El pasado 6 de octubre, el gobierno federal y de Guerrero anunció la puesta en marcha de la Operación Coordinada “Guerrero Seguro”, en un intento por responder a la grave crisis de seguridad que se vive en la entidad. De acuerdo con la escasa información que hasta ahora se ha hecho pública, el nuevo operativo conjunto implica el despliegue de 2 mil elementos de la entidad, a razón de mil elementos del Ejército, 300 de la Marina, 650 de la Policía Federal y 50 de la Procuraduría General de la República (PGR), a los que se sumarían mil policías estatales y 500 más que se incorporarán al servicio en noviembre.
En un comunicado publicado el 12 de octubre, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos afirmaron que “el anuncio del nuevo Operativo “Guerrero Seguro” no implica ninguna novedad; por el contrario, supone repetir una estrategia que ha mostrado ser ineficaz para abatir la violencia, y que además incrementa los riesgos de que ocurran nuevas violaciones a derechos humanos. Programas semejantes no sólo han mostrado ser ineficaces en Guerrero [2007], sino también en otros estados como Chihuahua”.
Denunciaron también: “el anuncio de una nueva operación conjunta hace patente el modo en que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno Estatal recurren una y otra vez a acciones que han mostrado ser ineficaces en la medida en que no logran responder a los problemas de fondo, ni tampoco logran disminuir los índices de violencia, asimismo generan condiciones en que se vulneran aún más los derechos humanos de la población, renunciando a diseñar e instrumentar políticas integrales que se adscriban a la lógica de la seguridad ciudadana; es decir, que pongan al centro la garantía de los derechos de todas las personas por encima de la protección de las propias instituciones y al margen de las prevalecientes concepciones belicistas. En tanto se persista en esta orientación, operativos como el recientemente anunciado, únicamente aumentan nuestra alerta por el previsible incremento de la violencia y la anticipable alza de las violaciones a derechos humanos”.
Por otro lado, el 13 de octubre, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) pidió a los diputados federales rechazar la solicitud de presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir la presa hidroeléctrica de La Parota, Acapulco. Reiteró su propuesta de que los recursos que este año se destinaron a La Parota se utilicen para construir un puente que unirá 47 comunidades, una universidad bilingüe y un hospital regional.
Para más información:
Motiva dudas el operativo en Guerrero (La Jornada, 13 de octubre)
Operación «Guerrero Seguro» repite estrategia ineficaz y amenaza los derechos humanos (OSC, 12 de octubre)
Piden negar a la CFE fondos para La Parota (La Jornada, 12 de octubre)
Comunicado del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP, 11 de octubre)
Para más información de SIPAZ:
Guerrero – breves: Centros de Derechos Humanos se reunen con el gobernador Aguirre; Pide CIDH protección para familia Torres en la Sierra de Petatlán; CECOP celebra 8o aniversario (5 de agosto de 2011)
sipaz.wordpress.com 