Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura

Manifestación en solidaridad con víctimas y sobrevivientes de tortura. Foto de archivo: @Cuartoscuro.

Más de cuatro meses más tarde del plazo otorgado al Congreso de la Unión para expedir una ley de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, aún no se cuenta con legislación en la materia. En un comunicado, decenas de organizaciones sociales señalaron el retraso de las y los legisladores en la elaboración de dicha ley, a la vez que denunciaron la reticencia a abordar la llamada “miscelánea penal”, un conjunto de iniciativas de reforma a varios códigos y leyes. Organizaciones que colaboraron durante nueve meses en el diseño de una propuesta de ley, opinaron que “varias de ellas alientan las violaciones a derechos humanos”, según Proceso. Concretamente rechazaron la legalización de no poner las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial de la localidad de la detención, según el comunicado legalizando “‘la paseada’, es decir la retención inconstitucional y prolongada durante la cual ocurren actos de tortura”; la suspensión del plazo máximo de la prisión preventiva para personas imputadas que denuncien tortura, “medida que provocará que las víctimas de tortura simplemente se desistan de su denuncia”; y la eliminación del derecho al desahogo de pruebas en la audiencia inicial, por lo que una persona podría ser encarcelada a pesar de tener pruebas desde un inicio que demostraran su inocencia.

El comunicado recordó la fabricación de declaraciones bajo tortura para sustentar la “verdad histórica” de Ayotzinapa o en el caso Tlatlaya. Asimismo, mencionó como ejemplos los vídeos virales que mostraron a agentes federales y estatales torturando a una mujer en Guerrero y el de un funcionario de la Procuraduría del Estado de México que “reconoce que la fabricación de delitos es una práctica ‘de toda la vida’”. Ante ello, hicieron un “enérgico llamado al Senado a no aprobar las propuestas realizadas […] para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa”. “Para un país como México, en donde los patrones de tortura y otros tratos crueles han ido a la alza en los últimos años, se vuelve fundamental contar con normas que garanticen la protección máxima de las personas ante posibles abusos de las autoridades”, publicó Animal Político.

Para más información:

Miscelánea Penal: propuestas inconstitucionales que fomentan la tortura (Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 23 de mayo de 2016)

Exigen ONG que Senado aborde ley de tortura en periodo extra (Proceso, 23 de mayo de 2016)

4 puntos que no se deben olvidar para la ley contra la tortura (Animal Político, 24 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: Reacciones ante vídeo de participación de fuerzas públicas en tortura (22 de abril de 2016)

Nacional: Juez absuelve militares implicados en la masacre de Tlatlaya (18 de mayo de 2016)

Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU (31 de marzo de 2016)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

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Oaxaca: Agredieron a dos integrantes del equipo del albergue “Hermanos en el camino”

 

El lugar del incidente: la entrada del Centro de Ayuda Humanitaria de Chahuites, durante su inauguración en noviembre de 2014. Foto: @ Diana Manzo

El 23 de mayo Alberto Donis Rodríguez, coordinador del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino” de Ixtepec, Oaxaca, y Leyssa Palomino Arjona, voluntaria en dicho lugar, fueron agredidos cuando visitaban el Centro de Ayuda Humanitaria de Chahuites. El coordinador llevaba unos víveres al albergue y trasladaba a unos migrantes víctimas de delito a Ixtepec, Oaxaca. Un comunicado difundido por la Diócesis de Tehuantepec indicó que “al momento de salir del Albergue de Chahuites para dirigirse a Ixtepec, los migrantes se subieron a la camioneta. Cuando Alberto se disponía a subir, se acercó una camioneta, con dos personas a bordo, un hombre y una mujer […] Al momento que Alberto se subió una de las personas de la otra camioneta sacó un arma e hizo un disparo, aceleró el vehículo de reversa y se marchó del lugar”. El agresor fue identificado como Gustavo Allar Herrera, vecino de Chahuites, quien según el comunicado de la Diócesis “en noviembre de 2014 recolectó firmas con los vecinos para que cerráramos el Albergue. En las anteriores elecciones municipales, fue precandidato a la Presidencia Municipal de Chahuites por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.

