Chiapas: Las Abejas indignadas por la liberación de 15 responsables de la masacre de Acteal

El viernes 22 de octubre, en el marco de la conmemoración mensual de la masacre de 1997, se llevó a cabo una conferencia de prensa de la asociación civil Las Abejas en Acteal. Durante la conferencia, el presidente de la mesa directiva de Las Abejas, José Alfredo Jiménez, dio a conocer un pronunciamiento de la asociación acerca de la liberación reciente de 15 personas que ratificaron fueron autores materiales de la masacre en Acteal del 22 de diciembre de 1997. La masacre dejó un total de 49 personas indígenas asesinadas, 4 de ellas aún no nacidas. Los liberados fueron beneficiados con la remisión parcial de la pena, y se les otorgó la libertad anticipada. El pronunciamiento de Las Abejas expresa su indignación por la decisión del “mal gobierno de Juan Sabines y Felipe Calderón” mencionando que: “está muy claro que les urge liberar a los autores materiales de la masacre, porque hay una preocupación y miedo de parte de los autores intelectuales que los paramilitares presos confiesen que la orden que recibieron de atacar y meter terror en las comunidades Abejas y zapatistas, venían desde el mal gobierno de Ernesto Zedillo, Emilio Chuayfet y sus cómplices”.

Con la liberación de 34 presos por los mismos hechos el año pasado, ya 49 personas fueron excarcelados del total de los más de 80 detenidos entre 1997 y 1998. Las Abejas denunciaron que estas excarcelaciones han implicado el regreso de varias de estas personas en Acteal o cerca de la comunidad, lo que ha significado el aumento del sentido de inseguridad de las y los sobrevivientes de la masacre. En el pronunciamiento Las Abejas comentaron: “Con esta situación no sabemos lo que nos puede pasar, porque les molesta que seguimos denunciando a los paramilitares y el mundo sabe que las armas que usaron en la masacre ahí están enterradas en las comunidades, porque el gobierno nunca hizo el desarme que tanto exigimos”.

Por su parte, el 21 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas  emitió un comunicado al respecto,  señalando la estrategia del gobierno de sepultar lo ocurrido en Acteal: “la protección del Estado mexicano hacia los perpetradores de la masacre es clara y contundente, ante la insistencia de sepultar los sucesos del 22 de diciembre de 1997, día en que se cometió este Crimen de Estado, y como consecuencia negar la acción paramilitar en las zonas de los Altos y Norte de Chiapas en el marco del Conflicto Armado Interno no Resuelto, donde la estrategia de contrainsurgencia quedó evidenciada ante estos hechos”. De igual manera, el Centro señaló la falta de voluntad de los funcionarios públicos de investigar los sucesos: “La protección se extiende en la nula investigación hacia los autores intelectuales de la masacre, todos funcionarios públicos de ese entonces: Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República; Emilio Chuayfett, Secretario de Gobernación; Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar; Gral. Enrique Cervantes, Secretario de la Defensa Nacional; Julio Cesar Ruiz Ferro, Gobernador del Estado de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas; Uriel Jarquín Gálvez, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas; entre otros”.

Para más información:

Las Abejas de Acteal dan su palabra sobre recientes liberaciones de autores materiales de la masacre de Acteal (Las Abejas, 22 de octubre)

Excarcelan a 15 personas responsables materiales de la masacre de Acteal (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 21 de octubre)

Vídeo de la conferencia de prensa de Las Abejas: http://acteal.blogspot.com/

Llaman Las Abejas a evitar la liberación de más autores de la matanza en Acteal (La Jornada, 23 de octubre)

Critica Arizmendi la progresiva liberación de indígenas sentenciados por el caso de Acteal (Noticias México, 17 de octubre)

Logran liberación de 15 indígenas más (Cuarto Poder, 15 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Jornada de Las Abejas por la justicia y la verdad (18 de agosto)

Boletín informativo especial sobre el Caso Acteal (30 de agosto 2009)

Chiapas: Comunicado de las Abejas de Actea en el marco de la conmemoración mensual de la masacre (25 de junio)

