Chiapas : El Pueblo Creyente peregrinó en Tuxtla en apoyo a las y los maestros

Peregrinación del Pueblo Creyente en Tuxtla Gutiérrez (Foto:@SIPAZ)

El día 18 de julio unos 30 mil integrantes del Pueblo Creyente representando 52 parroquias de todo el estado así como miles de maestros integrantes de la CNTE peregrinaron juntos este lunes en Tuxtla Gutiérrez exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto, discutir en un “diálogo público”, no solo la reforma educativa, sino las llamadas reformas estructurales que ha impulsado su gobierno.

“Venimos a exigirle al gobierno que actué honestamente, porque aún cuando ya hay mesas de negociación con la CNTE, tenemos presente lo que pasó con los Acuerdos de San Andrés (firmados en 1996 entre el gobierno federal y el EZLN). El gobierno los traicionó, y eso puede pasar ahora también”, advirtió el párroco indígena de la parroquia de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, durante la manifestación que este lunes realizaron en la plaza central de la capital del estado, en donde maestros instalaron desde hace dos meses un campamento, en el marco de las protestas contra la reforma educativa.

No solo el Pueblo Creyente se manifestó en las últimas semanas varias organizaciones, comunidades y grupo expresaron su inconformidad a las reformas y su apoyo al magisterio.

Para más información:

Indígenas de Chiapas advierten posible “traición” del gobierno en diálogo con la CNTE, Chiapasparalelo, 18 de julio de 2016

CNTE y Pueblo Creyente marchan en Tuxtla; en duda el inicio del próximo ciclo escolar, reporte ciudadano chiapas, 18 de julio de 2016

Comunicado del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 18 de julio de 2016

Candelaria el Alto se solidariza con el movimiento magisterial, 12 de julio de 2016

Pronunciamiento en apoyo del Movimiento Magisterial: pudee,  4 de julio de 2016

Estamos con ustedes resistan y resistiremos: Xinich al magisterio,5 de julio de 2016

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca/ Nacional: La CNTE y la Segob acuerdan mesas de negociación (13 de julio de 2016)

Oaxaca: Organizaciones de Derechos Humanos presentan informe sobre represión en Nochixtlán(11 de julio de 2016)

Chiapas: Miles de creyentes peregrinan en apoyo al movimiento magisterial (5 de julio de 2016)

BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA (22 de junio de 2016)

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Pronunciamiento de participantes en Taller/Encuentro sobre la Transformación No-violenta de Conflictos en Defensa de Nuestros Territorios

Chicoasen I (@sipse.com)

Del 12 al 15 de abril, pueblos originarios, zoques, tsotsiles, tseltales, tojolabales, zapotecos, representantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y organizaciones civiles y sociales de Chiapas y Oaxaca, se reunieron en el Ejido de Chicoasén, en el marco del Taller/Encuentro sobre la Transformación No-violenta de Conflictos en Defensa de Nuestros Territorios, con el acompañamiento del Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C., parroquia de Chicomuselo, la Misión de Guadalupe, bajo un proyecto de Pax Christi Internacional.Al final del evento publicaron el siguiente comunicado:

Pronunciamiento de pueblos originarios, organizaciones y comunidades en defensa de nuestra Madre Tierra y territorio en el marco del Taller/Encuentro Sur de México

A 15 de abril de 2016

Chicoasén, Chiapas, México

A las y los defensores de la Madre Tierra y del territorio contra los megaproyectos de muerte.

A los pueblos y colectivos organizados en defensa de la vida.

A las organizaciones y personas independientes que están organizados en contra del sistema capitalista.

A las organizaciones y personas Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

A los centros de derechos humanos honestos e independientes nacionales e internacionales.

A los medios de comuncación independientes y alternativos nacionales e internacionales.

A la opinión pública.

Pueblos originarios, zoques, tsotsiles, tseltales, tojolabales, zapotecos, representantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y organizaciones civiles y sociales de Chiapas y Oaxaca, en defensa de nuestro territorio, nos encontramos bajo el sol caliente en el Ejido de Chicoasén, en el marco del Taller/Encuentro sobre la Transformación No-violenta de Conflictos en Defensa de Nuestros Territorios desde el 12 al 15 de abril, con el acompañamiento del Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C., parroquia de Chicomuselo, la Misión de Guadalupe, bajo el proyecto de Pax Christi Internacional.

