@Tribunal Permanente de los Pueblos
Del 29 de mayo al 1ro de junio se llevó a cabo en Montréal (Canadá) la primera sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la industria minera canadiense. El TPP, mecanismo creado en Italia en 1979, examina a la luz del derecho internacional violaciones de derechos humanos cuando se han agotado los mecanismo tradicionales.
En América Latina, más de 200 conflictos sociales pueden ser atribuidos a la minería, siendo el 75% de las empresas mineras en el mundo canadienses. En la audiencia, dichas empresas fueron “acusadas de atentar a los derechos fundamentales de los pueblos en América latina”, mientras le reprocharon al Estado canadiense de “contribuir (…) a la violación de los derechos humanos de los pueblos en América latina sosteniendo a la industria minera y por favorecer a dichas empresas con un contexto de impunidad“, precisando que “tolera o encubre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por dichas empresas“.
Durante 3 días, se examinaron las violaciones a derechos humanos, escuchándose testimonios de víctimas y expertos. Entre estos, los familiares de Mariano Abarca, activista antiminero de Chicomuselo, Chiapas, asesinado en 2009 por su oposición a la empresa Blackfire Exploration.
En particular, se juzgó a cinco empresas que trabajan en América Latina, entre ellas Blackfire Exploration y Excellon Resources por sus actividades en México.
El Tribunal consideró que la expansión de la actividad minera canadiense en el continente ha sido propiciada tanto por Canadá, que usa de presiones diplomáticas hacia los paises cuyos recursos son explotados, como por dichos paises, que facilitan la inversión y permiten la corrupción y violaciones de los derechos humanos y ambientales. Las autoridades locales son acusadas de ser complices “cuando conceden licencias de operación y explotación sin consideración por los impactos que estas actividades tienen en los derechos humanos” y “cuando flexibilizan sus normas laborales, medioambientales y tributarias para favorecer el interés de las empresas mineras“, respondiendo a “injerencias indebidas en la reforma de la legislación minera y ambiental” por parte del Estado canadiense.
Entre los derechos violados de manera casi sistemática por las empresas mineras canadienses, el Tribunal destaca : el derecho al agua, a la salud, a un medioambiente sano, el derecho a la seguridad y a la integridad física, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la participación, a la consulta y al consentimiento previos, el derecho a la expresión y a la protesta, el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas y a la libertad sindical.
El veredicto preliminar del TPP declaró la responsabilidad de las empresas mineras “por incurrir en la violación de los derechos humanos (…), así como la responsabilidad del Estado de Canadá y los países en que se asienta la explotación de recursos naturales por estas empresas por no haber prevenido, haber facilitado, tolerado o encubierto tales violaciones, así como impedir en la práctica el acceso de las víctimas a un recurso que las proteja de tales violaciones“.
Para más información:
Veredicto preliminar del TPP (1er de junio de 2014)
Piden justicia en Canadá por asesinato de Mariano Abarca (Chiapas Paralelo, 4 de junio de 2014)
Del total de conflictos mineros en América Latina, 90% son con empresas canadienses (La Jornada, 24 de mayo de 2014)
Empresas mineras al banquillo de los acusados por generar 200 conflictos sociales (Chiapas Paralelo, 23 de mayo de 2014)
Para más información de SIPAZ:
Guerrero/México/América Latina: Graves cuestionamientos a Goldcorp y empresas mineras canadienses (29 de abril de 2014)
Guerrero: Ejidatarios de Carrizalillo demandarán a compañía minera ante Tribunal Agrario (22 de abril de 2014)
Escrito por SIPAZ 
