Internacional/Nacional : Human Rights Watch publica informe sobre la situación de derechos humanos en México y el mundo

En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch, organización con sede en Washington, Estados Unidos, resaltó en el caso de México los abusos de miembros de las fuerzas armadas, la impunidad en casos emblemáticos (como Tlatlaya y Ayotzinapa), el uso habitual de la tortura, la Ley de Seguridad Interior y la violencia en contra de defensores y periodistas, entre otros aspectos.

El documento señala que “durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012,miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos—incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado”. Además de que “el gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la “guerra contra el narcotráfico” en México”.

En cuanto a desaparición forzada, indicó que “es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas ausentes que deben investigar por su cuenta. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas”, lo anterior, a pesar de que “el gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce”.

En cuanto al acceso a la justicia, el informe subraya que “es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”. También agrega que “es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”.

Para más información :

Informe Mundial 2018 (Human Rights Watch, enero de 2018)

Human Rights Watch condena impunidad en abusos de fuerzas de seguridad en México (Proceso, 18 de enero de 2018)

Con Peña, “graves y reiteradas violaciones de derechos humanos”: HRW (Aristegui Noticias, 18 de enero de 2018)

Señalan impunidad en México (NVI Noticias, 19 de enero de 2018).

Para más información de SIPAZ :

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

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Nacional : ONU se pronuncia ante entrada en vigor de Ley sobre Desaparición forzada

(@Regeneración, archivo)

El 16 de enero, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU emitió un comunicado desde Ginebra saludando la entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en México. El Grupo de Trabajo reconoció al Estado mexicano por atender la recomendación que se le había formulado uego de su visita de trabajo en 2011. Asimismo, celebró “la apertura de las autoridades para garantizar la participación de las familias de personas desaparecidas, así como otras organizaciones de la sociedad civil”, experiencia que, consideró, debería ser imitada por otros países.

Por otro lado, urgió al Estado mexicano a canalizar “todos los esfuerzos y recursos” para “que se garantice una búsqueda eficaz e inmediata de las miles de personas desaparecidas, principal reclamo de las familias que anhelan saber el destino o paradero de sus seres queridos”.

Recalcó que para que la legislación “impacte en la realidad, especialmente en las necesidades de las víctimas”, se debe de dar paso a un “proceso de selección de los funcionarios encargados de implementar la Ley”, mismo que debe “garantizar la idoneidad de los perfiles, ser transparente, e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas de la sociedad civil”. Alentó a que la nueva ley “dé lugar al desarrollo de estrategias eficaces y no fragmentadas de investigación para llevar a la justicia a los responsables y terminar con la impunidad prevaleciente en relación con la desaparición de personas en México”. Alertó: “es imprescindible que las fiscalías lleven adelante investigaciones exhaustivas y diligentes y que cuenten con recursos y apoyo político para ello. De otra manera, si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”.

Por último, los integrantes del Grupo de Trabajo expresaron su interés por dar seguimiento a la implementación de la nueva ley y reiteraron su ofrecimiento de “seguir colaborando con el Estado mexicano hacia la prevención y erradicación de la desaparición forzada de personas”.

Para más información :

Ley sobre desaparición forzada sólo será efectiva si se combate la impunidad: ONU (Proceso, 16 de enero de 2018)

Pide ONU garantizar participación de familias en búsquedas, para lograr implementación de Ley sobre Desapariciones (Aristegui Noticias, 16 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: Promulgan Ley contra la Desaparición forzada (25 de noviembre de 2017)

Nacional: aprueban Ley de Desaparición forzada (17 de octubre de 2017)

México : Pronunciamientos y acciones en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (5 de septiembre de 2017)

Nacional : EPN promulga Ley de Seguridad Interior. CNDH promoverá acciones de inconstitucionalidad.

El 21 de diciembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) promulgó la Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada por el Congreso, misma que regula la participación y la temporalidad en la que las fuerzas armadas podrán participar en labores de seguridad pública en municipios y estados. EPN afirmó que no la implementará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad. Reconoció que “distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado, que a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, señaló que las fuerzas armadas respetarán lo que decidan tanto el Poder Legislativo como el Judicial y agradeció el esfuerzo que hizo el Congreso para otorgar esta ley que venían solicitando.

El Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 250 organizaciones civiles y más de 100 personas, cuestionó que “si el Presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la ley, lo responsable habría sido hacer las observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución”. Declaró que “hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”.