Durante los días en que estuvimos en este taller y encuentro, estuvimos sometidos a vigilancia y hostigamiento de orejas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Juan Manuel Cruz, geógrafo y empleado de la CFE. Denunciamos al mal gobierno en sus tres niveles, municipales, estatales y federales, a la CFE, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría Nacional del Agua (CONAGUA), quienes han avalado y otorgado concesiones mineras, proyectos de represas hidroeléctricas bajo engaños, presión y manipulación en nuestros territorios, de lo que resulta en despojo, migración, desplazamiento forzado, muertes, desempleo, división familiar y la pérdida de nuestra cultura indígena. Todo por intereses económicos de políticos y empresas nacionales e internacionales, sin importarles nuestros derechos como pueblos originarios, los impactos ambientales que generan, cambios a nuestros ecosistemas y formas de vida tanto de animales, plantas incluyendo a nuestros ríos y cualquier otra forma de vida humana sobre el territorio. Vemos que todos estos proyectos traen enfermedades como el cáncer, que sólo nos deja la muerte a nuestros hijos e hijas, ejidatarios, ejidatarias y pobladores. Igual, denunciamos actos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) quienes llegaron a nuestras comunidades para realizar un plan de desarrollo alterando el hábitat de las personas para que el plan fuera avalado. Este plan de desarrollo fue un proyecto en conjunto con la CFE para la represa Chicoasén II que prometió inversión y beneficios, los cuales nunca hemos visto. Finalmente, denunciamos el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes han dado permiso para el saqueo de nuestros vestigios arqueológicos de la zona arqueológica maya y zoque que se encuentran en ambos lados del Río Grijalba.

Manifestamos nuestro rechazo total a los proyectos de represas hidroeléctricas y proyectos mineros que intentan imponer en nuestros territorios sin alguna consulta libre, previa e informada, violando nuestra autonomía y autodeterminación como pueblos originarios. También manifestamos nuestra fuerza y nuestra solidaridad para los afectados, afectadas, representantes de los ejidatarios básicos, posesionaros y avecindados de Chicoasén, integrantes del Comité Ejidal, que serían afectados por segunda vez por la presa Chicoasén II. En noviembre de 2015, nuestro abogado Arturo Ortega Luna, acompañante del Comité Ejidal, fue detenido y encarcelado por tres meses injustamente. Fue liberado tras presión nuestra por una huelga de hambre de seis personas, adultos mayores e integrantes del Comité, que en el transcurso de la huelga sufrieron mareos y desmayos. Exigimos la cancelación a las 10 órdenes de aprehensión falsas contra los ejidatarios de Chicoasén que el gobierno ha puesto en contra de ellos para que no denuncien la presa Chicoasén II. Estas personas no pueden trabajar por estas ordenes de aprehensión en su contra. Conocemos la experiencia y el caso del Pueblo de Usumacinta, a cinco kilómetros de Chicoasén, que hace 40 años fue inundado y quedó bajo el agua por la represa hidroeléctrica Chicoasén I. Lo mismo pasaría con el poblado Barrio Nuevo, vecino del municipio de Chicoasén, y una parte de la cabecera municipal, información que es ocultada por la CFE y el Gobierno Estatal. Analizamos que Chicoasén II es devastador, ya que dejará a los pobladores huyendo mientras que suba el agua.

Nos solidarizamos y manifestamos el dolor que sentimos por el asesinato de nuestros compañeros, luchadores por nuestra Madre Tierra del pueblo lenca, Berta Cáceres y Nelson García del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Son ejemplos de lo que nos hace el mal gobierno cuando levantamos la voz. Nunca olvidaremos a todos y todas los caídos en lucha por su pueblo y su tierra, ya que nosotros y nosotras también hemos perdido a compañeros en plena lucha.

Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos y estar alertos de que en Chiapas y Oaxaca, en el sur de México, defenderemos nuestras tierras hasta las últimas consecuencias y por lo tanto necesitamos que, junto con nosotros y nosotras, presionemos al Gobierno Mexicano a cancelar las concesiones de represas, mineras y cualquier otro proyecto que afecte la vida humana, la cultura y la Madre Tierra. Exigimos un alto a los hostigamientos, vigilancia, cateo y cualquier agresión a los ejidatarios integrantes del Comite Ejidal de Chicoasén y de los afectados y representantes en este Taller/Encuentro. Responsabilizamos a los tres niveles del mal gobierno ante cualquier agresión física a nuestra persona y a nuestras familias.

A todas las comunidades, ejidos, pueblos, organizaciones que defiendan su territorio, les queremos decir que no permitan a las empresas trasnacionales, extranjeras y nacionales que entren a sus tierras y no se vendan por unos cuantos pesos, porque después será difícil de expulsarlos. La resistencia y la defensa sólo y siempre vendrá desde abajo.

¡SEGUIMOS EN BÚSQUEDA DE LOS 43 DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO!

¡JUSTICIA Y VERDAD PARA BERTA CÁCARES Y NELSON GARCÍA DE LA COPINH!

¡VIVAN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡VIVAN LOS PUEBLOS ORGANIZADOS!

¡FUERA LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE!

¡NO A LA PRESA CHICOASÉN II!

Atentamente:

Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, posesionarios y avecindados de Chicoasén.

Pueblo Creyente, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Movimiento en defensa de la vida y el Territorio (MOVITE).

Representantes del Pueblo Creyente de Simojovel.

Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca (CUPOVO).

Coordinación Diocesana de Mujeres, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas (CODIMUJ).

Consejo Autónomo de la Región Zona Costa de Chiapas (CARZCH).

Colonia La Trinidad, Municipio de Las Margaritas.

Misión de Guadalupe.

Las y los que participaron y afectados, representantes de:

• Afectados por la mina de San Ramón en el Ejido Grecia en Chicomuselo.

• Afectados por la Presa Hidroeléctrica Chicoasén I y II.

• Afectados de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca por explotación minera.

• Afectados por la Presa Hidroeléctrica Hitzantun en Huitiupan.

• Afectados por las minas de ámbar en Simojovel.

• Afectados por el gaseoducto en la comunidad Gustavo Lopéz, por el proyecto minero en la comunidad de Unión Pijijiapan y la presa hidroeléctrica en Pijijiapan.

• Afectados de comunidades amenazadas en el municipio de Las Margaritas por las presas hidroeléctricas, Huixtan I y Huixtan II en el Río Santo Domingo.

• Afectados por las presas hidroeléctricas en el curso del Rio Chacté San Juan Cancúc y en el municipio de Salto de Agua en en el Río Tulijá.

Justicia para Berta Cáceres y Nelson Noé García. Protección para Gustavo Castro Soto

 

Berta Caceres y Gustavo Castro

PRONUNCIAMIENTO

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México                                                                                                     23 de Marzo de 2016

Las organizaciones de la Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional condenamos el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores, indígena lenca, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del premio Goldman para el medio ambiente (2015).

Asimismo repudiamos el asesinato del líder Nelson Noé García, integrante del COPINH ocurrido sólo 12 días después, a pesar de la indignación mundial que ha provocado la muerte violenta de una defensora emblemática e inspiradora.

En la noche del 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, cabecera del departamento de Intibucá, Honduras, personas armadas ingresaron al domicilio de Berta Cáceres y la asesinaron, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Berta Cáceres y otros líderes de la organización han sido objeto de asesinatos, amenazas de muerte y violencia de manera sistemática por su defensa de los Derechos Humanos. Las principales amenazas al COPINH y a Berta Cáceres derivan de su lucha en contra del proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el Río Gualcarque. Berta Cáceres fue criminalizada y judicializada por la defensa del río y de las comunidades lencas de Río Blanco.

En el lugar del asesinato estaba Gustavo Castro Soto, mexicano integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), quien se encontraba en Honduras para participar en el Foro sobre Energías Alternativas desde la Visión Indígena del COPINH. Gustavo Castro fue herido en el ataque y logró sobrevivir. Nos preocupa que hasta la fecha, se le haya negado la posibilidad de salir de Honduras, a pesar de que haya colaborado como testigo en las investigaciones del crimen y de que podría seguir colaborando en las mismas desde México, así evitando la situación de riesgo a su persona a la que está expuesta mientras se encuentre en Honduras.

