El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los derechos humanos, en un acto frente al Palacio de Gobierno de la Ciudad de Oaxaca, pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes que participaron en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca” en octubre pasado presentaron públicamente el dictamen final.
Cabe recordar que el Juicio Popular Comunitario contó con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad incluyendo – reza el dictamen- « afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque e instancias del Estado ».
El veredicto planteó la necesidad de cancelar las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, “ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales”.
Igualmente exigió la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros “hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria”. Asimismo, urgió a las autoridades a aprobar leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas, que les reconozcan como sujetos de derecho público y que incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.
El dictamen también planteó la necesidad de proteger a quienes defienden sus territorios para que puedan hacerlo en “condiciones de libertad y seguridad” y exigió que “se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas”.
El acto, terminó entre las consigas “¡Si a la vida, no a la minería!” y “¡Ni oro, ni plata, la minería mata!”.
El informe del juicio popular detalla que hasta 2017 se tenían registrados 42 proyectos mineros, a cargo de 38 empresas con sedes en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. De éstos, 36 están en etapa de exploración, dos en desarrollo, uno fue postergado y dos ya están en fase de explotación comercial.
Para más información:
“Oaxaca territorio prohibido para la minería”: exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal (Pronunciamiento e Informe, 10 de diciembre de 2018)
Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras (Vídeo, 10 de diciembre de 2018)
Comunidades indígenas de Oaxaca exigen la prohibición total de la minería en el estado (Animal Político, 10 de diciembre de 2018)
Demandan pueblos que Oaxaca sea territorio libre de minería (NVI Noticias, 12 de diciembre de 2018)
“Oaxaca, territorio prohibido para la minería”: exigencia de comunidades al nuevo gobierno (Desinformémonos, 10 de diciembre de 2018)
Repudian proyectos de mineras en Oaxaca (La Jornada, 11 de diciembre de 2018)
Para más información de SIPAZ:
Oaxaca : Se lleva a cabo Juicio Popular contra el Estado y las Empresas Mineras (13 de octubre de 2018)
Oaxaca: Anuncian juicio popular contra empresas mineras. (9 de agosto de 2018)
Oaxaca: “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería” – Magdalena Teitipac sigue en pie de lucha por su territorio (6 de marzo de 2018)
Escrito por SIPAZ 
