Nacional: Amnistía Internacional presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. México, “en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia”

El 21 de febrero pasado, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional presentó su informe anual. En la sección que corresponde a lo ocurrido en México en 2016, AI resumió: “Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas”.

En la presentación del informe en la Ciudad de México, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de la sección mexicana de AI fue aún más sintética: “Estamos en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia en México”.

El 28 de febrero, el Gobierno de México se pronunció ante dicho informe, reconociendo “los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, al tiempo que refrenda su compromiso ineludible para dar respuesta a cada uno de ellos”.

Para más información:

Informe anual de Amnistía Internacional/México 2016-2017 (AI, 21 de febrero de 2017)

Estas son las fallas de Mexico en derechos humanos durante 2016 (Animal Político, 22 de febrero de 2017)

México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, dice Amnistía Internacional (New York Times, 22 de febrero de 2017)

Grave crisis de derechos humanos en México a diez años de la “guerra contra el narcotráfico”: AI (Desinformémonos, 23 de febrero de 2017)

Vive México la peor crisis de derechos humanos, acusa Amnistía Internacional (La Jornada, 23 de febrero de 2017)

Posición del gobierno mexicano respecto al informe de la organización Amnistía Internacional (Comunicado SEGOB-SRE-PGR, 1 de marzo de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amnistía Internacional acusa PGR de falta de investigación acerca de involucramiento del Ejército en caso Ayotzinapa (23 de enero de 2015)

Nacional: Amnistía Internacional “Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso” (12 de diciembre de 2014)

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Chiapas : denuncian criminalización de defensores de la Madre Tierra en zona zoque

En un comunicado de prensa hecho público el 23 de febrero pasado, miembros del movimiento magisterial y popular denunciaron la persecución por parte del gobierno estatal en contra del proceso de organización comunitaria del municipio de Tectapan hacia la defensa del territorio, mismo “que pertenece al Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), y que a su vez, forma parte del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas”.

Recordaron que “a partir de la intención de la Secretaría de Energía (gobierno federal) de llevar a cabo un proceso de información y consulta para el otorgamiento de dichas concesiones”, se inició un proceso de articulación con comunidades de municipios “que también serán afectados por las más de 80,000 hectáreas que contempla la licitación de la Ronda 2.2”.

Denunciaron que “desde el 7 de septiembre un personaje muy interesado en que se lleve a cabo el proceso de licitación para los pozos de extracción de hidrocarburos, ha sido el presidente municipal de Tecpatan, Armando Pastrana Jiménez del Partido Verde. (…) desde el ayuntamiento municipal de Tecpatan se han dado a la tarea de intimidar a las comunidades para que acepten el proceso de licitación.

El comunicado agrega que las inconformidades hacia la “deficiente” administración municipal rebasan además el tema de la licitación, por lo que “habitantes de los barrios de la cabecera municipal y de las comunidades, el día 13 de febrero pasado, se presentaron al edificio que alberga la presidencia municipal para exigir una audiencia con el presidente municipal, en la cual se pretendía presentar una serie de demandas y necesidades que no han sido atendidas”.

Este mismo día, denunciaron “el presidente municipal para poder salir del edificio del ayuntamiento sin atender a la población del municipio, provocó que grupos afines a él, incendiaran la presidencia municipal para que, resguardado por la policía municipal (quienes activaron sus armas de fuego), pudiera, literalmente, huir de sus responsabilidades adquiridas como presidente municipal. No sin antes amenazar e intimidar a quienes se manifestaron pacíficamente ese día”.

Derivado estos hechos, el 21 de febrero, Silvia Juárez Juárez, de la cabecera municipal de Tectapan y parte del Comité Regional de padres y madres de familia del Estado de Chiapas, fue detenida en Tuxtla Gutiérrez, acusada de secuestro. 32 otras personas están siendo señalados en una denuncia radicada ante el Fiscal del Ministerio Público de Chiapa de Corzo. El boletín finaliza llamando a la solidaridad para exigir la liberación inmediata e incondicional de Silvia Juárez Juárez y la cancelación de posibles ordenes de aprehensión, además de ratificando su postura en contra de los pozos de extracción de hidrocarburo.

