Chiapas : Conceden a médico acusado de motín amparo reconociendo que su participación en protesta fue por mejorar servicios de salud

Enfermeras en huelga de hambre, abril de 2017 (@CNTE)

El 26 de marzo, un juzgado federal otorgó un amparo en favor del doctor Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, acusado del delito de motín, tras haber participado en protestas con enfermeras y trabajadores del sector salud, entre el 3 de abril y el 24 de mayo de 2017, un movimiento que se generó en Tuxtla Gutiérrez para exigir la reinstalación de varias trabajadoras despedidas, así como el abastecimiento de medicamentos, material de curación y equipo clínico. Tras semanas de negociaciones la huelga de hambre finalmente concluyó con una serie de acuerdos que no han terminado de cumplirse a cabalidad.

El juez encargado del caso determinó que los datos de prueba aportados por la fiscalía no demostraban que Zavaleta Ruíz, con su participación en las protestas, hubiera amenazado la estructura jurídica o material del Hospital Regional Doctor Rafael Pascasio Gamboa ni que hubiera puesto en riesgo su subsistencia, sino que por el contrario, los reclamos fueron con la finalidad de mejorar el servicio médico.

Medios subrayaron que con esta decisión : « la creciente tendencia gubernamental para criminalizar el derecho a la protesta mediante el delito de motín recibió en días pasados un importante revés por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante criterios que bien podrían determinar las sentencias futuras para casos similares. (…) La sentencia definitiva emitida hace apenas unos días apunta a convertirse en un parteaguas jurídico para el uso tramposo del motín como herramienta penal para la represión política ».

Para más información :

Chiapas: Otorgan amparo a médico acusado por participar en protesta (La Jornada, 26 de marzo de 2018)

Dan revés a la criminalización de la protesta en Chiapas (Revolución 3.0, 5 de abril de 2018)

Trabajadores del sector salud reclaman el pago de sus “gastos de camino” en Chiapas (Proceso, 5 de abril de 2018)

Chiapas: represión y encarcelamiento arbitrario a trabajadores del sector salud (31 de enero de 2018)

Chiapas: Sector salud denuncia criminalización en su contra (22 de enero de 2018)

Chiapas: Acuerdan terminar segunda huelga de hambre de enfermeras en Chiapas (29 de mayo de 2017)

Chiapas : Enfermeras retoman huelga de hambre y denuncian incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno del estado (2 de mayo de 2017)

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2018: México será examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)

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• #ColectivoEPUmx denuncia ante la ONU: la crisis de violencia, corrupción e impunidad en México, perpetúa las violaciones a derechos humanos:
• La sociedad civil considera imprescindible ayuda del Consejo de Derechos Humanos para garantizar cumplimiento de las recomendaciones derivadas del tercer EPU y para revertir la impunidad que azota al país.
• El estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales en materia de derechos humanos.

En un ejercicio de articulación histórico más de 200 organizaciones de la sociedad civil mexicanas, hemos conformado el #ColectivoEPUmx. La inédita articulación civil para este tema, presentó el pasado 29 de marzo un informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos. Este documento busca visibilizar la situación actual de los derechos humanos en México y resaltar las deficiencias del cumplimiento de las obligaciones del estado mexicano.  (Una descripción de lo que significa el Examen Periódico Universal puede ser consultada en http://bit.ly/2pQGKZF)

La administración de Enrique Peña Nieto representa una gran oportunidad para el ejercicio del EPU, debido a que en ella coincidieron dos ejercicios, el segundo ciclo que tuvo fin en 2014 y el actual que inició en mayo de 2017. En este entendimiento el estado mexicano se encontraba en la situación perfecta para desarrollar políticas públicas de impacto que permitieran reflejar avances en materia de derechos humanos.

Desde el final del segundo ciclo del EPU, México ha experimentado una tentación autoritaria, que se traduce en la construcción de un marco jurídico que favorece estructuralmente la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos.

