El 15 de abril, las organizaciones Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (ProDESC), Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia de Colombia, Associazione Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale E. Balducci de Udine, Italia, y Protection International de Bélgica publicaron una Acción Urgente que tiene que ver con el hostigamiento, vigilancia y seguimiento que recientemente ha padecido Alejandro Cerezo Contreras, miembro del Comité Cerezo México y vicepresidente de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC.
Según Contreras, el día 13 de abril, al final del foro “La criminalización de la protesta social: nuevos retos para los defensores de derechos humanos” que se dio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Distrito Federal, notó que le estaba filmando un desconocido desde una distancia de aproximadamente 50 metros. Más tarde, Contreras y dos acompañantes de Brigadas Internacionales de la Paz (PBI) se dieron cuenta que les estaba filmando otra vez el mismo sujeto acompañado por otro, desde una distancia de aproximadamente 55 metros.
Dos días después, Contreras sufrió nuevos episodios de seguimiento por parte de una de las mismas personas que le había grabado el día 13, además de otros. Contreras denunció que lo persiguieron tanto personas a pie como en automóvil, y que le intentaron sacar fotos.
Las organizaciones firmantes de la Acción Urgente destacaron cuatro demandas: que el gobierno mexicano tome “de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Alejandro Cerezo Contreras, familiares y allegados, así como de los miembros del Comité Cerezo México y de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC (Acuddeh),” realice “una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la vigilancia, seguimiento y hostigamiento recibidos; pidiendo que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia,” asegure “la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos,” y “conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.”
La Acción Urgente concluye solicitando a los “organismos internacionales de protección de los derechos humanos” que “expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.”
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