El martes 27 de julio fueron publicadas en un artículo del Sur de Acapulco unas declaraciones del gobernador guerrerense Zefererino Torreblanca acerca del encarcelamiento de Raúl Hernández y su nombramiento como preso político por parte de Amnistía Internacional (AI). Insinuó que AI se ha equivocado en este caso, diciendo: “si el gobierno del estado tiene certeza de que debe ser acusado no debe retirar (los cargos)”, y “se confunde la defensa de los derechos humanos con la legalidad si hay señalamientos”. AI respondió con un pronunciamiento mencionando: “Amnistía Internacional únicamente asume casos de presos o presas de conciencia sobre la base de un minucioso análisis del caso, que le permite concluir no solamente la inocencia de la persona procesada, sino […] la forma en que el sistema de procuración e impartición de justicia es utilizado en ocasiones para perseguir a líderes, activistas sociales, individuos en razón de su origen étnico, sexo, condición social y a defensores y defensoras de los derechos humanos”. Hernández fue detenido en 2008 por su supuesto homicidio de un informante del Ejército mexicano. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lleva la defensa de Raúl Hernández y ha mostrado todas las pruebas de inocencia del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM). Se espera la sentencia durante las primeras dos semanas de agosto.
El miércoles 28 de julio, a un mes de la audiencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se llevó a cabo un foro sobre defensores ambientalistas y criminalización de la protesta social en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) en la Ciudad de México. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y tendrán su audiencia contra el Estado mexicano el próximo mes de agosto en San José, Costa Rica. Ambos defensores ambientalistas fueron detenidos y torturados por el Ejército mexicano en 1990 por delitos que no cometieron. En 2000 fueron sentenciados a la cárcel por 6 y 10 años. Después de haber presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, fueron puestos en libertad sin ser exonerados de los cargos impuestos.
Para más información:
Insinúa Zeferino que está seguro de la acusación contra el indígena preso de conciencia de Ayutla (El Sur de Acapulco, 27 de julio)
Defensores ambientales: los nuevos patriotas (CentroProdh, 29 de julio)
Campesinos ecologistas en busca de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CENCOS, 29 de julio)
Más información de SIPAZ:
Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota
