Nacional: debaten iniciativa que reformaría la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en un contexto de mayor vulnerabilidad para estos sectores debido a la pandemia

mayo 23, 2020

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El 20 de mayo, fue presentada ante la Comisión Permanente por los diputados de Morena una controvertida iniciativa que propone extinguir 44 fideicomisos, relacionados con apoyos a la industria cinematográfica mexicana, al agro, a ciencia y tecnología, al deporte nacional, a los contratistas y proveedores del sector energético entre otros. Propone modificar 14 ordenamientos legales, entre ellos la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ante ello, exintegrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para ambos sectores alertaron sobre el hecho que “pretende desaparecer todas aquellas medidas y candados que permiten que el manejo de recursos a través del fideicomiso sean transparentes, con la supervisión de un órgano colegiado y con la participación activa de un representante de la sociedad civil o de la academia”. “El Mecanismo de protección (…) debe ser fortalecido no debilitado”, declararon. “Las medidas legislativas para modificar el marco normativo que regula al Mecanismo no son necesarias, lo que es urgente es la generación de una política pública integral de protección que coordine al andamiaje estatal ordinario, hasta hoy omiso, que debería garantizar que periodistas y defensores cumplan en seguridad su trabajo cotidiano”, recalcaron. “Si bien la operación del Mecanismo ha tenido grandes vicisitudes, el fideicomiso ha garantizado que se proteja la vida de cientos de personas defensoras y periodistas en los últimos 7 años”, recordaron finalmente.

Poco antes, activistas, organizaciones y redes denunciaron justamente que “en el contexto actual de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 se ha agravado la situación de riesgo que viven personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, sin que exista una respuesta adecuada por parte de las autoridades”. El Espacio OSC señaló que “desde el 15 de marzo, fecha en que se decretó la emergencia sanitaria, según cifras oficiales del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas (…) se han identificado al menos 44 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el asesinato de dos periodistas y cuatro personas defensoras de derechos humanos, siendo el estado de Guerrero el que presenta el mayor incremento de situaciones de riesgo en contra de periodistas”.

Poniendo en contexto estas cifras, indicó que “de acuerdo con el informe anual del Mecanismo, en 2019 se registró un total de 295 agresiones, en promedio 24.5 agresiones por mes, lo cual implica que en el contexto de crisis sanitaria las agresiones se han duplicado”.

Las OSC expresaron su preocupación sobre el hecho que “el Titular del Ejecutivo siga utilizando un discurso que desacredita el papel de los medios y la labor periodística. Estas declaraciones contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de las personas que ejercen el periodismo y de los medios de comunicación, y en esa medida pueden debilitar la libertad de expresión”. Notaron que en varios estados la imposición de medidas que restringen y obstaculizan la libertad de tránsito y de asociación, como los toques de queda, “tienen un impacto negativo en la labor de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión”. Llamaron a “fortalecer la labor que realiza el Mecanismo”.

Por su parte, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red Tdt) subrayó además que en el caso de los homicidios de defensores “2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19”. Resaltó también que de los 4, “la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.

Alertaron además sobre el hecho que “en el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos”.

Para más información:

Las ocurrencias legislativas ponen en riesgo a periodistas y personas defensoras de derechos humanos (Animal Político, 22 de mayo de 2020)

Propuesta de eliminar fideicomisos tambien toca a periodistas (La Jornada, 21 de mayo de 2020)

Espacio OSC, personas defensoras y periodistas llaman a respetar el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión durante la pandemia provocada por el Covid-19 (Espacio OSC, 20 de mayo de 2020)

Lista de personas defensoras y periodistas asesinados en México en 2020 (Educa, 20 de mayo de 2020)

Organizaciones denuncian que durante contingencia sanitaria se han recrudecido agresiones contra personas defensoras de derechos humanos (Red Tdt, 14 de mayo de 2020)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: ONU-DH condena asesinato de un defensor ambiental (Oaxaca) y un periodista (Sonora); sexta persona defensora y el segundo periodista asesinados en 2020 (21 de mayo de 2020)

Nacional: CNDH urge a esclarecer crímenes contra periodistas en México; 90% de ellos en la impunidad, denuncia (4 de noviembre de 2019)

