Chiapas: Jotolá, detenciones y situación de alerta

El 7 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC) denunció que miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) amenazaban con quemar casas de los adherentes de la Otra Campaña zapatista en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón. Lo anterior en represalia porque la Policía estatal detuvo el 4 de noviembre a cuatro de sus integrantes, acusados de privación ilegal de la libertad, lesiones y homicidio en grado de tentativa. Están presuntamente vinculados con la agresión que el 18 de septiembre pasado sufrió Ricardo Lagunes Gasca, abogado del CDHFBLC.

El 7 de noviembre, Diego Cadenas Gordillo, director del CDHFBLC, declaró que había recibido informes de que los integrantes de la OPDDIC habían llevado dos tambos con gasolina, presuntamente para prender lumbre a las viviendas del grupo contrario. Informó que ante el riesgo que corren los adherentes de la Otra Campaña, había solicitado a las autoridades estatales la implementación de medidas cautelares “para salvaguardar los derechos, la integridad física y la vida de las personas involucradas en el conflicto”.

Para más información:

Alerta el Frayba (Expreso, 8 de noviembre)

Para más información de SIPAZ:

Acción Urgente: Ataque armado a Defensores De Derechos Humanos en Jotola, Chiapas (24 de Septiembre de 2009)

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC) denunció que miembros de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) amenazaban con quemar casas de los adherentes de la Otra Campaña zapatista en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón. Lo anterior en represalia porque la Policía estatal detuvo el miércoles a cuatro de sus integrantes, acusados de agredir a un abogado del organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García. Diego Cadenas Gordillo, director del CDHFBLC, dijo que recibió informes de que los priístas habían llevado dos tambos con gasolina, presuntamente para prender lumbre a las viviendas del grupo contrario. Informó que ante el riesgo que corren los adherentes de la Otra Campaña, solicitó a las autoridades estatales la implementación de medidas cautelares “para salvaguardar los derechos, la integridad física y la vida de las personas involucradas en el conflicto”. Cabe mencionar que los policías estatales detuvieron el miércoles en Ocosingo, vecino de Chilón, a los indígenas Agustín Hernández Sántis y Juan, Rogelio y Guadalupe Cruz Méndez, acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y homicidio en grado de tentativa.

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Chiapas: FNLS anuncia “campaña nacional de denuncia y rechazo a la criminalización de las luchas populares”.

En conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de Las Casas el lunes 9 de noviembre, el Frente Nacional de Lucha hacia el Socialismo (FNLS) anunció el inicio de una “Campaña nacional de denuncia y rechazo a la criminalización de las luchas populares” que durará hasta el 15 de diciembre. Consistirá en diversas acciones y movilizaciones en diferentes entidades del país, visitas a organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, presencia en embajadas y oficinas de organismos internacionales, así como en entrevistas en medios de comunicación “capaces de comprometerse con una apertura democrática; y tejiendo alianzas con otras organizaciones y sindicatos independientes del país, para enfrentar unidos la política criminal de los gobiernos federal y estatales”.

En su comunicado, denunció que la estrategia oficial pretende “criminalizar las legítimas luchas sociales y populares, con el fin de manipular a la opinión pública para luego fabricarle delitos falsos a los luchadores sociales, teniendo así el pretexto para encarcelarlos…Es una pena que esto esté sucediendo hoy en Chiapas al igual que en todos los demás estados del país, en momentos en que el futuro de la Nación corre terribles riesgos en el contexto mundial”.

Acompañados por representantes de la OCEZ-RC (Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza), los integrantes del FNLS condenaron el “terrorismo de Estado desatado” en contra de esta agrupación. Denunciaron que en esta misma “guerra sucia” se enmarca la “campaña de criminalización en contra del FNLS prefabricando las condiciones mediáticas para posteriores golpes judiciales: por supuesto, también bajo ‘delitos’ inventados”.