El ataque se llevó acabo después de una serie de amenazas en redes sociales contra el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los Derechos Humanos y fundador del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”. “Han cumplido con las amenazas recientes”, escribió Solalinde. Alberto Donis Rodríguez interpuso una denuncia en la Fiscalía de Migrantes de Chahuites y se solicitó apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Para más información:

COMUNICADO: Agreden a Alberto Donis coordinador del albergue Hermanos en el Camino (Movimiento Migrante Mesoamericano, 24 de mayo de 2016)

Priista ataca con arma de fuego al equipo del Albergue Hermanos en el Camino (EDUCA La Minuta, 24 de mayo de 2016)

CUMPLEN AMENAZAS CONTRA SOLALINDE: Priista ataca con arma de fuego a dos de sus colaboradores en Oaxaca (Notigodínez, 24 de mayo de2016)

Agreden con arma de fuego a dos colaboradores de Solalinde (Aristegui Noticias, 23 de mayo de 2016)

Chahuites-Ixtepec, la nueva ruta de agresiones a migrantes (Quadratín Oaxaca, 9 de noviembre de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/internacional: La CIDH expresa su preocupación ante el endurecimiento de las autoridades mexicanas hacia los migrantes y sus defensores en la frontera Sur (17 de junio de 2016)

Oaxaca: Nueva agresión a integrantes del Albergue para migrantes Hermanos en el Camino de Ixtepec (23 de septiembre de 2014)

Oaxaca: nueva amenaza de muerte en contra del Padre Solalinde (11 de octubre de 2012)

Chiapas: Roberto Paciencia se asume como Adherente a La Sexta

Cartel de La Sexta, @Beatriz Aurora.

El injustamente preso Roberto Paciencia Cruz, quien se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se asumió como adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En un comunicado el Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs” (GTNET) recordó que Paciencia Cruz fue detenido a inicios de agosto de 2013, estuvo incomunicado por tres días, “fue torturado, acusado de un delito que no cometió” y posteriormente encarcelado. Dentro del penal conoció a Alejandro Díaz Santiz, integrante del colectivo de presos en lucha “Solidarios de la Voz del Amate”, recluido hace 17 años –trasladado desde septiembre de 2015 al penal de máxima seguridad de Villa Comaltitlán, Tapachula, Chiapas–, junto a quien empezó a denunciar “las violaciones a los derechos humanos que sufre la población carcelaria por parte de las autoridades penitenciaras”. El comunicado también reconoció el trabajo de presas y presos de denuncia de los atropellos dentro de las cárceles, exigencia de los derechos y concientización de la población penitenciaria.

Para más información:

Pronunciamiento del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs por Roberto Paciencia Cruz (Grupo de Trabajo “No estamos todxs”, 23 de mayo de 2016)

Roberto Paciencia Cruz exige su libertad (Chiapas Denuncia Pública, 1 de marzo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Alejandro Díaz Santiz ayuna por 17 años de encarcelamiento (13 de mayo de 2016)

Chiapas: Jornada por la liberación de Alejandro Díaz Santiz y las y los presos políticos (19 de abril de 2016)

Chiapas: Denuncia Roberto Paciencia desatención en su salud visual (24 de febrero de 2016)

Chiapas: Celebración mensual de Las Abejas de Acteal

Mujeres de las Abejas de Acteal en la celebración mensual de mayo. Foto: @Las Abejas de Acteal.

Como cada día 22, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal llevó a cabo su celebración mensual en conmemoración de la masacre de Acteal (1997). En esta ocasión, mediante un comunicado recordaron que ya pasaron “18 años con 5 meses viviendo en los momentos más difíciles en nuestras vidas […] Porque no hay un autoridad que le importe la justicia, que esté conforme al estado de derecho”.

Comentaron que la inconformidad y protestas que se han llevado a cabo en los últimos meses en Chiapas, en municipios como Oxchuc, Simojovel o Chenalhó, “[n]o es una lucha para defender los verdaderos derechos del pueblo; es solamente lucha partidista por el poder y el dinero de los ayuntamientos”. Asimismo, denunciaron que en “Chicomuselo las compañías trasnacionales están ofreciendo dinero a la población para que acepten sus proyectos”, lugar donde ya asesinaron a una persona por este conflicto. Además, mencionaron varios ejemplos de injusticia: el asesinato de Berta Cáceres, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la represión al pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla y la masacre de Tlatlaya.