Para más información:

Denuncian persecución política en Chiapas por oponerse a despojo de tierras (Proceso, 23 de febrero de 2017)

Boletín de prensa de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales de Chiapas (23 de febrero de 2017)

Exigen la libertad de activista detenida en Tecpatán por participar en el movimiento contra el despojo de la tierra y el territorio (Chiapas Paralelo, 28 de febrero de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas : comunidades zoques se oponen a extracción de hidrocarburos en el norte de Chiapas (20 de octubre de 2016)

Chiapas : FDPS suspende diálogo con el gobierno hasta que cierren mina de la empresa El Puntal S.A. de C.V. y se deroguen otras concesiones

(@Otros Mundos)

En un comunicado emitido el 16 de febrero, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FDPS) informó de su decisión de suspender las mesas de trabajo que mantenía con representantes del gobierno de Chiapas desde octubre del 2016 por incumplimiento de los acuerdos logrados. Ello, hasta que se cierre la mina « Casas Viejas » (titanio) de la empresa El Puntal S.A. de C.V. y hasta que se deroguen otras 13 concesiones mineras en el municipio.

Desde 143 días, integrantes del FDPS han establecido un campamento en Acacoyagua (donde se encuentra la mina “Casas Viejas”) “al ver que el presidente municipal de Acacoyagua, el Ing. Patricio Eli Matias, no estaba cumpliendo con la Declaratoria de Municipio Libre de Minería que él mismo había firmado en agosto del 2015. Este documento lo comprometía a revocar la licencia de “Casas Viejas” y de los otros 2 proyectos mineros en actividad en el municipio, además de no otorgar licencia a las 10 concesiones mineras restantes en Acocayagua”.

Al suspender el proceso, el FDPS denunció que “el papel de las instituciones de gobierno es actuar a favor de los derechos de los/as habitantes ante su violación; no debe ser el promover técnicas de disuasión para el beneficio de las empresas, ni de encontrar soluciones que permitan  a la minera evadir sus responsabilidades”. Explicaron que “no participaremos en espacios de trabajo con el gobierno de Chiapas que fomenten la división comunitaria y la difamación de nuestro movimiento y de nuestros integrantes. No nos prestaremos a juegos políticos que dilaten la atención de nuestras demandas por la violación de nuestros derechos por parte de las empresas mineras y por parte de las instituciones de gobierno, como la SEMARNAT, que a través de su política ambiental permiten la exploración, explotación y contaminación de nuestros bienes naturales, del agua y la tierra”.

Concluyeron por lo mismo “Seguiremos exigiendo las demandas de la población: un municipio libre de minería, de represas y de proyectos de geotermia; un territorio con ríos y tierra libres, sanos, donde podamos sembrar y producir; un territorio con familias sin enfermedades, sin conflictos, sin compra de conciencias y donde desde la organización y la autodeterminación de los pueblos se decida el proyecto de desarrollo y de vida”.

Para más información :

A 143 días de campamento, el FPDS salimos de las mesas de trabajo con el gobierno por ignorar nuestras exigencias (Comunicado del FPDS, 16 de febrero de 2017)

Sin mesas de trabajo con el gobierno: FPDS (Somoselmedio, 17 de febrero de 2017)

Gobierno de Velasco Coello, protege a empresas mineras y fomenta división comunitaria: FPDS (Revolución 3.0, 18 de febrero de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas : desde hace más de 15 días, habitantes del Soconusco mantienen bloqueo carretero contra proyectos mineros(12 de octubre de 2016)

Chiapas: nueve municipios declaran sus territorios libres de minería e hidroeléctricas (11 de diciembre de 2015)

Guerrero: escalada de la violencia irrefrenable

El Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan en su ultima rubrica de opinión intitulada «Los civiles armados» denuncia la escalada de la violencia irrefrenable que se esta viviendo en el estado de Guerrero “donde  el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad”. Tlachinollan explica los vínculos que han establecido los políticos del estado con nuevos actores que pertenecen a la delincuencia organizada y a grandes transnacionales. Afirma que el Estado ya no está al servicio ni protege a la población sino a los intereses macroeconómicos de las grandes transnacionales y los del crimen organizado, ambos vinculados entre ellos generando “un ambiente de miedo que  coloca  a las personas  en un estado de suma vulnerabilidad. Declara que el modelo de desarrollo esta “fincado  en el despojo y la privatización  de los recursos estratégicos” y que “toda la  fuerza del estado está  focalizada  en salvaguardar la riqueza de los saqueadores” mientras se profundiza gravemente la desigualdad social. Además, el Centro de derechos humanos señala la criminalización de los lideres sociales: se “desaparecen y arremeten violentamente contra quienes se oponen  a esos negocios  truculentos y al saqueo de recursos naturales de las transnacionales”.