Para más información:

Comunicado completo del FNLS

Anuncia FNLS Campaña contra criminalización de las luchas populares (Expreso de Chiapas, 10 de noviembre)

Inician campaña nacional de rechazo a la criminalización (Cuarto Poder, 10 de noviembre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: preocupación por hostigamiento a defensores de derechos humanos (junio de 2009)

Chiapas: Ataque a Kinal Antsetik (octubre de 2009)

Chiapas: Denuncia pública de Enlace, Capacitación y Comunicación

El 10 de noviembre, Enlace, Capacitación y Comunicación de Comitán, contraparte de SIPAZ e integrante de la Red por la Paz, hizo una denuncia pública sobre el allanamiento de la vivienda de uno de sus integrantes: el 8 de noviembre a las 3:30 de la mañana, más de 18 policías que portaban armas largas, vestidos de civil y con pasamontañas entraron abruptamente al domicilio de Adolfo Guzmán Ordaz y su familia, ubicado en la ciudad de Comitán, argumentando que tenían una orden de cateo. Este hecho parece inscribirse en la tan señalada tendencia a la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos. Reproducimos a continuación la totalidad del boletín emitido.

“Comitán de Domínguez, Chiapas, 10 de noviembre del 2009

A las Organizaciones Sociales y Civiles

A los Organismos de Derechos Humanos

A la Sociedad Civil

Por medio de la presente, ENLACE Comunicación y Capacitación A.C. hace una denuncia pública sobre los acontecimientos ocurridos contra la familia de nuestro compañero Adolfo Guzmán Ordaz, integrante del equipo de Enlace en Comitán. El pasado 08 de noviembre a las 3:30 de la mañana, Adolfo y su familia sufrieron el allanamiento de su vivienda por parte de oficiales de la Policía Ministerial. Más de 18 policías que portaban armas largas, vestidos de civil y con pasamontañas entraron abruptamente a su domicilio, ubicado en la ciudad de Comitán, argumentando que tenían una orden de cateo (de la cual su contenido no fue mostrado y  a la hasta el momento no hemos tenido acceso) que les permitía revisar la casa y encontrar a una persona, de la cual se desconocía el nombre y los motivos de su búsqueda.

Los policías ministeriales ingresaron a la vivienda con las armas encañonadas y se desplegaron a lo largo de toda la casa; mientras uno de los oficiales interrogaba a Adolfo, los otros revisaron las habitaciones donde se encontraban los demás integrantes de la familia (dos menores y la pareja de nuestro compañero). Cuando se encontraron con Margarita Martínez Martínez, pareja de nuestro compañero, sorprendida y asustada pidió explicaciones para saber el por qué del allanamiento, pero los oficiales se limitaron en contestarle que ellos estaban haciendo su trabajo. Durante el operativo revisaron todos los espacios de la casa y tomaron fotos y video de la familia, las habitaciones y sus pertenencias.

Ante la insistencia por encontrar a “alguien más” Margarita Martínez, acompañada y encañonada por los policías recorrió todas las habitaciones para enseñarles que ahí no había nadie. Los oficiales entraban a las habitaciones de manera prepotente y con las armas apuntando hacia el frente, inclusive en los cuartos de los menores; estas actitudes provocaron miedo en los niños, quienes al escuchar el alboroto despertaron aterrados.

Durante el operativo los policías impidieron que los menores estuvieran acompañados por sus padres, y mantuvieron a la familia separada, lo cual generó más angustia y temor entre los integrantes. Mientras Margarita recorría los cuartos, nuestro compañero  Adolfo era interrogado en el patio delantero por uno de los oficiales, quien le preguntó sobre su trabajo,  procedencia, tiempo de residencia y nombre del propietario de la casa, además, para corroborar la información, le pidió su credencial de elector y anotó sus datos.

Durante el cateo los oficiales no golpearon físicamente a nadie, tampoco movieron o maltrataron las pertenencias, pero sí causaron graves daños psicológicos irremediables a la familia y especialmente contra los menores, ellos no han querido regresar a su casa y les atemoriza integrarse a sus actividades cotidianas.

Al finalizar el operativo y tras la insistencia de la familia los policías dijeron que la orden de cateo era la No. 80-2009 y que en un par de días llevarían una constancia que deberían firmar, diciendo que no causaron daño alguno a la propiedad o pertenencias.

Ante la incertidumbre de este acontecimiento, Adolfo Guzmán Ordaz acudió al Juzgado Primero en Comitán para corroborar el motivo del cateo y solicitar una copia del documento oficial. Ahí fue atendido por el licenciado Elivar Narváez quien le dijo que tal solicitud la tendrían que hacer en las oficinas de la Subdirección de Control de Procesos. Al llegar a las oficinas de esta subdirección, lo remitieron al Juzgado del Ramo Penal Especializado en Medidas Cautelares, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Una vez que pudo comunicarse con el encargado de esta dependencia, el Lic. Ernesto Hernández Ruiz le dijo que era responsabilidad del Juzgado Primero resolver su solicitud. Posteriormente, al regresar al Juzgado Primero, el responsable Elivar Narváez comentó que no era competencia de esa oficina exponer la orden de cateo o la averiguación previa, ya que este oficio no podía ser mostrado porque de ser así se estaría atentando contra la confidencialidad de quienes ordenaron el operativo.

