A los tres días después del asesinato del activista Javier Torres Cruz, el 18 de abril en la Sierra de Petatlán, varias organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación acerca de la seguridad de sus familiares. Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente denunciando la continuación de la situación de peligro en que se encuentran los familiares de Javier Torres. Al enterarse de lo ocurrido, dos hermanos de Torres acudieron al lugar de los hechos, donde fueron disparados. Uno de ellos resultó herido gravemente por impactos de bala. De igual manera, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en un comunicado del 28 de abril, expresó su preocupación por la vida y la integridad de los familiares de Torres Cruz y los habitantes de la comunidad La Morena, donde vivía la víctima. En su comunicado, la OMCT solicitó, entre otras cosas, que las autoridades mexicanas lleven a cabo una “investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato […]”.
Por otro lado, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Parota (CECOP) celebró su triunfo frente a la anulación de la asamblea que se llevó a cabo el 28 de abril del 2010 cuando, en ausencia de los opositores al proyecto y en presencia de cientos de militares, fue ‘aprobada’ la expropiación de 1.300 hectáreas en favor de la construcción de la presa. El 19 de abril del presente año, fue aceptada por el Tribunal Unitario Agrario 41 de Acapulco la petición de nulidad presentada por el CECOP. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan enfatizó: “con [la reciente resolución] suman CINCO JUICIOS resueltos a favor de los comuneros y ejidatarios opositores a La Parota”. El vocero del CECOP, Marco Suástegui Muñoz, manifestó: «[n]o significa que el CECOP vaya a confiarse, pues la firma de un magistrado federal tiene peso político, pero hasta que no veamos la resolución de que la presa no se va a construir en el Diario Oficial de la Federación, estaremos tranquilos«. El 7 de mayo los integrantes del CECOP se reunirán con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en la comunidad de Cacahuatepec, donde nuevamente argumentarán en contra de la construcción de la presa.
Por último, el día 25 de abril, el procurador general de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, reveló que en los archivos de esa dependencia «no existen vestigios» de la averiguación previa iniciada por el crimen de Armando Chavarría Barrera, asesinado el 20 de agosto de 2009. López Rosas, quién tomo posesión del cargo el pasado martes 12, dijo que sólo encontraron copias simples y sin firmas oficiales de «algunas actuaciones«, y agregó que una de las últimas personas que estuvo a cargo de la indagatoria fue el exfiscal para Delitos Graves de la Zona Centro, Jesús Miranda Rodríguez, quién sufrió dos atentados armados y desde finales de febrero se encuentra desaparecido. En conferencia de prensa, el procurador Alberto López recordó que el pasado 28 de marzo el ex gobernador Zeferino Torreblanca afirmó que la investigación sobre el caso del crimen de Chavarría llevaba un 99% de avance y que sólo hacía falta «presentar a los responsables«.
Para más información:
Acción Urgente (Amnistía Internacional, 18 de abril)
Comunicado TADECO (26 de abril)
Comunicado OMCT (28 de abril)
Tribunal anuló asamblea que cedía tierras para La Parota, según ejidatarios (La Jornada, 27 de abril)
Falla el TUA a favor del Cecop; declara nula la asamblea de La Concepción (La Jornada, 28 de abril)
Guerrero: Desaparece expediente del crímen de Chavarría (Proceso, 25 de abril)
Pierden en Guerrero el expediente del asesinato de Armando Chavarría (La Jornada, 26 de abril)
Para más información de SIPAZ:
Guerrero: Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz (20 abril)
CECOP pide resolución acerca de petición de nulidad de asamblea de 28 de abril (17 de febrero)