Guerrero: Asesinan a dos sacerdotes

Foto @ Cultura Colectiva

Durante la madrugada del 4 de febrero fueron asesinados los dos sacerdotes, Iván Añorve Jaimes, de la Arquidiócesis de Acapulco, y Germaín Muñiz García, de la Diócesis de Chilpancingo Chilapa, en un ataque armado en el estado de Guerrero.

Los sacerdotes se encontraban viajando en la carretera Taxco-Iguala junto a otras personas la noche del domingo, en ocasión de la fiesta de la localidad de Juliantla, de acuerdo con información de Animal Político.

A pesar que varios diarios mencionaron que los sacerdotes y sus acompañantes han tenido un conflicto con personas en la fiesta, “la Arquidiócesis de Acapulco negó que los sacerdotes y sus acompañantes, hayan tenido algún conflicto con personas en el baile al que acudieron en Juliantla”, informó el Quadratín.

Según CNN Español, el obispo de Chilpancingo-Chilapa monseñor Salvador Rangel Mendoza comentó a raíz de los asesinatos, “que le teme más al Gobierno que a los narcotraficantes.”

Además Estela De Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo mencionó “que la violencia “insólita” que se vive en México, preocupa al Papa Francisco”, conforme con información del diario Eje Central.

Para más información:

Obispo mexicano niega que sacerdotes asesinados tuvieran nexos con el crimen (CNN Español, 9 de febrero de 2018)

El Papa Francisco está “muy preocupado” por la “insólita” violencia en México, asegura activista argentina (Proceso, 8 de febrero de 2018)

Refuta Arquidiócesis versión oficial del asesinato de los 2 sacerdotes (Quadratín, 8 de febrero de 2018)

Asesinan a dos sacerdotes en la carretera Taxco-Iguala, Guerrero(Animal Político, 5 de febrero de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca/Nacional: nuevas amenazas de muerte contra el padre Solalinde (30 de marzo de 2017)

Chiapas: Amenazas a creyentes de la parroquia de Simojovel (14 de noviembre de 2016)

Chiapas: nuevas amenazas contra el sacerdote e integrantes del Pueblo Creyente en Simojovel (29 de junio de 2015)

Guerrero: Sacerdote encontrado asesinado después de secuestro en la región de Tierra Caliente (6 de enero de 2015)

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Guerrero: Conflicto en una minera de la empresa canadiense Torex Gold Resources

Foto @ Proceso

Desde el 3 de noviembre de 2017, de acuerdo con información del Proceso, un grupo de trabajadores de la minera Media Luna, de la empresa canadiense Torex Gold Resources, impulsó un paro laboral para “exigir el cambio de titularidad de su contrato colectivo de trabajo, que actualmente ostenta la Confederación de Trabajadores de México (CTM).” Los trabajadores inconformes quisieran afiliarse “al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.”

Varios diarios informaron que por el problema que existe entre los trabajadores paristas y la minera ocurrieron hasta la fecha 3 asesinatos de empleados de la minera Media Luna. Primero el 18 de noviembre de 2017 “fueron asesinatos Víctor y Marcelino Sahuanitla y el 24 de enero se fue asesinado Quintín Salgado, uno de los dirigentes del paro laboral contra la empresa minera Media Luna cuando salía de su casa en Nuevo Balsas, del municipio de Cocula en Guerrero.”

Según el diario La Jornada de Guerrero, los dirigentes nacionales del Sindicato Nacional Minero, Sergio Beltrán Reyes y Benito Melo González, denunciaron después el asesinato de Salgado; “el compañero Quintín Salgado de la mina Media Luna, fue asesinado cobardemente por la CTM de Guerrero y el crimen organizado y esperamos que el gobierno de Canadá, quien está más interesado en solucionar esta situación, pueda ponerle un alto a esta empresa a la cual nuestras autoridades, además de permitirle llevarse nuestra riqueza, también le permiten agredir, asesinar y violentar el estado de derecho en nuestro país, a nuestros trabajadores y a nuestra organización Los Mineros de México”. 

