El 5 de marzo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó públicamente su «Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017«. En el mismo, denunció el incremento de las agresiones y la «ausencia a la fecha de una protección integral y preventiva efectiva por parte del Estado mexicano, el cual se ha señalado como el principal actor generador de los ataques contra las y los defensores» (con un 36% de los ataques). La misma organización reportó que de 2010 a 2017, se han registrado 391 casos de agresiones.
El informe documenta que en el periodo que va de julio de 2016 a diciembre de 2017, se produjeron en México 88 casos de ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Subraya el incremento en el número de homicidios que en este lapso llegó a 29 personas asesinadas, en comparación con el periodo anterior, donde sólo se registró un asesinato. La entidad federativa que continúa con los números más altos de ataques es el Estado de México seguido de Oaxaca, Puebla, Chiapas y Sonora. Los proyectos o actividades más frecuentemente relacionados con los ataques son el despojo de tierras/territorio y la minería, ambos con 17 casos. Siguen los proyectos de infraestructura (14 casos), los hidroeléctricos ( 8 casos); los de obras públicas y/o políticas públicas en administración de agua (7 casos); proyectos inmobiliarios (5 casos); energía renovable (4 casos); siembra de transgénicos (4 casos) y tala clandestina (3 casos).
El Informe de Cemda concluye que “la situación de riesgo y amenaza para las y los defensores ambientales en México sigue siendo una constante cada vez más preocupante y el Estado mexicano no está tomando las acciones necesarias, contundentes, ni de relevancia para generar una política integral de protección a los defensores, pues las capacidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) de la Secretaría de Gobernación son limitadas y no resuelven el problema de fondo que provoca el conflicto social y el riesgo”.
En las recomendaciones planteadas, se encuentran: “a) Alinear y armonizar el marco legal, así como las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, de agua y de pueblos indígenas bajo un enfoque de derechos humanos y del Estado pluricultural; b) Implementar la perspectiva de género en la legislación ambiental y en las políticas públicas; c) Garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y las comunidades e indígenas; d) Suspender proyectos de desarrollo cuando existan evidencias de ataques y agresiones contra las y los defensores ambientales; e) Realizar, por parte de las autoridades correspondientes, las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto para poder conocer el nivel de riesgos y desafíos existentes en la región; f) Fortalecer el Mecanismo, otorgándole, entre otras cosas, presupuesto suficiente para su funcionamiento y; g) Garantizar el derecho a la reparación integral del daño”.
Para más información :
Boletín de prensa en el marco de la presentación del informe (CEMDA, 5 de marzo de 2018)
Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, documento completo (CEMDA, marzo de 2018)
Suman 29 activistas ambientales asesinados en México: informe (La Jornada, 5 de marzo de 2018)
El Cemda registra 342 ataques contra defensores del medio ambiente en el sexenio de Peña (Proceso, 5 de marzo de 2018)
29 asesinatos en año y medio: el riesgo de ser ecologista en México (El País, 6 de marzo de 2018)
Para más información de SIPAZ :
Internacional/Nacional: alertan nacional e internacionalmente sobre el aumento de agresiones a personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. (8 de diciembre de 2014)
sipaz.wordpress.com 