Esta medida e incertidumbre tiene preocupada a la familia, y a los integrantes de ENLACE, ya que resulta incierto e impune no saber dónde obtener la información para conocer los motivos del cateo, ni ante qué instancias ampararse.

Para Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. estos hechos son una violación a los Derechos Humanos y una forma agresiva de intimidación para la familia y para el trabajo que realizan los miembros de nuestra organización, por lo que condenamos enérgicamente dichos actos y responsabilizamos a las autoridades ministeriales encargadas de “impartir justicia”, así como a las autoridades del Municipio de Comitán y del Estado de Chiapas por cualquier agravio en contra de los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación y/o de sus familias.

Es importante decir que estos acontecimientos se dieron en el marco de una serie de operativos y cateos, efectuados la misma madrugada, contra algunos dirigentes campesinos y mujeres líderes de canasteras (vendedoras del mercado). Con estos hechos el gobierno municipal ha demostrado su nula voluntad para negociar los problemas sociales, así como su incapacidad para encontrar el dialogo político que resuelva de manera pacifica los conflictos, su apuesta ha sido seguir el camino de la criminalización contra la protesta social y la lucha por los derechos laborales.

Por lo tanto, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a las organizaciones no gubernamentales, a las redes de organismos civiles y a las y los ciudadanos para que difundan los acontecimientos ocurridos y  se adhieran a esta denuncia. No permitamos que estos actos permanezcan en la impunidad y se conviertan en algo cotidiano que tengamos que aceptar.

Atentamente

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.”

Oaxaca: ONGs presentan Diagnóstico de DDHH

Portada del Diagnóstico

El 14 de octubre, varios organismos de Derechos Humanos presentaron un diagnóstico sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos en Oaxaca, documento que contiene información recopilada en 2008 y en el primer semestre de 2009. Destacaron que la labor de defensa de los Derechos Humanos es criminalizada y perseguida.

En el boletín de prensa emitido en el marco de la presentación del “Diagnostico sobre la Situación de las Defensoras y  los Defensores de Derechos Humanos de Oaxaca” , se denuncia “el aumento registrado por organizaciones no gubernamentales de abusos de derechos humanos cometidos en contra de defensores/as de derechos humanos, con mayor frecuencia la intimidación y el hostigamiento, mientras van en aumento las de carácter más grave como son las agresiones, amenazas a la integridad personal, detenciones ilegales, difamaciones, descalificaciones, persecución judicial entre otros, con el único objetivo de impedir el ejercicio del derecho de los defensores y defensoras de promover y defender los derechos humanos y denunciar violaciones ”.

El diagnóstico, elaborado por Peace Watch Switzerland (Suiza) a raíz de entrevistas con 17 organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, abarca los temas Impunidad, Criminalización de la Protesta Social, Militarización, Ruptura del Tejido Social, Conflictos Agrarios y Defensa de los Recursos Naturales, así como el Proceso Electoral Rumbo al 2010. Además, revela la necesidad de una articulación conjunta de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, por la cual se creó “un espacio denominado ‘Espacio de Defensores/as de Derechos Humanos’ para compartir metodologías de intervención así como monitorear los patrones que se cometen en los ataques a todos/as los Defensores/as de Derechos Humanos que promueven, defienden o se organizan para exigir la vigencia de los Derechos Humanos ”. Dicho espacio está conformado por Consorcio para el Dialogo Parlamentario A.C. , el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. , la Liga Mexicana por los Derechos Humanos A.C. (Limeddh) , Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa), el Comité 25 de Noviembre A.C. y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” A.C.