Según el Índice Global de Impunidad realizado en 2017, México ocupa el primer lugar en impunidad en las Américas y el cuarto lugar en el mundo, está situación constituye el eje transversal que perpetúa la violencia y las violaciones a derechos humanos. Dentro del estado mexicano la impunidad es generada por; la falta de sistemas de seguridad funcionales, la desigualdad económica y social, la falta de sistemas de justicia funcionales y la falta del monitoreo de las obligaciones en materia de derechos humanos.

El estado mexicano no ha sido transparente al evaluar sus avances, retos o retrocesos, a la luz de los ejercicios del EPU anteriores. Por ello las organizaciones de la sociedad civil vemos necesario manifestar ante el Consejo de Derechos Humanos que México no ha incumplido con las 267 recomendaciones emitidas en los ciclos pasados del EPU, ni con las 1885 recomendaciones  de los órganos y procedimientos especiales de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.

La inexistencia de un mecanismo que permita monitorear las obligaciones en materia de derechos humanos produce un aumento en las violaciones a los mismos. Por ello y en aras de hacer 100 % efectivo el ejercicio actual del EPU, las organizaciones de la sociedad civil solicitamos la coadyuvancia internacional para la implementación de recomendaciones, mediante la actualización al Consejo de Derechos Humanos sobre la implementación de las recomendaciones, en una intervención oral anual bajo el ítem 6 de la agenda del Consejo, con miras a identificar áreas en las que el Consejo y sus Estados miembros puedan brindar asistencia técnica para coadyuvar en el cumplimiento de las mismas.

Por lo anterior, mediante nuestro informe manifestamos la situación real que guardan los derechos humanos en México, resaltando que los ejes transversales que perpetúan su violación  son la  actual situación impunidad e  incumplimiento de recomendaciones de los ejercicios pasados del EPU, así mismo hacemos un llamado al Consejo de Derechos Humanos para que coadyuve con el estado mexicano y generen mecanismos que permitan implementar los resultados del presente ejercicio del EPU y  mecanismos tendientes a erradicar la impunidad.

Internacional: En Solidaridad con las Organizaciones que luchan y defienden el territorio y los bienes comunes naturales en América Latina

Foto; encuentro de organizaciones de acompañamiento y observación internacional, Bogotá 2017

La Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional, formado por unos 14 organizaciones, se reunieron en Tegucigalpa, Honduras, para su reunión anual y publicaron el siguiente pronunciamiento: 

A dos años del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores, lideresa indígena Lenca, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), las organizaciones de la Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional saludamos la captura de uno de los presuntos autores intelectuales el día 03 de marzo del presente año. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por la falta de avances en las investigaciones sobre el caso, ya que hasta la fecha no se ha emitido ninguna condena, tal como lo expresan familiares y organizaciones sociales en Honduras[1].

Las organizaciones que conforman la Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional acompañamos a personas defensoras, comunidades y organizaciones en su trabajo de defensa del territorio y el medio ambiente en Colombia, México, Guatemala y Honduras. Desde nuestro trabajo de acompañamiento, observamos que quienes defienden la naturaleza y los bienes comunes naturales se encuentran entre los colectivos que más riesgos afrontan por su labor. Recientemente, la organización internacional Global Witness registró que tan solo en 2017 han sido asesinadas 197 personas que trabajan alrededor de esta problemática[2]. Resaltamos también los riesgos elevados y diferenciados a los que están expuestas mujeres defensoras. Además, resulta preocupante la elevada tasa de impunidad frente a los casos de agresiones a las personas defensoras en estos países[3].

Al igual que otros organismos internacionales[4], las organizaciones suscritas  observamos que quienes defienden el territorio y el medio ambiente se enfrentan a deslegitimación, desprestigio, estigmatización y procesos de criminalización, que afectan en lo personal, organizativo, familiar y comunitario, y generan un contexto adverso para la defensa del derecho al territorio y el medio ambiente.

La labor de las personas defensoras de la tierra y el territorio es fundamental para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como un medio para tener una vida digna. Las organizaciones de la Red consideramos clave que la comunidad internacional reconozca públicamente su importante labor. Así mismo, que garantice el monitoreo integral de las instancias que investigan los casos de ataques a personas defensoras, con el objetivo de alcanzar justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.

