Nacional: Topo Chico destapa las condiciones de las cárceles mexicanas

Topo chico

Familiares de presos afuera del penal de Topo Chico. Foto: @Miguel Sierra EFE

Después de la masacre en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde el pasado 11 de febrero perdieron la vida 49 personas durante un enfrentamiento entre dos grupos de reclusos pertenecientes a bandas del crimen organizado, no han cesado las publicaciones en la prensa sobre irregularidades y extorsión en las cárceles en México. Según Animal Político, el penal de Topo Chico tenía una población de casi 3.700 reos, un 35% superior a su capacidad. Según datos del INEGI, en julio de 2015 había más de 254 mil personas privadas de su libertad en México, aunque los centros penitenciarios del país sólo tienen capacidad para 203 mil, representando una sobrepoblación del 25.4%. Según la misma fuente, en el año 2014 ocurrieron 737 incidentes en cárceles mexicanas, tanto de nivel estatal como federal. Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato e imposibilidad para presentar quejas en los penales en el país.

Después del motín en Topo Chico, se reveló la falta de custodios en el penal, la posesión de armas y drogas por parte de los internos y los lujos con los que vivían algunos reos, con celdas de un tamaño cuatro veces superior al estándar, con aire acondicionado, pantallas planas, acuarios, frigo bar, aparatos para hacer ejercicio físico, camas king size e incluso una sauna. Además, según declaraciones de Josué Reyes, encargado del reordenamiento interno del penal, “los negocios aquí eran muy rentables. Por semana había una colecta de cobros por extorsiones y privilegios que iba de los 2 millones hasta los 5 millones de pesos”. Los reos tenían que aportar una cantidad de 35 mil pesos para no ser agredidos, tenían que pagar por su comida y por las visitas, ascendiendo a cobros de 1.500 pesos por visita conyugal o 20 pesos por visita ordinaria, según Proceso. Por el momento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno mexicano una investigación “imparcial y exhaustiva” para esclarecer los hechos ocurridos en el penal.

El actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ya había recibido anteriormente un informe sobre la precaria situación de los penales en la entidad, los cuales, según Animal Político, “padecían problemas de ingobernabilidad, de deficiencias en infraestructura y en los esquemas de revisión, vigilancia y seguridad, de la falta de separación de internos de alto riesgo, así como sobrepoblación penitenciaria”. Después de su recepción, el gobernador firmó un documento con diez compromisos como mejorar la infraestructura y servicios, regular la actividad en las prisiones, incrementar el presupuesto, aumentar el personal y profesionalizarlo, separar efectivamente a los internos, trabajar para erradicar la sobresaturación de los centros o proporcionar apoyo integral a las familias de los reos.

Para más información:

Extorsiones en penal de Topo Chico dejaban 20 mdp cada mes (Proceso, 17 de febrero de 2016)

Exige la ONU investigación “imparcial y exhaustiva” por masacre en Topo Chico (Proceso, 15 de febrero de 2016)

Detienen a directora de Topo Chico por homicidio calificado (Proceso, 13 de febrero de 2016)

El Bronco recibió reporte de crisis en penales 10 meses antes de Topo Chico (Animal Político, 16 de febrero de 2016)

Congelan 6 iniciativas para sistema carcelario (El Financiero, 16 de febrero de 2016)

Reporta gobierno de NL “lujos” en Topo Chico (La Jornada, 14 de febrero de 2016)

Cárceles en México, sobrepobladas, con castigos excesivos y abuso de prisión preventiva: CIDH (Animal Polítio, 15 de octubre de 2015)

Tortura e incomunicación (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 16 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Denuncia Roberto Paciencia escasez de alimentos y negación de visitas (27 de enero de 2016)

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