Para más información:

• Boletín de Prensa por la publicación del Diagnóstico (pdf)
• “Diagnóstico sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Oaxaca” (pdf)
• Centro Independiente de Noticias: “Más agresiones a defensores humanos por el proceso electoral 2010 en Oaxaca”

Oaxaca: Campaña por el castigo de los asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes

En 2006, el arquitecto Lorenzo Sampablo Cervantes, padre de 4 hijos y miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solía acudir a las marchas, llevaba víveres en los plantones y mantenía “una idea firme en contra de los abusos cometido por parte del gobierno”. Fue matado el 22 de agosto de 2006 “a quema ropa y sin posibilidad de defenderse” según se ha denunciado por balas de “grupos paramilitares al mando de Aristeo López”, ex funcionario policiaco de José Murat en Oaxaca. Fue la primera pesona en ser asesinada en los hechos violentos que sacudieron al estado entre 2006 y 2007.

El día 8 de agosto pasado, a tres años de su muerte, y por decisión de sus familiares, inició la Campaña por el Castigo de los Asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes en la Ciudad de Oaxaca con una velada en la que se pidió justicia en su caso. Las actividades realizadas en el marco de esta campaña apuntan a “la exigencia de castigo a los responsables del asesinato de Lorenzo Sampablo Cervantes” señalando como autores materiales e intelectuales a “los jefes policíacos, y funcionarios gubernamentales Manuel Moreno Rivas, Lizbeth Caña Cadeza, Jorge Franco Vargas “el Chuckie”, Bulmaro Rito Salinas, Lino Celaya Luría, Aristeo López Martínez, Ulises Ruiz entre otros; no olvidando a quienes integraron las Caravanas de la Muerte que le quitaron la vida a Lorenzo Sampablo”.

En actos públicos Petra González Garnica, la viuda de Lorenzo Sampablo, ha reafirmado la importancia de seguir trabajando por la justicia, por no olvidar a los 26 asesinados, a los más de 500 detenidos y a los 300 procesados en el marco de la represión que se desató en Oaxaca entre 2006 y 2007. Petra González no ha aceptado la indemnización que se le ha ofrecido y ha afirmado que no la aceptará hasta que se haya hecho justicia. En un encuentro con familiares de presos, asesinados y lesionados como consecuencia de los enfrentamientos en 2006-2007, los familiares contaron con mucha indignación y dolor sobre las consecuencias de la impunidad en sus vidas a 3 años de los hechos violentos que cambiaron sus vidas, dejándolas truncadas, a medias. El sufrimiento sigue y la petición de no dejar los muertos y las injusticias en el olvido sigue clara y contundente.

Para más información:

Blog: “Campaña por el Castigo de los Asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes”

”Justicia para Oaxaca: Lorenzo Sampablo Cervantes Presente Ahora y Siempre” (31/08/2009)

Campeche: Encuentro Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Candelaria, Campeche

Imagen de la conformación de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, mayo de 2009

Los pasados 13, 14 y 15 de septiembre, se realizó el “Encuentro Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Candelaria”, Campeche, convocado en la capital del mismo estado en solidaridad con las cinco personas presas de Candelaria, y en solidaridad con los pobladores de San Antonio Ébula, ambos del mismo estado. Salieron libres bajo fianza el 23 de septiembre dos de los cinco detenidos del movimiento de “Resistencia del No pago a las altas tarifas de la energía eléctrica” de Candelaria, quienes habían sido detenidos de forma violenta el pasado 10 de julio, acusados de privación ilegal de la libertad, entre otros delitos.

El Encuentro, en el que participaron 6 organizaciones nacionales y 28 organizaciones de 9 estados de la República, entre ellos varios del estado de Chiapas, se solidarizó también con los pobladores de San Antonio Ébula, quienes en ese momento se encontraban despojados de sus tierras, que en voz de los afectados les habían sido arrebatados por gente contratada por el empresario local Eduardo Escalante, con la complicidad del gobierno estatal.

En el pronunciamiento público que salió al terminar el Encuentro, destacaron que los encarcelados de Candelaria son “presos políticos y de conciencia porque han sido privados de su libertad por defender los derechos del pueblo“, ya que exigen una tarifa justa por el servicio de la energía eléctrica. Además, los participantes del encuentro denunciaron la actuación que las autoridades de impartición de justicia, que “han violentado los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeras … y sobre todo han sido claras en criminalizar la resistencia civil y cualquier otra forma de organización que pretenda defender los derechos del pueblo”. Anunciaron que realizarán acciones de presión para exigir la liberación de los detenidos. Cabe señalar que una gran parte de las organizaciones participantes en el Encuentro integran la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, conformada en mayo pasado en San Cristóbal de Las Casas, quienes han hecho uno de sus principios la solidaridad mutua, al modo de “Si tocan a uno, tocan a todos”.