Nacional/Internacional: ONU presenta Diagnóstico del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (28 de agosto de 2019)

 


Nacional: fracking sigue en la 4T, denuncian; AMLO desmiente que así sea

mayo 19, 2020

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El 19 de mayo, la Alianza Mexicana contra el Fracking denunció que este método de extracción, reconocido por sus múltiples peligros para el medio ambiente, sigue presente en México, ello pese al compromiso del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de prohibirlo: “Hemos visto nuevas señales, y ya con decisiones tomadas sin ninguna duda por la administración actual, que el ‘fracking’ continúa”, aseguró en una conferencia detallando que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó en 2019 seis planes de exploración relacionados con esta técnica, además de dar luz verde a otro que también la incluye. Informó además que la petrolera paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), implementaría seis de estos siete contratos de exploración.

La Alianza Mexicana contra el Fracking concluyó en base a sus investigaciones que “todo lo señalado muestra que es necesario que el gobierno y el Poder Legislativo tomen medidas inmediatas para concretar los compromisos de la 4T en hechos que eviten que el fracking siga siendo utilizado y, consecuentemente, proteger a la población, el ambiente y el clima de esta dañina técnica cuyos daños no pueden ser evitados al ser inherentes a la misma, como se ha demostrado por su uso en otros lugares”.

En su conferencia matutina este mismo día, López Obrador rechazó las acusaciones afirmando: “Hoy vi una nota de que se autorizó en el 2019 permisos para fracking no es cierto y lo voy a investigar. Dijimos no al fracking, no a la explotación minera a diestra y siniestra, no hemos entregado una sola concesión para la minería, entre otras cosas porque hay millones de hectáreas concesionadas del periodo neoliberal que ni siquiera se están explotando”.

Algunos medios destacan que esta discusión se está dando en un sector energético convulsionado después de varios cambios en las últimas semanas: en abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó un acuerdo que impide las pruebas operacionales en centrales de energías limpias que estuvieran por abrir; y apenas hace unos días se presentó una nueva normativa que igualmente ha sido fuertemente criticada por la iniciativa privada cuando “contempla cambios en los criterios, ya que ahora el regulador elegirá mediante un criterio de ‘confiabilidad’, sin privilegiar el menor costo económico de la energía, lo que podría favorecer a las estatales Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de las renovables”, recupera EFE.

Para más información:

Información oficial confirma que el fracking sigue avanzando en México (Alianza mexicana contra el fracking, 19 de mayo de 2020)

Pese a promesas, 4T aprueba siete propuestas de fracking (El Universal, 19 de mayo de 2020)

Pemex continúa perforando con fracking, denuncia red de ONG (El Economista, 19 de mayo de 2020)

Asegura AMLO que investigará si CNH autorizó 19 permisos para el fracking (El Universal, 19 de mayo de 2020)

AMLO niega que haya dado permisos para ‘fracking’ (Vanguardia, 19 de mayo de 2020)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: faltan medidas concretas para frenar el uso de fracking a pesar del compromiso del gobierno, mientras una empresa extranjera extrae petróleo de México por la primera vez en 80 años. (30 de agosto de 2019)

Nacional: Fracking en México ¿sí o no? (8 de febrero de 2019)

Nacional : Alianza Mexicana contra el Fracking urge al presidente electo a poner fin legalmente a esta práctica extractiva (9 de agosto de 2018)

 


Oaxaca: Campaña “El Istmo es Nuestro” rechaza la integración del “Comité Regional para la Atención Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”

mayo 16, 2020

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En un comunicado publicado el 15 de mayo, las organizaciones que forman parte de la campaña “El Istmo es Nuestro” rechazaron la integración del “Comité Regional para la Atención Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” realizada al principio del mes, acto que calificaron como “puñal por la espalda a sus propios pueblos”.

Se conformó “un supuesto comité regional para garantizar la instalación del conjunto de megaproyectos de muerte llamado Programa de Desarrollo Integral del Istmo-Corredor Interoceánico. Presidentes municipales, gobierno del estado de Oaxaca y gobierno federal, sin informar y, mucho menos, consultar a sus cabildos, comunidades, barrios, colonias y habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec, están ofertando nuestras tierras e invaluables bienes naturales a grandes empresas y corporaciones trasnacionales”, denunciaron.