Seguidamente, el comunicado señaló que “[n]o se puede establecer la paz, mientras los de arriba siguen promoviendo la violencia. Solo tratan de engañar la población con sus estrategias de dar migajas y mientras tanto no tienen voluntad de resolver los conflictos. Y solo imponen su propia decisión para generar más violencia y muertes”. Las Abejas de Acteal hicieron un llamado a la resolución de los conflictos sin uso de violencia y desde abajo, fuera de los partidos políticos, pasando por la congruencia, el diálogo y el entendimiento mutuo, recordando el ejemplo de la lucha de Mahatma Gandhi.

Por último, agregaron que “[n]o se puede usar el nombre de nuestra organización, las fotografías y los logos para tergiversar el sentido de Nuestra organización pacífica y activa: pero no se dejen de engañar”, deslindándose del Consejo Pacifista Sembradores de la Paz. Cabe recordar que el Consejo Pacifista se presentó públicamente en marzo de 2015, desconociendo la Mesa Directiva como órgano de gobierno de Las Abejas pero utilizando el mismo sello y logo de la organización.

Para más información:

Ante la inestabilidad social, tenemos que resistirnos, no hay que olvidar la lucha del gran maestro Mahatma Gandhi (Las Abejas de Acteal, 22 de mayo de 2016)

Presentación pública del CONSEJO PACIFISTA SEMBRADORES DE LA PAZ. (Consejo Pacifista Sembradores de la Paz, 29 de marzo de 2015)

Triste conflicto en Las Abejas de Acteal (Desinformémonos, 21 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Denuncian Las Abejas de Acteal usurpación de nombre, sello y logotipo por parte del Consejo Pacifista (22 de abril de 2016)

Chiapas: Consejo Pacifista Sembradores de la Paz, conformado por sobrevivientes de la Masacre de Acteal, realiza acción en caseta de cobro entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas (25 de marzo de 2015)

Chiapas: a 18 años de la masacre de Acteal (23 de diciembre de 2015)

Guerrero: San Miguel del Progreso exige se determine inconstitucionalidad de Ley Minera

Imagen de la conferencia de prensa. Foto: @La Opinión.

La comunidad de San Miguel del Progreso -Júba Wajiín en su lengua indígena Me’phaa-, del municipio de Malinaltepec, Guerrero, logró frenar, mediante la organización comunitaria, la entrada de dos empresas mineras que tenían concesiones en sus territorios. Éstas comprendían 168 mil hectáreas, afectando 7 municipios integrados por 240 comunidades, parte de las cuales se hubiera destinado a explotaciones mineras a cielo abierto.

El pueblo me’phaa de Júba Wajiín lleva años organizándose para la defensa de su tierra y territorio. Un juzgado ya había fallado a favor de esta comunidad en 2014 mediante una “sentencia inédita”, según Desinformémonos, la cual consideró que los derechos de las y los pobladores “fueron violados por el gobierno federal, luego de que éste entregó concesiones mineras a compañías transnacionales sin que primero consultara a sus habitantes”, apuntó La Jornada. El mismo medio destacó la importancia de esta resolución porque abrió “la puerta a que otros pueblos logren obtener amparos en contra de megaproyectos de este tipo”. Cabe señalar que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas sobre acciones en sus territorios está amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, señalando especialmente la realización de consulta “antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del subsuelo”. Posteriormente a la sentencia, en 2015 las dos empresas mineras renunciaron de forma simultánea a las concesiones.