Anuncios

Chiapas: sigue prevaleciendo la violencia en Mitzitón

Ejidatarios de Mitzitón, adherentes de la Otra Campaña, han seguido denunciando la tala de árboles, nuevas agresiones y “actos delictivos y de provocación” que atribuyen a seguidores de la organización evangélica Ejército de Dios. Incluso respondieron con su propia carta a la que envió el dirigente evangélico Esdras Alonso González hace un mes al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. En la misma, afirmaron que “autoridades y funcionarios tienen conocimiento de las amenazas de muerte, los secuestros, torturas, disparos al aire, el asesinato de Aurelio Díaz Hernández, intentos de violación a nuestras compañeras, cicatrizadas por las agresiones con armas blancas, la tala clandestina y el tráfico de personas que han llenado las manos de sangre y los bolsillos de dinero a los paramilitares del Ejército de Dios”.

Por otro lado, los ejidatarios levantaron una denuncia por la tala clandestina de árboles, razón por la cual el Ministerio Público llegó a Mitzitón el martes 19 de octubre a dar fe de ese delito. La asamblea ejidal explicó: “22 compañeros los acompañaron para que constaten lo ocurrido y con la intención de medir los troncos tumbados. Cuatro indígenas, que cuidaban sobre el camino el vehículo del MP, fueron agredidos por 10 paramilitares, que los golpearon salvajemente con la llave de rueda de la camioneta. Además, los amarraron, les pusieron una soga en el cuello como mostrando que los van a colgar y les robaron sus pertenencias. Al vehículo del MP le poncharon las cuatro llantas, con una piedra rompieron el tablero y lo desvalijaron por completo. Veinte minutos después, una comisión de ejidatarios acompañó al MP hasta las afueras de la zona militar de Rancho Nuevo, vecina de Mitzitón. Ahí llegaron los paramilitares y confundieron a dos soldados vestidos de civil con los del MP. Los golpearon, amarraron, y también les pusieron soga en el cuello”.

Dos camiones del Ejército con aproximadamente 24 efectivos lograron rescatar a los soldados. Los ejidatarios de Mitzitón adherentes a la Otra Campaña denunciaron: “Lo que vemos mal es que no rescataron a nuestros compañeros. Hemos escuchado al presidente Felipe Calderón en las noticias diciendo que el Ejército trabaja para nuestra seguridad y para terminar con la delincuencia organizada. Entonces ¿por qué no detuvieron a esos delincuentes que trafican con personas, talan madera, torturan, matan y tantas agresiones cometen? ¿Por qué no rescataron a nuestros compañeros, que su único delito es luchar por defender su tierra, su territorio, sus derechos, su vida y su dignidad?”

Para más información:

• Denuncia del Pueblo organizado de Mitzitón (13 de octubre de 2010)

• Pronunciamiento: Mitzitón denuncia hechos sucedidos en los últimos días (Pueblo Organizado de Mitzitón Adherente a La Otra Campaña. 21 de octubre de 2010)

• Adherentes de la Otra Campaña denuncian agresiones de paramilitares (La Jornada, 18 de octubre)
• Se agrava el conflicto en el ejido chiapaneco de Mitzitón (La Jornada, 19 de octubre)
• Indígenas envían misiva a Blake Mora para denunciar las agresiones de paramilitares (La Jornada, 20 de octubre)
• Evangélicos secuestran por error a dos soldados en Rancho Nuevo, Chiapas (La Jornada, 21 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: CDH Fray Bartolomé de Las Casas denuncia criminalización de su trabajo (7 de octubre de 2010)

– Chiapas: Nuevo choque en Mitzitón (8 de septiembre de 2010)

Chiapas: Aceptan indígenas tzeltales violadas por el Ejército Mexicano “reparación del daño” con condiciones

El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano. Fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares mientras su madre fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas.

El 30 de junio de 1994, las hermanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República que declinó su competencia y envió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). La Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y se archivó el caso en 1996 bajo el argumeno que no se habían cumplido las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones.

Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH que lo admitió en noviembre de 1999. En abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana (civil), para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño. Como explicó Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y asesora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en la conferencia de prensa, la CIHD no envió al Gobierno de México una orden sino una recomendación, ya que México aceptó la jurisdicción de la CIDH hasta 1998, dos años antes de haberse radicado la queja. Nueve años después, dicha recomendación no se ha cumplido.

Dieciséis años después después de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y otros proyectos.