En este contexto, el 23 de septiembre fueron liberados bajo fianza Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano Gómez, debido a que se resolvió la apelación de su defensa jurídica. Siguen en la cárcel Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, todos del movimiento de “Resistencia del No pago a las altas tarifas de la energía eléctrica” de Candelaria.

Para más información:

PRONUNCIAMIENTO POLITICO DEL ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERACION DE LOS PRESOS POLITICOS DE CANDELARIA

Acción Urgente: Libertad inmediata e incondicional a l@s pres@s políticos de Candelaria, Campeche

Más información de SIPAZ:

Chiapas: Pronunciamientos de solidaridad con los 5 detenidos en Candelaria, Campeche (16/07/09)

Chiapas: Ataque armado de la OPDDIC a integrante del CDHFBC

Conferencia de prensa de integrantes de la Otra Campaña de Mitzitón, Bachajón y Jotolá (agosto de 2008)

El 18 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció un ataque armado de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en contra de uno de sus integrantes en el Ejido Jotolá, municipio de Chilón. Por la gravedad de esta agresión, reproducimos a continuación la totalidad del boletín emitido.
“San Cristóbal de las Casas, Chiapas
18 de septiembre de 2009

Boletín de prensa No 30

Ataque armado de la OPDDIC a integrante del Frayba

La organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) de corte-paramilitares, bajo cobertura del Gobierno del Estado, emboscan y agreden a miembro del Frayba y hieren de bala a ejidatario de San Sebastián Bachajón.

La (OPDDIC) de corte-paramilitares, bajo cobertura del Gobierno del Estado, emboscan y agreden a miembro del Frayba y hieren de bala a ejidatario de San Sebastián Bachajón.

El día de hoy aproximadamente a las 12 del día, Ricardo Lagunes Gasca, integrante de este Centro de Derechos Humanos, fue atacado por un grupo de personas armadas, integrantes de la OPDDIC, mientras se dirigía a la zona baja de Tila. Los hechos ocurrieron cuando Ricardo se detuvo en el Ejido Jotolá, Municipio de Chilón, para informar sobre el proceso jurídico que realiza como abogado del Centro en la defensa de los ejidatarios presos de San Sebastian Bachajón, ya que estos últimos sostenían ahí una reunión de trabajo con los ejidatarios de Jotolá, ambos adherentes a La Otra Campaña.

Al terminar de informar la situación de los presos, Ricardo intentó salir del Ejido a bordo de la camioneta de este Centro, sin embargo aproximadamente 40 metros adelante le cerraron el camino con piedras y un tronco que le impedía transitar, obligado a detenerse fue emboscado y golpeado por un grupo de aproximadamente 60 personas que se encontraban armadas con palos, piedras, machetes y armas de fuego, todos ellos integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) quienes entre golpes lo bajaron del vehículo del cual le quitaron las llaves, para intentar llevárselo con rumbo desconocido.

Sin embargo y pese a los intentos de Ricardo por dialogar con los integrantes de la OPDDIC, las agresiones continuaron poniendo en riesgo la vida e integridad física de nuestro compañero, por ese motivo un grupo de ejidatarios de La Otra Campaña intervinieron en su rescate, momento en que los integrantes de la OPDDIC se distrajeron, lo cuál fue aprovechado por Ricardo para liberarse de sus captores, dejando abandonadas todas sus pertenencias dentro del vehículo detenido.

Tras la intervención de los ejidatarios de la Otra Campaña, los integrantes de la OPDDIC reaccionaron disparando armas de fuego por lo que resultó herido de bala en el muslo de la pierna izquierda el Señor Carmen Aguilar Gómez 2°, habitante del Ejido de San Sebastián Bachajón. Tras esta agresión con arma de fuego, los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña se dispersaron para evitar la confrontación con la gente de la OPDDIC, sin embargo estos últimos rodearon las casas de los ejidatarios amenazándolos con entrar a sacarlos y tomar la casa ejidal por la fuerza.

Hasta las 4 de la tarde de este viernes, integrantes de este Centro recibieron información de los ejidatarios que permanecían resguardados en sus casas en el Ejido de Jotolá, quienes manifestaron ser testigos de que aproximadamente 20 personas de la OPDDIC realizaban rondines portando armas de distintos calibres, además de haber tomado posesión de la casa ejidal.