En el contexto de un violento desalojo realizado por fuerzas estatales, el 15 de marzo de 2016 fue asesinado otro integrante del COPINH, Nelson Noé García, líder de la comunidad Rio Chiquito en el municipio de Rio Lindo, departamento Cortés en Honduras.

Nos unimos al dolor de las familias de Berta Cáceres y Nelson Noé García y al llamado de solidaridad con el COPINH.

Resaltamos el impacto psicosocial que estos hechos están causando en la comunidad de las defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Recordamos las múltiples alertas emitidas previamente por las organizaciones sociales e instancias internacionales y el hallazgo preocupante, según el informe de Global Witness de 2015, de que el 75% de los activistas ambientalistas asesinados en el mundo trabajaban en Latinoamérica, siendo Honduras el país más peligroso.

En los países donde operamos como organizaciones de acompañamiento internacional, observamos una situación crítica para las personas que defienden la tierra y el territorio, las cuales enfrentan con frecuencia criminalización, intimidación, hostigamiento, difamación, amenazas e incluso asesinatos.

Por lo tanto:

• Solicitamos al Gobierno de Honduras y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del cumplimiento de las medidas de protección y de manera inmediata, la firma de un convenio de asistencia técnica, para efectos de nombrar una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia, con el objetivo que éstas supervisen, apoyen y participen de las investigaciones de los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García que actualmente realiza el Ministerio Público.

• Solicitamos a la comunidad internacional acorde a sus pronunciamientos emitidos en el marco del asesinato, que vigile la situación de los defensores en la región latinoamericana y que inste a los gobiernos de los países de la región garantizar la protección de los defensores de la tierra y del territorio.

• Solicitamos al Gobierno de Honduras que realice una investigación expedita, profunda e independiente de los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García, que los culpables sean llevado a juicio; y que se garantice la vida e integridad personal de las y los integrantes del

• Solicitamos a los Gobiernos de Honduras y México las medidas necesarias para que garanticen la vida, la integridad y la seguridad personal de Gustavo Castro Soto.

 

Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional

ACOGUATE; Guatemala

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Colombia

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Guatemala

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Honduras

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba); México

FOR – Presente por la Paz; Colombia

Pensamiento y Acción Social (PAS); Colombia

PROAH; Honduras

Protection Desk; Colombia

Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); México

Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR); México

Chiapas: Organizaciones alertan por posible represión en el ejido Tila

Foto @SIPAZ

El 22 de febrero, decenas de organizaciones de derechos humanos y de paz, entre las cuales el Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ, emitieron una carta a las autoridades de Chiapas y federales en la que advierten de una posible represión a los ejidatarios ch’oles de Tila, que el año pasado se declararon en autonomía en defensa de su territorio. Hace siete años, las y los ejidatarios ganaron un amparo que ordenó la restitución de 130 hectáreas de su territorio que fue tomado ilegalmente por las autoridades municipales para establecer una zona urbana. Ante la negativa de los responsables a devolver la tierra, el ejido interpuso el Incidente de Inejecución de Sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual cuenta ya 5 años sin resolverse.

“Tenemos conocimiento de que en conmemoración del 7° aniversario de la concesión del amparo, habitantes del Ejido, realizaron una manifestación el 16 de diciembre de 2015 que culminó frente al edificio de la Presidencia Municipal, derivando a su vez en un enfrentamiento entre autoridades y manifestantes. Este acto culminó con una Declaración sobre su Autonomía y Libre Determinación”, detallaron las organizaciones. Las organizaciones firmantes reconocieron el “legítimo” proceso de defensa del territorio que el ejido Tila ha llevado desde hace más de cincuenta años. La Casa del Migrante de Saltillo, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otros firmantes, expresaron su preocupación por la posibilidad de que exista una respuesta represiva por parte de las autoridades federales, estatales y locales hacia las y los ch’oles.