Por último, consideramos importante que la comunidad internacional ponga toda la voluntad y recursos a disposición para que se cree un entorno seguro para quienes defienden el derecho al territorio y los bienes naturales, promoviendo su valiosa labor, desmontando estereotipos y estigmatización y rechazando procesos de criminalización que perjudican y ponen en peligro su vida y trabajo en favor de la sociedad.

[1]“Defensoras de la Madre Tierra a dos años de asesinato de Berta Cáceres exigen avances en la investigación”, Criterio, 2 de marzo de 2018. Disponible en: https://criterio.hn/2018/03/02/defensoras-la-madre-tierra-dos-anos-asesinato-berta-caceres-exigen-avances-la-investigacion/

[2]Global Witness/The Guardian. Almost four environmental defenders a week killed in 2017. 2 de febrero de 2018 Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/blog/nueva-informaci%C3%B3n-revela-que-197-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente-han-sido-asesinadas-en-2017/

[3]FrontLineDefenders. Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo 2017. 22 de enero de 2018.

[4]CIDH. Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/15). 31 de diciembre de 2015.

Para más información: 

El caso por el homicidio de Berta Cáceres suma un detenido más; activistas acusan que no es suficiente, The New York Times, 5 de marzo de 2018

Advierten que Honduras busca cerrar investigación sobre el crimen de Berta Cáceres, Proceso, 5 de marzo de 2018

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: La caravana por la Paz, la Vida y la Justicia llegó a San Cristóbal de las Casas,  8 de abril de 2016

Justicia para Berta Cáceres y Nelson Noé García. Protección para Gustavo Castro Soto (29 de marzo de 2016)

Chiapas/Internacional: Asesinan a defensora hondureña (Berta Cáceres) en presencia de defensor mexicano (Gustavo Castro) (7 de marzo de 2016)

Chiapas: Conmemoración mensual de la masacre de Acteal

Foto: @Frayba

El 22 de febrero, como cada mes en esa misma fecha, los miembros de la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, recordaron a las 45 personas y 4 no nacidos asesinados el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó. En esta ocasión, además expresaron sus condolencias a Eloisa Vega Castro, que falleció el pasado 14 de febrero cuando “cumplía una misión encomendada por el CNI para la construcción de un México más justo y humano para todas y todos”.

Desde su comunicado animaron a las personas a que “no nos cansemos, no nos detengamos, porque somos quienes tenemos que “trabajar y organizar para defender la vida y a nuestra Madre Tierra de las ambiciones y codicias de los ricos y poderosos de la mafia criminal del sistema capitalista neoliberal”.

En esta conmemoración mensual de la masacre de Acteal denunciaron a los gobiernos que están al servicio del sistema capitalista con políticas de militarización como “una estrategia para controlar y someter a las comunidades y pueblos quienes defendemos nuestras tierras y territorios de las empresas extractivistas saqueadoras y destructoras de la biodiversidad y de la Madre Tierra”, desde la imposición de leyes como la Ley de Seguridad Interior.

Recordaron además que: “los paramilitares de Chenalhó, autores materiales de la Masacre de Acteal fueron creados, entrenados y armados por el Ejército Mexicano en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94, y no olvidamos que dicho plan acabó con muchas vidas en varias partes de Chiapas, como en la Zona Norte que fungió como laboratorio de paramilitarización entre los años 1994 y 1997 y, culminó con dicha Masacre de Acteal”.