Las hermanas González Pérez plantearon frente a esta propuesta “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “ No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”.

Concluyeron finalmente: “Ahora, como en 1994, condenamos fuertemente los actos cometidos por el Ejército en contra de nuestros cuerpos y nuestros corazones, cuando pasamos por el retén contrainsurgente en Altamirano, Chiapas. Estos actos, que violan nuestros derechos, demuestran la política de terror que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. Por lo cual seguimos y seguiremos luchando en contra de todas las acciones del gobierno que quieren silenciar las justas demandas de nuestros compañeros y compañeras. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles, porque es la única forma en que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde de acuerdo a la ley y ya no se encubra su culpa con el pretexto de proteger al país. Esto es necesario para evitar que el ejército siga violentando los derechos de nuestros pueblos  y su autonomía”.

Para más información:

– Comunicado de prensa (Carta firmada por las hermanas González Pérez y su madre, 20 de octubre de 2010)

– Indígenas aceptan oferta de gobierno (Cuarto Poder, 21 de octubre)

– La historia de tres niñas indígenas violadas por militares (Proceso, 20 de octubre de 2010)

– Sitio Web del Comité Hermanas Gónzalez Pérez: https://hermanasgonzalez.org/

Chiapas: Hostigan a Cideci-Unitierra Chiapas

El 15 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció públicamente el hostigamiento al cual fue sujeto el Cideci-Unitierra Chiapas en días recientes por parte de supuestos integrantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 14 de octubre a las 18.30 de la tarde se presentaron afuera del Centro Indígena de Capacitación Integral “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C.-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) 3 presuntos oficiales de la CFE “exigiendo entrar en las instalaciones, por medio de amenazas, para entregar un documento judicial” al coordinador del Centro. Al ser interceptados por personal del lugar, uno de ellos advirtió: “O abres o llamamos a la policía”. Y añadió: Lo que podemos hacer si no nos abren es como en la ciudad de México, tiramos la puerta, entramos con la policía y sacamos del pelo al coordinador. Cuando se le solicitó una identificación, esta persona enseñó una credencial que lo acreditaba como personal del juzgado federal 4o de distrito de Tuxtla Gutiérrez.

Cabe mencionar que el Cideci-Unitierra, se encuentra en resistencia al pago de la luz  desde 1995, cuando sus instalaciones se encontraban todavía en otro lugar. Por las amenazas y el hostigamiento recibidos decidieron establecer su propia planta de luz, misma que ha funcionado desde hace 4 años.

La denuncia señaló que desde julio pasado, de manera constante, Cideci ha sido vigilado por camionetas de CFE que recorren las afueras de las instalaciones observando la actividad que se desarrolla en el interior. La semana pasada también fue identificado un hombre fotografiando las instalaciones del Cideci. Este hostigamiento, apunta el CDHFBC, es una expresión más del contexto de criminalización, por parte de los gobiernos federal y estatal, contra las organizaciones que están caminando para construir proyectos de autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas”.

Para más información:

Denuncia Cideci, en Chiapas, hostigamiento de la CFE (La Jornada, 17 de octubre de 2010)

Empleados de CFE hostigan a Unitierra (Cuarto Poder, 17 de octubre)

Boletín: Hostiga la CFE al Cideci-Unitierra Chiapas (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 15 de octubre de 2010)

Chiapas: Falta de compromiso del Estado Mexicano impidió que defensora de derechos humanos asistiera a encuentro convocado por la ONU

Margarita Martínez (@CDHFBC)

El 15 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas emitió un boletín en el que lamentó que el Estado Mexicano no hubiera tenido la voluntad para garantizar que la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez (quien cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) pudiera participar en el Encuentro Nacional sobre Violencia contra Defensoras en México, convocado entre otros por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mismo que se llevó a cabo del 14 al 16 de octubre en la Ciudad de México.

Margarita Martínez había solicitado por escrito en tiempo y forma a las autoridades del estado de Chiapas que se realizaran las gestiones necesarias para que la escolta policial que la protege la acompañara a la Ciudad de México. Por otro lado, las organizaciones convocantes del Encuentro, realizaron gestiones ante la Secretaría de Gobernación para que Margarita Martínez viajara con su escolta a la Ciudad de México, sin embargo los resultados fueron infructuosos. Frente a la falta de condiciones de seguridad, Margarita Martínez decidió no viajar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que “este hecho demuestra la falta de seriedad y voluntad del Estado Mexicano para cumplimentar las medidas cautelares a favor de Margarita Martínez y garantizar sus actividades como defensora de derechos humanos”.