Para más información:

Organizaciones alertan por posible represión en Tila (Dentro ProDH, 23 de febrero de 2016)

OSC manifiestan preocupación por posible represión en Ejido Tila (CENCOS, 22 de febrero de 2016)

Carta OSC sobre ejido Tila (22 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Ejido Tila denuncia “célula paramilitar y mentiras del gobierno” (8 de enero de 2016)

Chiapas: Indígenas Ch´oles toman la alcaldía de Tila tras décadas de no haber sido atendid@s (17 de diciembre de 2015)

 

Chiapas: disculpa pública del gobierno mexicano en Caso El Aguaje (2000)

(@SIPAZ)

El 28 de enero pasado, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y firma de un acuerdo de solución amistosa en el Caso El Aguaje, comunidad ubicada en Rancho Nuevo, a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas donde, en 2000, un niño murió y otros dos resultaron heridos al estallar una granada abandonada por efectivos de la 31 Zona Militar, que colinda con dicha comunidad. El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en San Cristóbal.

José López Cruz, en representación de su familia (sus hijos son quienes resultaron heridos) y de Cristina Reyna Cruz López (madre del niño fallecido), expresó en el evento: “Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos. (…) Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quiénes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos” .

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), que asumió la defensa en este caso y lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que las acciones de justicia en México llegan “tarde y en forma parcial, mutiladas, incompletas y un tanto maltrechas”. Subrayó que, en el evento, no asistió ningún representante del Ejército diciendo: “El día de hoy falta el personaje principal de esta historia (…) El Ejército mexicano no está presente porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil”.

En representación del Estado, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció la responsabilidad del Estado al no haber resguardado y custodiado adecuadamente artefactos tan peligrosos como las granadas de fusil antipersonal utilizadas en las prácticas de las instituciones de seguridad. Detalló que el acuerdo que se firmó durante el acto incluye promesas de transparencia en el caso, acciones de rehabilitación, garantías de no repetición, una compensación económica “justa y calculada según los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia”, la prestación de servicios de salud, proyectos productivos y el otorgamiento de becas, entre otras. Agregó que la clínica de la comunidad El Aguaje, parte del convenio, llevará el nombre de Ángel Díaz Cruz, el niño que murió al estallar la granada.

Para más información:

Boletín: La justicia en México llega tarde y mutilada: Caso El Aguaje (CDHFBC, 28 de enero de 2016)

“Nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar”, reclamo de indígenas tsotsiles al Estado mexicano. (Pozol Colectivo, 28 de enero de 2016)

El Estado mexicano cumple reparación del daño por niño muerto y dos heridos (La Jornada, 29 de enero de 2016)

Una disculpa pública sin el agresor presente. Fuerzas Armadas son un poder superior al civil, acusan (Chiapas Paralelo, 29 de enero de 2016)

Chiapas: a 18 años de la masacre de Acteal

Acteal, 22 de diciembre de 2015 (@SIPAZ)

El 22 de diciembre, a 18 años de la masacre de 45 indígenas en Acteal, municipio de Chenalhó, la Sociedad Civil Las Abejas -a la que pertenecían las víctimas- realizó una peregrinación y una celebración para conmemorar los hechos y denunciar la impunidad que sigue prevaleciendo en el caso. En un comunicado, subrayó que “en lugar de que el mal gobierno investigara a los autores intelectuales de ese crimen a través de la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” o más bien dicho “Suprema Corte de ricos y criminales”, ordenó la excarcelación masiva de los paramilitares, autores materiales de la masacre, que hasta donde sabemos sólo quedan 2 en la cárcel y que en cualquier momento los van a liberar. Desde ese entonces nos quedó claro que la justicia no la va a dar el mal gobierno, porque el Estado mexicano es quien dio la orden de masacrar y por lo tanto es un criminal que no puede ser juez y parte. El sistema de justicia en México, está podrido, está caducado. Está muy claro, si queremos una justicia de verdad, nosotras y nosotros los pueblos organizados de México debemos de construir una Justicia Verdadera, Digna, cabal y humanizada.” Finalizó el comunicado subrayando que “!La Memoria es un acto de Justicia!”.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), Pedro Faro Navarro, denunció que en el caso Acteal “no se ha hecho justicia y la muralla de impunidad persiste”. Ratificó que “[f]uncionarios del gobierno mexicano, incluido a Ernesto Zedillo, tenían pleno conocimiento del contexto en Chenalhó, de los hechos previos y del momento en que la masacre se desarrollaba a través de los informes del Ejército mexicano destacamentado en la zona de los Altos, por lo que se constata la participación directa del Estado en la Masacre de Acteal. El contexto nacional nos indica que la justicia no vendrá de arriba, ni de quienes detentan el poder, ni de quienes que administran los gobiernos, ni de los poderes fácticos, ni de todos aquellos que manipulan, corrompen y son dueños del sistema de justicia en México”. Planteó que por ello la Sociedad Civil Las Abejas “está construyendo, a través de sus foros, la otra justicia”, señalando que “una deducción posible es que a futuro los pueblos que han sido menospreciados y discriminados no necesiten de la justicia del Estado”.