Amnistía Internacional México lamentó que “el Presidente haya decidido promulgar la Ley de Seguridad Interior a pesar de las múltiples evidencias en su contra y negándose a escuchar a organismos internacionales de derechos humanos que han advertido de las graves consecuencias de la presencia de las fuerzas armadas en las calles”. Recalcó que “Enrique Peña Nieto ha perdido la oportunidad de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanas y mexicanos, emitiendo una ley que los pone en grave peligro.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también lamentó que el Ejecutivo federal promulgara la Ley de Seguridad Interior e hiciera a un lado la oportunidad de realizar un diálogo honesto, plural, incluyente e informado. Subrayó que “su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional”. Anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN al considerar que “la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, y se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”. Confió en que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá, en las acciones y controversias que sobre este tema se hagan de su conocimiento, a cabalidad y con plena responsabilidad su función como garante máximo de la constitucionalidad en México, atendiendo al contenido de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual, por su relevancia y trascendencia, marcó el inicio de una nueva época para ese alto tribunal y para México”.

Para más información :

EPN promulga la Ley de Seguridad Interior; SCJN decidirá su constitucionalidad, dice (Animal Político, 21 de diciembre de 2017)

La Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas: CNDH (Proceso, 27 de diciembre de 2017)

Ley de Seguridad no beneficia a ciudadanos, al Ejército, ni a la Policía: CNDH ante promulgación (Animal Político, 27 de diciembre de 2017)

Acataremos fallo de la Corte sobre ley de seguridad: Cienfuegos (La Jornada, 28 de diciembre de 2017)

Duras críticas de ‘Marcos’ (Galeano) contra el PRI, por Ley de Seguridad (Aristegui Noticias, 28 de diciembre de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: Más aprobaciones controvertidas de Leyes Mexicanas (20 de diciembre de 2017)

Nacional: Senado aprueba Ley de seguridad interior (16 de diciembre de 2017)

Nacional: Ante rechazo a la Ley de Seguridad Interior, EPN pide ampliar “los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil” (11 de diciembre de 2017)

Nacional: Entre protestas se aprueba Ley de seguridad interior (1 de diciembre de 2017)

Nacional/Internacional: PBI publica informe “Defender la Vida”

(@PBI)

La organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés) lanzó la nueva publicación “Defender la Vida: personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo”, que recopila testimonios y análisis que resaltan una misma realidad: la extrema vulnerabilidad de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en México y el mundo.

Para más información:

Defender la Vida: personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo (PBI, noviembre de 2017)

Defensor ambiental, labor de alto riesgo (El Universal, 6 de diciembre de 2017)

México debe actuar urgentemente para proteger a las personas defensoras del medio ambiente (Global Witness, 6 de diciembre de 2017)

Para más información de SIPAZ: 

Oaxaca: V Encuentro de defensores y defensoras Comunitarias (29 de noviembre de 2017)

Nacional : informes de organizaciones de derechos humanos contrastan con avances señalados en el Quinto Informe de Gobierno (7 de septiembre de 2017)

México: Amnistía Internacional presenta nueva campaña mundial en contra de la ola de ataques a defensores y defensoras (30 de mayo de 2017)

Nacional: Relator Especial de la ONU visita a México para evaluar la situación de Derechos Humanos (1 de febrero de 2017)

Oaxaca: V Encuentro de defensores y defensoras Comunitarias

(@EDUCA)

El 17 de noviembre, se llevó a cabo el V Encuentro de defensores y defensoras Comunitarias en Santa Rosa de Lima, Tututepec con el fin de « intercambiar estrategias de seguridad comunitaria y expresiones de resistencia desde las prácticas culturales que han utilizado los movimientos y comunidades de México y Colombia ». Este Encuentro también marcaba el cierre de la Campaña Oaxaqueña de Defensores y Defensoras Comunitarias “Ejerciendo nuestros derechos, tejemos dignidad“ iniciada en julio pasado para dar a conocer la labor de las personas defensoras, así como los riesgos que enfrentan al realizar su trabajo.

En los temas reflexionados, se encuentra “el modelo capitalista depredador que continúa impulsando proyectos de desarrollo e infraestructura en pueblos y comunidades y como la imposición de estos proyectos contribuye a la violación de derechos colectivos de los pueblos y comunidades y los derechos de las y los defensoras de derechos humanos”. “También se reflexionó sobre la criminalización de la labor de las personas defensoras y las amenazas y descalificaciones a su labor”, detalló el pronunciamiento final.

Desde este análisis, hicieron “un llamado a la resistencia, a la organización y al hermanamiento de las luchas para la defensa de los territorios, de los bienes comunes naturales y de los derechos de las defensoras y defensores comunitarios “.