El 27 de enero, agentes estatales y federales, así como soldados tomaron el control de las instalaciones de la minera canadiense Media Luna y prácticamente reventaron el paro laboral que mantenían los trabajadores. El operativo militar tenía como resultado “la liberación del jefe de seguridad de la minera Media Luna y a siete trabajadores presuntamente habían sido retenidos por los trabajadores paristas,” informó el Proceso.

En un comunicado, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) mencionó que “este problema tiene un marco, y es el de la política federal y estatal actual de entrega de recursos y de apoyo irrestricto y servil a las empresas nacionales y extranjeras que imponen este tipo de explotaciones, afectando a los territorios de manera irreversible en términos ambientales, sociales y sanitarios. Una vez instaladas, las empresas, como parte de la devastación múltiple que generan, colocan a sus trabajadores locales en condiciones de explotación intensiva violando sus derechos con apoyo gubernamental. Es importante señalar que lo anterior pone de nuevo en manifiesto:

1. La clara articulación existente entre estas empresas y los grupos delincuenciales “pistoleros” a los que financia para su protección, y
2. Que a solicitud de una empresa trasnacional, el estado envía a su ejército y a su policía para no poner en riesgo al proyecto con mayor inversión extranjera directa en el estado de Guerrero.”

Cabe recordar que, desde marzo de 2016, “Proceso advirtió sobre el riesgo de los proyectos mineros impulsados por el gobierno de Héctor Astudillo en una franja de la entidad donde el narco lo controla todo.”

Para más información:

Quintín Salgado Salgado fue ultimado a balazos en las inmediaciones de su casa en Cocula, Guerrero. (Regeneración, 24 de enero de 2018)

Empleados de firma canadiense, hermanos asesinados en Guerrero: Sindicato Minero (La Jornada, 23 de noviembre de 2017)

Asesinan a prestador de servicios de Media Luna que simpatizaba con los paristas (La Jornada de Guerrero, 25 de enero de 2018)

Rescatan 8 personas privada de su libertad en Minera Media Luna (Debate, 27 de enero de 2018)

Ejército y agentes toman el control de minera Media Luna en Guerrero (Proceso, 27 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: ONG emite Acción Urgente para proteger Evelia Bahena García, Diana Coralina Brito y Félix Rodríguez Navarrete (10 de agosto de 2015)

Guerrero/México/América Latina: Graves cuestionamientos a Goldcorp y empresas mineras canadienses (29 de abril de 2014)

Chiapas/México/América Latina: Violación de derechos por empresas mineras (25 de abril de 2012)

Nacional: CNI denuncia ataque contra la caravana del CIG.

Marichuy en Oventik, Chiapas @ Sipaz

El 21 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que la caravana de la aspirante independiente, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, fue atacada en la región de Tierra Caliente cuando viajaba al municipio costero de Aquila, Michoacán.

El CNI mencionó que la caravana fue atacada en un tramo entre las carreteras de Buenavista y Tepalcatepec: “sujetos fuertemente armados en dos camionetas pararon, amenazaron y quitaron celulares y equipos fotográficos a periodistas que acompañan el recorrido”.

Después del ataque, el CNI exigió “garantías de seguridad para la caravana y nuestra vocera. Pedimos estén alerta por la seguridad de nuestros compañeros”.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó por Twitter que “no hubo ningún ataque armado a la caravana de la precandidata independiente a la Presidencia de la República, Marichuy”. Según El Heraldo, las autoridades“atienden el reporte de robo a periodistas que se dirigían a cubrir actividades de la precandidata, del que hasta esta noche no se tiene denuncia formal; ya se abrió Carpeta de Investigación con base en la denuncia pública”.

Cabe recordar que la región donde ocurrió el ataque es una de las más violentas de Michoacán, donde las bandas criminales tienen fuerte presencia desde hace décadas. Ahí se fortalecieron La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, H3 y por lo mismo surgieron procesos de autodefensas hace cinco años. Hoy el territorio lo disputa el Cártel Jalisco Nueva Generación con dichas bandas, según información del Proceso.

