014)

Nacional: Nombrar nueva titular de la Unidad para la Defensa de los derechos humanos

Sara Irene Herrería Guerra (@ElIndependiente.mx)

El 2 de mayo, la Secretaría de Gobernación informó que Sara Irene Herrerías Guerra fue nombrada nueva titular de la Unidad para Defensa de los Derechos Humanos de esta dependencia federal. Bajo sus responsabilidades se encontrarán el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la vinculación con organismos nacionales e internacionales, así como la coordinación, orientación y seguimiento de los trabajos y tareas de protección y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Herrerías Guerra fue Procuradora Social para la Atención a las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal y Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA-PGR).

Para más información:

Herrerías Guerra, nueva titular de Unidad para Defensa de los Derechos Humanos (Radio fórmula, 3 de mayo de 2015)

Sara Irene Herrerías, a la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación (La Jornada, 2 de mayo de 2015)

Nombra Osorio nueva funcionaria para DH (El Universal, 2 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Internacional : Cuestionan organizaciones internacionales al mecanismo para defensores de derechos humanos y periodistas (8 de mayo de 2015)

Nacional/Internacional: PBI y Wola publican informe sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México (4 de febrero de 2015)

Nacional: Momento delicado para el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos humanos y periodistas (27 de marzo de 2014)

Oaxaca: Agresión contra integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) a manos de constructores ligados a la Empresa Eólica del Sur

En un comunicado publicado el 4 de mayo, integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), que agrupa a más de 690 defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua denunciaron que los activistas Bettina Cruz Velázquez y Rodrigo Peñaloza de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) fueron perseguidos e intimidados por hombres armados, empleados de una constructora al servicio de la empresa Eólica del Sur el 16 de abril pasado.

Los hechos ocurrieron cuando Bettina Cruz Velázquez y Rodrigo Peñaloza se trasladaban a su domicilio después de haber participado en una reunión de la Consulta que se realiza en Juchitán y en la que también estuvo presente Katia Puga, representante de la Secretaría de Energía (Sener). Fueron agredidos verbalmente y perseguidos por un grupo de constructores ligados a la empresa Eólica del Sur quienes escoltaban a Puga de vuelta a su hotel.

El comunicado subrayó que “estos hechos se produjeron siendo Bettina Cruz beneficiaria de medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), y que, según informó la propia defensora, durante la agresión el Botón de Pánico otorgado por dicho Mecanismo no funcionó (…) Tampoco debemos olvidar que Bettina Cruz acaba recientemente de salir de un prolongado proceso de criminalización por parte del Estado, en el marco del cual fue acusada de inexistentes delitos con la única intención de sancionar, entorpecer e inhibir su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos de las comunidades del Istmo de Tehuantepec que resisten ante la imposición del Mega Proyecto Eólico que amenaza su territorio”.

Las defensoras exigieron a las autoridades “que se garantice la seguridad, integridad física y moral de Bettina Cruz Velázquez y demás integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; que se prevenga, persiga y sancione debidamente cualquier acto de agresión, coerción y amenaza contra integrantes de la Asamblea; y que se garantice la celebración de una consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena de Juchitán respecto a la implantación del proyecto de la empresa Eólica del Sur “según los estándares internacionales establecidos al respeto”.

Para más información:

Eolica del sur, con hombres armados intimida a opositores (Regeneración, 6 de mayo de 2015)

Nueva agresión a defensora tensa conflicto con empresa eólica (CIMAC Noticias, 5 de mayo de 2015)

Defensoras de Derechos Humanos condenan agresión de activista a manos de empresa eólica (Oaxacatrespuntocero, 4 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Activista Bettina Cruz es exonerada de cargos federales (13 de febrero de 2015)

Oaxaca/Nacional: Piden evitar encarcelamiento de la defensora Betina Cruz (26 de septiembre de 2014)

Oaxaca: Denuncian hostigamientos y amenazas de muerte contra defensoras de derechos humanos en el Istmo de Tehuantepec (6 de diciembre de 2013)

Nacional/Internacional : Cuestionan organizaciones internacionales al mecanismo para defensores de derechos humanos y periodistas

En un comunicado publicado el 29 de abril, organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación ante el hecho que el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México se haya encontrado “acéfalo”, situación que pone a los beneficiarios y solicitantes bajo un aún mayor riesgo. Lo anterior ya que en febrero y marzo de 2015, Víctor Manuel Serrato, Director de la Unidad de Derechos Humanos y Lía Limón, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, dimitieron de sus funciones.