Para más información:

Pronunciamiento del V Encuentro de Defensoras y Defensores Comunitarios de Oaxaca (17 de noviembre de 2017)

Cuarto festival cultural por la defensa del río verde en el marco de la celebración de un década de resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina (18 de noviembre de 2017)

Campaña Oaxaqueña de Defensores y Defensoras Comunitarias: Ejerciendo nuestros derechos, tejemos dignidad (julio de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Celebra COPUDEVER su octavo aniversario. (17 de julio de 2015)

Nacional: Casos de tortura sexual en San Salvador Atenco en audiencia de la CoidDH

(@Ciudadanía Expres)

El 16 y 17 de noviembre, en el marco de una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las once mujeres sobrevivientes de tortura sexual en los hechos de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, compartieron sus testimonios sobre lo ocurrido y la impunidad que ha prevalecido.

Cabe recordar que los días 3 y 4 de mayo del 2006, fuerzas policiales llevaron a cabo un operativo en San Salvador Atenco supuestamente para “reestablecer el orden”. Fueron detenidas más de 200 personas durante las incursiones. 50 de ellas eran mujeres, 31 de las cuales denunciaron posteriormente agresiones sexuales de los policías.

Las defensoras de derechos humanos pidieron que la Corte IDH ordene al Estado realizar una investigación seria para poner fin a la impunidad, así como “adoptar políticas y mecanismos transparentes para regular el uso de la fuerza policial y erradicar la tortura sexual como práctica extendida”.

Organizaciones civiles que han acompañado el caso recalcaron que “las once mujeres de Atenco representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado: el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica”.

La representación del Estado mexicano pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó ante la Corte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la CIDH cometió un “error grave” en su informe al no tomar en cuenta las medidas de reparación propuestas por el Estado hacia las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en ese operativo, ni los avances que en materia de equidad de género ha implementado el Estado luego de los hechos. Sin embargo, dijo que el Estado admite su responsabilidad por violaciones a derechos humanos cometidas, entre ellas tortura sexual. No obstante y aunque algunas personas siguen bajo proceso, no hay ningún servidor público con sentencia condenatoria por el caso.

Para más información:

Mujeres de Atenco (Síntesis de medios del Centro ProDH, noviembre de 2017)

Las mujeres de Atenco, ante la CIDH: “Nos han hecho sentir, repetidamente, pequeñas” (El País, 17 de noviembre de 2017)

“Error grave” de CIDH sobre Atenco, alega el Estado mexicano, pero acepta tortura (Aristegui Noticias, 18 de noviembre de 2017)

Luchadoras de Atenco rompen el silencio (Animal Político, 24 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

México: La CIDH exige una investigación sobre el caso de varias mujeres víctimas de abuso sexual en San Salvador Atenco en el 2006 (30 de septiembre de 2016)

Nacional/Internacional: Termina visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a México

foto: @frayba

Del 5 al 17 de de noviembre, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, líder indígena de Filipinas, realizó una visita oficial a México, que incluyó además de la capital los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua. Se reunió con más de 200 representantes de 23 pueblos indígenas, organizaciones civiles defensoras de sus derechos y funcionarios de todos los niveles.

Al finalizar su visita, declaró que “el inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural están en la base de todos los temas y las preocupaciones” en los rubros “tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas; acceso a la justicia; violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas”. Aún reconociendo “el apoyo de México para el avance de la agenda indígena en los foros internacionales”, “este compromiso debe ser coherente y debería reflejarse en la aplicación de estos estándares en México”.

Sobre el polémico tema de la consulta, afirmó que “incluso en ausencia de legislación nacional sobre esta cuestión, México ya tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier actividad o medidas legislativa o administrativa que pudiera afectarles de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia Interamericana y la Declaración de la ONU. La adopción de legislación específica no es el único mecanismo para aplicar el derecho a la consulta y debe considerarse además el hecho de que no hay un único modelo de consulta, ya que cada pueblo indígena tiene sus propias autoridades y procesos de adopción de decisiones”.

La relatora también subrayó que “las iniciativas de los pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e incorporadas en la estructura política general del país. Además del autogobierno, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política del país. He visto algunos avances positivos que podrían facilitar la participación política de los pueblos indígenas en este ámbito, como la posibilidad de registrar candidaturas independientes”.

Para más información:

Relatora de la ONU constata violaciones a derechos de indígenas en Chiapas (Proceso, 15 de noviembre de 2017)

Declaración de cierre de Misión a México (Victoria Tauli-Corpuz, ONU, 17 de noviembre de 2017)

Discriminación indígena persiste por falta de voluntad política: ONU (La Jornada, 17 de noviembre de 2017)

Indígenas no son consultados sobre megaproyectos que afectan su territorio en México: ONU (Aristegui Noticias, 17 de noviembre de 2017)

Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU visita Guerrero (Boletín de prensa, Tlachinollan, Guerrero, 14 de noviembre de 2017)

Pueblos indígenas presentan recomendaciones ante ONU (Boletín de prensa, Chiapas,15 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Nacional – México: Visita de la Relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas (8 de noviembre de 2017)