En esa misma publicación, Tlachinollan informa que “en Guerrero han incubado en diferentes regiones del estado actores no estatales  vinculados al crimen organizado que  la misma sociedad  los cataloga como grupos civiles armados. Son  hombres armados que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras.”

Tlachinollan concluye su opinión culpando a los cuerpos de seguridad y el mismo Ejército de haber sido “incapaces de contener  este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan con los negocios de las transnacionales. Nunca están en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección. En contraste los civiles armados  se desplazan con total libertad a sabiendas de que el camino está bajo su control. “

Para más información:

OPINIÓN | Los civiles armados (Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, 5 de febrero de 2017)

Chiapas : Frayba presenta su informe anual “Los caminos de la resistencia”

El 19 de diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) presentó su “Informe anual: Los caminos de la resistencia”, en un evento que contó con la participación de Marina Pagés, coordinadora del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Ana Valadez Ortega, integrante del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM); Rafael Landerreche Morín, integrante del Equipo Pastoral de Chenalhó; Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, así como Pedro Faro Navarro, director del CDHFBC.

El objetivo del libro es “hacer visibles a hombres y mujeres, pueblos y comunidades organizadas en la construcción de sueños y esperanzas que agrietan el sistema, generan vida y dignidad, caminos de resistencia frente a esta realidad cruel y sanguinaria que vivimos en México”.

Cuenta con cinco capítulos: “Despojo y megaproyectos, impactos a los derechos humanos”, “El desplazamiento forzado en un contexto de guerra”, “De la desacreditación a la represión” (enfocado en defensoras y defensores de derechos humanos), “Del conflicto armado interno a una violencia generalizada”, y “En medio del silbido de las montañas, el llamado a la verdad y la justicia” (sobre memoria histórica y la “Otra Justicia”).

Para más información :

Informe completo “Los caminos de la Resistencia” (CDHFBC, diciembre de 2016)

Lucha de EZLN por DH de indígenas, blanco de ataques: Frayba (La Jornada, 20 de diciembre de 2016)

« Andamos los caminos de la resistencia » (Boletín de prensa, CDHFBC, 19 de diciembre de 2016)

Persisten violaciones a derechos a 19 años de masacre de Acteal: Frayba (Proceso, 19 de diciembre de 2016)

Los caminos de la resistencia: Informe Frayba 2016 (Audios, Radio Zapatista, 19 de diciembre de 2016)

Documenta Frayba, despojos, megaproyectos y ataques contra defensores de DH; en Chiapas, “ocasionadas por el Estado mexicano” (Revolucion 3.0, 20 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : presentación del informe “Defender los derechos humanos en México, la normalización de la represión política” (31 de agosto de 2016)

Oaxaca / Nacional :ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad

Pedro Canché Herrera, Nestora Salgado y Enrique Guerrero Aviña (Foto@: Consorciooaxaca)

El 14 de diciembre de 2016, se presentó en Oaxaca el informe Detenciones arbitraria e ilegal – Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México elaborado conjuntamente por 11 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional. Ese informe analiza el caso de cinco defensores y defensoras de derechos humanos «arrestadas de forma ilegal sin orden de aprehensión y encarceladas por delitos que no cometieron  sino por sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos»: Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado —estos últimos dos ya fueron liberados.

 El Grupo de Trabajo (GT) sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, tras estudiar esos casos confirmó que fueron detenciones arbitrarias y que se realizaron «sin orden de detención ni cargos que se les imputaban ». El GT subrayó las numerosas irregularidades que presentaron los procesos penales. En su opinión, la detención de Librado Baños corresponde a « actos de retaliación y represalia por su activa defensa de los derechos de la población indígena y afrodescendiente de la región.» Cabe mencionar que el Grupo de Trabajo declaró haber solicitado información al Gobierno Mexicano respecto a esos casos, la que no le fue proporcionada en el periodo de tiempo legal a ese efecto.