Para más información:

A ti compañera y hermana Eloisa que ya te has convertido en espíritu, que tu alma vuela y libre como el viento. (Las Abejas, 22 de febrero 2018)

Las Abejas de Acteal 25 años de Memoria y de Esperanza. (Frayba, 12 de diciembre 2017)

Con acciones pacíficas Abejas de Acteal obtuvieron su libertad. (Frayba, 10 de enero 2018)

14 familias en riesgo de desplazamiento forzado en Río Jordán, Los Chorros. (Frayba, 8 de enero 2018)

 

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Las Abejas desmienten versión gubernamental de lo sucedido en Los Chorros. (SIPAZ, 18 de enero 2018)

Chiapas: Celebran 25 años de resistencia Las Abejas de Acteal. (SIPAZ, 15 de diciembre 2017)

Chiapas: Las Abejas de Acteal realizaron una gira en el marco de su campaña, Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza. (SIPAZ, 24 de julio 2017)

 

Oaxaca : diputadas europeas señalan poca voluntad política ante el asesinato de los defensores Jyri Jaakkola y Bety Cariño

(@CODIGO DH Archivo)

Por octava ocasión, la eurodiputada Ska Keller, copresidenta del Grupo de los Verdes, y Satu Hassi, ex eurodiputada y actual diputada del parlamento finlandés viajaron a México para exigir avances en la investigación de los asesinatos de Jyri Jaakkola y Bety Cariño, cometidos en abril de 2010 mientras participaban en una caravana humanitaria a San Juan Copala, en la región triqui. A pesar de su insistencia, el gobernador Alejandro Murat no las recibió aunque al final, el titular de la secretaría General de Gobierno, Héctor Annuar Mafud Mafud, sostuvo una reunión con ellas.

Las diputadas europeas detallaron a medios de comunicación que aunque hay acuerdos escritos y firmados con las autoridades oaxaqueñas, a casi 8 años del doble crimen, sólo han sido detenidas seis personas mientras siguen sin aplicarse siete órdenes de aprehensión. Comentaron además que « es horrible que crímenes tan atroces queden sin castigar » porque hay autoridades « insensibles” ». « Las dificultades burocráticas que nos han explicado las autoridades, en mi opinión sirven más bien como excusa », planteó Satu Hassi.

En entrevista con CIMAC noticias, ambas hicieron énfasis en el hecho de que « la cláusula sobre Derechos Humanos en el renovado tratado de libre comercio que firmarán el Estado de México y la Unión Europea este mes no está muy amplia. Mientras que empresas que sienten infligidos sus derechos pueden apelar ante una Corte, estas medidas no existen en los casos de violaciones a Derechos Humanos ».

Para más información :

Murat rechaza reunirse con eurodiputada, quienes alegan falta de diplomacia y crisis de derechos humanos (Página 3.mx, 18 de febrero de 2018)

Reclaman “falta de voluntad” de autoridades en caso Bety Cariño (CIMAC Noticias, 17 de febrero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca/Nacional : Detienen a otro presunto implicado en el asesinato de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakola (1 de septiembre de 2017)

Oaxaca : 7 años de impunidad en el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (28 de abril de 2017)

Oaxaca: Parlamentarias europeas vuelven a denunciar impunidad en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2 de marzo de 2017)

Oaxaca/Internacional : Suman 5 detenidos en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010) (15 de octubre de 2016)

Oaxaca: Emboscan y asesinan a tres integrantes de Codedi

El 12 de febrero, tres integrantes del Comité de Defensa de los pueblos Indígenas (CODEDI) perdieron la vida y dos quedaron heridos tras un ataque armado. Uno de los heridos fue el cofundador del CODEDI, Abraham Ramírez Vásquez.

El ataque armado ocurrió cuando los integrantes del Comité viajaban en la carretera federal que comunica la Ciudad de Oaxaca de Juárez con Puerto Ángel después de una reunión entre el CODEDI y las autoridades gubernamentales en la capital.

 El CODEDI responsabilizó al gobierno estatal y federal y al día siguiente realizó una protesta en Huatulco por medio de una marcha y la toma de la carretera federal 200.

Más de 100 organizaciones sociales y civiles condenaron la ejecución de los tres defensores indígenas y exigieron garantías para Abraham Ramírez Vásquez. Además, hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional para que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan desempeñar su labor en condiciones de seguridad e igualdad. Asimismo, pidieron a la sociedad sumarse a la exigencia colectiva por el esclarecimiento inmediato de estas ejecuciones extrajudiciales y que se castigue a los autores materiales e intelectuales.