Para más información:

La memoria es un acto de Justicia – XVIII Conmemoración de la masacre de Acteal (Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, 22 de diciembre de 2015)

Boletín 18 aniversario de la masacre de Acteal (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 22 de diciembre de 2015)

Impune, el “crimen de Estado” en Acteal: Las Abejas (La Jornada, 22 de diciembre de 2015)

Acteal: 18 años de violencia (La Jornada, 23 de diciembre de 2015)

Conmemoran 18 años de matanza de Acteal (El Universal, 23 de diciembre de 2015)

Acteal: 18 años de impunidad (Desinformemonos, 22 de diciembre de 2015)

A 18 años de la matanza de Acteal persiste la impunidad: Frayba (Proceso, 23 de diciembre de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: 23 aniversario de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: “Renacimos gigantes, ahora somos fragmentos de luz que impide que la noche sea oscuridad” (16 de diciembre de 2015)

Chiapas: Las Abejas de Acteal recuerdan a Manuelito (13 de noviembre de 2015)

Chiapas: Las Abejas de Acteal no aceptan llegar a una “solución amistosa” con el el Estado Mexicano (23 de octubre de 2015)

Chiapas: Conmemoración mensual de Las Abejas de Acteal (23 de septiembre de 2015)

Chiapas: Desplazados y desplazadas de Banavil, 4 años de impunidad

El pasado 4 de diciembre, a 4 años del desplazamiento forzado de su comunidad, las familias desplazadas de Banavil, municipio de Tenejapa, volvieron a alzar la voz para exigir al Gobierno de Chiapas la reparación del daño; la cancelación de las 2 órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón; y la ejecución de las diez órdenes de aprehensión en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y del desplazamiento forzado en el que se mantienen.

En conferencia de prensa, que contó con la participación de las y los desplazados, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) señaló que “el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Alonso por omisión y complicidad con los perpetradores, según testimonios de la familia habían presentado denuncias previas ante las autoridades correspondientes por amenazas de muerte, hostigamientos, despojo, agresiones físicas y negación del derecho a la educación, sin encontrar respuesta en una intervención adecuada por las instancias de gobierno, lo que permitió que los perpetradores se sintieran protegidos derivando en hechos violatorios a los derechos humanos”. Indicó además que no se han “realizado una búsqueda y las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo mínimos estándares de investigación judicial, por lo que impera la impunidad y la complicidad con los agresores como un reflejo del patrón que siguen los casos de Desaparición Forzada en Chiapas y México”. Y recordó además que el único responsable que había sido detenido, Alonso Guzmán López fue liberado en octubre de 2013.

Para más información:

Denuncia de las y los desplazados de Banavil, municipio de Tenajapa (4 de diciembre de 2015)

Boletín completo del CDHFBC, 4 de diciembre de 2015

El desplazamiento como estrategia para acabar con el zapatismo: Banavil (regeneracionradio.org, 5 de diciembre de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Retorno provisional de las familias desplazadas de Banavil para Día de Muertos (9 de noviembre de 2015)

Chiapas: Muere Antonia, niña desplazada de la comunidad de Banavil, Tenejapa (24 de febrero de 2015)

Chiapas: Desplazados de Banavil retornan temporalmente a su comunidad (12 de agosto de 2015)