Para más información:

Denuncian asalto a caravana de Marichuy en Michoacán (El Financiero, 21 de enero de 2018)

Grupo armado ataca a caravana de “Marichuy” en Michoacán (Proceso, 21 de enero de 2018)

Gobierno del estado de Michoacán desmiente ataque a caravana de Marichuy (El Heraldo de Chihuahua, 22 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Choles del Ejido Tila celebraron el segundo aniversario de su autonomía y auto gobierno con María de Jesús (20 de diciembre de 2017)

Nacional: Marichuy critica trampas del INE a su candidatura (26 de octubre de 2018)

Nacional: Marychuy se registra como candidata independiente a la Presidencia de la República (18 de octubre de 2017)

Nacional / Chiapas: El CNI conforma su Concejo Indígena de Gobierno y elige a su vocera. (31 de mayo de 2017)

 

 

 

Internacional/Nacional : Human Rights Watch publica informe sobre la situación de derechos humanos en México y el mundo

En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch, organización con sede en Washington, Estados Unidos, resaltó en el caso de México los abusos de miembros de las fuerzas armadas, la impunidad en casos emblemáticos (como Tlatlaya y Ayotzinapa), el uso habitual de la tortura, la Ley de Seguridad Interior y la violencia en contra de defensores y periodistas, entre otros aspectos.

El documento señala que “durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012,miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos—incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado”. Además de que “el gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la “guerra contra el narcotráfico” en México”.

En cuanto a desaparición forzada, indicó que “es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas ausentes que deben investigar por su cuenta. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas”, lo anterior, a pesar de que “el gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce”.

En cuanto al acceso a la justicia, el informe subraya que “es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”. También agrega que “es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”.

Para más información :

Informe Mundial 2018 (Human Rights Watch, enero de 2018)

Human Rights Watch condena impunidad en abusos de fuerzas de seguridad en México (Proceso, 18 de enero de 2018)

Con Peña, “graves y reiteradas violaciones de derechos humanos”: HRW (Aristegui Noticias, 18 de enero de 2018)

Señalan impunidad en México (NVI Noticias, 19 de enero de 2018).

Para más información de SIPAZ :

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Nacional : ONU se pronuncia ante entrada en vigor de Ley sobre Desaparición forzada

(@Regeneración, archivo)

El 16 de enero, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU emitió un comunicado desde Ginebra saludando la entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en México. El Grupo de Trabajo reconoció al Estado mexicano por atender la recomendación que se le había formulado uego de su visita de trabajo en 2011. Asimismo, celebró “la apertura de las autoridades para garantizar la participación de las familias de personas desaparecidas, así como otras organizaciones de la sociedad civil”, experiencia que, consideró, debería ser imitada por otros países.

Por otro lado, urgió al Estado mexicano a canalizar “todos los esfuerzos y recursos” para “que se garantice una búsqueda eficaz e inmediata de las miles de personas desaparecidas, principal reclamo de las familias que anhelan saber el destino o paradero de sus seres queridos”.

Recalcó que para que la legislación “impacte en la realidad, especialmente en las necesidades de las víctimas”, se debe de dar paso a un “proceso de selección de los funcionarios encargados de implementar la Ley”, mismo que debe “garantizar la idoneidad de los perfiles, ser transparente, e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas de la sociedad civil”. Alentó a que la nueva ley “dé lugar al desarrollo de estrategias eficaces y no fragmentadas de investigación para llevar a la justicia a los responsables y terminar con la impunidad prevaleciente en relación con la desaparición de personas en México”. Alertó: “es imprescindible que las fiscalías lleven adelante investigaciones exhaustivas y diligentes y que cuenten con recursos y apoyo político para ello. De otra manera, si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”.

Por último, los integrantes del Grupo de Trabajo expresaron su interés por dar seguimiento a la implementación de la nueva ley y reiteraron su ofrecimiento de “seguir colaborando con el Estado mexicano hacia la prevención y erradicación de la desaparición forzada de personas”.

Para más información :

Ley sobre desaparición forzada sólo será efectiva si se combate la impunidad: ONU (Proceso, 16 de enero de 2018)

Pide ONU garantizar participación de familias en búsquedas, para lograr implementación de Ley sobre Desapariciones (Aristegui Noticias, 16 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: Promulgan Ley contra la Desaparición forzada (25 de noviembre de 2017)

Nacional: aprueban Ley de Desaparición forzada (17 de octubre de 2017)

México : Pronunciamientos y acciones en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (5 de septiembre de 2017)

Nacional: Proceso electoral 2018, más violento del siglo

Foto @ Impulso Quintana Roo

El 8 de septiembre pasado inició el proceso electoral 2018. El cual según el Excélsior “es el más violento del que se tenga registro en México.”