Antecedentes:

Previo a la agresión, antes del medio día, los ejidatarios de Jotolá fueron testigos de que elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se habían entrevistado con integrantes de la OPDDIC; ahí, según varios testimonios, pudieron escuchar que los ejidatarios aseguraban que iban a entrar a la casa ejidal para destruir el letrero y agredir a los adherentes de la Otra Campaña. Momentos después, cuando Ricardo abordó el vehículo, hombres y mujeres de la OPDDIC bloquearon el paso pese a que nuestro compañero se identificó como integrante de este Centro de Derechos Humanos.

Por la mañana, mientras los ejidatarios de Jotolá y Bachajón se reunían en la casa ejidal, los miembros de la OPDDIC se reunieron 40 metros debajo de la casa ejidal donde hizo presencia la patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y los elementos policiacos mantuvieron un diálogo con los integrantes de la OPDICC. Los hechos sucedieron después de haber sido colocado un letrero en la casa ejidal de Jotolá, mismo que la semana pasada había sido robado por los miembros de la OPDDIC.

El pasado 20 de agosto ejidatarios de Jotolá y Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, denunciaron públicamente mediante conferencia de prensa el clima de hostigamiento y amenazas por parte de miembros de la OPDDIC pertenecientes a ese ejido, en ese entonces se dio a conocer que estas personas anteriormente habían sido expulsados de la comunidad de Monte Líbano y que contaban con ordenes de aprehensión por los delitos de homicidio y violación.

En esa ocasión además denunciaron al Subsecretario General de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, por el engaño al no acudir el día anterior a una reunión con los ejidatarios que se llevaría a cabo en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en donde se fijaría plazo en que el gobierno del estado debería poner en libertad a dos, de los ocho indígenas tseltales quienes permanecen privados de su libertad en el CERSS No. 14 ?El Amate? acusados de asociación delictuosa y robo con violencia, hechos falsos que han sido descubiertos por este Centro.

Ese día por la noche se recibió la llamada de los ejidatarios de Jotolá para denunciar que estaban siendo hostigados por elementos de la PEP y que habían rondines cerca de la casa de los pobladores y en particular cerca de la casa del comisariado ejidal, Pascual Sánchez Pérez; desde entonces los elementos de la PEP han mantenido patrullajes permanentes.

A inicios de este mes una fuente oficial nos hizo saber que lo denunciado en la conferencia de prensa, del pasado 20 de agosto, incomodó al Subsecretario General de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, por lo que ordenó enviar a elementos de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal Preventiva al Ejido Jotolá para detener al Comisariado Ejidal de Jotolá, Pascual Sánchez Pérez, y a quien fue el vocero de Jotolá, profesor Ricardo Sánchez, durante la conferencia de prensa.

Este Centro de Derechos Humanos repudia esta agresión, que se da en un contexto de hostilidad y señalamiento por parte de diversos actores y medios de comunicación a la labor de defensa de derechos humanos, y señala la promoción que el gobierno del estado ha hecho, incluido el gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, en contra del trabajo de defensa y acompañamiento que realiza este Centro.

Lista de agresores de la OPDDIC que fueron identificados en Jotolá:
1.    Agustín Hernández Santis ? (portaba y disparó una escopeta).
2.    Guadalupe Cruz Méndez ? (portaba rifle calibre 22 y pistola, disparó e hirió a Carmen Aguilar).
3.    Medardo Cruz Méndez ? (portaba rifle calibre 22).
4.    Miguel Gómez Hernández ? (portaba rifle calibre 22 de 16 tiros semi-automática).
5.    Manuel Moreno Pérez ? (portaba machete y palo).
6.    Daniel Moreno Pérez ? (portaba pistola).
7.    Rogelio Cruz Méndez ? (portaba escopeta).
8.    Eva Guzmán Hernández.
9.    Ernestina Guzmán Hernández.
10.    Margarita Miranda Pérez.
11.    María Sánchez Sánchez.
12.    Ofelia Cruz Jiménez.
13.    María Hernández López.
14.    María Elena Gómez López.
15.    Ema María Sánchez Gómez.
16.    Juana Sánchez Gómez.
17.    Juan Cruz Méndez ? (portaba pistola).
18.    Leandro Méndez Hernández”.

Para más información:

Ataca Opddic en Chiapas a ejidatarios adherentes a la Otra Campaña (Jornada, 19/09/09)

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