Para más información:

Desprotección del gobierno mexicana a defensora (Boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: a 7 meses del inicio del hostigamiento en contra de integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación de Comitán (17 de junio de 2010)

Chiapas: Golpean, secuestran y amenazan de muerte a Margarita Martínez esposa de Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la asociación civil Enlace, Comunicación y Capacitación, AC (26 de febrero de 2010)

México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados

 

Gabriela Knaul (@Naciones Unidas)

El 15 de octubre, al concluir una visita de 15 días en México que la llevó a seis entidades de la República, incluyendo Chiapas, la Relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, presentó en conferencia de prensa un resumen preliminar del informe que presentará en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares que presentó Gabriela Knaul a la prensa.

Aunque reconoció los esfuerzos de México en los años recientes con los mecanismos de protección de derechos humanos, Knaul citó una lista de aspectos en los que el país está faltando a sus obligaciones en procuración e impartición de justicia, a pesar de las reformas de 1994 y 2008.

Se pronunció por la desaparición del arraigo, a tener cuidado con la utilización de los testigos protegidos y a evitar la presentación de detenidos ante medios de comunicación. Sobre el fuero militar, la relatora especial subrayó que después de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del desaparecido Rosendo Radilla, el Ejecutivo federal se comprometió a presentar una iniciativa de ley para reformar el código de justicia castrense y sus alcances. Sin embargo, advirtió, dicho proyecto sólo excluiría del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, pero no al de ejecución extrajudicial, lo cual daría lugar a una reforma insuficiente, en la que además las víctimas de estos abusos o sus familiares siguen sin tener acceso a recursos efectivos de defensa, entre ellos el amparo.

La experta criticó la falta de autonomía del Ministerio Público ante el poder Ejecutivo, “lo cual puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva en todos los casos”. Señaló que en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Concluyó que “[e]l acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes.”

Para más información:

– Intervención completa de la Relatora especial para la Independencia de los magistrados y abogados (conferencia de prensa, 15 de octubre de 2010)

– El sistema judicial, aún sometido al Ejecutivo: relatora de la ONU (La Jornada, 15 de octubre de 2010)

– ONU pide proteger a MP y Jueces en México (El Universal, 15 de octubre de 2010)

– Informe completo entregado por organizaciones civiles a la relatora en Yucatán (12 de octubre de 2010)

– Informe presentado por organizaciones de derechos humanos y academia a la Relatora en México DF (6 de octubre de 2010)

Chiapas: Desmantelan Radio Comunitaria y detienen a menor de edad

El martes 12 de octubre de 2010 aproximadamente a las 19:30, un operativo integrado por miembros de la PGJE y de la unidad especial de la Policía Sectorial del estado de Chiapas, desmantelaron la radio comunitaria  “Radio Proletaria 107.5”, ubicaba en las instalaciones de la Organización Popular Emiliano Zapata (OPEZ) de Tuxtla Gutiérrez. La estación se encuentra afiliada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Según lo denunciado, sin identificarse ni presentar ningún documento que justificara esta intervención, los funcionarios arrestaron a seis personas, entre ellas un menor de 14 años de edad que trabajaba en la radiodifusora, quien fue liberado 24 horas más tarde. Todo el material de transmisión de Radio Proletaria fue confiscado, reduciendo a la estación al silencio.

Para más información:

– Cierra policía Radio Proletaria en Chiapas (La Jornada,  13 de octubre de 2010)

– Boletín: Desmantelan Radio Comunitaria, atentan contra la libertad de expresión. (Boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 13 de octubre de 2010

– Protesta por cierre de Radio Ciudadanas en Chiapas (Pronunciamiento de Radio Proletaria, 14 de octubre de 2010)

– Brutal operación policíaca contra una radio comunitaria de Chiapas ahora reducida al silencio (Comunicado de prensa de Periodistas sin Fronteras, 15 de octubre de 2010)