En el proceso, la comunidad orientó su lucha hacia la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Minería de México teniendo en cuenta la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país, para no sólo cancelar la entrada de estas dos empresas mineras a sus territorios sino para que sirva para todas las comunidades afectadas por el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios. En un boletín del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se señaló al Ejecutivo Federal de buscar impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apuntando a que “las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN con las referidas cancelaciones. En efecto, ante la posibilidad de que se evidenciara que la Ley Minera contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales, las empresas y el Gobierno Federal optaron por operar la cancelación de los títulos concesorios”. En su situación actual, en la que los terrenos fueron liberados para que nuevas empresas puedan presentar concesiones, la comunidad tendría que impugnar nuevamente todo el proceso si otras empresas solicitaran concesiones en sus tierras. La comunidad Júba Wajiín junto con representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y Tlachinollan, llamaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que continuara estudiando el caso y que considerara la evaluación de la constitucionalidad y la adecuación a los tratados internacionales de la Ley de Minería.

Para más información:

BOLETÍN | Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 18 de mayo de 2016)

Comunidad indígena logra la cancelación de concesiones mineras en La Montaña (La Jornada de Guerrero, 18 de mayo de 2016)

Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero (Centro Nacional de Comunicación Social, 19 de mayo de 2016)

Pueblos Me’phaa de Guerrero impulsan inconstitucionalidad de la Ley de Minería ante Suprema Corte (Desinformémonos, 18 de mayo de 2016)

San Miguel del Progreso, un pueblo que paró a las mineras (Trinchera Política y Cultura, 12 de abril de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Comunidad indígena pide a la SCJN revisión de la Ley Minera (2 de julio de 2014)

Guerrero: Indígenas de la Montaña piden amparo contra minera de Gran Bretania (15 de noviembre de 2013)

Guerrero: Representantes de municipios de la Montaña y la Costa Chica rechazan minería (28 de julio de 2015)

Guerrero: ONG emite Acción Urgente para proteger Evelia Bahena García, Diana Coralina Brito y Félix Rodríguez Navarrete (10 de agosto de 2015)

Oaxaca: Agresiones al pueblo de Álvaro Obregón

Foto: @Desinformémonos

El 14 de mayo, integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC, denunciaron que la policía municipal de Juchitán “y guardaespaldas de la candidata del PAN-PRD Gloria Sánchez López”, amenazaron con desalojar “con gente armada” a miembros de la Policía Comunitaria y del Cabildo Comunitario de Álvaro Obregón. Además, “agredieron a balazos” a miembros de la comunidad “hiriendo a seis compañeros que se encontraban en la asamblea, defendiendo su territorio físico y político, de los proyectos eólicos de muerte”.

La APIIDTT denunció en un comunicado que Ezequiel Sánchez, Mariano Virgen y Adalberto López, de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, “pasaron frente la oficina de la candidata del PRD-PAN a presidenta municipal, Gloria Sánchez López, fueron apresados por la policía municipal de Juchitán y los agredieron brutalmente, rompiéndoles la cabeza, costillas, brazos y otras partes del cuerpo, miembros del cabildo y la policía comunitaria llegaron en auxilio para ayudar a los compañeros, pero fueron recibidos a balazos por la policía municipal de Juchitán y personas armadas vestidas de civil, resultando heridos de gravedad los compañeros Juan Martínez Jiménez, suplente del agente comunitario; Cesar Toledo Vicente, comandante de la policía comunitaria y José Andrés Jiménez de 14 años y miembro de la Asamblea del pueblo de Álvaro Obregón”.

Además, la APIIDTT había denunciado “que desde hace una semana han estado llegando amenazas de desalojar con gente armada la agencia municipal, de parte de los diferentes candidatos de los partidos políticos, y hoy fue concretada esa amenaza con el ataque a nuestros compañeros” hechos por los cuales responsabilizó al presidente municipal, a Héctor Sánchez López y Gloria Sánchez López, así como a la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca “de administrar a su conveniencia está problemática y no respetar la voluntad del pueblo de elegir a sus autoridades en Asamblea comunitaria y no propiciar una solución al conflicto”.

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicaron un comunicado donde manifestaron que “[l]a política nacional deja en evidencia cada vez más que no hay vergüenza ya en la clase política, que creen que podrán agredir, amenazar y amedrentar la digna lucha de los pueblos”. En solidaridad con Álvaro Obregón, el CNI y el EZLN comunicaron que “[n]o podrán quitarnos la rabia que en nuestros corazones se convierten en solidaridad, No podrán arrancarnos la dignidad de luchar por defender nuestros territorios y a la vida de nuestros pueblos”. Responsabilizaron “al gobierno de Gabino Cué y de Saúl Vicente Vázquez de las agresiones que ocurrieron y siguen sucediendo contra la asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón” y exigieron “la investigación y el castigo de los responsables de los disparos que realizaron la policía municipal de Juchitán y los guardaespaldas de Gloria Sánchez López” y que “se cancelen los proyectos eólicos que se intentan imponer en el territorio de la comunidad”.