Alertaron que “aunque Roberto Campa Cifraín fue nombrado Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos el 23 de abril del 2015, ya pasaron casi dos meses desde la salida del Director de la Unidad de Derechos Humanos y hay poca claridad sobre cuándo se cubrirá esta posición de forma permanente. La ausencia de dirección pone al Mecanismo bajo un alto grado de presión y obstaculiza la función para la cual fue diseñado, poniendo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas (tanto beneficiarios como solicitantes en espera de una aceptación) bajo un riesgo aún más alto”.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), International Service for Human Rights (ISHR), Jass – Asociadas por lo Justo, Latin America Working Group Education Fund, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Washington Office on Latin America (WOLA) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) también externaron preocupaciones ante la grave falta de implementación del Mecanismo de Protección debido a recursos reducidos e inadecuados (según miembros del Consejo Consultivo, los analistas de la Unidad han tenido que cubrir ellos mismos sus gastos de viaje desde octubre 2014), la falta de espacio físico en la oficina de la Unidad para atender a los beneficiarios y solicitantes, la falta de seguimiento de la formación impartida a los miembros del personal de la Unidad que trabaja bajo contratos temporales en vez de contratos indefinidos. Señalaron además la falta de claridad en los criterios de admisión de casos, la falta de medidas de prevención y la impunidad en los casos de agresiones a personas defensoras y periodistas.

A la luz de las deficiencias mencionadas, las organizaciones recomendaron: cubrir el cargo de Director de la Unidad de Derechos Humanos; garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento de la Unidad de Derechos Humanos, en los criterios utilizados para aceptar o rechazar los casos, y en el seguimiento que se hace cuando se otorgan medidas de protección, mejorar la manera en que los análisis de riesgo se llevan a cabo, responder a tiempo a las solicitudes de protección y garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas “que están en riesgo como consecuencia de su labor legítima y que se encuentran en una situación de aún más riesgo tras esta última crisis de liderazgo y debido a las deficiencias identificadas en la implementación del Mecanismo de Protección”.

Para más información:

“Acéfalo” el mecanismo de protección a activistas y comunicadores, denuncian ONG (Proceso, 30 de abril de 2015

Mecanismo de protección acéfalo pone en alto riesgo a defensores y periodistas: Brigadas de Paz (Página3, 30 de abril de 2015)

Comunicado conjunto: Organizaciones internacionales identifican fallas preocupantes en la implementación del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México (OSC, 29 de abril de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Internacional: PBI y Wola publican informe sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México (4 de febrero de 2015)

Nacional: Momento delicado para el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos humanos y periodistas (27 de marzo de 2014)

Nacional: aprueban Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (3  de mayo de 2012)

Chiapas: Ministerio Público de Ocosingo amenaza a defensor de derechos humanos

En un boletín publicado el 23 de abril, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada denunció las amenazas hechas por el fiscal del Ministerio Público Rodolfo Manuel Gómez Gutiérrez, en contra de su promotor Manuel Hernández Aguilar, originario de Betania, municipio de Ocosingo.

En en documento, informó que el 6 de abril, comunidades de la Región Betania acordaron detener a una persona señalada por distintos testigos como responsable del delito de abigeato (robo de ganado). Desde entonces se ha buscado abrir un diálogo para llegar a un acuerdo que reparara el daño ocasionado y quedara precedente para evitar futuros problemas.

El Centro de derechos humanos señaló que pese a la intervención de la Delegación de Gobierno, con sede en el Municipio de Ocosingo, el Fiscal del Ministerio Público desconoció la posibilidad del arreglo comunitario y envió distintas comunicaciones en el sentido de amenazar a las autoridades del Ejido Betania con iniciar procesos penales bajo la modalidad de privación ilegal de la libertad. Indicó que “(l)a región Betania, que agrupa a 15 comunidades, está organizada de manera tradicional como pueblos originarios para buscar de manera conjunta soluciones a las necesidades y conflictos que se presentan en la zona. Estos pueblos cuentan con reglamentos y acuerdos internos que han sido tomados en Asamblea para la solución de los problemas”.

El Centro repudió las amenazas del Ministerio Público Gómez Gutiérrez, responsabilizándolo por el riesgo en que coloca la vida e integridad de los defensores y autoridades que intervienen en esta mediación comunitaria. Exigió al gobierno del estado de Chiapas, y en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que instruya a sus servidores el respeto a los acuerdos comunitarios de la Región Betania, Municipio de Ocosingo, con base a los Derechos y Cultura Indígenas, y reiteró su disponibilidad para dialogar, solicitando la inmediata intervención de las autoridades competentes para la búsqueda de una solución favorable .

Para más información:

Comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro de la Nada (23 de abril de 2015)