Consideraron el hecho “una burla y una flagrante violación a los derechos humanos colectivos de los Pueblos Indígenas”. Afirmaron que resulta “altamente negativo para nuestros pueblos que, abusando del contexto de emergencia sanitaria, se continúe con la imposición de este proyecto neoliberal, que de instrumentarse- representaría miles de millones de dólares para beneficio privado y multinacional, a costa de la naturaleza, la cultura y las formas de vida de los pueblos. Esto, cuando ni siquiera hay insumos básicos para la atención de pacientes y para la protección de los trabajadores en los hospitales y centros de salud de la zona. Además, la instalación de este Comité continúa ignorando las observaciones y quejas de diversas comunidades y organizaciones de la región y del país, respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental para la modernización de la actual vía férrea, extendiendo en cambio dicha MIA, para el tramo La Mata – Salina Cruz”.

Ratificaron su postura: “Todos estos megaproyectos, sólo han generado cinturones de miseria; han orillado a las poblaciones a migrar fuera de la región, contaminando y degradando el medio ambiente así como los ecosistemas locales, afectado gravemente la salud de la población local, inducido la patología social (alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, femiinicidios) destruyendo el tejido social-comunitario. En contrapartida, sólo han generado empleos precarios, temporales, sin prestaciones laborales, mediante empresas que subcontratan a nuestros paisanos para así evadir responsabilidades. Además, es de resaltar que, en cuanto a la cada vez más intensa oleada de familias migrantes pobres, con este “Programa de Desarrollo Integral”, el gobierno 4T contempla construir un muro “verde” sin tabiques, para contener el avance migrante hacia Estados Unidos y hacer de la región una barrera militarizada, de empleo híper precarizado, con mano de obra migrante sobre-explotada”.

Cabe notar que en el evento en el que se conformó el Comité, Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), pidió a los ediles presentes que atiendan las demandas de la ciudadanía al haberse enterado de “algunas situaciones adversas al proyecto”: “Si la gente manifiesta inconformidad no se va hacer esta obra; es importante la participación de todos y ustedes tienen que ser y contar con los líderes que ayuden a minimizar las quejas; lamentablemente demandas añejas están saliendo a relucir, están aprovechando el momento para que sean atendidas, por ello les pido su apoyo”.

Para más información:

Organizaciones indígenas y comunitarias, rechazamos la integración del llamado Comité Regional para la Atención Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (OSC, 15 de mayo de 2020)

Instalan Comité Regional de Atención Social del Corredor Interoceánico (La Jornada, 2 de mayo de 2020)

Instalan Comité Regional para la Atención Social del Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Istmopress, 1ero de mayo de 2020)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: organizaciones, comunidades y movimientos exigen cancelación del proyecto transístmico (29 de abril de 2020)

Oaxaca: Denuncian inicio ilegal de obra en Corredor Transístmico al no contar con MIA 24/04/2020

Oaxaca : Conforman Asamblea de Pueblos del Istmo en resistencia ante megaproyectos, 16/03/2020

ENFOQUE: Corredor Transístmico, un proyecto no tan novedoso del nuevo gobierno, febrero 2020

 

 

 


Nacional: “Ante la preocupante vulnerabilidad de pueblos y comunidades” indígenas frente a la pandemia de coronavirus, OSC piden espacios de diálogo

mayo 15, 2020

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A través de un pronunciamiento publicado el 14 de mayo, una decena de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), incluyendo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero), EDUCA (Oaxaca) y el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas), expresaron su “profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda generar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades”.

Recordaron que estos grupos “han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud”, una vulnerabilidad que se ha visto reforzada por la pandemia del coronavirus (Covid-19)

“A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma  la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad”, denunciaron.

Asimismo, se preocuparon por “la vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades. La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para garantizar un ingreso básico”. Les alarma que la seguridad alimentaria de varias de estas comunidades esté en riesgo.

Por otro lado, las OSC expresaron su preocupación ante el hecho que “las comunidades se enfrentan a una capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado” por lo que respaldan “la exigencia de una moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar  territorios indígenas sin su consentimiento, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos”.