Ya supera la cifra de casos registrados en 2015, el cual contaba 21 homicidios ocurridos.

“De los políticos asesinados de septiembre 2018 a la fecha, nueve eran del PRD y otros nueve del PRI, dos de Movimiento Ciudadano (MC), dos de Morena, uno del PAN, uno de PT, uno de Nuevo Alianza (NA) y otro más del Partido de los Pobres de Guerrero.” Informó el Huffington Post.

Entre ellos el alcalde de Bochil, Chiapas, Antonio Zenteno Albores del PRI, quien fue asesinado en Tuxtla Gutiérrez el pasado 18 de diciembre de 2017.

Para más información.

Apenas arranca 2018 y ya es el proceso electoral más violento en lo que va del siglo (Huffington Post, 9 de enero de 2018)

Nuevo proceso electoral mexicano es el más violento del siglo (Tele Sur, 9 de enero de 2018)

Asesinan a alcalde de Chiapas (El Financiero, 18 de diciembre de 2017)

Detienen a un involucrado en homicidio de edil de Bochil, Chiapas (El Excélsior, 29 de diciembre de 2017)

Nacional : EPN promulga Ley de Seguridad Interior. CNDH promoverá acciones de inconstitucionalidad.

El 21 de diciembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) promulgó la Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada por el Congreso, misma que regula la participación y la temporalidad en la que las fuerzas armadas podrán participar en labores de seguridad pública en municipios y estados. EPN afirmó que no la implementará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad. Reconoció que “distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado, que a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, señaló que las fuerzas armadas respetarán lo que decidan tanto el Poder Legislativo como el Judicial y agradeció el esfuerzo que hizo el Congreso para otorgar esta ley que venían solicitando.

El Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 250 organizaciones civiles y más de 100 personas, cuestionó que “si el Presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la ley, lo responsable habría sido hacer las observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución”. Declaró que “hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”.

Amnistía Internacional México lamentó que “el Presidente haya decidido promulgar la Ley de Seguridad Interior a pesar de las múltiples evidencias en su contra y negándose a escuchar a organismos internacionales de derechos humanos que han advertido de las graves consecuencias de la presencia de las fuerzas armadas en las calles”. Recalcó que “Enrique Peña Nieto ha perdido la oportunidad de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanas y mexicanos, emitiendo una ley que los pone en grave peligro.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también lamentó que el Ejecutivo federal promulgara la Ley de Seguridad Interior e hiciera a un lado la oportunidad de realizar un diálogo honesto, plural, incluyente e informado. Subrayó que “su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional”. Anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN al considerar que “la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, y se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”. Confió en que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá, en las acciones y controversias que sobre este tema se hagan de su conocimiento, a cabalidad y con plena responsabilidad su función como garante máximo de la constitucionalidad en México, atendiendo al contenido de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual, por su relevancia y trascendencia, marcó el inicio de una nueva época para ese alto tribunal y para México”.

Para más información :

EPN promulga la Ley de Seguridad Interior; SCJN decidirá su constitucionalidad, dice (Animal Político, 21 de diciembre de 2017)

La Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas: CNDH (Proceso, 27 de diciembre de 2017)

Ley de Seguridad no beneficia a ciudadanos, al Ejército, ni a la Policía: CNDH ante promulgación (Animal Político, 27 de diciembre de 2017)

Acataremos fallo de la Corte sobre ley de seguridad: Cienfuegos (La Jornada, 28 de diciembre de 2017)

Duras críticas de ‘Marcos’ (Galeano) contra el PRI, por Ley de Seguridad (Aristegui Noticias, 28 de diciembre de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: Más aprobaciones controvertidas de Leyes Mexicanas (20 de diciembre de 2017)

Nacional: Senado aprueba Ley de seguridad interior (16 de diciembre de 2017)

Nacional: Ante rechazo a la Ley de Seguridad Interior, EPN pide ampliar “los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil” (11 de diciembre de 2017)

Nacional: Entre protestas se aprueba Ley de seguridad interior (1 de diciembre de 2017)