Para más información:

CODEDI denuncia ataque armado, fallecen 3 jóvenes indígenas (Educa, 13 de febrero de 2018)

Denuncia sobre asesinatos a compañeros de CODEDI (CNI, 13 de febrero de 2018)

Marchan en Huatulco por asesinato de tres activistas (Quadratin, 14 de febrero de 2018)

Organizaciones sociales y civiles condenan la ejecución de 3 defensores indígenas en Oaxaca (Educa, 14 de febrero de 2018)

Matan a un hombre y dos niños en emboscada a comitiva indígena tras reunión con colaboradores de Murat (Proceso, 13 de febrero de 2018)

Internacional/Chiapas : Interponen solicitud formal ante gobierno de Canadá para investigar a los diplomáticos en este país ante caso de ambientalista asesinado

Participación de José Luís Abarca, hijo de Mariano Abarca durante el acto de conmeración – Ottawa, Canadá, 5 de febrero (@MiningWatch)

El 5 de febrero, organizaciones civiles de Canadá y México, familiares y amigos del defensor ambientalista Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en Chicomuselo, Chiapas solicitaron formalmente al gobierno de Canadá que se investigara a diplomáticos de la Embajada de ese país que, acusan, solaparon las acciones de la minera Blacfire Exploration que fue señalada en relación a ese crimen, mismo que sigue en la impunidad.

 

Desde Ottawa, José Luis Abarca Montejo, hijo del activista, dio a conocer que viajó a Canadá para buscar que el gobierno canadiense aclarara el caso y revisara sus políticas ante abusos cometidos en México por empresas extractivas canadienses: “Mi padre encabezaba la lucha contra el despojo minero en Chicomuselo porque le indignaban los daños al medioambiente que generaba la Blackfire y le indignaba la corrupción de los gobiernos mexicano y canadiense que permitió a la empresa instalarse en el pueblo generando un conflicto social”. El joven también compartió que hasta la fecha, su familia y él siguen recibiendo amenazas y agresiones por parte de ex trabajadores de la empresa minera, particularmente de quienes fueron detenidos y acusados de ser autores materiales del homicidio, y tiempo después liberados.

Los demandantes que incluyen a la viuda y los hijos de Abarca, la organización Mining Watch de Canadá, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y la organización Otros Mundos Chiapas sostienen que la embajada encubrió violaciones a la responsabilidad corporativa que por ley deben regir las empresas de Canadá. Denunció que de acuerdo a pruebas documentales “la embajada urgió al gobierno mexicano para que contuviera las protestas”, e ignoró la solicitud de ayuda que había recibido por parte de pobladores, entre ellos, Mariano Abarca.

Cabe agregar que tras el homicidio de Mariano Abarca, la mina de barita fue clausurada por haber cometido violaciones a la ley medioambiental mexicana. En respuesta a esta acción, la embajada asesoró a la empresa Blackfire para demandar al gobierno de Chiapas, de acuerdo a las clausulas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para más información :

Llevan a Canadá reclamo de justicia por asesinato del ambientalista Mariano Abarca Roblero en Chiapas (Proceso, 5 de febrero de 2018)

Interponen en Ottawa demanda contra la embajada de Canadá en México (Chiapas Paralelo, 5 de febrero de 2018)

Interponen en Ottawa demanda contra embajada de Canadá en México, por apoyar a empresa minera (Aristegui Noticias, 5 de febrero de 2018)

Caso Mariano Abarca: Sigue y apoya nuestra demanda contra la Embajada de Canadá para exigir #JusticiaParaMariano (Otros Mundos, Mining Watch, 5 de febrero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas: Peregrinación en Chicomuselo une alrededor de 5,000 hombres y mujeres que se oponen a actividades mineras (3 de octubre de 2017)

Chiapas: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca, opositor a la minería (28 de noviembre de 2014)

Chiapas: Matan a Mariano Abarca líder opositor a la operación en una mina (28 de noviembre de 2009)