Finalmente, alertaron sobre el contexto de incremento de la violencia contra las mujeres agravado por el contexto de emergencia sanitaria.

Ante este panorama, urgieron las autoridades a “adoptar mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía”. También las llamaron “a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que nos permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización”.

Para más información:

Ante la preocupante vulnerabilidad de pueblos y comunidades frente al COVID-19, organizaciones de la sociedad civil piden espacio de diálogo (OSC, 14 de mayo de 2020)

Comunidades indígenas, en especial vulnerabilidad por Coronavirus advierte ONG (Milenio, 14 de mayo de 2020)

Preocupa a ONG’s vulnerabilidad de pueblos y comunidades frente al Covid 19(El Sie7e de Chiapas, 15 de mayo de 2020)

Para más información de SIPAZ:

México: Recortes para mujeres indígenas en situación de violencia (14 de mayo de 2020)

Oaxaca: Amparan a la población oaxaqueña contra medidas sancionatorias por no usar cubrebocas. (7 de mayo de 2020)

Oaxaca: Medidas contra Covid-19 violan derechos humanos de comunidades indígenas y afro mexicanas. (28 de abril de 2020)

Nacional: Organizaciones denuncian abandono sanitario en carta abierta a AMLO (15 de abril de 2020)


Nacional: SCJN retira proyecto de sentencia que negaba amparo de indígenas ante la ley minera

mayo 15, 2020
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@Angulo 7

El 13 de mayo, a través de una sesión virtual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió retirar de la lista de asuntos a tratar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek sobre el amparo que comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla interpusieron en 2014 en contra de la concesión de su territorio a empresas mineras. Posiblemente la discusión se retome hasta finales de mayo.

Varios analistas coinciden en que este cambio de fecha en la deliberación se debió a la presión ejercida por las comunidades maseuales afectadas así como diversas organizaciones o redes incluyendo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Congreso Nacional  Indigena (CNI) en medios de comunicación y redes sociales. Estos actores reiteraron el derecho de los pueblos a ser consultados mientras el proyecto del ministro Laynez aseguraba que la Ley Minera no tiene ninguna vinculación con agravios sufridos en los territorios indígenas en los que se asientan las minas. El mismo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) respaldó el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y llamó a la Suprema Corte a declarar inconstitucional la Ley Minera.

.La resolución de este caso es de relevancia nacional ya que está en debate si se reconoce que la entrega de concesiones a empresas mineras debe estar sujeta a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, derecho que está estipulado en el artículo 2 de la Constitución federal y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Para más información:

La SCJN retiró el día de ayer de la discusión el proyecto de sentencia a favor de las mineras (La Jornada, 14 de mayo de 2020)

Piden a SCJN rechazar proyecto de resolución sobre Ley Minera (Aristegui Noticias, 13 de mayo de 2020)

En SCJN, retiran proyecto para negar a indígenas amparo contra Ley Minera (Angulo 7, 13 de mayo de 2020)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Urgen a Suprema Corte a no favorecer intereses mineros vulnerando a derechos de los pueblos indígenas (13 de mayo de 2020)

Guerrero: San Miguel del Progreso exige se determine inconstitucionalidad de Ley Minera (20 de mayo de 2016)

Guerrero: Comunidad indígena pide a la SCJN revisión de la Ley Minera (2 de julio de 2014)


Nacional: Urgen a Suprema Corte a no favorecer intereses mineros vulnerando a derechos de los pueblos indígenas

mayo 13, 2020
MINERIA - Edgar Barrios - Sol de Puebla

@Edagar barrios, ,El Sol de Puebla

El 13 de mayo, se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera en el Amparo en Revisión 928/2019, un amparo  promovido en 2014 por la asamblea indígena del pueblo Maseual en el municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla al oponerse a la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento.

Tras conocerse la versión pública de la resolución, en la cual se considera que el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados, habitantes de pueblos maseuales de Puebla urgieron a los integrantes de la SCJN a no respaldar el proyecto.