Para más información:

COMUNICADO URGENTE: POLICIA MUNICIPAL DE JUCHITAN ATACA A BALAZOS A COMPAÑEROS DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE ALVARO OBREGON (EDUCA, 14 de mayo de 2016)

Tensión en Alvaro Obregón, Juchitán. Policía municipal amenaza a policía comunitaria (Desinformémonos, 17 de mayo de 2016)

COMUNICADO CONJUNTO CNI-EZLN SOBRE LA AGRESIÓN AL PUEBLO DE ÁLVARO OBREGÓN, OAXACA (Enlace Zapatista, 16 de mayo de 2016)

“Perverso” que IEEPCO insista en realizar elecciones en Álvaro Obregón: CDH-Tepeyac (EDUCA, 17 de mayo de 2016)

Su energía “limpia” está sucia de sangre, corrupción y muerte: CNI-EZLN (EDUCA, 17 de mayo de 2016)

Se recrudece violencia electoral en Oaxaca (EDUCA, 16 de mayo de 2016)

Nacional: Juez absuelve militares implicados en la masacre de Tlatlaya

Escenario después de la masacre de Tlatlaya. Foto:@El Universal.

Mediante un comunicado, cerca de 90 organizaciones sociales desaprobaron la decisión del tribunal que decretó la libertad de los tres soldados procesados por la masacre de Tlatlaya, en la que en junio de 2014 perdieron la vida 22 civiles en esta comunidad del Estado de México. Tras la absolución de los cargos de “homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de los vestigios”, en la actualidad no hay ningún elemento del Ejército aprehendido por la masacre.

Como indicó Proceso, las organizaciones firmantes “consideraron grave la resolución judicial” luego de que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que entre 12 y 15 de los 22 civiles abatidos por militares fueron víctimas de ejecución arbitraria”. Además, tres mujeres sobrevivientes declararon que “si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida”. A pesar de ello, el magistrado que llevó el caso, Adalid Ambriz Landa, sostuvo que no pudo determinar si los responsables fueron los militares procesados, argumentando que se requerían “mayores elementos probatorios”. En el comunicado, las organizaciones insistieron en la “inefectividad del Poder Judicial para analizar las graves violaciones a derechos humanos”, apuntaron que “la PGR tuvo un actuar deficiente”, según Proceso, al no investigar “la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos abatir delincuentes en horas de la oscuridad” e indicaron que las y los familiares de las víctimas pueden impugnar la resolución, ante lo que “la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a los familiares sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes”. Asimismo, exigieron medidas de seguridad para Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y cuyo testimonio fue clave para evidenciar los hechos de Tlatlaya.

El comunicado conluyó que esta resolución “nos confirma que en México la justicia para las víctimas a violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares están muy lejos de ser una realidad, y es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país”.

Para más información:

Grave, resolución judicial sobre caso Tlatlaya: organizaciones de derechos humanos (Proceso, 17 de mayo de 2016)

Que “no subsista la impunidad” en caso Tlatlaya, pide la CNDH a la PGR (Aristegui Noticias, 18 de mayo de 2016)

¿Qué ocurrió en Tlatlaya minuto a minuto, según la CNDH? (Animal Político, 22 de octubre de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Nacional/Internacional: Ejército y fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada: EU (10 de julio de 2015)

Nacional/Internacional: Corte interamericana determina que la legislación sobre fuero militar en México sigue siendo insuficiente (21 de mayo de 2015)

Guerrero: Padres rechazan declaración de la PGR; Organizaciones expresan preocupación por descalificación de defensores Guerrerenses; HRW considera que Tlatlaya y Ayotzinapa son “crímenes de Estado” (11 de noviembre de 2014)