El 22 de enero, alrededor de 120 indígenas que habitaban desde hace 20 años los poblados El Semental y San Pedro, en la reserva de la biosfera de Montes Azules de la selva Lacandona, fueron desalojados por policías federales, efectivos del Ejército Mexicano y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Autoridades lacandones, dueños legales de 600 mil hectáreas de selva, habían solicitado al gobierno del estado recursos para reforestar las zonas conocidas como lagunas Yaqui, Ojos Azules y El Suspiro.El 26 de enero el gobierno dio a conocer que para reforestar y establecer un centro ecoturístico dentro de Montes Azules se van a desalojar a 7 poblados más. Respecto al desalojo del 22 de enero, una fuente del gobierno estatal informó que fue pacífico y existe el compromiso de que las familias que salieron serán reubicadas fuera de la selva.
Contradiciendo esta versión, en un comunicado del 29 de enero, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha denunció el desalojo violento de la comunidad Laguna San Pedro. Según la denuncia, los habitantes (zapatistas) fueron forzados a subir en helicópteros y traslados a la ciudad de Palenque mientras sus casas fueron quemadas con todos sus pertenencias. Calculan que el daño tiene un monto de $ 585,115.00. El comunicado pregunta : ¿Cómo es posible que el mal gobierno desaloje a los indígenas chiapanecos y mexicanos mientras ocupa la tierra para la construcción de ecoturismo para otras naciones?