Por su parte, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) igualmente pidió desechar el proyecto. Denunció que esa propuesta facilita el modelo extractivo minero en detrimento de los territorios de las comunidades indígenas, de la salud y del medio ambiente: “Hemos advertido que la Ley Minera considera las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales como de utilidad pública y como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, además de que en el procedimiento de toma de decisiones para el otorgamiento de las concesiones mineras no se considera la participación de los pueblos indígenas vulnerando con ello su autonomía y su derecho a decidir; cuestiones sobre las que debería pronunciarse la Segunda Sala de la Corte”, planteó.

“Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería hemos denunciado insistentemente que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico diseñado para facilitar y hacer posible que el modelo extractivo minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente”, recalcó.

Consideró finalmente que la Ley Minera es “un instrumento que posibilita la expedición de títulos de concesión con los que se despoja a los pueblos y comunidades indígenas de sus territorios y por ello el proyecto constituye un paso atrás en la protección de los derechos de los pueblos, en especial si se toma en cuenta el contexto actual, donde 35 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras”.

Para más información:

Rema pide a Corte desechar proyecto de ministro Laynez sobre Ley Minera (Contralínea, 12 de mayo de 2020)

Pueblos maseuales de Puebla piden a la Corte no favorecer a mineras (Proceso, 12 de mayo de 2020)

Prevén que Corte valide aspectos de ley minera que vulnera a pueblos (La Jornada, 12 de mayo de 2020)

Rema pide a SCJN discutir Ley Minera y violaciones a derechos humanos (Aristegui Noticias, 11 de mayo de 2020)

ONG exigen a la SCJN defender derechos de indígenas poblanos frente a mineras (La Jornada, 10 de mayo de 2020)

 Para más información de SIPAZ:

Guerrero: San Miguel del Progreso exige se determine inconstitucionalidad de Ley Minera (20 de mayo de 2016)

Guerrero: Comunidad indígena pide a la SCJN revisión de la Ley Minera (2 de julio de 2014)


Oaxaca: organizaciones, comunidades y movimientos exigen cancelación del proyecto transístmico

abril 29, 2020

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En un pronunciamiento conjunto, más de 150 organizaciones, colectivos e instituciones exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, la cancelación inmediata del llamado “Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Corredor y Tren Interoceánico (PDIIT-TI)”. En cambio, se pronunciaron a favor de construir una propuesta alternativa -a partir de una reflexión y un dialogo horizontal.

Denunciaron que no ha sido respetado el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y negros, comunidades campesinas y población en general que resultarán afectados por dicho “Programa” al no haber podido expresar su aprobación o rechazo a través de sus asambleas.

Además prevén fuertes impactos ambientales “de permitirse la nueva imposición de este conjunto de megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec (la zona de mayor diversidad biológica y mayor productora de servicios ecosistémicos de México y Mesoamérica, y por ello mismo poseedora la vez de una inmensa diversidad cultural), se agudizaría la contaminación, la afectación a la salud y el calentamiento global, y se comprometería las necesidades básicas de los habitantes y pueblos de una amplia porción del sur-sureste de nuestro país, así como la vida misma de las generaciones futuras”.

Por otro lado recordaron que proyectos de  ”desarrollo” instrumentados anteriormente en la región del Istmo, “pese a sus promesas de “modernidad” y bienestar, no han beneficiado realmente a las poblaciones locales; por el contrario, han generado un deterioro severo en sus formas de vida, sus culturas, el medio ambiente, el tejido social comunitario, y se han visto afectadas por un aumento de la militarización”.

Para más información:

Exigen la cancelación del Programa Istmo de Tehuantepec-Corredor y Tren Interoceánico, Proceso 28 de abril 2020

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO: CORREDOR Y TREN TRANSÍSTMICO: AMBICIÓN TRASNACIONAL, DEPREDACIÓN Y SOBERANÍA EN RIESGO, EN TIEMPOS DE CRISIS, RECESIÓN, PÁNICO Y PANDEMIA
Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Denuncian inicio ilegal de obra en Corredor Transístmico al no contar con MIA 24/04/2020

Oaxaca : Conforman Asamblea de Pueblos del Istmo en resistencia ante megaproyectos, 16/03/2020

ENFOQUE: Corredor Transístmico, un proyecto no tan novedoso del nuevo gobierno, febrero 2020