Las 11 organizaciones y los familiares de las víctimas aseguran que las detenciones, actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos a los que han sido sometidos ilustran «un patrón mucho más amplio de criminalización de la protesta social en México que busca inhibir la defensa de derechos humanos y la protesta social, haciéndolas pasar por actividades ilegales y criminales.  Aunado al hecho de que lejos de incidir a erradicar esta práctica el estado mexicano sigue deteniendo e intimidando a defensoras y defensores en el país. »

Los autores del informe resaltan que « la responsabilidad de estas violaciones de los derechos humanos es compartida entre la pluralidad de los actores involucrados directamente o indirectamente en el proceso de criminalización y detención arbitraria de las personas defensoras: el Estado mexicano puede ser involucrado a distintos niveles, federal y estatal, así como la policía, el Ejército, las mismas autoridades gubernamentales, el poder judicial a través de los operadores de justicia, compartiendo la responsabilidad con actores particulares como empresas privadas y terratenientes. »

Durante la presentación del informe, las organizaciones y familiares exigieron: « la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco defensores y defensoras de derechos humanos por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos ».

En el informe se aclara que « los cinco casos de detención arbitraria presentados evidencian la grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Estos cinco casos son emblemáticos y representan solamente una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país. »

Para más información :

Inéditas, 5 detenciones arbitrarias de defensores de DDHH reconocidas por la ONU (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)
ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad (Educa, 15 de diciembre 2016)
Informe : detenciones arbitraria e ilegal (Consorcio Oaxaca, diciembre 2016)

Para más información de Sipaz:
Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril 2016)

 

Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN

Manifestación en la Ciudad de México a 10 años del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada (@La Jornada)

 

Este 11 de diciembre se cumplió una década del inicio de la guerra contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Diez años después, los saldos de la violencia son alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos, decenas de miles de personas desplazadas según las cifras oficiales, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los 80s. En el plazo, según medios, se ha gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a los derechos humanos. Por lo demás, el consumo interno de drogas ha aumentado y, si bien se han detenido a algunos capos, siguen operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas.

Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”. Uno de los actores más cuestionado en la estrategia contra la delincuencia ha sido el Ejército, que, fuera de su mandato constitucional, ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. Del primero de diciembre de 2006 a finales de octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 158 recomendaciones a las fuerzas armadas, de las cuales 121 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las 37 restantes a la Secretaría de Marina. La mayoría de estas recomendaciones se emitieron por actos violatorios, como cateos y detenciones arbitrarias; uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza; lesiones, y también por privación de la vida o ejecuciones arbitrarias; desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como por imputar indebidamente hechos a detenidos.

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, fue directo: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (de la delincuencia), con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”. Expresó: “Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas”, (que se defina) “qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas. Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. Dijo también: “ falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes necesarios y presupuestos para atender estas situaciones”.

En este marco, la cúpula empresarial demandó que el Ejército mexicano no regrese a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual urgió al poder legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas.

Al finalizar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no se ha logrado el objetivo trazado y afirmó que los soldados seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, no solo de ahora, sino desde hace ya varias décadas, de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro DH ha cuestionado que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior”. Por lo mismo, decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados –que estaban debatiendo este tema en estos mismos días- “a que no apruebe de forma apresurada” la permanencia militar en tareas de seguridad pública y la suspensión de garantías para la población.

Para más información :

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales (Sin Embargo, 5 de diciembre de 2016)

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado (Sin Embargo, 7 de diciembre de 2016)

Militares no estudiamos para perseguir delincuentes: Cienfuegos (Aristegui Noticias, 8 de diciembre de 2016)

Reprocha Cienfuegos falta de apoyo de Segob; “no estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, dice (Proceso, 8 de diciembre de 2016)

Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

Pide CCE aprobar leyes que den certeza jurídica a fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

El baño de sangre en 10 años deja más consumidores de drogas, más cárteles y más líderes criminales (Sin Embargo, 9 de diciembre de 2016)

El Ejército seguirá en las calles: Peña Nieto (El Heraldo de Chiapas, 10 de diciembre de 2016)

Activistas protestan ante “guerra contra el narco” (La Jornada, 11 de diciembre de 2016)

Violencia, dudas y la sombra de la corrupción marcan los 10 años de la guerra contra el narco (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Con Felipe Calderón, se generó un tsunami de sangre que no teníamos: especialista (Revolucion 3.0, 12 de diciembre de 2016)

Sedena, la que más recomendaciones ha recibido de la CNDH en 10 años (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Seguridad pública, función de civiles, dice CNDH (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Especial 10 años de la guerra contra el narco (Vice News, diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: La CNDH presentó su informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos (28 de septiembre de 2016)

Nacional: “Violencia del narco” ha desplazado a 281 mil personas (22 de julio de 2016)