El 3 de noviembre, la organización civil “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.” presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el allanamiento de sus oficinas además de que los responsables se robaron documentación sobre la situación de derechos humanos en el estado, teléfonos celulares y equipo de computo (2 computadoras, dos grabadoras de audio y 4 memorias USB). La abogada de dicha institución, Yésica Sánchez Maya manifestó que después de tres días que suspendieron labores con motivo de Todos Santos, se presentaron el 3 de noviembre a laborar a sus oficinas ubicadas en la Ciudad de Oaxaca y las encontraron saqueadas.
Señalaron: “Aunque habían otros objetos de mucho más valor como un cañón para proyección, impresoras o monitores planos, teléfonos fijos, éstos no fueron robados, sino solo aquellos que claramente contenían información. Asimismo en una de las oficinas nos encontramos el seguimiento hemerográfico de feminicidios 2011 abierto, encima de una impresora que estaba encendida”.
Denunciaron: “Todas las integrantes de Consorcio Oaxaca repudiamos estos actos que consideramos una agresión al trabajo que realiza nuestra organización. Ya desde hace algunos meses hemos tenido algunos incidentes, como llamadas telefónicas preguntando por ejemplo: ¿aquí vive Rosita Alvirez? -en alusión a aquella canción donde una mujer es asesinada de tres tiros por negarse a bailar con un hombre-; en otras dos ocasiones integrantes de la organización fueron seguidas por motociclistas u hombre en bicicleta luego de actos públicos relacionados con la denuncia del feminicidio o la campaña de aborto por violación. Resulta preocupante y lamentable que frente a la ola de violencia feminicida, los 80 asesinatos de mujeres, que el gobierno estatal tampoco esté generando las condiciones de seguridad, respeto y protección a la labor que realizamos las defensoras de derechos humanos desde las organizaciones y ámbitos en los que participamos. Si este gobierno pretende un cambio real hacia la transición democrática, uno de los aspectos centrales es la garantía para realizar el trabajo que las organizaciones civiles y sus defensoras y defensores aportan al conjunto de la sociedad”.
En los días posteriores, 59 organizaciones y 21 personalidades se pronunciaron para expresar una enérgica condena al allanamiento y robo perpetrados, así como para exigir una investigación pronta y expedita para esclarecer estos graves acontecimientos y deslindar responsabilidades. Por su parte, el Gobierno del Estado de Oaxaca refrendó “su compromiso en coadyuvar en las tareas que realizan los y las defensoras de derechos humanos”, y se comprometió “a continuar de manera seria y responsable las indagatorias a fin de esclarecer los hechos que condujeron a este allanamiento y castigar al o los responsables de estos actos intimidatorios”.
Para más información:
Denuncia de “Consorcio Oaxaca” por allanamiento y robo en sus oficinas citadinas (E-Oaxaca, 4 de noviembre de 2011)
Denuncia “consorcio” sustracción de información de sus oficinas (NSS Oaxaca, 4 de noviembre de 2011)
Pronunciamiento de organismos civiles exigiendo esclarecer el allanamiento de las Oficinas de Consorcio (OSC, 6 de noviembre)
Pronunciamiento del gobierno del estado de Oaxaca respecto al allanamiento de las oficinas de Consorcio (Gobierno del estado, 6 de noviembre)
Para más información de SIPAZ:
Exigen alto a feminicidios en Oaxaca (1 de septiembre de 2011)
México: Declaración final del Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (29 de octubre de 2010)
