@ Frayba
El 24 de abril, se presentó el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México” ante el Consejo de Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, durante su 66º periodo de sesiones. El informe fue elaborado por al menos 125 organizaciones non-gubernamentales, entre ellas, SIPAZ, bajo la coordinación de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Dicho informe pretende lograr la revisión de la aplicación de tratados y acuerdos internacionales en cuanto a la prevención, prohibición y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad encontró que en México un 75.6% de los presos sufrió violencia psicológica, un 63.8% sufrió violencia física durante el arresto y ante el agente del Ministerio Público; un 49.4% fue incomunicado; un 39.4% “recibió patadas o puñetazos”, y más del 23% recibió golpes con algún objeto y lesiones por aplastamiento. Los lugares, donde tienen lugar las prácticas de tortura incluyen instalaciones militares, centros de reclusión, centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria y centros de menores o mientras una persona fue detenida por su participación en una manifestación. “De las 527 víctimas que fueron sometidas a tortura [entre 2006 y 2017], 252 personas fueron torturadas al interior de instalaciones militares -cuarteles, bases o campamentos”, confirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La tortura es “generalizada” en México, afirmó Juan Méndez, relator especial de la ONU en su momento, y la impunidad en casos de tortura es casi total. Según la Fiscalía Especializada del Delito de Tortura a nivel federal, de los 8 mil 335 casos de tortura en los que hubo una investigación, sólo en 17 sucedió un procedimiento penal. “En realidad esta cifra representa solamente 16 causas penales, incluyendo varias con sentencia absolutoria, y la casi totalidad de las sentencias condenatorias fueron revocadas en apelación, por lo que se desconoce su estado final”, se señala en el Examen Periódico Universal (EPU) de México. Confirmado por el Estado ante el Consejo de Derechos Humanos, hubo un total del 36 sentencias federales entre 2013 y 2018.
En el contexto de la tortura, el informe critica fuertemente a la Guardia Nacional: “En los últimos meses, el Gobierno federal y el Congreso de la Unión han avanzado dos propuestas que tendrían el efecto de aumentar el riesgo de ser víctima de tortura y otras violaciones a derechos humanos: la creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”. Ello, “contrario a estas y otras recomendaciones internacionales, y ante la evidencia sobre el impacto de la militarización en la violencia y las graves violaciones a derechos humanos, el modelo propuesto por la actual Administración federal ha sido la creación de una Guardia Nacional militarizada para realizar tareas de seguridad pública”.
Otra problemática con respecto a la tortura no sólo es su ocurrencia, sino también su comprobación. “La experiencia nos ha demostrado que los peritos oficiales no tienen los suficientes conocimientos técnicos, pero también que están viciados en cuanto a su independencia e imparcialidad”, explica Natalia Pérez, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar. “En ocasiones, por ejemplo, son peritos de la Fiscalía (General de la República) haciendo una prueba para demostrar la responsabilidad de otra persona que también pertenece a la Fiscalía, entonces, son juez y parte”, reporta el informe de los ONGs.
Especialmente los grupos que ya tienen una vulnerabilidad mayor son afectados gravemente por la tortura y el maltratamiento, entre ellos mujeres y migrantes. Conforme con el World Justice Project, entre 2009 y 2016 fueron torturadas 8 de cada 10 mujeres detenidas. Subrayado por el informe de las ONGS hay que empezar “por liberar a aquellas de las mujeres que sigan privadas de su libertad a raíz únicamente de detenciones arbitrarias y pruebas fabricadas violando derechos humanos”. Así mismo, durante el éxodo de migrantes, algunas autoridades “lejos de ayudar a los grupos en situación de vulnerabilidad, violaron sus derechos humanos”.
Para más información:
La impunidad es uno de los factores que alimentan la tortura en México: ONG ante el CAT (El Proceso el 23 de abril de 2019)
Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México (El de abril de 2019)
Temen haya torturas con Guardia Nacional (El Diario el 23 de abril de 2019)
La tortura en México, una práctica sistemática: organizaciones civiles presentan informe revelador a la ONU (CNN el 23 de abril de 2019)
Con la militarización disparó uso de la tortura: ONGs ante la ONU (EDUCA el 23 de abril de 2019)
Denunciarán tortura sexual por autoridades mexicanas ante la ONU (EDUCA el 22 de abril de 2019)
Autoridades en México torturan sexualmente a mujeres detenidas, según informe ante la ONU (CNN el 24 de abril de 2019)
Para más información de SIPAZ:
Nacional: Cámara de diputados aprueba Ley que crea la Guardia Nacional después de tres meses de debates y negociación (1ero de marzo de 2019)
Nacional/Internacional: Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visita México (10 de abril de 2019)
Nacional/Internacional : México acepta 262 de las 264 emitidas por la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) 2018 (18 de marzo de 2019)
Escrito por SIPAZ 
